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BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
EL SEÑOR DE LAS SOMBRAS
Joseph Contreras y
Fernando Garavito
(2002)
(Nota: Ni las notas de pie de página, ni las gráficas incorporadas, ni los
Apéndices pertenecen a la obra original; son del transcriptor de la misma
en formato digital.)
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CAPITULO I
El misterio de los aviones fantasma
En el año de 1981, siendo director del Departamento de
Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, el Candidato con mayor
opción para ocupar desde el próximo 7 de agosto la Presidencia de
Colombia, le otorgó una licencia a Jaime Cardona [1] con el fin de
que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando Iván Duque
Escobar [2], que era el gobernador de Antioquia en ese momento,
se enteró de la autorización, puso el grito en el cielo. Como no
conocía al funcionario que había cometido semejante
despropósito, preguntó quién era.
- Es - le contestó uno de sus asesores - uno de los hijos de don
Alberto Uribe Sierra.
- ¿Y qué méritos tiene para que lo hayan nombrado?
- Bueno - dijo el asesor -, es joven, tiene 29 años, y su padre ha
sido siempre un liberal de raca mandaca.
- Nada de eso tiene importancia - tronó el gobernador - A mí lo que
me interesa es que sepa quién es Jaime Cardona.
El asesor no supo qué contestar. En su fuero interno pensó que en
Antioquia todo el mundo sabía quién era Jaime Cardona, un
empresario vinculado estrechamente a la mafia. Poco después fue
condenado por el delito de narcotráfico, y más tarde murió en un
accidente aéreo, cuando su avión particular despegaba de la pista
que había construido en su hacienda. Duque, un experimentado
político casi veinte años mayor que el nuevo funcionario, pidió que
lo llamaran.
1 Jaime Cardona tenía antecedentes por narcotráfico y lavado de activos desde el año de 1977 y
era considerado en ese entonces como el segundo hombre de la organización de Medellín. El 14
de octubre de ese año fue capturado en una finca situada en Cáceres, corregimiento del
municipio de Caucasia, a dos horas de Medellín, y durante el operativo fueron encontrados 530
Kg. de cocaína que acababan de llegar a bordo de una avioneta procedente de San José del
Guaviare.
2 Iván Duque Escobar: Gobernador de Antioquia entre el 23 de marzo de 1981 y el 20 de agosto
de 1982.
4
- Director - le dijo con una costumbre típica del país que permite
dirigirse a alguien por el cargo que ocupa -, me he enterado de la
licencia que usted le otorgó a Jaime Cardona. Quiero decirle, en
caso de que no esté enterado, que se trata de un empresario
vinculado a la mafia.
Al otro lado de la línea, el gobernador oyó un silencio espeso. Y
luego, cuando esperaba alguna reacción positiva, escuchó
estupefacto que el hasta entonces desconocido hijo de don Alberto
sostenía con voz fría y serena que el gobernador estaba mal
informado y que el señor Cardona era un hombre de bien.
Colgaron. De inmediato, el gobernador pidió que lo comunicaran
con la Secretaría Privada del presidente Turbay Ayala [3], donde
solicitó una cita.
- Es urgente - le dijo al funcionario.
Mientras el presidente lo recibía, Duque Escobar se dedicó a
averiguar qué otras medidas había tomado Aerocivil en los últimos
meses. Supo entonces que había otorgado licencias para la
construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi
y Urrao, y en la hacienda “El 90”, en Caucasia, propiedad, otra vez,
de Jaime Cardona. Con esos datos entre el portafolio viajó a
Bogotá. En el despacho del presidente, hizo un relato
pormenorizado de las disposiciones. Para no comprometerse le dio
el beneficio de la duda:
- Es posible que por su juventud no sepa quiénes son las personas
que están detrás de esos negocios.
Pero Turbay, un viejo zorro político fogueado en muchas plazas, se
tomó la cabeza a dos manos y con un gesto y una exclamación que
en él son característicos, dijo con su inconfundible voz nasal:
- ¡Válgame Dios, mi madre!
3 Julio César Turbay Ayala: Presidente de la República en el período 1978-1982.
5
El gobernador salió convencido de que el asunto se resolvería en
pocos días. Pero estaba equivocado. Aunque las licencias fueron
derogadas, los archivos aparecieron misteriosamente borrados y el
funcionario siguió en su puesto hasta el 7 de agosto de 1982,
cuando el presidente terminó su período. Poco después, sobre la
polémica actividad que él adelantó en Aerocivil, cayó el tenue
manto del olvido. Pero algunas personas jamás la olvidaron. Por
ejemplo, los parientes de Femando Uribe Sénior, uno de esos
próceres discretos que se encuentran de vez en cuando en
Colombia. Uribe Señor había sido alcalde de Medellín y concejal de
esa ciudad durante varios períodos hasta que, en enero de 1980,
el presidente Turbay lo llamó a que lo acompañara como director
del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Aerocivil. El
nuevo funcionario tomó su cargo con seriedad. En los primeros
días de febrero ordenó clausurar algunos aeropuertos clandestinos
por donde salían cargamentos de marihuana con destino al
exterior. Veinte días después, un mes luego de haber tomado
posesión, fue asesinado. El Colombiano [4] del 26 de febrero
atribuyó el crimen a las mafias. En la página 11 A de la edición de
ese día, sostuvo que la muerte de Uribe Sénior obedeció a
“represalias del narcotráfico”. Pero en Aeronáutica no creyeron
esa versión. El subdirector, Guillermo Ferro, y el jefe de
Operaciones, Julio Otálora, se negaron a comentarla con un
argumento peregrino: que, en otro sonado crimen, hacía poco
tiempo había sido asesinado en Bogotá el jefe de Operaciones de
Aerocivil, Coronel Osiris de J. Maldonado. El Colombiano informó el
27 de febrero que la incógnita sobre los móviles no se había
despejado. “Las causas siguen ocultas - dijo el periódico - mientras
aumentan las versiones. La mayoría está de acuerdo en que el
destacado personaje lo mató la mafia por cuanto durante el poco
tiempo que llevaba al frente de la Aerocivil había tenido que
proceder contra ciertas organizaciones y por la clausura de
algunos campos de aterrizaje que fueron descubiertos. Además se
dijo que Uribe Sénior estaba para culminar detallado informe
respecto a una investigación administrativa que se adelantó
4 El Colombiano: Principal diario de Medellín, que tiene por copropietaria principal a la familia
Gómez Martínez, cuyo máximo exponente es el conservador Juan Gómez Martínez (Alcalde
Medellín entre 1988 y 1992, Gobernador de Antioquia en los períodos 1992-1994 y 1997-2000),
quien como senador apoyó la candidatura de Uribe Vélez a la Presidencia y en 2006, durante la
presidencia del mismo sería nombrado en el cargo de embajador ante el Vaticano.
6
contra determinadas entidades que ilícitamente utilizaban naves
aéreas para el transporte de narcóticos”.
Pasaron dos meses. Hasta que el 24 de marzo de ese año, dentro
de la estricta milimetría burocrática impuesta por Turbay, el
gobierno nombró para reemplazarlo a Álvaro Uribe Vélez, un joven
liberal del grupo de Bernardo Guerra Serna. Guerra, un político
elemental que había permanecido en el Senado durante varias
legislaturas a punta de componendas y rifas de neveras, se alegró.
Uno de sus pupilos llegaba, y llegaba pronto, a un cargo de
representación nacional. Con sagacidad, extendió sus golosos ojos
de batracio sobre la nómina. Quienes no lo conocían bien,
pensaron que Uribe Vélez permanecería muy pocos días en el
cargo.
- O lo matan o se lo comen vivo - fue el comentario en los
mentideros políticos de Bogotá, donde la figura del padre y los
hechos de la familia habían pasado prácticamente desapercibidos.
Pero estaban equivocados. Uribe Vélez logró permanecer 28
meses largos en la dirección del Departamento sin sufrir ni un
rasguño.
Un año después del retiro de Uribe Vélez, el Consejo Nacional de
Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara
Bonilla [5], ordenó a la Aerocivil “suspender los vuelos de naves de
narcotraficantes” y señaló que en el pasado esa entidad había
adolecido de una actitud pasiva y negligente. El 8 de septiembre
de 1983, en la página 17 A, El Tiempo [6] informó sobre la medida:
“El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la
Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de
5 Rodrigo Lara Bonilla: Ministro de Justicia del gobierno Betancur, asesinado en Bogotá por el
Cartel de Medellín, el 30 de abril de 1984.
6 El Tiempo: Principal diario colombiano y el único de circulación nacional en Colombia,
perteneciente al grupo periodístico CEET (Casa Editorial El Tiempo), de propiedad mayoritaria
de las familias Santos Calderón, dos de cuyos miembros, Francisco “Pacho” y Juan Manuel
Santos Calderón, primos entre sí, harían parte del gobierno Uribe Vélez: El primero,
Vicepresidente de la República, y el segundo Ministro de la Defensa. Un tercer copropietario del
medio, Juan Lozano Ramírez, sería incorporado al gobierno más tarde, como titular de la cartera
de Ambiente y Vivienda.
7
aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de Pablo Escobar
[7] y Carlos Lehder [8]”.
El Colombiano de la misma fecha fue más específico. En una
noticia de primera página sostuvo que se había firmado un
“acuerdo político sobre dineros calientes” y señaló que “la medida
afectará a Carlos Lehder, Pablo Escobar y Jorge Ochoa [9] quienes
han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos como
cabecillas del cartel de la cocaína”. “Recientemente - añadió el
periódico - el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla manifestó
en desarrollo de un debate en la Cámara, que el parlamentario
antioqueño Pablo Escobar Gaviria posee tres hangares en el
aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar la
droga”.
Al día siguiente la noticia se hizo todavía más nítida. En la primera
página de El Tiempo se dio cuenta de que, obedeciendo las
órdenes del ministro, la Aeronáutica Civil había suspendido el
permiso de operación a 57 aparatos. El periódico no precisó a
quién pertenecían, pero la lista de los dueños apareció en El
Colombiano (septiembre 9/83, página 9B): “Los aviones, de
acuerdo con firmes indicios, pertenecen a Carlos Lehder, Pablo
Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón, entre otros, aunque ante
la Aeronáutica Civil están registrados a nombre de otras
personas”. Esas “otras personas” se conocieron veinticuatro horas
después: “En la lista de implicados - escribió otra vez El
Colombiano en la página 7ª - figuran Justo Pastor Rodríguez Gacha
[10] con cinco aeronaves, Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz [11]
7 Pablo Escobar Gaviria, “El Patrón”: Principal líder del crimen organizado colombiano
asociado al narcotráfico, agrupado en el denominado “Cartel de Medellín”. Dado de baja en
Medellín, durante un operativo de la Policía, el 2 de diciembre de 1993.
8 Carlos Lehder Rivas: Narcotraficante colombo-alemán, nacido en Armenia (Quindío) y
asociado al “Cartel de Medellín”. En 1987 fue capturado por las autoridades colombianas y de
inmediato se le extraditó a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico
y lavado de activos. Su condena inicial a cadena perpetua más 135 años, fue reducida a 55 años
por su testimonio en contra del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
9 Jorge Luis Ochoa Vásquez: Miembro del denominado “Clan Ochoa” (componente del “Cartel
de Medellín”), compuesto por su padre, el caballista Fabio Ochoa Restrepo, por él y por sus
hermanos Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, éste último extraditado a los Estados Unidos en
septiembre de 2001 por el Gobierno Pastrana, donde se le condenó a 30 años de prisión.
10 Justo Pastor Rodríguez Gacha: Hermano de uno de los principales cabecillas del “Cartel de
Medellín”, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano” (muerto en un enfrentamiento
con la Policía el 15 de diciembre de 1989).
8
con tres, y Aeromercantil Líber y Luís Eduardo Marín Marín con
dos cada uno. Entre las naves figuran doce helicópteros, veintiséis
avionetas y cuatro aviones. Por tipos de aeronave aparecen
dieciocho avionetas Piper bimotor, ocho avionetas Cessna
monomotor, un avión Cessna monomotor, 12 un Discraft C-90, un
DC 6, un Curtis C-47, nueve helicópteros Sioux, dos helicópteros
Equeil y uno Bell”.
El 27 de septiembre, Ligia Riveros, una de las periodistas mejor
informadas de Colombia y quien, precisamente por esa
circunstancia se vio obligada a salir del país meses más tarde, dio
cuenta en Cromos sobre una parte importante de la flotilla de
aviones del mayor de los capos. “Dos aviones Piper Séneca de
fabricación norteamericana están listos para partir en cualquier
momento de la hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar, a
veinte minutos de Puerto Triunfo. El juez décimo superior de
Medellín dictó auto de detención contra el parlamentario, suplente
a la Cámara de Representantes, por presunta autoría intelectual
de la muerte de dos agentes de la policía”. “La entrada a la
Hacienda Nápoles se hace por una carretera con luces
fosforescentes de señalización. Hay 10 mil árboles frutales y
maderables y plantas ornamentales. Su zoológico tiene 1.500
animales de 40 especies. No es raro ver hipopótamos,
rinocerontes (como "Chacho" que costó en África 50 millones de
pesos y estuvo a punto de morir cuando llegó al país por obra y
gracia de un fusil sanitario del Inderena), jirafas, faisanes,
avestruces, antílopes, cebras, miniponys, búfalos, cigüeñas,
tortugas, galápagos, elefantes de cinco toneladas, grullas... Pablo
Escobar tiene concentrados en su hacienda de 632 fanegadas,
animales de los cinco continentes. El día en que Cromos estuvo en
el zoológico, su administrador, Héctor Barrientos, compró cinco
faisanes y siete cisnes por setecientos mil pesos ($5 millones del
2002).” “La pista del aeropuerto es amplia y pavimentada, cerca
al corral de los caballos árabes y de los miniponys de los 13
Estados Unidos. Su sistema de orientación es de los más
sofisticados. Tiene dos aviones Piper Séneca III, bimotores de seis
puestos, con tanques adicionales de combustible en las alas, que
11 Primo de los hermanos Justo Pastor Rodríguez Gacha y José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias
“El Mexicano”.
9
permiten una autonomía de vuelo de más de seis horas. Una de
las aeronaves está en el hangar que tiene cataviento y un
gigantesco tanque con gasolina. La otra, con matrícula HK -
2451P, está lista en la pista, que dispone de iluminación nocturna
y banderas amarillas para guía del piloto.” “La orden de Pablo
Escobar, según los empleados, es tener listas las avionetas para
viajar en cualquier momento. Por lo tanto el servicio de
mantenimiento es permanente”.
Otro mundo. Pero con una enorme participación en el común y
corriente, donde un funcionario cualquiera, en Aerocivil, en Bogotá,
supo de la existencia de las naves, de las pistas, de los pilotos. Y
no hizo ni se hizo una mínima pregunta. Ahora, ¿por qué
ordenaban la detención de Escobar? El delincuente más poderoso
del mundo cayó en la mira del juez 10° de Medellín, quien decidió
detenerlo, “sin beneficio de excarcelación”, junto con su primo
Gustavo Gaviria Rivero [12], como autores intelectuales del
asesinato de dos agentes de seguridad y control que se negaron a
dejarse sobornar en Itagüí cuando descubrieron un contrabando
de 19 kilos de cocaína. “Los representantes de la ley - cuenta
Riveros - fueron acribillados desde una motocicleta el 30 de marzo
de 1977 en el barrio La Floresta. Si después de un juicio público
es declarado culpable, el congresista tendrá que cumplir una
condena de 15 a 25 años”. Escobar se acogió a la inmunidad
parlamentaria.
Pero esas noticias quedaron sepultadas bajo otras más urgentes.
En Colombia los acontecimientos son vertiginosos, y no hay tiempo
para pensar sobre sus causas, conocer a sus protagonistas o
analizar sus consecuencias. Las causas siempre son secretas, los
protagonistas casi nunca son los protagonistas, y las
12 Gustavo Gaviria Rivero: Primo de los hermanos Pablo y Roberto (“El Osito”) Escobar
Gaviria, y de la madre de Carlos Mario Alzate Urquijo (alias “Arete”), cerebro del atentado
dinamitero contra el edificio del DAS en Bogotá y de la voladura en vuelo de un avión de
Avianca que cumplía el itinerario Bogotá–Cali, ambos hechos en 1989. Otro de los primos de
Gaviria Rivero y de los Escobar Gaviria es el abogado José Obdulio Gaviria Vélez, amigo de
vieja data de Uribe Vélez, quien fue pieza fundamental en su campaña a la Presidencia y
posteriormente se convirtió en el ideólogo principal de su Gobierno, ocupando el cargo de
Asesor de la Presidencia; dos de sus hermanos, que hoy trabajan para el Estado colombiano, Luis
Mario y Jorge Fernando, estuvieron presos en los Estados Unidos, por narcotráfico, en 1983.
consecuencias se conocen cuando atropellan a la víctima. De
manera que no volvió a saberse mayor cosa del asunto.
En su libro Los jinetes de la cocaína [13], Fabio Castillo lo planteó
sin mayor énfasis. “Uribe – escribió allí - le otorgó licencia a
muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de
Aerocivil... Siendo Rodrigo Lara, ministro de Justicia, ordenó
paralizar treinta aeronaves a los Ochoa, diez a Pablo Escobar, diez
a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a Carlos Lehder Rivas Y sin
embargo dijo que sólo se había inmovilizado una pequeña parte
de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín”. Y pare
de contar.
Pero el tema resucitó alrededor de la campaña política. Por eso, el
21 de abril del 2002, la Unidad Investigativa de El Tiempo trató de
explicar algunas de las medidas tomadas por Uribe durante su
gestión al frente de Aerocivil. Primero, sostuvo que “en el lapso
comprendido entre marzo 24 de 1980 y agosto 6 de 1982 se
otorgaron 562 licencias”, pero que “no era el director el
10
13 http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/jinetes/index.html
11
encargado de suscribirlas... sino las divisiones de Control Técnico
y de Operaciones Aéreas”. “De las licencias aprobadas -añadió el
periódico -, 221 están activas (con documentos y antecedentes en
regla) y 341 inactivas. Se revisaron en los archivos de inteligencia
de un organismo de seguridad los antecedentes de los titulares de
las licencias inactivas y ninguno tiene requerimiento judicial. La
administración de Uribe también otorgó licencia de operación 15 a
95 pistas. Según la Aeronáutica, el Consejo Nacional de
Estupefacientes y el Comando de la Brigada Militar del Ejército de
la jurisdicción certificaron que sus propietarios no tenían
antecedentes. En todo caso, en mayo de 1988 el entonces
Procurador General, Horacio Serpa, determinó que no existía
ningún indicio que comprometiera la conducta de Uribe durante su
gestión en la Aerocivil y en la alcaldía de Medellín”.
En un reportaje concedido a Caracol y a RCN el 17 de febrero del
2002, Uribe señaló que en la Aeronáutica hice “una gran labor que
el país en su momento premió”. “Siendo yo director – dijo -, ningún
trámite de la Aeronáutica se podía realizar sin que el interesado
entregara dos requisitos: el certificado de estupefacientes del
Ministerio de Justicia y el visto bueno de la Brigada de la
Jurisdicción”. Y respecto de las licencias explicó que constituían
“un problema técnico que manejaban funcionarios de la
Aeronáutica. Conmigo trabajaban personas como el hoy general
Edgar López. Todos los funcionarios de esa época están vivos”.
Los defensores de oficio de Uribe han hecho énfasis sobre su
gestión en Aerocivil. El Tiempo investigó todo lo relacionado con
“las licencias de pilotos, pistas, aerolíneas y aeronaves
autorizadas durante la administración Uribe”, y publicó sus
conclusiones el 21 de abril de este año. “Durante ese lapso -
marzo 24 de 1980 a agosto 6 de 1982 -, se otorgaron 562
licencias. 'No era el director el encargado de suscribir la
autorización de licencias', dijo la Aerocivil, y añadió que esa tarea
era de las divisiones de Control Técnico y de Operaciones Aéreas.
De las licencias aprobadas, 221 están activas (con documentos y
antecedentes en regla) y 341 inactivas. Se revisaron en los
archivos de inteligencia de un organismo de seguridad los
antecedentes de los titulares de las licencias inactivas y ninguno
tiene requerimiento judicial. La administración de Uribe también
12
otorgó licencia de operación a 95 pistas. Según la Aeronáutica, el
Consejo Nacional de Estupefacientes y el Comando de la Brigada
Militar del Ejército de la jurisdicción certificaron que sus
propietarios no tenían antecedentes. La información sobre
licencias a aeronaves aún no ha sido entregada por la Aerocivil. En
todo caso, en mayo de 1988 el entonces Procurador General,
Horacio Serpa, determinó que no existía ningún indicio que
comprometiera la conducta de Uribe durante su gestión en la
Aerocivil y en la alcaldía de Medellín”.
Todo eso está muy bien. Pero lo que está definitivamente mal es
que la investigación de la prensa haya dejado por fuera la
presencia de Jaime Cardona, el asesinato de Uribe Sénior, las
pistas rechazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, los
testimonios de quienes vieron cómo las únicas veces que el
director de la entidad se acercaba a los aeropuertos tenían que ver
con la llegada de las cuadras de caballos para las dehesas de
Fabio Ochoa y de sus hijos, y la labor de salvamento en que debió
empeñarse el Ministerio de Justicia para evitar que en la Aerocivil
el narcotráfico pudiera seguir haciendo de las suyas.
Ahora bien, los escándalos de Uribe en la Aerocivil no tuvieron que
ver únicamente con el narcotráfico. El 4 de enero de 1983, Nelson
Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en Cromos,
en la que señaló que en esa entidad se habían extraviado 43
millones de pesos, aproximadamente 550 mil dólares de hoy en
día.
Su relato fue escueto: “Esta es la historia de un contrato suscrito a
un año, pero que mediante un anexo se prolongó a tres, cuatro, y
hasta 26 años, con sueldos que alcanzan la no despreciable suma
de $12.111.578. Lo anterior corresponde al contrato que firmó
Álvaro Uribe Vélez como jefe del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil, cuyo objeto fue el de una "consultoría para el
estudio de sistemas y procedimientos administrativos contables y
estadísticos", por valor de $43.627.743 con un plazo para su
culminación de doce meses (52 semanas) y que realizaría la firma
Colasesores Ltda. "En las dependencias de la Aeronáutica Civil se
le han sustraído doscientos folios al contrato. La firma contratista,
en el momento de perfeccionar el negocio, se hallaba embargada
13
por un banco. Si embargo en el lapso de la diligencia, la
Aeronáutica expidió un certificado de disponibilidad de $20
millones para la contratación del estudio. Al contrato se asoció a
un ex alcalde de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien
demostró posteriormente que su nombre fue utilizado de mala fe.
De otra parte, el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo
recomendó no dar a particulares la realización del inventario
físico, que pueden hacer los mismos empleados del
departamento. Al excluir el inventario físico, el monto del contrato
se reduciría de $43 a $18 millones de pesos. Se acordó esta
reducción, pero a pesar de todo se suscribió por la suma inicial. "El
contrato fue suscrito a un año, pero un llamado 'profesional B',
que no se sabe quien es, aparece con una dedicación, en
semanas, de doscientos quince (cuatro años siete semanas) a
razón de $6.005 cada una, para un sueldo de $1.291.075; un
'profesional A' quien según el contrato, trabajará doscientas
veinticuatro semanas (cuatro años 16 semanas), con un sueldo
semanal de $6.928 para un gran total de $1.551.872; un jefe de
zona cuyo nombre se ignora, gozó de doscientas catorce semanas,
con un sueldo semanal de $5.543, para .un total de $1.186.202.
"Al suscribir el contrato entre el DAAC y Colasesores Ltda., por
$43.627.743, se autorizó un sueldo durante 26 años". Uribe Vélez
firmó un contrato por dicha suma con Colasesores y luego pidió
permiso a la Presidencia para poder suscribirlo. El 3 de marzo de
1981, Horacio Moscoso Jefe de la División de Almacén del DACC,
empezó a colaborar en la pronta ejecución de ese acuerdo, y en
mensaje dirigido a Uribe Vélez dijo que era ‘indispensable
comunicar a la entidad competente del gobierno la intención de
contratar una firma particular’ y le recomendó ‘no manifestar que
ya está seleccionada la firma sino el hecho de que va a celebrarse
contrato con una firma particular que tiene el visto bueno y la
financiación del Banco Mundial’. “En nota marginal manuscrita
Uribe Vélez le pidió a su antiguo asesor jurídico, doctor Hernando
Herrera, 'considerar esto para el contrato'. "Cinco meses más
tarde, el 11 de agosto del mismo año, se firmó el contrato 3403
por $43.627.743 entre Álvaro Uribe Vélez como representante
legal de la Aerocivil, y Gustavo Torres García representante legal
de Colasesores Ltda.”. La investigación de la Procuraduría señaló
que Uribe había firmado un documento que requería la
autorización previa de la Presidencia de la República, y formuló
14
cargos al funcionario. “El 1° de julio de 1982 - sigue la crónica de
Sánchez Abaúnza - el revisor de documentos de la Contraloría
envió un memorando en que solicita, 'me informe bajo qué
circunstancias o motivos el señor delegado de la firma
Colasesores Ltda. interviene en forma directa en el movimiento de
las tarjetas de Kardex'. La Contraloría advierte que el empleado de
Colasesores puede llegar a alterar cifras de las tarjetas. Tengo
entendido que estos señores de Colasesores prestan servicios
bajo contrato de asesorías y simplemente ellos pueden observar,
preguntar, mas no participar en el movimiento interno de
almacenes, situación reservada para funcionarios nombrados por
el Departamento, concluye el memorando. “La primera cláusula
del contrato estipuló un anticipo de veinte millones de pesos a los
quince días de firmarse el documento. “Ni Álvaro Uribe Vélez ni
ninguno de los funcionarios del DAAC verificó el estado financiero
de Colasesores, firma que durante el perfeccionamiento del
contrato se encontraba embargada por el Banco Real de
Colombia. Este embargo consta en tres partes: juzgado 14 Civil del
Circuito, Banco Real de Colombia y Cámara de Comercio de
Bogotá”. En carta dirigida a Cromos, Uribe explicó que “la entidad
oficial contratante durante mi gestión, supervisó y administró el
contrato por intermedio del doctor César Villegas, jefe de
Planeación”. Y es aquí cuando, relacionado con Uribe, aparece por
primera vez este nombre.
Cromos señala en su siguiente edición que “pese a los múltiples
problemas que tienen los aeropuertos en materia de
infraestructura y seguridad aérea para la Aerocivil es más
importante el turismo que la inversión”, y explica que en 1982,
durante la gestión de Uribe, para la compra de equipo destinó
veintitrés millones de pesos mientras que para viáticos ordenó
veintidós millones quinientos mil. Un año antes (en la misma
administración) la situación fue todavía peor: para compra de
equipo doce millones de pesos y para viáticos dieciséis millones y
medio”. ¿Cómo se gastaron esos viáticos? Villegas contribuyó con
largueza en ese propósito. Uribe Vélez, lo comisionó para viajar a
Montreal entre el 13 de septiembre y el 4 de octubre de 1980; el
20 de febrero de 1981 lo envió a Washington, donde permaneció
hasta el 28 del mismo mes; entre el 6 y el 11 de julio del mismo
año, estuvo en Lima; el 7 de septiembre fue de nuevo a
15
Washington, donde permaneció hasta el 12; y el 1° de noviembre
viajó otra vez a Montreal, en esta ocasión con escala en Cancún a
su regreso. De los viajes que se hicieron en 1982 no se tiene
mayor noticia. Los archivos fueron borrados, y las memorias de la
gestión administrativa de Uribe se convirtieron en un documento
secreto, que no se consigue en biblioteca alguna. Uribe Vélez
designó a Villegas como "profesional especializado de la Oficina de
Planeación", el 29 de agosto de 1980. Seis meses más tarde, el 3
de marzo de 1981, lo encargó de la Jefatura de esa misma oficina,
y el 10 de abril lo nombró en propiedad. Al referirse a los
pormenores del "contrato fantasma", Uribe Vélez le explicó a
Cromos que él había nombrado una comisión para averiguar por el
paradero de dichos fondos, de la que formaron parte "Horacio
Moscoso y César Villegas, director de Planeación, un hombre
honrado que debutaba la administración pública y que traje de
Norteamérica para que me colaborara”.
Pero Villegas, su íntimo colaborador y su socio, no era tan honrado
como él quería hacer creer. El país conoció con todo detalle sus
comprometedoras relaciones con la mafia, en las que se originó su
apodo de “El Bandi”. Hijo de un sargento veterano de la guerra de
Corea, César Villegas nació el 28 de febrero de 1954, el mismo día
que el Santa Fe, un equipo de fútbol al que se dedicó con
entusiasmo. Fue estudiante pobre del Instituto Técnico Distrital,
economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y especialista
en transporte aéreo graduado en el Canadá. Cuando regresó al
país, en 1980, Ernesto Samper, jefe de un pequeño movimiento
político conocido como “Poder Popular”, se lo recomendó a Uribe
Vélez, recién nombrado en Aerocivil. En ese momento, Uribe era,
según la revista Semana, “la mano derecha” del futuro
mandatario.
- Es un hombre inteligente - le dijo Samper -. Si usted quiere,
puede hacer de él el mejor de sus hombres.
Era difícil prever hasta dónde llegaría la meteórica carrera de
Villegas. Al terminar su gestión en Aerocivil enfrentó tres procesos
abiertos por la Procuraduría alrededor de la expedición irregular de
licencias de vuelo para empresas de narcotraficantes. Aunque los
16
eludió sin problema, no logró que Virgilio Barco [14] lo nombrara
director de la entidad. Luego fundó la sociedad “VTS Proyectos e
Inversiones”. “V” era él. “T”, era Turbay, Juan Manuel [15], ministro
de Desarrollo de Samper y uno de sus hombres de confianza. “S”
era Strouss, Jacquin, la esposa de Samper, quien sólo permaneció
por espacio de 50 días en la sociedad. Pero Villegas siguió
adelante. Ya entonces se le consideraba el mecenas indiscutible
de Álvaro Uribe Vélez y de Joselito Guerra de la Espriella [16]. Era
tan rico, que se dio el lujo de contratar el avión privado que trajo
del Canadá al especialista que atendió a Samper con ocasión del
atentado de que fue víctima en 1989. En la campaña de 1990 fue
el gerente financiero de Samper y de su equipo. Pero cuatro años
después el mismo Samper le pidió retirarse, para abrir campo al
hombre que se convertiría en uno de sus peores dolores de
cabeza: Santiago Medina [17]. Logró no ser mencionado para nada
en el proceso 8.000, hasta que Guillermo Pallomari, el contador
del cartel de Cali, dijo en Estados Unidos que los Rodríguez [18] le
habían girado varios cheques con destino a la campaña liberal. La
investigación permitió encontrar ocho de esos instrumentos,
girados entre 1992 y 1994, por valor de 200 millones de pesos,
provenientes de la cuenta personal de Miguel Rodríguez. La
Fiscalía le dictó medida de aseguramiento, y un juez lo condenó a
cinco años de cárcel por el delito de “enriquecimiento ilícito”. El 4
de marzo, una semana después de haber cumplido 48 años, fue
asesinado. El 5 por la mañana tenía una cita clandestina con un
funcionario de la Embajada norteamericana en Bogotá “para
hablar, entre otros temas, sobre Uribe”. Aunque el crimen se
atribuyó oficialmente a problemas relacionados con su actividad
14 Virgilio Barco Vargas: Presidente de la República en el período 1986-1990, padre de Carolina
Barco Isakson, quien más tarde, en el gobierno de Uribe Vélez, ocuparía los cargos de Canciller
y embajadora de Colombia ante los Estados Unidos.
15 Juan Manuel Turbay Marulanda, quien ocupó destacadas posiciones en el gobierno Samper
(1994-1998).
16 Joselito Guerra De La Espriella: Político de la costa norte colombiana implicado en el célebre
“Proceso 8.000” contra el gobierno Samper, relacionado con la recepción de dineros del “Cartel
de Cali” para la financiación de la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia. Una hermana
del senador Guerra, María del Rosario Guerra De La Espriella, sería nombrada más tarde por el
Presidente Uribe Vélez, durante su gobierno, como titular del Ministerio de Comunicaciones.
17 El acaudalado anticuario Santiago Medina Serna fue tesorero de la campaña Samper
Presidente.
18 Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes principales del “Cartel de Cali”, extraditados
más tarde a los Estados Unidos (diciembre de 2004) por el gobierno Uribe Vélez.
17
deportiva y el presidente de la Dimayor anunció que esa
organización había quedado “sobrecogida” y que el hecho
“enlutaba al país”, algunos expresaron dudas sobre el particular.
Se supo entonces que los vínculos de Villegas con los Rodríguez
Orejuela seguían vivos, pero se comentó también que testigos
excepcionales del conflictivo pasado de Uribe Vélez comenzaban a
desaparecer de manera sistemática. En efecto, la relación de
Villegas y de su jefe en Aerocivil no se rompió cuando ambos se
retiraron del cargo. Ya habían organizado una compañía para
importar y vender cabañas de madera importadas del Canadá. En
la constitución de la sociedad no figuró Uribe, quien ya había
tenido tiempo de enterarse de los alcances delictivos de su nuevo
amigo. Así pues, la empresa se llamó inicialmente “Taller de
Embalse”, y tuvo como socio al arquitecto Héctor Jaime Cuesta
Escobar. Uribe quedó en la sombra. Poco después pasó a llamarse
“VC Maderas”, y se dedicó a comprar casas prefabricadas a una
empresa canadiense, la Maison de Autrefois du Québec, y a
venderlas en un mercado dominado en ese momento por los
dineros de la mafia. Villegas les ofreció precios especiales a varios
políticos, entre ellos al ex presidente Alfonso López Michelsen [19],
quien la compró por medio de su esposa, y al futuro presidente
Ernesto Samper, quien según una destemplada aclaración que el
constructor envió a un comentario de prensa en El Espectador,
“casi no la paga”. En esa misma comunicación Villegas dice que
nunca fue socio de Uribe, que su socio fue el arquitecto Héctor
Jaime Cuesta, y que en Antioquia sólo vendieron dos cabañas.
Para terminar, reconoce que está siendo juzgado, “pero no por sus
nexos comerciales sino políticos”. Villegas estuvo estrechamente
relacionado con el mundo político del país y sacó de él un notable
partido. Cuando Rudolf Hommes [20] era presidente de Fogafin
[21], entidad encargada de privatizar el Banco Tequendama, actuó
como apoderado del Banco de la Construcción de Venezuela, que
terminó por comprarlo. Ese negocio le reportó ganancias por millón
y medio de dólares. Pero, en contra de lo que se ha creído hasta el
momento, la participación más activa que tuvo en la campaña
política del 94 no fue alrededor de la candidatura de Samper para
19 Alfonso López Michelsen: Presidente de la República en el período 1974-1978.
20 Rudof Hommes Rodríguez: Ministro de Hacienda en la Administración Gaviria Trujillo (1990-
1994).
21 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
18
la Presidencia de la República, sino alrededor de la de Álvaro Uribe
para la Gobernación de Antioquia. En efecto, el 24 de octubre de
1994 giró el cheque No. 6684889 contra su cuenta corriente
número 03701791-0, del Banco de Caldas a favor de Álvaro Uribe
Vélez, por valor de 5 millones de pesos. Una semana más tarde
Uribe resultó electo como nuevo mandatario seccional. El cheque,
girado por VC Inversiones (la empresa de las cabañas), fue
consignado el 3 de noviembre del mismo año en la cuenta
01104863-4, cuyo titular era la Corporación Ideológica Rafael
Uribe Uribe, entidad dirigida por Uribe Vélez. En la cuenta de VC
Inversiones, Villegas manejaba algunos negocios oscuros. El 26 de
enero y el 28 de junio del 94, por ejemplo, ingresaron a ella
cheques por veinte millones de pesos, girados por Jairo Ortiz
Molinero desde la cuenta número 8023024597-5. Ortiz Molinero
era testaferro de los hermanos Rodríguez Orejuela.
La gestión de Uribe Vélez en la Aeronáutica constituye un
verdadero desastre. Con frecuencia se precia de haber sido el
constructor del 60 por ciento del aeropuerto de Rionegro (La Nota
Económica, marzo 15-abril 15/2002). No es rigurosamente
exacto. El 14 de octubre de 1980, El Colombiano informa que,
ante las denuncias formuladas por “graves irregularidades” en la
obra, sería inspeccionada por una subcomisión de la Cámara de
Representantes. “Los miembros de la subcomisión - escribió el
periódico en su primera página - verificarán las denuncias que el
ingeniero Felipe Estrada Escobar, presidente de la Asociación
Colombiana de Ingenieros hizo en la sesión de la Cámara de
Representantes del 21 de agosto, sobre irregularidades en el
contrato con la firma española Dragados y Construcciones. Las
denuncias ya fueron trasladadas al Presidente de la República, al
Contralor General de la Nación, al Procurador General de la
República y al Consejo de Estado”.
El resultado de la visita no produjo mayores resultados, ni el
funcionario señalado presentó renuncia de su cargo. Pero lo cierto
es que el 15 de octubre, también en la primera página, el mismo
periódico señaló que “la subcomisión... enjuició duramente el
papel cumplido por la Aeronáutica Civil, al permitir el cambio de
los diseños originales. Consideraron los congresistas que la
actitud asumida por Aerocivil daba amplias ventajas al consorcio
Dragados y Construcciones en términos de tiempo y costos.
Además señalaron que el contrato fue adjudicado a una firma que
presentó mayores precios y una diferencia de tres meses en su
ejecución, lo que deja ver mayores ventajas para el consorcio
constructor”. Al término de la gestión de Uribe Vélez, esos tres
meses se habían convertido en dos años de retraso. En efecto, el
nuevo director de Aerocivil, Juan Guillermo Penagos, declaró en
Cromos (abril 26 de 1983) que “cuando yo entré, encontré la obra
con un retraso de dos años”. Los enemigos de Uribe, que los tiene
- y grandes -, podrían hacer una ecuación elemental: si en 28
meses de gestión, la entidad que él manejaba se atrasó dos años,
¿cuánto se atrasará el país en cuatro años de una eventual
Presidencia suya? La respuesta de uno de ellos fue fulminante: se
atrasará toda la historia.
En efecto, las resistencias que tiene Uribe son grandes. Más
grandes aún que los entusiasmos casi místicos que despierta
entre grandes sectores de la población de un país acosado por el
desempleo, la corrupción y la guerra. A Uribe se le ha visto como el
candidato preferido de los grandes monopolios, como el candidato
señalado por los medios de información (sin tener en cuenta que
en Colombia los medios pertenecen a los monopolios), como el
candidato de los sectores delictivos más oscuros del país. Y
aunque sus banderas políticas se han examinado con lupa, muy
19
20
pocos han señalado que detrás de ellas no hay nada distinto de la
palabrería tradicional de los políticos colombianos. Su lema de
campaña, “Mano firme, corazón grande” suena un poco demodé
en medio del sofisticado ejercicio publicitario de Colombia. Y,
además, si se examinara su programa de gobierno a partir de un
riguroso ejercicio académico, se encontraría muy poco, por no
decir nada, sobre qué debatir.
Un grupo de profesores universitarios vinculados a la campaña de
“Lucho” Garzón [22], el tercer candidato con alguna opción
electoral, esquematizó el universo ideológico del candidato. Sin
caer en la tradicional terminología de una izquierda que todavía
hace de las suyas en el lenguaje político colombiano, en ese
análisis se vería con claridad que para un apreciable sector de la
opinión pública, con su propuesta de Estado Comunitario, Uribe
representa la necesidad de centralizar al poder ejecutivo para
lograr una unidad de mando en la guerra que se avecina. Su
política “ayuda a que se profundice en Colombia un modelo
económico caracterizado por la más grande acumulación y
concentración de capital y tierra en unas pocas manos, mientras
el capital financiero controla las arterias vitales de la economía.
Su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como
la centralización absoluta del poder ejecutivo, el control y
disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el
desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las
libertades democráticas”, entre otros. Su propuesta de seguridad
ha sido criticada duramente por las asociaciones internacionales
de Derechos Humanos. En síntesis, “hoy se debe crear una milicia
civil, dándoles armas a un millón de desempleados para que
patrullen los campos y proporcionen información al Ejército y la
Policía”.
Muchos colombianos no olvidan que Uribe formuló su propuesta
ante un gremio que ha sido calificado como el más reaccionario
del país, el de los ganaderos. En el Congreso Nacional de Fedegán
[23], reunido en Cartagena en noviembre del año 2000, Uribe fue
22 Luis Eduardo “Lucho” Garzón, candidato a la Presidencia para el período 2002-2006, fue
luego elegido como alcalde de Bogotá.
23 Federación Colombiana de Ganaderos, en ese entonces dirigida por Jorge Visbal Martelo, a
quien Uribe Vélez encargaría durante su gobierno de la embajada de Colombia en Canadá.
21
recibido por los participantes con el saludo falangista. Entre
muchos miembros con una hoja de vida intachable, Fedegán
agrupa a decenas de hacendados que se precian de mantener
relaciones estrechas con los paramilitares, e inclusive de
financiarlos económicamente.
De otra parte, Uribe ha manifestado en forma reiterativa que una
vez se posesione como presidente de la República llamará a los
cascos azules de la ONU para que intervengan activamente en el
conflicto armado que vive el país. Esa propuesta, que no es viable
dada la situación internacional de Colombia, provocó el rechazo
unánime de los círculos políticos y académicos, pero fue recibida
con beneplácito por amplios sectores de un país que no encuentra
respuesta alguna posible para el conflicto que lo azota sin
interrupción desde 1946 o 47. Esta polarización muestra con
claridad el estado en que se desenvuelve la actual campaña
política, sometida a toda suerte de fuerzas contradictorias que
amenazan con sumir al país es una confrontación irreversible.
Por último, las leyes que Uribe impulsó como senador desvelan a
más de un analista. Entre ellas se cuentan la 71 de 1988, la 50 de
1990, y la 100 de 1994.
La 71 de 1988, que se conoce como “de reforma pensional”, le
entregó en 1995 a los grandes monopolios financieros del país,
708 mil millones de pesos.
La 50 de 1990, o “de reforma laboral”, ajustó las normas vigentes
en Colombia al modelo neoliberal puesto en marcha ese año por la
administración de César Gaviria [24]. Uribe Vélez, quien fue el
ponente de la misma, la presentó como la clave para solucionar el
agudo problema de desempleo que aquejaba al país. Sus
resultados fueron muy distintos. El índice del mismo, que en 1990
estaba en el 12 por ciento, pasó en el año 2002 a ser del 20 por
ciento. La ley 50 modificó el sistema de estabilidad laboral, eliminó
el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, creó
el empleo temporal y organizó los Fondos de Pensiones, que han
24 César Gaviria Trujillo: Presidente de la República, de corte neoliberal, en el período 1990-
1994, y luego de su mandato nombrado como director de la OEA. A su regreso al país fue
elegido como director del Partido Liberal.
22
sido criticados severamente por los enemigos de la
monopolización del capital.
La 100 de 1993, o Sistema de Seguridad Social, le quitó toda
capacidad al Estado para atender la salud de los estratos más
necesitados de la población, que quedaron por completo
desprotegidos.
Esa norma, además, llevó a la quiebra el Seguro Social y puso en
peligro el derecho a la jubilación de varios millones de afiliados.
En un determinado momento, la campaña de Uribe les propuso a
los colombianos un decálogo para votar por el candidato: 1. Es un
hombre capaz, preparado e inteligente, tiene buena memoria y
férrea voluntad, además es íntegro ética y moralmente; 2. Tiene
personalidad definida; 3. Es imaginativo e innovador; 4. Cumple lo
que promete, así lo ha demostrado a lo largo de su vida pública; 5.
Ha desburocratizado, legislado y pacificado sin cometer abusos; 6.
Como trabajador insigne tiene capacidad innegable de liderazgo;
7. Asume con valor todos los riesgos políticos y no hace demagogia
barata; 8. No es áulico de nadie, ni permite cortes a su alrededor;
9. Tiene como prioridad la defensa de la vida, la honra y los bienes
de los colombianos; 10. Con disciplina y esfuerzo, y sin negociar
sus principios, ha logrado que sus éxitos sean duraderos.
Habría que estudiar hasta qué punto es válido ese decálogo a la
luz de los hechos, el comportamiento, los amigos, los partidarios y
las organizaciones que avalan al candidato.
Pero ese es un ejercicio que corresponde a los electores. Este libro
busca que cada uno decida en conciencia.
23
CAPITULO II
Sobre mi caballo yo...
y sobre yo mi sombrero
Ahora bien, ¿quién es este hombre recursivo, intemperante e
inteligente, a quien en los círculos enterados de la política en
Colombia se le comienza a conocer como “el señor de las
sombras”?
La biografía oficial del candidato dice que nació en Medellín el 4
de julio de 1952, que está casado con Lina Moreno y que tiene
dos hijos: Tomás y Jerónimo. Pero, como es habitual en ese tipo de
documentos, no dice muchas cosas. No dice, por ejemplo, que es
hijo de don Alberto Uribe Sierra, un paisa común pero no un paisa
corriente. Antes de haber sido asesinado en un asalto que
algunos, entre ellos el candidato, atribuyen a las FARC, y otros a
ajustes de cuentas del narcotráfico, don Alberto tuvo tiempo de
hacerse a algunas amistades singulares.
En el libro “Mi vida en el mundo de los caballos” (Impresos
Litográficos, Medellín 1988), donde Fabio Ochoa, el grueso jefe del
clan, rinde homenaje a sus amigos “caballistas”, y que, dado su
estilo, evidentemente fue escrito por él, se le ve cómo era, con su
corrosca típica, su actitud arrogante y, valga la paradoja, su gesto
desaliñado. La fotografía lo muestra en una justa de caballos,
donde fue juez junto a José Juan Quintero y a Ricardo Gaitán
Ospina. Para alguien no iniciado en ese tipo de lenguajes y de
actitudes, es prácticamente incomprensible lo que escribe Ochoa.
El documento que sigue conserva su redacción ortografía y
puntuación originales:
"Gran juez, aficionado de tiempo completo, chalán como ninguno y
transmite como Danilo. Las arrienda, las muestra y las disfruta
(arrendó entre otras, a Sucesor) yo lo crié y fue mi discípulo en la
pesebrera Ayacucho, pero se la pasó al maestro y le enseña al
padre a hacer hijos; gran comerciante, sufrido, de muchos
altibajos 'mis triunfos, mis derrotas' pero ahora sí se le montó a la
vida y le robó el amor a las mujeres, de una habilidad
sorprendente, con quien él se engancha lleva la peor parte, pero
24
con honradez, o si no que me pregunten a mí, ya me mandó la
vaca, parece machorra; bohemio y declamador, ha tenido
maravillosas bestias, verbo y gracia: La Castalia, no la he vuelto a
ver mejor, Petrarca, La Postal, Dulcinea, Scherezada, Mambrino,
Tany, Meduza, etc, etc, que con su esposa Laurita y sus hijos las
han lucido muy bien y han adornado todas las ferias, ha tenido
mulas famosas como La Zarzamora que se la escogió a don Chepe
Rojas en una partida de 200 muletos en Girardot, él mismo la
arrendó y fue la mejor, no tiene casi ojo el pobrecito ¡que tal que
viera! Irónico como ninguno, una noche en Armenia le dijo Alfredo
Millar (Q.E.P.D.): "Ud. Cuando estaba juzgando tal competencia fue
que no vio tal caballo que no le dio premio?" contestó: "si, yo si lo
vi y mientras más lo veía, más me chocaba el H.P". "Alberto Uribe
debía ser el Ministro de Agricultura de por vida, pues este sí ha
palpado, vivido y sufrido los problemas del campo, la reforma
agraria, la violencia, etc., tantas güevonadas que inventaron los
políticos y demagogos que no han salido de la carrera séptima; su
hijo Álvaro es otro exponente de talla presidencial y Santiago [25]
ni se diga, y con El Pecoso que se tengan, fue el que más le
heredó. Liberal, descendiente del indio Uribe, a Alberto sí se le
puede decir paisa, liberal y macho”.
Algún tiempo después, el 14 de julio de 1981, el gordo Ochoa
escribe de nuevo sobre Uribe Sierra: “Ahora que empuño de nuevo
el lápiz, ya Alberto ha hecho mil travesuras más, antes no dio al
"travieso" como le decía él, a Luis Gonzalo (Q.E.P.D.); pues se fue a
Méjico y trajo 7 caballos de rejoneo, se encontró con Conchita
Cintrón y está encantado, la invitó con su familia y comitiva a
visitar la feria de Agosto en Medellín ¡en hora buena Conchita,
bienvenida!. También trajo helicóptero, tendré que escribirle un
libro a él sólo, esta semana supe que se habían reunido él y Chica
[26], que acaba de llegar de España, hecho todo un caballero
25 Santiago Uribe Vélez, alias “El Carepapa”.
26 Dayro Chica: ex trabajador y ex peón de los Ochoa, quien gracias a su “labor” se convirtió en
un importante empresario del toreo (rejoneo). Fabio Castillo, en su libro “Los Jinetes de la
cocaína” (1984) refiere la siguiente anécdota que refleja la vulgaridad y el mal gusto de los
nuevos ricos que basaron su fortuna en el narcotráfico: “(...) Una anécdota bien gráfica de cómo
lo tratan sus patrones, surgió cuando el ex peón Dayro Chica decidió casarse con una reina
colombiana de la belleza, María Teresa Gómez Fajardo. La fiesta de matrimonio se realizó en el
Club Campestre El Rodeo, de Medellín, y su costo fue superior a los $5 millones. El regalo de
bodas de Chica a María Teresa, fue un automóvil deportivo blanco, Mercedes Benz. Pero fue
25
rejoneador, e hicieron una reunión a alto nivel y a puerta cerrada
para discutir varios puntos sobre la alta escuela Andaluza y
Mejicana, no se sabe si saldría humo blanco, allá ellos”.
La semblanza biográfica termina con una nota escrita el 23 de
mayo de 1985: “Empuño de nuevo la pluma para hablar de
Alberto (Q.E.P.D.); lo asesinó la FARC en su hacienda
Guacharacas, se hizo matar pero con honor como era él, con su
pistolita, disparando contra 30 asesinos con metralletas,
armaditos con todas las de la ley y sus permisos desde lo alto,
Dios los guarde y les perdone, que dañito hicieron, y ver que no ha
faltado mandamás, vacas sagradas intocables, que viven del
gobierno, sus coyunturas y sus roscas de por vida, que dicen que
esto fue un ajuste de cuentas, estos H.P. son mas bandidos que
los que lo asesinaron” [27].
Ahí están algunos de los elementos esenciales para su biografía:
caballos, helicóptero, bohemia, el amor de las mujeres, su esposa
Laurita, Dairo Chica, sus hijos, el que más le heredó y el de talla
presidencial. Y en el fondo el gordo Ochoa, árbitro y señor de estas
vidas, estas honras y estas haciendas. Antes de que se supiera
que el clan era el clan y que “La Margarita del 8” le pertenecía,
Bogotá entera desfiló por los comedores de ese restaurante,
donde se vivía un ambiente rural tan caro a una ciudad atildada
que sigue siendo campesina. Y allí, en una fotografía enorme
colgada de una pared del fondo, se veían las siluetas
inconfundibles de un hombre bajo y grueso vestido a la manera de
la Antioquia tradicional, con su carriel, su corrosca y su zurriago,
con sus tres hijos varones [28], rodeando a un mozalbete flaco y
descolorido, extraviado en medio de esa abundancia de carnes, y
de tanta sonrisa y socarronería. Una foto que bien hubiera podido
ser un Botero, de Fabio Ochoa y de sus hijos alrededor del hijo de
su amigo Alberto, el que tiene “talla presidencial”, y que, según
mejor aún el de los Ochoa: un juego de ajedrez, con las piezas de oro. Como Dayro Chica les
preguntara el motivo de tan exótico regalo, le respondieron "para que usted vea cómo un peón
se puede comer a una reina”.
27 En esa época, conocidas por círculos cerrados de la sociedad antioqueña ciertas actividades de
don Alberto Uribe, las cuales relacionaban con su súbito cambio de estatus socio económico,
circuló con mucha fuerza la versión de que su asesinato se debió a una “vendetta” entre
narcotraficantes.
28 El “Clan Ochoa”
26
parece, acaba de posesionarse como alcalde de Medellín o de algo
por el estilo. Pero esa fotografía desapareció misteriosamente.
Debe estar en algún rincón a la espera del momento preciso en
que podrá volver por sus fueros. Como estarán - pero al revés - las
que fueron decomisadas con iguales y semejantes protagonistas
en las Operaciones Milenio y Nueva Generación [29], o las que
guardan - otra vez al derecho - las viejas matronas antioqueñas,
que todavía existen, escondidas en alguno de esos álbumes de
lenguajes secretos, con sus magnolias amarillas y sus recuerdos,
útiles “para curar la tos y la tristeza”. Pero también debe haber
otra serie de fotos, tomadas posiblemente en Laureles, el barrio
“bien” pero no “tan bien” como El Poblado.
Por ese entonces, las familias de Laureles eran de clase media, y
tenían que luchar a brazo partido contra la irrupción de los dineros
de la mafia, que comenzaban a desbaratar muchas economías
domésticas. Una de esas familias era la de Uribe Vélez. Ellos vivían
en el segundo piso de una casa alquilada en la Circular 77,
sometidos a los vaivenes del padre, que le debía plata a medio
mundo pero que era honorable. Hasta que un día, cansado de la
persecución de sus acreedores y de la indecisión de las
muchachas (a quienes cortejaba con entusiasmo), provocada por
la poca capacidad económica del pretendiente, cortó de raíz con
sus problemas y apareció de la noche a la mañana con una
ostentación de mentirijillas, hecha de casa elegante, hacienda en
cada departamento, caballos de lujo y helicóptero como medio de
transporte. ¿Qué cómo lo hizo? Es un misterio al que aún no se le
ha dado cabal respuesta, pero que el candidato ha prometido
aclarar en breve. En la entrevista que concedió a El Tiempo el 21
de abril del 2002, dijo que él respondía “por mi padre, por mi
madre, por mis hermanos, por mis hermanas, por mi mujer, por
mis hijos y por mí”. Y añadió: “¿Cree que de otro modo me
hubieran elegido tres veces senador y gobernador de Antioquia, o
29 La Operación Milenio fue desarrollada en 2001 por la DEA en coordinación con varias
policías de América luego de una investigación que relacionaba a los narcotraficantes
colombianos con el “Cartel de Juárez” de México; entre los detenidos estuvo Fabio Ochoa
Vásquez. La Operación Nueva Generación fue llevada a cabo por la Policía Nacional
colombiana en varias ciudades del país, a fines de 2000, y concluyó con la detención de un gran
número de narcotraficantes.
que me hubiera atrevido a manejar tantos temas controversiales?
Yo me le he arrimado a la candela”.
Y claro que se le ha arrimado a la candela. Con indudable
habilidad, Uribe Vélez reconoce que era amigo de los Ochoa.
- Sí - le responde a El Tiempo en la misma entrevista, cuándo el
periódico lo interroga alrededor de sus vínculos con Jorge Luis,
Juan David y Fabio Ochoa -. Tuvimos amistad por los caballos. Era
amigo de ellos. Eso lo publicó muy bien la revista Semana. Es todo
lo que tengo que decir y ahí están ellos (los Ochoa) para que les
pregunten. Entonces se le ponen de presente las corridas en las
que participaba Alberto Uribe, una de ellas a beneficio de Medellín
sin Tugurios, el programa de vivienda de Pablo Escobar. La
respuesta del candidato es ambigua: - Es posible. No lo negaría. Mi
papá era caballista. Sabía manejar caballos de paso y rejonear en
caballos portugueses. Ejerció ese oficio toda su vida. La última vez
que lo acompañé fue a Manizales, a un festival que se hizo para
las Damas Grises. Hacía obras de beneficencia con eso. Le
encantaba e iba a todas las corridas, pero no hubo ninguna
amistad con Escobar. Lo de los Ochoa era muy distinto. No fue
que él se volvió amigo de ellos, sino que mi papá, de 5 o 7 años,
27
28
andaba a caballo con don Abelardo Ochoa que era bisabuelo de
estos muchachos.
- ¿Cree - le pregunta El Tiempo - que fue por la corrida benéfica
que Medellín sin Tugurios publicó uno de los avisos de
condolencia el día en que asesinaron a su padre?
- Me vengo a enterar – contesta -. Nunca quise ver los periódicos,
ni el cadáver de mi papá ni las noticias de los diarios.
- ¿Explica eso - insiste el periódico - el episodio de que Pablo
Escobar envió su helicóptero a rescatar a su padre y que inclusive,
asegura El Mundo [30], usted obtuvo un permiso especial para que
el aparato pudiera volar después de las 6 de la tarde?
- A mi padre lo asesinaron las FARC el 14 de junio de 1983, casi a
las 6 de la tarde. Él llegó a la finca Guacharacas, en donde no
tenía sino amistad con los campesinos, y llegan las FARC, 12, 14
tipos con fusiles. Él se atrincheró y comenzó a disparar. En el
intercambio de balas, lo mataron. A mi hermano Santiago lo
hirieron... A mi hermana María Isabel, a quien iban a secuestrar, la
escondió una maestra. Sin embargo hay un libro de la guerrilla en
Europa que dice que allá nosotros teníamos una base paramilitar.
Yo estaba casi llegando a la Universidad Autónoma
Latinoamericana... La primera información que me llegó fue que
mi hermano Santiago estaba gravemente herido y que mi
hermana María Isabel estaba secuestrada. En esa tragedia
familiar, ¿qué hace uno? Desesperadamente, Mire, llamen a
Helicol, al primer helicóptero que haya, ¡por Dios! Me monté casi
de noche en el primer helicóptero que consiguieron y no pudimos
aterrizar para rescatar a mi hermano. Tuve que regresar a
Medellín e irme por tierra. El periódico El Mundo dijo al otro día
que el helicóptero era del hacendado Pablo Escobar. Pues bien, no
tuve relaciones con Escobar, ni cuando se usaba.
Hasta ahí ese fragmento de la entrevista. Pero en otra página de
ese mismo día, el candidato le cuenta al periódico que su hermano
30 Segundo diario de Medellín, después de El Colombiano.
29
Jaime [31] estuvo detenido en 1986 en la IV Brigada de Medellín,
porque, según informes de inteligencia, desde su radioteléfono de
agrónomo se registraron llamadas a Pablo Escobar.
- ¿Su hermano Jaime, quien falleció - le pregunta El Tiempo -, es la
misma persona que estuvo detenida por la brigada acusado de
nexos con Escobar?
- Claro - contesta el candidato -. Hicieron escándalo porque era
hermano mío, pero eso se cayó. Lo detuvieron con varios
industriales por unas llamadas telefónicas con Pablo Escobar. Sin
embargo, en los días en que aparecían esas llamadas, él estaba
sin voz, interno en una clínica, con el problema de cáncer de
garganta que lo mató el año pasado. Y apenas la Brigada vio ese
error, una clonación de teléfonos, inmediatamente lo puso en
libertad.
La muerte de Uribe Sierra se cuenta en El Tiempo con detalle.
Quince minutos después de que él, y sus hijos Santiago y María
Isabel aterrizaran en la hacienda a las 4 de la tarde (venían en “un
helicóptero Hugues 500” manejado por el capitán Bernardo
Rivera), llegan veinte hombres armados. El Tiempo sostiene que lo
iban a secuestrar. El Colombiano, que iban a tratar con él “unos
asuntos”. Hay un enfrentamiento. Uribe les dispara y ellos lo
matan de dos tiros en la cabeza (El Mundo afirma que de un
disparo en la cabeza y uno en el pecho) y destruyen el helicóptero.
(El Tiempo dice textualmente: “Los guerrilleros de las FARC
dinamitaron el helicóptero”, y El Mundo “ametrallaron y dejaron
completamente inservible al helicóptero que estaba valorado en
20 millones de pesos”). Santiago huye y es herido en un pulmón.
Un campesino lo recoge y lo lleva al hospital de Yolombó. Cuatro
horas después, sin escolta, un inspector de Policía llega a la
hacienda donde practica el levantamiento del cadáver. Debió
llegar, no lo dice el periódico, absolutamente mojado. Porque “un
segundo helicóptero (¿el primero era el de Uribe Sierra?), de
propiedad del parlamentario Pablo Escobar Gaviria, despegó a las
6:45 de la tarde del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, con el
fin de trasladar al joven herido hasta esta ciudad”. Pero “debido a
31 Jaime Alberto Uribe Vélez, alias “El Pecoso”.
30
problemas atmosféricos, no pudo aterrizar”. Regresó a Medellín a
las 7:30 de la noche. De modo que el inspector era un héroe o
tenía un estupendo paraguas. Finalmente, Santiago viajó en una
ambulancia de la Cruz Roja, y María Isabel y el capitán Rivera en
un vehículo de las Fuerzas Armadas y en otro de la firma “Arinco”.
¿Qué hace allí un helicóptero de Pablo Escobar? Y no sólo lo dice
El Mundo, como afirma el candidato. Lo dice también El Tiempo.
La noticia de El Mundo es más completa. El 15 de junio, en la
página 10A, señala que “desde Medellín había salido a las 6:45 un
moderno helicóptero, de propiedad de Pablo Escobar, al mando de
Jaime Sandoval, con el propósito de traer de urgencia a Santiago a
esta ciudad, para ser internado en una clínica. El permiso especial
fue otorgado por la Aerocivil, a petición del ex director de esa
dependencia y ex alcalde de Medellín, Álvaro Uribe Vélez, por
tratarse de un caso de urgencia y porque el aparato está equipado
con sofisticados equipos electrónicos y radar”. El Mundo publica
en su página 10, un completo perfil de Uribe Sierra, donde pueden
apreciarse algunas de las 39 peculiaridades de su personalidad y
de su época. Vale la pena reproducir la crónica en su integridad,
anotando de paso que en ella hay detalles significativos sobre los
negocios a los que estaba dedicado. Y hay también otro detalle
curioso (y falso). “Para el (helicóptero) su hijo, Álvaro Uribe Vélez,
cuando era director de la Aeronáutica Civil, había negado su
licencia de operación, por no dejar dudas de su pulcritud en el
manejo del ente gubernamental”. De donde se deduce que las
dudas, que fueron obviadas, existían. Bajo el título “Antes muerto
que secuestrado”, dice el artículo: “No te vayas a asomar mijo a la
finca de Guacharacas por nada del mundo, por allá hay guerrilla,
es muy peligroso', le había dicho la semana pasada el hacendado
Alberto Uribe Sierra a Jaime su hijo. “Sin embargo, Uribe Sierra, un
hombre vital, ganadero, caballista y dueño o negociante de
enormes fincas en toda Antioquia, ocho días después contradecía
él mismo la advertencia que le había hecho a su hijo, e iba a
Guacharacas a terminar su vida de 50 años dedicados al campo,
cuando se opuso a ser secuestrado por guerrilleros y murió 'en su
ley', como diría uno de sus hijos. “Uribe Sierra, padre del ex
alcalde de Medellín, Álvaro Uribe Vélez y de otros cuatro hijos, toda
su vida repitió en público y en privado que jamás se dejaría
secuestrar. 'Antes muerto que secuestrado', fue una frase que el
31
pronunció algún día recuerda un amigo. “Y este martes terminaron
los 50 años de vida apasionada del hombre polémico y millonario
en propiedades y amigos, que fue Uribe Sierra; en tanto que su
hijo, Santiago, recibió un balazo, y desangrándose en un recorrido
de más de 105 kilómetros desde la finca hasta Medellín, vivió una
dramática carrera contra la muerte. “El martes Uribe Sierra
comenzó el día común y corriente, en su oficina, con los trabajos y
negocios que lo habían convertido desde tiempo atrás en uno de
los más conocidos hombres de negocios en Antioquia. Había sido
heredero de una buena fortuna y caracterizado por su sagacidad
para el negocio, sirviendo de intermediario en la compra de
poderosas fincas, y con su actividad ganadera y caballística, había
acumulado una enorme riqueza distribuida en distintas regiones
de Antioquia. Tenía una casa finca en Niquía, Bello, con una
plazoleta para exhibir sus caballos, hacer miniferias y atender a
ganaderos y a negociantes de toda especie. “Nacido en Salgar, en
el suroeste antioqueño, cuentan que Alberto Uribe Sierra era muy
buen patrón, cumplía todas las obligaciones laborales con sus
trabajadores y hasta una vez, en 1979, repartió un molino de caña
y la mitad de la finca San Cipriano, sembrada de cañadulzales,
entre varios aparceros que pedían reivindicaciones porque
pasaban necesidades. La San Cipriano queda cerca de la
hacienda Guacharacas, y en ella, hace dos meses un grupo de las
FARC mató al mayordomo y a su ayudante. “Por lo demás, Alberto
Uribe Sierra era un hombre de vitalidad extraordinaria. Como 'un
volcán, la personificación del paisa dicharachero', lo calificó ayer
Juan David Botero, quien fue uno de sus amigos. “Nadie sabe si
era más mujeriego, o aguardientero, o buen conversador, pero en
esos aspectos no tenía rival. Donde llegaba, con su charla se
convertía en el centro de la reunión. Lo comparaban con un
encantador de serpientes. “Como antioqueño de pura sepa (sic)
toda su vida giró en tomo al campo, a tal punto que sus hijos dicen
que el era un verdadero "tierrero". Pero a la hacienda de
Guacharacas hacía varios días que no iba aunque acostumbraba
hacerlo unas tres veces al mes. Y el martes, aunque sólo una
semana antes le había comentado Jaime los peligros de
Guacharacas, al medio día en su oficina, en uno de esos impulsos
repentinos que eran tan comunes en él, decidió viajar a esa
hacienda del nordeste de Antioquia, situada en las vegas del río
Nus, a sólo 10 kilómetros de Cisneros, junto a una abandonada
32
estación del ferrocarril que muchos años antes sirvió de tránsito al
tren ganadero, que transportaba los semovientes de los
hacendados de la región. “El había sido un buen chalán, recorrió a
toda Antioquia y buena parte de Colombia a caballo, pues ese era
uno de sus 'hobbies' predilectos y cuando había puentes festivos,
acostumbraba a salir con grupos de amigos a cabalgar por
montañas duras. “Había participado en una cabalgata que desde
Medellín fue a Manizales y volvió, durante una feria en esa ciudad.
Pero sus viajes a las fincas los hacía en el helicóptero de su
propiedad, el mismo para el cual su hijo, Álvaro Uribe Vélez,
cuando era director de la Aeronáutica Civil, le había negado su
licencia de operación, por no dejar dudas de su pulcritud en el
manejo del ente gubernamental. Así que el martes, Alberto Uribe
Sierra hizo equipar la aeronave e invitó a su hija María Isabel, de
24 años y Santiago, de 27. Él en oportunidades manejaba el
helicóptero, pero esta vez llamó a su piloto de plena confianza,
Bernardo Riveros. Un amigo de la familia Felipe Baquero, también
fue invitado a la imprevista visita, pero a última hora, a las 2:30 de
la tarde, ya a punto de abordar el aparato, desistió de su viaje
porque había olvidado que esa tarde tenía que hacer aquí asuntos
importantes. Fue como una corazonada, porque se libró de lo que
pasaría antes de dos horas. Y el helicóptero se encumbró sobre el
cañón del Valle del Aburra hacia el norte. “Además de la incursión
en la finca San Cipriano, las guerrillas de las FARC también hace
algunos meses se habían tomado a Providencia, un corregimiento
de la zona, situado a media hora a pie de Guacharacas. Todo el
mundo por esos lados sabía que la guerrilla andaba en la región y
algunos hacendados había llevado a oficiales del Ejército para
mostrarles los puntos por donde se desplazaban los alzados en
armas y comunicarles su preocupación por lo desprotegida que
estaba la zona en cuanto a Ejército y policías. Incluso habían
enviado una carta al Procurador pidiéndole sus buenos oficios
para que las fuerzas armadas dieran seguridad a la región. Pero
por motivos que los hacendados desconocen, el problema siguió
igual. “Uribe Sierra vivía tan inmerso en ese mundo de negocios
alucinantes, que, relataba un amigo, hoy podía tener 23 fincas o
10 y amanecer mañana con 41. “En el momento de su muerte se
dice que tenía a nombre suyo 15 fincas, bien fuera propias o en
negocio. Vivía consiguiendo dinero con agiotistas hasta el cuatro o
cinco por ciento para invertir en tierras, comprar y montar
33
haciendas, conseguir mayordomos y trabajadores. Además de
caballista, rejoneador y ganadero, en cuanto al sector agrícola era
panelero, bananero y cafetero, con lo cual se ve claramente que
sus negocios abarcaban todas las regiones ricas del
departamento. Siempre hacia sus cosas en grande, porque hasta
en el comer, el beber, el hablar y la parranda era exagerado.
Andaba de vez en cuando con un grupo de músicos, merenderos y
bambuqueros, y se embarcaba a veces en farras hasta las
primeras horas del día siguiente, aunque parecía que el licor no lo
afectaba, pues nunca se le vio una «rasca» degenerada y no
gustaba de los borrachines de tiempo completo. “Amigo de todo el
mundo. Sierra Uribe (sic), este martes, antes de aterrizar en su
finca voló sobre otras haciendas de amigos, como acostumbraba
hacerlo. Estuvo varios minutos sobrevolando esas propiedades
ajenas, hasta que alrededor de las cuatro de la tarde aterrizó su
helicóptero a sólo 100 metros de la casa de Guacharacas, una
vivienda campesina reformada, con sus piezas amplias, sus
balcones y sus cuartos para avíos y zurriagos. “El hacendado se
sentó en un banco en el corredor a conversar con su hijo Santiago.
Su hija se entró a la casa, y el piloto Riveros se recostó sobre uno
de los bultos en un granerito, al lado de a casa, con intención de
pegar los ojos por unos minutos. Pensaban regresar a Medellín
antes que comenzara a caer la tarde, porque Uribe Sierra no
acostumbraba quedarse durmiendo en su finca por temor
precisamente a la guerrilla que ya le había enviado boletas en
numerosas ocasiones. “Fue a las 4 y 15 de la tarde, cuando padre
e hijo vieron que venía corriendo un trabajador de la finca, y tras él
dos hombres uniformados y con cachuchas. El ganadero gritó: 'las
FARC'; el piloto anotó que estaban perdidos, en tanto que María
Isabel subió al segundo piso. Dentro de la casa, también estaba
una maestra. Todos, piloto, ganadero e hijo entraron a la vivienda
corriendo. Uribe Sierra dijo: 'yo no me entrego'. Los insurgentes
gritaron que 'salgan, que no les vamos a hacer nada'. Y se
tomaron la puerta. Uribe Sierra, quién nunca tuvo un
guardaespaldas, pero si se mantenía armado, sacó el revólver
para enfrentarse a los insurgentes, pero éstos lo acribillaron de
dos balazos, uno en el cráneo y otro en el pecho. El hijo, Santiago,
también abrió fuego desde el segundo piso, en el último esfuerzo
por defendersen (sic) de los alzados en armas. Pero al ver que su
padre caía muerto y que era imposible llevarlo más al interior de la
34
casa, decidió escapar en forma angustiosa por la parte trasera de
la casa. Mientras tanto, María Isabel y el piloto Riveros esperaban
llenos de terror agazapados en un rincón de la casa. “Los
guerrilleros persiguieron a Santiago. Él se arrojó al río y logró
cruzarlo. Los alzados en armas dispararon en numerosas
ocasiones y de todas las balas, una lo alcanzó en la espalda por
un costado y le salió por un lado del pecho, rosándole (sic) un
pulmón. “Quedó mal herido a la orilla del río. Dos guerrilleros
llegaron hasta el sitio. El pidió que no lo mataran, que ya con ese
balazo tenía para morir, que sólo era un comprador de ganado sin
vínculos familiares con el hacendado que iban a secuestrar. Los
dos hombres comentaron que 'se perdió el viaje', y se marcharon.
Se unieron a otros diez o doce que estaban cerca de la casa. En
total eran unos catorce o quince. Gritaron que saliera 'el gordito de
bigote', haciendo referencia al piloto. La maestra que estaba en la
casa fue la única que salió y suplicó a los guerrilleros que se
fueran, pues allí dentro no había nadie. Los hombres como que se
convencieron. Ametrallaron y dejaron completamente inservible al
helicóptero que estaba valorado en 20 millones de pesos, y viendo
que no habían logrado nada se marcharon en forma apresurada.
“El drama siguió para Santiago. Herido salió a una carretera.
Hasta que cogió un camión y lo llevó a estación Sofía. En vista de
que en Yolombó estaba el mejor hospital cercano, desde Sofía
hasta ese municipio lo llevó un vehículo particular. En Yolombó
recibió las primeras atenciones. “De otro lado, en la capital
antioqueña era conocida la noticia de la incursión y se sabía que
Santiago estaba herido. El hijo del ganadero muerto, ex alcalde
Álvaro Uribe Vélez, en un helicóptero moderno del hacendado
Pablo Escobar, viajó a la zona, después de conseguir un permiso
especial de la Aeronáutica para que lo dejaran salir del aeropuerto
Olaya Herrera, después de las seis y treinta. Por mal tiempo fue
imposible aterrizar en Yolombó. Cuando volvieron a Medellín, en el
aeropuerto al ex alcalde Uribe Vélez le comunicaron la infortunada
noticia de la muerte de su padre. “Se organizaron dos
ambulancias, una de la Cruz Roja y otra de la Defensa Civil que
fueron encaminadas hacia Yolombó, acompañadas de una
caravana de vehículos particulares con familiares y amigos de las
víctimas. De Yolombó despacharon al joven herido y en Cisneros
se le hizo una transmisión (sic) de sangre porque estaba muy mal
y se pasó a la ambulancia de la Cruz Roja. Después de las
35
dramáticas horas llegó a Medellín alrededor de las tres de la
mañana y fue atendido en una clínica particular, y salvado del
peligro de muerte. Ayer se recuperaba satisfactoriamente. “El
cadáver del hacendado Uribe Sierra fue traído también en la
madrugada de ayer a Medellín. Su muerte, mientras tanto,
despertaba reacciones de dolor y rechazo en los distintos círculos
de Antioquia. Sus despojos mortales fueron velados en la sala de
velación del cementerio Campos de Paz,, y en ese mismo
camposanto fue sepultado a las cuatro de la tarde, en un entierro
multitudinario, al cual se calcula que asistieron unas 10 mil
personas, entre amigos, familiares y dirigentes políticos,
empresarios, algunos funcionarios del gobierno, y hasta varios
campesinos trabajadores de las fincas del conocido ganadero. “La
magnitud del sepelio sobrepasó la capacidad del parqueo de
Campos de Paz y los vehículos llenaron los aparcaderos y
avenidas cercanas, haciendo una cola que llegó hasta la glorieta
de las carreras 80 y 81 con al avenida Guayabal. A unos 15
guardas azules que estuvieron en el sitio, les resultó difícil
controlar el tráfico de vehículos. Y mientras la gente se agolpaba
alrededor de la capilla y junto a la tumba última, una avioneta voló
casi media hora sobre el camposanto y lanzó claveles rojos y
margaritas blancas sobre el escenario triste. En ese mismo
instante un poderoso helicóptero de Helicol cruzaba portando al
dañado helicóptero del hacendado muerto. Y el hijo de la víctima,
Álvaro Uribe Vélez, es una breve alocución dijo que el dolor y
tragedia que afectaban a la familia eran muy grandes, pero era
más llevadera gracias a las muestras de afecto y solidaridad de
tantas personas. Alguien entre la multitud pidió un aplauso. Y
hubo gente que aplaudió. Resultaba extraño ese palmoteo en un
cementerio. Pero es que a Alberto Uribe Sierra, el hombre
dicharachero y alegre, se le podía hacer una despedida inusual”.
Todos están allí. Escobar, que no es un narcotraficante y un
asesino sino un “hacendado”; los Ochoa, que no son delincuentes
(uno de ellos extraditado a los Estados Unidos), sino unos buenos
“muchachos”; las corridas, que no son esos espectáculos donde
se vive un mundillo de apariencia, sino un motivo para obras
“benéficas”; la sociedad, que no es un grupo humano reunido en
torno a unos valores sino una partida de desalmados que corren
detrás de una catarata de dinero; los helicópteros, que no son
36
unos aparatos ruidosos que parecen “matapiojos”, sino el
auténtico símbolo del poder; Medellín sin Tugurios, que no es un
lavadero de dólares, sino una obra de profundo contenido social;
los cementerios, que no son lugares de recogimiento sino
escenarios para que pasen helicópteros y avionetas con claveles
rojos, y para echar discursos; los negocios de moda; la trampa al
centavo; la usura; hasta las inocentes “Damas Grises”, que salen a
relucir en este paseo, que no son las inocentes "Damas Grises"
que todos conocemos sino unas señoras capaces de quién sabe
qué.
En varias oportunidades, Uribe ha reconocido que su padre y Fabio
Ochoa, el jefe del “clan” eran amigos, y ha atribuido esa relación al
hecho de que Uribe Sierra era “finquero y caballista”. Pero hay
algo más en todo eso. Es cierto que por el lado Uribe, su
parentesco con los mafiosos es muy lejano. Pero no lo es tanto por
el lado Vélez. Doña Laura Vélez, su mamá, era prima segunda del
gordo Ochoa. Don Tulio Ochoa, padre de Fabio, era primo hermano
de don Martín Emilio Vélez Ochoa (“me topé con Martín Vélez, en
qué semejante rasca”, escribió De Greiff), abuelo del candidato.
Valdría la pena transcribir, con su redacción y ortografía originales,
otro pequeño capítulo de “Mi vida en el mundo de los caballos”,
del grueso señor Ochoa:
“Los Vélez Ochoa.
“Medellín, Enero 29 de 1985.
“1920-1987-Salgar-Titiribí- Medellín (Antioquia).
“Martín Emilio (Q.E.P.D.), Gabriel (Q.E.P.D.), Ernesto Mario
(Q.E.P.D.), José, Luis Felipe, Roberto, Germán (Q.E.P.D.), Pacho mis
primos, voy hablar de todos al tiempo, pues discriminándolos no
se acabaría nunca y ellos se han pasado su vida juntos, con los
mismos gustos, negocios etc.
“Son nietos de don Vespasiano Ochoa de quien ya hablé, su papá
se llama Eduardo Vélez Uribe (Q.E.P.D), titiribiseño de sepa y de
toda la raza, un hombre alto, muy elegante, de una figura muy
distinguida y de una educación muy refinada, innata, con solo
37
verlo infundía respeto. Se casó con doña Laura y tuvieron 21 hijos
nada más apenas, y todos bien alentaditos a Dios gracias. “La
afición de los Vélez Ochoa son los caballos, siendo también muy
buenos hasendados (sic) nacieron en Salgar y cada uno fundó su
finca, cuando vino la violencia conservadora los desterraron y se
fueron a Titiribí, hoy dan gracias pues dicen que debido a ese
destierro los hicieron ricos. “Siempre están juntos, desde Salgar,
Titiribí, Medellín, hablando de caballos criticándolos,
admirándolos, cambiando ideas y cambiando bestias, pues cada
caballo de cada cual a pasado por las manos de todos, los han
tenido muy buenos, en mulas ni se diga, (de eso ya hablé), y
yeguas de raza maravillosas, de las puras sepas Salgareñas. No
se pierden una feria exposición en Medellín ni de vainas, sus hijos
y sus sobrinos forman otra gallada grandísima.
“Los hijos de los Vélez Ochoa.
“Medellín octubre 29 de 1986
“1970-1987 Medellín (Antioquia)
“A esta numerosa familia hay que ponerlos juntos, pues
discriminándolos, no se acabaría nunca, a cual, más aficionado y
conocedor. “Hijos de Roberto y Norma mi hermana: Roberto Luis,
Germán, Mario, Juan Diego, Andrés y Ángela María Vélez Ochoa a
cuál más aficionados comerciantes, cambalacheros, cabalgateros,
chalanes, Andrés es uno de los mejores rejoneadores del mundo.
“Hijos de Gabriel y Belarmina, los Vélez Mesa: Gustavo ( Q.E.P.D.),
Humberto, Jorge, Gabriel, Miguel Ángel un gran arrendador,
Eduardo, Beatriz, Angélica, Claudia y Mauricio el niñito de la casa
¡pero ay ay ay! En esto de los caballos, vender, comprar, cambiar,
etc...etc se las saben toiticas. Criadores de los mejores del país,
todo lo que crían es campeón o de pista, no se qué se untarán
pero los "envideo". “Los Vélez Toro, hijos de José y Raquel: Rafael,
Jairo (Q.E.P.D.) vilmente asesinado en su plena juventud, Darío,
Octavio, Eduardo, Jesusita y Amalia. También criadores de
famosos aficionados. “Los Vélez González; hijos de Pacho y
Blanca: Gabriel Eduardo, Víctor, Cesar, Jairo, Honorio, Sergio, Iván,
Javier, Horacio, María Clara, Blanca Eddy y Olga. “Criadores
famosos de campeones internacionales, verbigracia: Castañuela,
38
Capricho, Candelazo, etc...chalanes, comerciantes y aficionados.
“Los Posada Vélez hijos de don Juan Gregorio y doña Magdalena:
Jairo, César, Jaime, Eduardo, Darío, Emiro (Q.E.P.D.), Amanda,
Esperanza, criadores, chalanes, cabalgateros, comerciantes y
aficionados. “Los Vélez González, hijos de Ernesto y Fany: Carlos
Alberto, Gonzalo, Osear, Martín, Carmen Elisa, Patricia, María
Teresa; criadores, comerciantes, y a cuál más aficionado. Los
Vélez Vélez, hijos de Luis Felipe y Margarita: Juan Felipe,Rosa
María, Blanca Margarina, Luz Helena, María Luisa y Gloria;
criadores y aficionados de tiempo completo. “Las Vélez Uribe, hijas
de Martín Emilio (Q.E.P.D.).y Alicia: Cecilia, Angela, Margarita,
Consuelo, Amparó, Laura; criadoras y aficionadas, Laurita una
gran amazona, madre de estos tres exponentes: don Álvaro Uribe
Vélez, Santiago y Jaime Alberto (el pecoso)".
Pero lo del parentesco es lo de menos. Lo de más es la estrecha
familiaridad que ha existido entre ellos, la cual ha desaparecido
hoy como por encanto. Como la que existió con una familia tanto y
más cercana, la de Roberto Vélez, primo de doña Laura, quien fue
también una notable “yerba del pantano”, con hijo rejoneador
(Andrés) y hacienda en Titiribí a la que fue invitado varias veces el
primo segundo candidato. Sin embargo, hay documentos que
demuestran que la relación entre los Uribe y los narcotraficantes
es mucho más compleja. Por ejemplo, en la lista de los cuadros
que se subastaron en Medellín para financiar la campaña de
Belisario Betancur [32], figura que Alberto Uribe Sierra compró una
de las obras por veinte millones de pesos. Veinte millones de
pesos de 1982 equivalen a 310 mil dólares del año 2002. Pero el
comprador sabía con precisión que adquiría otros bienes
intangibles. Y he ahí que el nuevo presidente, una vez
posesionado, nombró a su hijo Álvaro como alcalde de Medellín.
Del cuadro, nadie guardó memoria. A lo largo de la campaña
electoral, la figura de Alberto Uribe Sierra (don Alberto) se ha
vuelto más y más precisa. Mantuvo muy buenas relaciones
personales y de negocios con Pablo Correa Arroyave [33], uno de
32 Belisario Betancur Cuartas, Presidente de la República en el período 1982-1986.
33 Reconocido narcotraficante y lavador de activos; sindicado de ser socio en el laboratorio
Tranquilandia y estar vinculado al asesinato del ministro Lara Bonilla. En su hacienda
“Horizontes” se realizó una de las reuniones de los “barones de la droga” destinada a fundar el
39
los tres Pablos de la mafia (Pablo Escobar, Pablo Correa y Pablo
Correa Arroyave). Pero, a pesar de eso, fue un hombre pobre y
siguió siéndolo hasta el final de su vida. Entusiasta de las “viejas
costumbres patriarcales de los paisas” (el trago, las mujeres, la
“parranda”), en el momento de morir dejó una deuda de 800
millones de pesos (el mismo candidato explica que debió entregar
el helicóptero en que se transportaba, el que fue “dinamitado”, en
dación en pago), y fue un viva la vida y un embaucador de taberna.
Pero no más. Quienes lo conocieron se ríen abiertamente cuando
Uribe Vélez habla de las haciendas que tenía su padre, de sus
negocios, de sus caballos. Las haciendas, los negocios y los
caballos existían y, según parece, pasaron a sus descendientes.
Pero ¿de quién o de quiénes eran?
- Ahí está el patrimonio que dejó mi padre, ahí está el patrimonio
que dejó mi madre, ahí está el patrimonio de mis hermanos, de
mis hermanas, el de mi señora, de mis hijos, el mío, expuesto al
riguroso examen de los colombianos – le contestó el candidato a
RCN el 18 de marzo, a raíz de una serie de preguntas que se le
formularon desde la página de opinión de El Espectador. A lo que
un oyente anónimo, partidario de su candidatura, que intervino en
el mismo programa, contestó: “Dice el doctor Uribe que ahí está el
patrimonio de su familia. Como las declaraciones de renta son
documentos reservados, sería muy importante que él mismo las
publicara para aclarar de una vez por todas el lío en que quieren
meterlo”. Es posible que cuando se publiquen las declaraciones se
aclare el origen de la fortuna. Porque a pesar de su helicóptero, de
la hacienda Guacharacas y de su vocinglería, Uribe Sierra murió
pobre. ¡Y con el helicóptero dinamitado! Y, sin embargo, sus hijos
tienen hoy un cuantioso patrimonio, calculado en varios millones
de dólares. ¿De qué manera un funcionario oficial de toda la vida,
como lo ha sido el candidato, amasa una fortuna semejante?
Solamente él tendría la respuesta.
De todo esto se deduce que el perfil de Uribe Sierra no fue el
mejor. Pero, aunque no dice que su desenfadada actitud ante la
vida lo llevó a acercarse con amoroso fervor a doña Laura; y
movimiento “Muerte a Secuestradores”, MAS, luego del secuestro de Martha Nieves Ochoa
Vásquez por parte del M-19.
40
aunque calla con prudencia que se casó dos veces y que en su
segundo matrimonio, con María Elena Uribe, tenía, en el momento
de morir, una hijita de ocho meses a quien llamaban “Confite” (El
Mundo, junio 15, página 10, sección 1), el candidato lo admira
sinceramente: - Admira - dice La Nota Económica - al general
Rafael Uribe Uribe, y a su padre, Alberto Uribe Sierra, asesinado
cuando las FARC lo iban a secuestrar. De él aprendió que “el
trabajo forma verdaderos hombres”.
¿Cómo se formó este “verdadero hombre”? Sus comienzos son
muy distintos de los que recogen las biografías oficiales. Digamos
que al principio hubo dos Uribe. El primer Uribe es el niñito que
muestra cierta inclinación hacia la política. En Salgar, donde pasó
sus primeros años, fue la sombra de doña Laura, una activista que
hizo campaña por el voto de las mujeres y que fue concejal en
1958. Pero, curiosamente, no es alguien que se inclina hacia la
tarea que mueve a todos los niñitos que en Colombia han sido: ser
presidentes de la República para ayudarle al país, sino hacia la de
los niñitos que crecen en medio de la trampa. El testimonio es de
Héctor Abad [34], su compañero de curso en el colegio de los
Benedictinos, en Medellín, y lo cuenta en Cambio. Resulta que los
curas organizaron un reinado como los que organizan todos los
curas que en el mundo, han sido, en los que no gana la más bonita
sino la que consiga más dinero. Bueno, cuando estaba a punto de
cerrarse la votación, con el triunfo indiscutible de la candidatura
en la que Uribe manejaba al electorado, llegó algún papá rico y giró
un cheque por la otra. Y ahí fue Troya. Uribe, contra todas las
reglas establecidas por esa democracia de tafetán, quiso que el
colegio desconociera la elección, habló de fraude y demandó a la
elegida y a sus electores. El antecedente no tiene interpretación en
contra: las elecciones se pueden desconocer, y lo que vale en ellas
no es el resultado obtenido sino lo que quiera el dueño de la
maquinaria. Claro está que el novel político no contaba con que
había un prefecto de disciplina, que lo sancionó con la ley en la
mano “por la insolencia de querer cambiar las más rancias
costumbres electorales”. ¿Qué cómo lo sancionó? Abad, quien
relata el incidente de manera positiva para Uribe, no lo dice.
34 Héctor Abad Faciolince, periodista, escritor y columnista de la Revista Semana, e hijo del
médico Héctor Abad Gómez, promotor de paz, quien fue asesinado en Medellín en 1987 por
“fuerzas oscuras” ligadas al paramilitarismo y al narcotráfico.
41
También forma parte del primer Uribe el muchacho que obtuvo su
título de bachiller en el Instituto Jorge Robledo. En 1969, cuando
sus compañeros preparaban su fiesta de grado, recibieron la
noticia de que no habría ninguna ceremonia. ¿Qué pasó? -
preguntaron en el colegio. Y allá les contaron que uno de los más
destacados alumnos de la promoción, Álvaro Uribe Vélez, había
tenido diferencias con el rector y que lo había amenazado con
poner un petardo dentro del Teatro Odeón el día del grado.
Por culpa de la intemperancia de Uribe, la del 69 es la única
promoción del Robledo que no pudo graduarse con todos los
honores: discurso del rector, entrega de diplomas, champaña
caliente para los padres, ramos de flores para las madres, corbata
para los graduandos, y, por la noche, baile de vestido largo bajo la
mirada vigilante - y los cuchicheos - de las mamás de las
prometidas.
El segundo Uribe se deja ver en las “tardes doradas de la mafia”, a
las que se refiere, en un excelente artículo, el escritor Alpher Rojas
[35]. Cuenta él un episodio del que fue testigo presencial. En una
de las lujosas ferias de Armenia, cuando la ciudad se preparaba
para su centenario. Rojas ve de lejos a Pablo Escobar, a Rodríguez
Gacha, a los Ochoa que asisten al espectáculo. Dairo Chica, el
consentido de la mafia, presenta su espectáculo de rejoneo. Las
jacas encintadas son soberbias. Fabio Ochoa, “el obeso padrino de
los nuevos ricos” imparte absoluciones y come mandarinas.
“Tupac Amaru”, el caballo de un millón de dólares, opaca con su
silueta y con el pequeño lucero de su frente, a las otras
cabalgaduras. Rodríguez Gacha, propietario del ejemplar, “disfruta
las mieles de su popularidad”. Y allí, en ese mismo sitio y hora está
él, el candidato, “con sus magníficas cuadras caballares”. “Allí
está el 'doptor Uribe', como le decía El Mexicano, o ‘Varito’, como
lo motejaba cariñosamente don Fabio. Y de ninguna manera
distante, ni prejuicioso, ni tímido, sino francamente comprometido
en el negocio turbio, desde la brevedad ambigua de su atuendo
maicero y sus gafas de Harvard, intercambiando información
pecuaria para modernizar y ampliar sus dehesas”. “Daba la
35 Alpher Rojas Carvajal, Director del Instituto del Pensamiento Liberal.
42
impresión - añade Rojas - de ser un amigo muy cercano de los
padrinos caballistas. Me parece observarlo contemplando la
conjunción jinete/caballo de Dairo Chica (el rejoneador de los
narcos), con Venus, el espléndido caballo asesinado. Uribe alzaba
su entrecejo con visible admiración, seguramente empezando a
vislumbrar a un país, brioso y tonto a la vez, montado por él”.
Volvamos un poco atrás. Uribe Vélez “admira” a su padre. Pero,
¿es admirable Uribe Vélez? Su biografía oficial lo muestra como un
ejemplo digno a seguir. Bachiller del Instituto Jorge Robledo, “en
5° y 6° de bachillerato fue eximido de exámenes finales en todas
las materias. En 6° fue declarado el mejor bachiller”. “Abogado de
la Universidad de Antioquia (en otra versión dice 'doctor en
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia'), en
parte de su carrera tuvo matrícula de honor. Especializado en
Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard (1993),
estudió Negociación de Conflictos en el mismo centro docente y en
el mismo año, y en 1998 y 1999, fue "Senior associated member,
del Saint Anthony's College Oxford University, gracias a la Beca
Simón Bolívar del Consejo Británico. Su excelencia académica le
permitió ser eximido de exámenes finales en todas las materias
durante los dos últimos años de bachillerato y recibió beca por
excelencia durante buena parte de su carrera universitaria”. En
fin, un hombre de estudio.
Por desgracia, algunos de sus postgrados no fueron tan útiles
como él mismo lo hubiera necesitado. Por ejemplo, el de
“Administración” que cursó en Harvard (¡en Harvard!) no
contribuyó siquiera al adecuado manejo de su equipo de trabajo.
Al término de su gestión como gobernador, un periodista que
asistió a varios de sus consejos de gobierno como simple
observador, y que tomó apuntes de las actuaciones de las que fue
testigo, diseñó un primer “perfil psicológico” de Uribe Vélez.
Revisando sus apuntes sacó en claro que el tono, la forma y la
estructura de sus intervenciones no eran propiamente las de un
demócrata. El clima que él creaba voluntariamente entre sus
colaboradores era el de la desconfianza. El único que podía llevar
la palabra era él (“parecía que le gustaba escucharse a sí
mismo”), y la creatividad de los funcionarios era prácticamente
nula. Su liderazgo era simplemente jerárquico. Su arma preferida
43
era el sarcasmo, que esgrimía contra aquel que se atrevía a
discrepar mínimamente de sus planteamientos, de modo que los
aportes del grupo eran prácticamente inexistentes. De otra parte,
mantenía una distancia enorme. Mantenía su relación con el grupo
de trabajo a través de la televisión. Ordenó militarizar el edificio de
la Gobernación y llenarlo de perros policías, que husmeaban en
todos los rincones. Las prácticas de evacuación eran semanales.
Celadores, perros, supuestas amenazas de bombas y
evacuaciones sorpresivas cada semana, hicieron la vida
burocrática de un grupo humano aterrorizado por los caprichos de
su jefe. Cuando cambió el gobierno, cambió la actitud. Sin que
nada anunciara que las condiciones de vida de la ciudad o del país
habían variado en lo más mínimo, desaparecieron los perros, los
guardias de seguridad volvieron a sus cuarteles, las
ametralladoras se guardaron en el armario, y el gobernador
caminó de nuevo por los corredores preguntándoles a sus
colaboradores su opinión sobre esto y aquello. Sin que este sea un
concepto especializado, al leerlo podría pensarse que Uribe está
lejos de ser el líder que requiere una sociedad en conflicto como la
nuestra.
La biografía oficial añade que “Uribe Vélez, empezó su vida pública
a temprana edad”. Según ese documento, “en 1976, siendo
gerente de las Empresas Públicas de Medellín el doctor Diego
Calle Restrepo, fue jefe de Bienes, cargo desde el cual lideró la
negociación de tierras y el traslado de la población al nuevo Peñol;
de 1977 a 1978, en la Presidencia de Alfonso López Michelsen,
fue secretario general del Ministerio del Trabajo bajo la dirección
de dos ministros: Oscar Montoya y Juan Gonzalo Restrepo
Londoño, con quienes trabajó activamente en el decreto 1468 de
1978 sobre libertades sindicales; luego fue gerente liquidador de
Mineros del Chocó; más tarde, de 1980 a 1982, director de la
Aeronáutica Civil, cargo sobre el cual su “hoja de vida” no dice una
sola palabra; en 1982 alcalde de Medellín (silencio absoluto), y
concejal de esa ciudad de 1984 a 1986 y de 1988 a 1990; en el
primero de dichos períodos fue ponente de dos acuerdos: el de
exención tributaria a las cooperativas, y el que creó a Metrosalud;
como senador de la República en los períodos 1986-1990 y 1990-
1994, fue "senador estrella", "senador de mejores iniciativas" y
"mejor senador"; gobernador de Antioquia en el período 1995-
44
1997, "puso en práctica el modelo de Estado Comunitario, cuya
principal característica es la participación ciudadana en
decisiones fundamentales del Estado como la generación de
empleo, la educación, la transparencia en el manejo de los
contratos públicos y la seguridad pública; redujo en 34 por ciento
el tamaño de la burocracia y en 35 por ciento el número de
vehículos oficiales; creó 102 mil nuevos cupos escolares y
capacitó a 40 mil personas en "negociación pacífica de conflictos";
un millón 200 mil pobres (dice "pobres") ingresaron al Régimen
Subsidiado de Salud; pavimentó 939 kilómetros de vías, más del
doble de lo que había pavimentado el departamento en toda su
historia; gracias a la colaboración transparente de la ciudadanía
con las autoridades, los secuestros se redujeron en 60 por ciento,
y las vías que comunican a Antioquia con Bogotá fueron
transitables”. Y concluye: “Este año, convencido de que Colombia
necesita un líder con autoridad moral y capacidad de decisión,
decidió proponer su nombre como candidato a la Presidencia de la
República para el período 2002-2006”.
La autoridad moral de Uribe Vélez la avala Carlos Castaño [36]. En
su libro Mi confesión (La Oveja Negra, 2001, página 177), el jefe
paramilitar afirma que no lo conoce personalmente pero que “la
base social de la Autodefensa lo considera su candidato
presidencial”. “Ahí mi gente se equivoca”, sostiene Castaño.
“Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas”.
Está claro. Según un hombre que reconoce haber cometido
algunos de los peores crímenes que se han cometido en Colombia
en los últimos años, “Álvaro Uribe le conviene al país”. ¿Y por qué?
Porque “en el fondo es el hombre más cercano a nuestra
ideología”. Según Castaño, la “filosofía” de Uribe no es otra que la
de crear las Convivir, que se originan “en el mismo principio de las
36 Líder narco-paramilitar colombiano, quien junto con sus hermanos Fidel y Vicente Castaño
Gil dirigieron organismos mal llamados “autodefensas”, de la organización AUC (“Autodefensas
Unidas de Colombia”). Conociendo los antecedentes del candidato a la Presidencia Álvaro Uribe
Vélez, la también candidata a ese cargo Noemí Sanín Posada declaró a la prensa: “Si Álvaro
Uribe gana la Presidencia de la República, es como si ganara Carlos Castaño” (diario El
Tiempo, 24 de abril de 2002, pág. 9). La señora Sanín, prima hermana por el lado materno de la
esposa del narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vásquez (“Clan Ochoa”), María Lía Posada
Echeverri, sería nombrada por el gobierno Uribe en el cargo de embajadora de Colombia en
España. Por su parte, Carlos Castaño Gil supuestamente fue asesinado en abril de 2004 cuando
estaba gestionando su entrega a las autoridades de los Estados Unidos que habían solicitado su
extradición, en hechos que siguen siendo un misterio ya que su cadáver no ha aparecido.
45
Autodefensas”. “Se trata de unas cooperativas donde los
ciudadanos colaboraban de manera organizada con las fuerzas
armadas, suministrando información y en algunos casos portando
armas amparadas para su defensa personal”. Y luego insiste
sutilmente en lo que es, en últimas, la razón de ser de su libro: los
paramilitares no son el narcotráfico. Aquí está dicho de gruesa
manera: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar
adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca
estuve de acuerdo. No voy a negar que a las Autodefensas les
sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las
aprovecharon fueron los narcotraficantes, que se dedicaron a
montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco
camionetas Toyota, con un 'narco' adentro escoltado de manera
impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas
por el Estado. Uribe defendió las Convivir en forma honesta,
porque él no veía más allá de los municipios cercanos al
departamento de Antioquia. Allí la gente de bien les dio correcto
uso, lo que validó en parte su propuesta. Pero con los 'narcos'
sueltos era muy peligroso abrir ese camino, por esto siempre me
opuse”.
¿Están hoy los narcos amarrados? Por lo menos los vinculados a
los grupos paramilitares están sueltos y armados. Nadie en
Colombia, salvo Castaño, niega que los dos grupos sean uno solo.
El primero tiene su origen en el MAS (Muerte A Secuestradores),
que se fundó en Cali el 3 de diciembre de 1981. En el libro
“Narcotráfico en Colombia” (Bogotá, 1991), se relatan los
primeros pasos de esa nueva organización criminal.
"El MAS fue el resultado de una reunión sostenida entre 223 jefes
del narcotráfico, en el cual cada uno se comprometió a colocar 10
hombres armados y dos millones de pesos para la 'empresa'. De
esta forma el MAS inició su actividad delictiva con 2.230 hombres
armados y un capital de 446 millones de pesos. De igual manera,
hicieron saber que otorgarían recompensas a quienes delataran a
los secuestradores; y, efectivamente, el 12 de enero de 1982 el
MAS divulgaba radialmente desde Medellín su oferta de
recompensar con 25 millones de pesos a quien diera información
sobre una mujer presuntamente secuestrada por el M-19".
46
Los investigadores no lo dicen, aunque todo el mundo lo sabe: esa
mujer era Marta Nieves Ochoa, hija del gordo “patriarca” del clan
de narcotraficantes y hermana de los amigos del candidato. “En
síntesis -concluye el libro - el MAS, ente organizado y financiado
por los narcotraficantes para enfrentar las pretensiones de los
grupos guerrilleros, se desdibujó y se convirtió después en 'muerte
a todo el mundo', dando origen a la modalidad organizativa y
delincuencial conocida como los Paramilitares” (página 226).
Los paramilitares, valga decir el sector más agresivo de los
narcotraficantes, apoyan a Uribe, “el hombre más cercano a su
filosofía”, abiertamente, pero también de forma subrepticia.
En Envigado, donde se concentró el poder de Escobar en un
determinado momento y donde los Ochoa son propietarios de
grandes extensiones de tierra, el principal aliado del primero de
dichos narcotraficantes era Jorge Meza, quien antes de que se
conocieran esos extraños vínculos alcanzó a ser alcalde del
municipio. Uno de los hijos de Meza, José Ignacio, actual senador,
trabaja bajo las directrices establecidas por Gustavo Upegui, el
capo que reemplazó a Escobar desde el momento de su muerte, y
que es propietario, entre otros muchos bienes, del Envigado Fútbol
Club. Pues bien: Meza es uno de los sustentos fundamentales de
la campaña de Uribe. Otro es Mario Uribe, senador, primo hermano
del candidato e importante directivo de su campaña. El varias
veces senador Uribe fue amigo incondicional de Pablo Escobar, lo
visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la
clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que
lograra eludir la acción de la justicia. Otro, William Vélez Meza,
quien aparece en el libro Mí hermano Pablo, de Roberto Escobar
(Quintero Editores, página 160), reelecto en marzo para la Cámara
de Representantes por el grupo político de Mario Uribe. “No solo
Pablo - dice allí - terminó siendo traicionado por el gobierno, por
sus amigos militares y policías, sino también por los políticos que
se pegaron a su lado cual rémora a un tiburón. Mi madre todavía
me recuerda los casos de Santofimio [37], Jairo Ortega y hasta
37 Alberto Santofimio Botero: Conocido político liberal del Tolima, ex senador de la República y
viejo amigo de Pablo Escobar Gaviria, está sindicado de ser el autor intelectual del magnicidio
del candidato a la Presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento. Uno de los hijos de Santofimio
47
William Vélez, de quien asegura que llegó al Congreso gracias a
Pablo. Según ella, este señor Vélez estuvo a punto de robarle un
carro a mi hermano que se lo había prestado para su campaña.
Fueron varios meses los que duró Pablo buscando a este político
para que por fin lo devolviera”.
Otro, Jorge Ballen Franco, investigado en los Estados Unidos, quien
en un homenaje que se le rindió al candidato lo comparó con don
Juan Del Corral y con Simón Bolívar. Otro más es Rubén Darío
Quintero [38], cercano a los paramilitares, quien fue secretario de
la Gobernación en época de Uribe y en las elecciones de marzo
pasó de la Cámara de Representantes al Senado de la República.
Con Uribe están, además, la mayoría de los congresistas y políticos
liberales vinculados al proceso 8.000. Aunque se trata de
individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado por
fuera de la vida política, muchos de ellos han expresado en
diversas formas su respaldo al candidato. El primero de todos,
Femando Botero Zea [39], quien ha viajado por lo menos en dos
ocasiones desde México, donde reside, con el propósito de
asesorar a Uribe en algunos temas específicos de su campaña.
Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados
por la mafia a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia
sus cuentas en el exterior. Por su participación en esa actividad,
doblemente delictiva, acaba de ser llamado nuevamente a juicio.
También están con Uribe el tristemente célebre Alberto Santofimio
Botero, el ex contralor Rodolfo González García, los ex
parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villarreal y Fuad Char, y
el empresario Carlos Náder. Santofimio, Pérez García y Villarreal
pagaron varios años de cárcel por sus vinculaciones con el
narcotráfico. González García fue absuelto en un caso semejante
por “razones de tipo técnico”, pero jamás pudo demostrar su
inocencia. Los Estados Unidos le retiraron la visa a Char cuando
Botero, Alberto Santofimio Hernández, sería nombrado por el Presidente Uribe Vélez en un
puesto consular (primer secretario de la embajada colombiana en París).
38 Rubén Darío Quintero Villada: Fue secretario de Uribe Vélez en la Gobernación de Antioquia
(1995-1997) y durante la Presidencia de éste fue elegido como senador. Está siendo investigado
por parapolítica por parte del Poder Judicial.
39 Ministro de la Defensa durante el gobierno Samper; fue vinculado con el manejo de dineros
del narcotráfico aportados por el “Cartel de Cali” a la campaña Samper, y al desvío de sumas de
esos aportes a cuentas personales. Está exiliado en México, huyendo de la justicia colombiana.
48
comprobaron que estaba vinculado al lavado de dólares producto
del narcotráfico. Sin embargo, Uribe lo defendió con vigor cuando
fue interrogado por Newsweek sobre el particular. “El
Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa al
senador Fuad Char porque se sospechaba que lavaba dinero”,
afirmó la revista (25/03/02). Y el candidato contestó: “Fuad Char
votó a favor de la extradición de narcotraficantes solicitados por
los Estados Unidos. Fuad Chad es un hombre respetable en su
vida pública y privada”.
A su turno, Náder, íntimo amigo de Uribe, tampoco puede entrar al
territorio de ese país por sus relaciones con los narcos, y porque
sobre él pesa una condena a seis años de prisión por tráfico de
drogas, proferida por un tribunal norteamericano en enero de
1984, pero su esposa, Ana Trejos, quien es gringa, aloja al
candidato y a su familia en sus visitas a Miami, y Náder mismo es
su anfitrión en el lujoso apartamento que compró en Madrid,
gracias a las comisiones millonarias e ilícitas que obtuvo como
producto de los desfalcos en la construcción de la represa de Urrá.
Náder es un hombre oscuro, que conoce muchos episodios del
pasado de Uribe y que los guarda celosamente en su memoria
para utilizarlos cuando lo crea útil para sus propios intereses. Y
están con él, inclusive, las modelos más atractivas y deseadas del
país. Natalia París, por ejemplo, quien vivió y tuvo un hijo con "José
Fierro”, un pistolero al servicio del cartel de Medellín, que
desapareció posiblemente como víctima de una vendetta de la
mafia, o que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos
para servir como testigo de excepción contra algunos
narcotraficantes prominentes.
Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es
el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro
Juan Moreno Villa [40]. “¿Sabe por qué lo nombré? - le pregunta
Uribe a El Tiempo en el reportaje del 21 de abril -. Por firme y
porque era una persona de quien no se podía decir que había
tenido siquiera un negocio de un vehículo con el narcotráfico”.
Uribe habla de 1994. Pero entre 1997 y 1998 agentes de la DEA
40 Fallecido en misterioso accidente de aviación el 24 de febrero de 2006, cuando hacía campaña
política con miras a obtener una curul en el Senado.
49
decomisaron en California 50 toneladas de permanganato de
potasio. Las investigaciones relacionadas con el asunto,
demostraron que esos insumos, suficientes para fabricar 500
toneladas de hidroclorato de cocaína (en caso de que estuvieran
destinadas a ese propósito), con un valor de 15 mil millones de
dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP
Productos Químicos, con sede en Medellín, de propiedad de Pedro
Juan Moreno Villa. Estos datos fueron ratificados por el jefe de la
DEA, Donnie R. Marshall, en un documento del 3 de agosto del año
2001. En el momento del decomiso, Moreno era el secretario de
Gobierno de Uribe Vélez en Antioquia. Durante esos años, según
Marshall, “GMP fue el más grande importador de permanganato
de potasio en Colombia”. Interrogado por Newsweek, Uribe
contestó: “Me di cuenta de eso sólo después de que mi período
como gobernador había terminado. Si los cargos son ciertos, él
debería ir a la cárcel. Si carecen de sustento, la DEA deberá
rectificar el error. Yo creo que se cometió un error en este caso”.
La primera noticia que se tiene de Moreno Villa se remonta a
1983. El 22 de agosto de ese año El Tiempo informa en su página
3A que “a las 3 de la tarde del pasado domingo se produjo un
encuentro trascendental en la sede de la Cuarta Brigada en
Puerto Berrío... Veinte ganaderos de la región se reunieron con el
ministro Rodrigo Lara Bonilla y con el procurador Carlos Jiménez
Gómez... Tuvo que ser un encuentro dramático porque entre los
veinte ganaderos había dos o tres de los que aparecieron en la
célebre lista que promulgó la Procuraduría como integrantes del
MAS... Su presencia en masa ante el ministro y el procurador es
ciertamente una respuesta a un rumor que circula en todo el país:
un sector de los ganaderos está vinculado a la acción de limpieza
de Puerto Berrío y del Magdalena Medio”.
Seis días después, el 28 de agosto. El Colombiano publica en su
primera página una noticia relacionada con la anterior:
“Procurador ratifica enérgica posición frente al MAS”. Allí se lee
que “Pedro Juan Moreno Villa, en nombre del gremio ganadero de
Antioquia envió un mensaje al procurador en el que le expresaba
'profunda satisfacción por cambio de actitud asumida por su
despacho en relación con la difícil situación de orden público y la
seguridad de la región del Magdalena Medio' durante la visita que
50
el alto funcionario hizo recientemente a la localidad de Puerto
Berrío”. En su página 12 A, el periódico incluye el texto de la carta
de Jiménez Gómez: “Excúseme decirle no entiendo su mensaje ni
lo que significan para usted comprensión y cambio de actitud,
todo lo cual oblígame a hacerle algunas precisiones que considero
indispensables para evitar equívocos institucionales que podría
traer graves males... Aprovecho esta ocasión para reiterar cuanto
he venido diciendo al país anteriormente: que tengo que cumplir
con mi deber, que sin ánimo persecutorio continuaré denunciando
todos los fenómenos contrarios a la salud del país en una labor
que no puede reconocer tregua alguna y que deploro los
acontecimientos de justicia privada como la amenaza de una
guerra civil que tenemos que detener entre todos si no queremos
ver naufragar la nación en un río de sangre”.
Con base en el relato de Al Giordano, un periodista independiente
especializado en América Latina y director de The Narco News
Bulletin (www.narconews.com) , podría reconstruirse la historia. En
noviembre 17 de 1997, un barco chino arribó a los muelles de
Long Beach, California, cargando 20 toneladas de permanganato
de potasio, destinadas a GMP. Un mes más tarde, en diciembre 16
de ese mismo año, otra nave china, atracó en Oakland, con
destino a la misma compañía, y también con veinte toneladas del
precursor. Y, como un cronómetro, un mes después, en enero 17
de 1998, una tercera nave se detuvo en Long Beach, también con
un cargamento para Moreno, pero esta vez sólo con 10 toneladas
de dicha sustancia.
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (USCS por sus siglas
en inglés) detuvo las embarcaciones. Según Marshall, 'no hubo
ningún aviso previo a la DEA sobre el cargamento'. Y, de acuerdo
con la ley 21 U.S.C. 971(a), 'cada persona registrada que importa
o exporta un químico especificado a, o desde, los Estados Unidos,
requiere notificar previamente sobre la importación o exportación,
con un plazo de hasta quince días antes de que la transacción
tenga lugar'. El tema de los precursores químicos es grande. “Así
como la planta de coca no crece en Norteamérica – dice Giordano
-, el permanganato no se produce en Sudamérica. La cocaína
como la conocemos no sería posible sin las exportaciones de este
químico hacia los países productores, provenientes de Estados
51
Unidos, Europa y China. Normalmente, cuando los oficiales
estadounidenses decomisan una cantidad masiva, convocan a la
prensa y la televisión y proclaman una 'victoria' más en la guerra
contra las drogas”. Pero con el cargamento destinado a Moreno
Villa no pasó nada. Usualmente las compañías de los Estados
Unidos deben notificar a la DEA de ese tipo de embarques. Cuando
no lo hacen, las multas que se les imponen son enormes. El 14 de
enero del año 2000, el diario Hartford Courant informó que
Connecticut MacDermid Inc., pagó 50 mil dólares al gobierno
federal por no reportar una venta de 500 kilos de permanganato
de potasio. 'MacDermid vendió el químico a compradores
legítimos', dijo el periódico. 'Pero el gobierno sostiene que falló al
no notificar esa venta para exportación'. “Si se le hubiera aplicado
la misma ley, Moreno habría tenido que pagar una multa de 5
millones de dólares. Pero, como se trataba de un aliado político de
los Estados Unidos, las autoridades guardaron silencio”. El asunto
tardó tres años en ser denunciado. “La orden de suspender el
zarpaje - escribió Marshall - estableció que la DEA creía que el
mencionado químico podría ser mal utilizado, basándonos en la
falla al notificar a la DEA del embarque, en la violación a la ley 21
CFR 1313.31, en las asociaciones entre la GMP y otras compañías
químicas delictivas en Colombia y en otras prácticas de alteración
de GMP”. Pero, según parece, “los ojos de águila de los oficiales
de aduanas en Long Beach y Oakland quizá no se habían
percatado de que se paraban en el lugar equivocado: tres naves
cuyo viaje no debió ser interrumpido. Marshall explicó por qué:
“GMP es una compañía fundada en 1938 que distribuye
productos químicos, con cuatro oficinas en Colombia. Su
presidente, Pedro Juan Moreno Villa, ha trabajado en las juntas
directivas de otras compañías en Colombia. Además, de 1995 a
1997, fue secretario de Gobierno en Antioquia”.
Los propietarios del cargamento demandaron a la DEA para buscar
la entrega de las 50 toneladas. El caso se sometió a la decisión del
juez en lo civil Gail Randall. Dentro del juicio se preguntó por qué
la compañía de Moreno no dio aviso previo a la DEA, y Marshall
aportó una declaración según la cual “el permanganato de potasio
y el ácido clorhídrico son químicos de la Lista II, que pueden ser
usados para una variedad de propósitos legítimos, pero también
para la manufactura ilícita de cocaína. Entre 1994 y 1998, GMP
52
me uno de los importadores más grandes de permanganato de
potasio en Colombia. Desde 1994 aproximadamente, la empresa
tuvo negocios con Eland, una compañía de Hong Kong. Desde
1996 hasta 1998, Eland le vendió a GMP un exceso de 200
toneladas de permanganato de potasio... Obvio, hay otros usos
legales para dicho producto, tales como la manufactura de
tabletas impresas para circuitos electrónicos y otros objetos de
alta tecnología, pero esos no son precisamente ningún soporte de
la economía colombiana. Éste es precisamente uno de los
agujeros por donde la ilícita industria de la droga desliza cada año
500 mil millones de dólares”.
Según Marshall, los Estados Unidos tuvieron problemas con los
reportes de algunos agentes colombianos que encontraron que
GMP importaba grandes cantidades de permanganato, burlando
permanentemente las leyes de ambos países. El jefe de la DEA
escribió: “La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) es la
agencia del gobierno de Colombia que emite, revoca y renueva los
permisos de uso de químicos a individuos o compañías que
manejan sustancias controladas. La DNE establece la cuota de
químicos que pueden importar por mes los permisionarios. Si un
individuo o una compañía quieren manejar una cantidad superior
a cinco kilogramos o a cinco litros de un químico controlado por
mes, debe obtener el permiso... En junio 10 de 1997, la Policía
Nacional de Colombia inspeccionó los registros de la GMP y
encontró que en nueve ocasiones, la compañía no había
proporcionado la información requerida concerniente a la venta de
2.450 kilos de permanganato de potasio... “El 15 de diciembre de
1997 - siempre según Marshall - , la Policía Nacional de Colombia
inspeccionó los registros computadorizados que la GMP tenía
desde 1991, y halló 69 direcciones y teléfonos que no existían, y
números telefónicos que no correspondían a las direcciones
anotadas en las facturas. Había facturas que tenían la misma
fecha a nombre de diferentes personas con la misma dirección y
número de teléfono. Cada factura reflejaba una venta de 4,6
kilogramos de permanganato de potasio, por debajo la cantidad
permitida. Pero la Policía descubrió que las personas anotadas en
las facturas no habían adquirido en realidad el permanganato de
potasio, aunque sus identificaciones personales habían sido
utilizadas para obtener el compuesto. En una carta del 22 de
53
enero de 1998, la Policía concluyó que la GMP 'podría ser culpable
de vender sustancias químicas controladas, para lo cual se usaron
direcciones ficticias así como nombres de personas existentes, y
está realizando ventas de químicos controlados en cantidades
mayores que las estipuladas por la Oficina del Director Nacional
de Narcóticos sin tener una licencia de la Dirección Nacional de
Estupefacientes'. Con documentos en mano. Moreno demostró,
fotocopia en mano, que la Policía sacó, intencionalmente según él,
cédulas de las personas nombradas en el expediente, y en las
audiencias civiles de la DEA, declaró que "no se percató de que
alguno de los químicos controlados de GMP fuera desviado para la
manufactura de cocaína u otra droga ilícita".
Tiempo después, la Policía reconoció que en el caso de Moreno
hubo equivocaciones y que, inclusive, se allegó información falsa o
distorsionada. Pero antes de esa conclusión, Marshall alegó que
“la compañía movilizó grandes cantidades de precursor de
cocaína a través de pequeñas ventas de volúmenes justo por
debajo de los cinco kilos permitidos antes de que los compradores
deban obtener una licencia. La DEA cree que quien controle el
mercado de permanganato de potasio en Colombia controlará el
tráfico global de cocaína procesada. “Los precursores químicos
incautados nunca llegaron hasta las bodegas de Moreno en
Medellín: Pero de acuerdo con la DEA, doscientas toneladas
fueron vendidas por la compañía en el tiempo en que Moreno era
secretario de Gobierno de Álvaro Uribe en Antioquia. El caso
concluyó en agosto del 2001. “Por la autoridad que se deriva de
las leyes 21U.S.C. 971 y 28 CFR O.lOO (b), ordena que las
suspensiones de los antes descritos embarques sean mantenidas.
Los procedimientos han concluido. Esta orden es efectiva
inmediatamente". El número de archivo del caso civil de la DEA es:
FR Doc. 00-21482. La orden de Marshall puede consultarse por
Internet en el sitio del Departamento de Justicia (solamente en
inglés):
http://www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/notices/2000/fr08237.htm
La revista Cambio (mayo 24, 1999) aclaró en alguna forma este
intrincado asunto. De acuerdo con los datos obtenidos por esa
publicación, agentes de los dos gobiernos llegaron a la conclusión
54
de que la empresa de Moreno había vendido precursores químicos
a diferentes personas, cuyo destino final era la misma dirección,
para lo cual no tenía autorización; que había importado
permanganato de potasio en una cantidad superior a la
autorizada; y que llevaba un doble libro de control para los
negocios que realizaba con base en ese producto. Por eso, la
Dirección Nacional de Estupefacientes “anuló el certificado de
carencia de anotaciones por narcotráfico” a GMP y a Moreno Villa.
La decisión fue posteriormente confirmada. En carta al general
Rosso José Serrano, ex director de la Policía Nacional, fechada el
12 de febrero del 2002, Moreno atribuyó la sindicación de la DEA
a la enemistad del oficial, y sostuvo que “con hombría y honradez”
acudió “a todos los tribunales nacionales e internacionales a los
cuales usted (Serrano) me envió... y siempre salí airoso”. De todas
maneras, las investigaciones de la DEA demostraron que en los
años en que Moreno Villa importó el producto desde la China,
llagaron a Córdoba y Urabá cantidades apreciables del mismo con
destino a Carlos Castaño. No hay todavía una decisión judicial de
última instancia en tomo al asunto, por lo que no se puede decir
con absoluta certeza que el permanganato de potasio de Moreno
terminó en los laboratorios de procesamiento de cocaína
controlados por Castaño. Pero los indicios permitirán reabrir una
investigación, que quedó a mitad de camino.
Estos son, a grandes rasgos, los amigos del candidato. Y detrás de
ellos la figura levemente aniñada de un hombre al que Patricia
Lara describe como “hiperactivo, constante, buen estudiante y con
alma de empresario”, y quien, después de leer buena parte de las
acusaciones que se le hacen, confiesa al oído de Apuleyo, que él
“no tiene nada qué ocultar”.
55
CAPITULO III
Crimen organizado, gobierno desorganizado
En marzo de 1996, más exactamente el día 11, el gobernador de
Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sentó ante los Estados Unidos una
enérgica protesta. Medios cercanos al gobierno norteamericano
pensaron que se trataba de un nuevo señalamiento sobre las
fumigaciones indiscriminadas.
- Con seguridad es otra vez lo mismo - le dijo el encargado de la
carpeta de Colombia a su asistente -, Prepáreme usted un
memorando sobre lo que estamos haciendo en ese país.
- No es todo el país - le contestó el asistente -. La protesta viene de
Antioquia.
- Bueno - le dijo el funcionario -. Mire a ver qué hace.
Preocupado, el asistente buscó en sus archivos Narcotráfico/
Colombia/ Antioquia. Encontró, claro, una abultada
documentación. Allí estaba prácticamente la historia extensa del
cartel de Medellín y de Pablo Escobar, sus vinculaciones con la
sociedad, las ramificaciones del negocio, la política oficial,
referencias al problema médico, los efectos de la violencia, las
manifestaciones más evidentes de la corrupción. Ante ese océano
de documentos pulsó Estados Unidos/ Política /Drogas /Colombia.
Una nueva avalancha apareció en su pantalla. Trató de precisarlo.
Pulsó “Fumigación”. Allí apareció que un gobernante de 15 años
atrás, el señor Turbay, se había opuesto enérgicamente a permitir
que se regaran los cultivos con paraquat, y que fue su sucesor, de
apellido Betancur, quien le abrió la puerta a la medida. - Eternas
gracias al señor Betancur – pensó -. Pero esta es historia antigua.
Pulsó entonces un sitio y una fecha: Antioquia/1995. El material
resultó menos abultado. En mayo de ese año encontró que las
autoridades colombianas habían mostrado su preocupación por el
incremento del cultivo de la amapola en el noroccidente
antioqueño. - Es curiosa la costumbre latinoamericana de escribir
"noroccidente" – pensó -. ¿No sería más sencillo decir noroeste?
56
Pero no se detuvo en minucias. Eran las once de la noche y lo más
significativo del problema tendría que estar - asistente -. La
protesta sobre el escritorio de su jefe a las 8 de la mañana. De
manera que volvió al informe. - Debe ser este - se dijo -. ¿Por qué
otra cosa podría protestar un funcionario menor? Leyó. “Amapola,
semilla de un nuevo cartel en Antioquia”. Y allí se enteró de que la
noticia era exactamente la contraria de la que esperaba. Era el
gobernador, llamado Álvaro Uribe Vélez, el que pedía la
fumigación. - ¿Cómo? - se sorprendió -. ¡Por fin un funcionario
inteligente! Allí se decía que a comienzos de marzo de ese año el
gobernador había propuesto al gobierno nacional fumigar los
cultivos de amapola que comenzaban a proliferar en veinticinco
municipios de ese sector del país. - ¿Dónde quedará Antioquia? -
se preguntó -. La sola referencia al “noroccidente” no me dice
nada. Buscó un atlas. Y allí estaba esa especie de chip de
computador que es el mapa de Antioquia encerrado en un círculo,
en el extremo noroeste de Colombia. - ¡Ajá! Con que aquí la
tenemos. “Antioquia - decía el informe -, ocupa la casilla número
diez entre los 19 productores de amapola en Colombia. En otros,
como en Tolima o Huila o Cauca, se han detectado hasta 5 mil
hectáreas, mientras que en Antioquia sólo llegan a 157. - Eso se
llama ser amigo - se dijo el asistente -. Nos convendrá estar
atentos a la carrera del señor Uribe.
Después, el informe le reiteró algunos de sus prejuicios. El
gobernador había propuesto la fumigación, pero el gobierno había
dicho que no. -Tenía que ser Samper - exclamó el asistente -. ¿De
ese tipo qué más podría esperarse? El informe concluía con unos
datos muy pobres. “La mayor parte de los cultivos que han sido
ubicados por la Policía en Antioquia – decía -, son de carácter
doméstico y con una extensión entre las tres y las seis hectáreas...
El gobernador Uribe les advirtió a los alcaldes que no entraría en
polémicas. Que sea con fumigación o mecánicamente como se
erradicarán los cultivos, lo deben decidir los científicos. Lo cierto
es que al gobierno departamental no le temblará la mano para
acabar con los cultivos ilícitos”. - Ese es mi hombre - pensó el
asistente -. Necesitamos a alguien a quien no le tiemble la mano.
¡Qué más da que sean 187 miserables hectáreas de amapola! Lo
que importa es darles duro.
57
“Los mandatarios de los municipios afectados por este fenómeno -
terminaba el documento -, alegan que la aspersión aérea
produciría daños ecológicos irreparables en esas áreas, habitadas
por pequeños parceleros y cultivadores, formas de producción
muy diferentes a las otras partes del país donde se ha realizado la
fumigación, caracterizadas por ser zonas semiselváticas”. - Y,
claro - pensó el asistente al borde del sueño -, si no me equivoco
¡aquí viene el procurador! Y, en efecto, ahí venía el procurador. En
este caso era el de Antioquia, Femando González Carrizosa, con
sus eternos oficios aguafiestas. El procurador se mostraba
preocupado por las consecuencias de una medida tan drástica
sobre un problema apenas incipiente, y le preguntaba a Uribe si se
habían evaluado los daños y si existía un programa de sustitución
de 76 cultivos. La respuesta de este último, señalaba el
procurador, no aclaraba para nada el asunto. El informe terminaba
con la intervención del alcalde de un pequeño municipio, Urrao, a
170 kilómetros de Medellín, “donde la Policía destruyó en los dos
últimos años, catorce sembrados con unas 800 mil matas”. “En
los dos últimos años – añadía -, han desaparecido cerca de veinte
personas. Héctor Antonio Durango, el alcalde, dijo que era
consciente de que las determinaciones que vienen del alto
gobierno no se pueden impedir, pero que no está de acuerdo con
la fumigación. En Urrao, dijo el alcalde, sería mejor la erradicación
manual, pero el problema de la amapola es más de fondo. La
gente de aquí está inquieta porque el 80 por ciento de las zonas
donde hay cultivos, pertenecen a personas muy pobres a las que
nunca llega la mano del Gobierno”. Con esos pocos datos y
algunos otros que recogió aquí y allá en medio del cansancio
natural provocado por 18 horas seguidas de trabajo, el asistente
preparó la carpeta, que puso sobre el escritorio de su jefe a las 8
en punto de la mañana.
A esa hora ya debía saberse con exactitud a qué se refería la
protesta. Si el jefe pasaba antes por la oficina podría tranquilizarlo.
Por lo que él había leído, Uribe parecía ser amigo. Pero el jefe no
pasó. Esa mañana el tránsito había estado espeso, de manera que
entró directamente a la oficina de Latinoamérica. Allí, el asesor del
subsecretario le extendió la carta de Uribe. Le tomó dos minutos
leerla. - ¿Cómo? - preguntó el jefe apenas hubo terminado -. ¿De
esto se trataba? El asesor lo miró socarronamente. - De eso se
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trataba. ¿Usted qué piensa? - ¿Que qué pienso? Que los
colombianos están locos. Se rieron. Y luego, con la carta
cuidadosamente doblada en su portafolio, el jefe se dirigió a su
despacho. Allí, el asistente lo esperaba radiante. - Señor - le dijo -,
me parece que la protesta no debe ser protesta. El gobernador
Uribe es un gran amigo de los Estados Unidos. - Sí - le dijo el jefe -.
Pero está tan loco como todos los colombianos. - ¿Cómo así? - se
desconcertó el asistente -. ¿A qué se refiere usted? - A esta carta.
Y, sin más ni más, se la extendió para que la leyera.
El asistente no pudo contener la risa. Y cuando vio que su jefe
también se reía, soltó una carcajada. La carta del gobernador era
breve. Palabras más, palabras menos - le contó esa noche a su
novia mientras comían en un restaurante de la Pennsylvania Av. -,
Uribe le decía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
que a su vez había enviado un oficio a la Subsecretaría de Estado
de los Estados Unidos, que Medellín, la ciudad de la eterna
primavera, no estaba dispuesta a aceptar ningún trato despectivo,
como el que le había dado Robert Gelbard cuando se refirió al
apellido del ministro de Justicia. - Según parece - le explicó el
asistente a la muchacha -, el ministro de Justicia se apellida
Medellín. - Como apellidarse Washington - apuntó ella. - Exacto -
dijo él -. Gelbard debió preguntar qué se podía esperar de alguien
que llevara semejante nombre. Tú sabes cómo es Gelbard. Un
verdadero idiota. Nosotros ya lo oímos como quien oye llover.
- Sí - dijo la muchacha que estaba haciendo su monografía de
Ciencia Política precisamente sobre Colombia- , pero es el vocero
de los Estados Unidos y, como tal, no puede ofender a nadie. - Está
bien -contestó él un poco amoscado -. Yo preparé hoy la respuesta.
En ella el gobierno va a decir que reconoce la inteligencia y
honestidad de un funcionario como Medellín, que no se ha visto
envuelto en ningún escándalo, y que presenta disculpas a una
ciudad que, según el gobernador, ha puesto 52.137 muertos en
los últimos diez años en la guerra contra las drogas, ha sufrido
1.104 atentados terroristas y ha presenciado el asesinato de 694
policías, doce jueces y fiscales y cuatro magistrados. - La cosa no
es para risas - anotó la muchacha -. Ni tampoco para que Gelbard
diga estupideces como las que acostumbra. - Es cierto - dijo el
asistente -. Aquí hay mucho muerto de por medio. El gobernador
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habla de uno de sus antecesores, Antonio Roldán Betancur, de un
ex alcalde de Medellín, Pablo Peláez González, y del procurador
general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, todos ellos asesinados.
Habla también de 13 mil delincuentes detenidos y procesados.
Pero tienes que reconocer que el asunto que origina semejante
filípica es insignificante. Colombia tiene demasiados problemas, y
muy serios, como para que reaccione por bobadas. El gobernador
lo que necesitaba era un escenario para que alguien lo oyera. Y lo
logró. Pero el camino que escogió no fue el mejor. Hoy todo el
mundo se rió de él en la oficina. - Puede ser - dijo la muchacha -,
hay cosas mucho más importantes. Pero lo cierto es que el
gobierno de los Estados Unidos no debería pedirle disculpas a una
persona como Uribe. - ¿Cómo así? - preguntó el asistente -. ¿Qué
sabes tú de eso? - Muchas cosas - dijo ella haciéndose la
interesante -. Sé, por ejemplo, que Uribe Vélez fue el encargado de
la aviación civil en Colombia y que durante su gestión florecieron
las pistas de aterrizaje y las licencias para aviones del
narcotráfico. El cartel de Cali (no me vayas a decir que lo confundo
con el de Medellín) contó en un determinado momento con dos
Boeing 727, con un Caravelle y con tres Lockheed Electra, que
viajaban impunemente por el mundo entero cargados de cocaína. -
No sabía que fueras experta en aviones - le dijo él sorprendido. -
No lo soy. Ese fue el dato que pude sumar hoy a mi monografía.
Pero lo que importa es la figura de Uribe Vélez. Me sorprende que
ustedes no se hayan enterado de quién es ese individuo. ¡Al fin y al
cabo burócratas! - No somos burócratas - contestó él molesto -.
Sabemos más de lo que tú te imaginas. Apuesto a que no has oído
hablar de Medellín sin tugurios. -Claro que sí - dijo ella -. Y si
ustedes son tan expertos, deberían saber que ahí, precisamente
ahí, estuvo metido Uribe Vélez. - ¿Cómo? - preguntó el asesor -. No
tenía ni idea. - Sí - dijo ella -. Medellín sin tugurios fue un programa
que se inventó Pablo Escobar con el fin de lograr los votos
necesarios para ir al Congreso. Consistía en darle casa a miles de
familias en la miseria, que no tenían dónde vivir ni el dinero
necesario para adquirir una vivienda. En la práctica, Escobar
regaló ese barrio y lo convirtió en su fortín electoral. Las gentes lo
veían como un semidiós. Cuando lanzó su candidatura al
Congreso, sabía que contaba con los votos suficientes para ser
elegido. Pero como no tenía el aval de nadie, pensó en Luis Carlos
Galán, el jefe del Nuevo Liberalismo. Que Escobar pensara que
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Luis Carlos Galán le iba a ayudar, es como si yo pensara que
Clinton en persona me va a hacer la tesis. - Cuidadito con Clinton -
dijo el asesor -. ¡Por allá ni te acercas! - Bueno - continuó ella -, lo
cierto es que Galán lo expulsó en público de su movimiento, en
una manifestación a la que asistían 5 mil personas. Entonces
Escobar se acercó a un político sin escrúpulos, Jairo Ortega, creo,
que lo incluyó en su lista y lo llevó al Congreso. En ese momento
Escobar era un delincuente común. Después fue cuando se volvió
un monstruo. - ¿Y Uribe? - preguntó él -. ¿No era sobre él, el
cuento? - Ah, sí - dijo ella -. En el momento del auge político de
Escobar y del entusiasmo por Medellín sin tugurios, el alcalde de
Medellín era Uribe Vélez. Cuando llegó a la Alcaldía, ya el barrio
estaba inaugurado. ¿Tú has leído Los jinetes de la cocaína? - Claro
- dijo él -. No conozco una sola persona del gobierno de los Estados
Unidos que no lo haya leído. - Pues bien - continuó ella -. Es un
libro que está plagado de equivocaciones y de injusticias contra un
gran número de personas de bien. En él se dice que Uribe Vélez
fue el encargado de inaugurar el barrio. Equivocación, pero no
injusticia. Porque Uribe Vélez no lo inauguró. Lo que hizo fue
presentar el programa de Escobar en Bogotá. Durante su Alcaldía,
que fue fugaz, viajó a Bogotá con una delegación de funcionarios y
lo puso por el cielo, como ejemplo de los proyectos de vivienda
social. Obvio, cuando le mataron al papá, uno de los avisos de
invitación al entierro fue de Medellín sin tugurios. - Y tú cómo
sabes todo eso - preguntó él afirmando. - Ah - dijo ella -, como sea
voy a lograr que me den el summa cum laude. - Por lo pronto ya lo
tienes conmigo - dijo él -. Y ahora comamos porque ya van a cerrar
el restaurante. Esa noche, ella regresó a sus papeles. Trabajaba
intensamente, como nadie podría imaginárselo. A veces le daban
las dos, las tres de la mañana, leyendo, conectando unos datos
con otros, planteando hipótesis, sacando conclusiones. Hoy, por
ejemplo, había logrado hacer una serie de precisiones sobre la
Alcaldía de Uribe en Medellín. Aunque se presentó como un fortín
contra la politiquería, en realidad fue el reino de la politiquería.
Nombrado por orden directa del presidente de la República, quien
le quería agradecer a su padre el apoyo financiero que le había
prestado a su campaña, el alcalde Uribe Vélez era un hombre
joven, de 30 años, que no estaba demasiado dispuesto a
61
obedecer las órdenes del gobernador del departamento, Álvaro
Villegas Moreno [41]. Por ese entonces, Villegas era ya un político
maduro y zorro, que sabía por dónde iba el agua al molino. El
prestigio del alcalde no era el mejor en Antioquia. Se lo había dicho
al presidente y lo había comentado con sus colaboradores
cercanos. - Estén atentos - les dijo -. En cualquier momento
podremos sacarlo.
De manera que comenzaron a seguirle los pasos. En un comienzo
se sorprendieron. Parecía un funcionario eficaz, entregado por
completo a su trabajo. Vieron cómo impulsaba el metro de
Medellín, que Betancur había presentado como uno de sus
grandes programas de gobierno. En pocas semanas logró firmar el
contrato, un documento con muchos bemoles, claro está, que le
abrió la puerta a la tragedia que vino después, llena de errores
administrativos y de corrupción de la peor laya. Vieron también
cómo imaginaba empresas y las ponía sobre el papel con facilidad
y sin destino. Una de ellas, fue Metromezclas, que le costó algunos
dolores de cabeza cuando se demostró que se la había dado en
administración a sus colaboradores. La compañía resultó un fiasco
y tuvo que liquidarse, por inviable, a mediados de la década de los
90. Su gerente liquidador. Pablo Arango, quien enfrenta hoy una
investigación alrededor de esa gestión, es uno de los hombres de
confianza de Uribe en su campaña para la Presidencia. - Qué
cantidad de papeles - pensó la muchacha -. Todavía me falta
aprender a seleccionar lo esencial. Siempre ha tenido tendencia a
perderme en los detalles.
A la 1:30 de la madrugada volvió al libro que estaba leyendo:
Narcotráfico en Colombia, de la Universidad de los Andes. ¿Cómo
haría la cita en su monografía? Tendría que incluirlo en la
bibliografía general y, al hacer referencia a él, sólo pondría, entre
paréntesis, el nombre del autor, el año y la página. Repitió una o
dos veces la lección recién aprendida. Y cuando son muchos
autores, después del nombre del primero se añade et al. Así:
(Carlos G. Arrieta, et al., 1991, página 221). En la página 221 se
hablaba de la primera época de Betancur, cuando Uribe Vélez fue
41 Álvaro Villegas Moreno, gobernador de Antioquia entre el 6 de octubre de 1980 y el 12 de
marzo de 1981
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alcalde de Medellín. Se trataba de una sociedad complaciente. En
ese momento, el contralor general era Rodolfo González García,
detenido después por sus vínculos con el cartel de Cali y ahora
partidario de la candidatura presidencial de Uribe, propuso que se
aprobara una amnistía patrimonial que incluyera la economía
subterránea. “Eso sería muy favorable para el fisco colombiano”,
dijo González. El senador Álvaro Leyva Duran, investigado por
enriquecimiento ilícito por sus relaciones con el mismo cartel,
presentó un proyecto de ley para ofrecerle una amnistía
patrimonial a quienes no hubieran dado cuenta de sus bienes en
sus declaraciones de renta y patrimonio antes de 1981. Y otro
senador, Carlos Holguín Sardi [42], presentó un proyecto que
proponía la emisión de bonos de deuda pública hasta por cien mil
millones de pesos, con amnistía patrimonial para quienes
invirtieran en ellos. - En otras palabras - pensó ella -, no sabían qué
hacer para que los dineros del narcotráfico le arreglaran los
problemas a Colombia. La Andi [43], presidida por Fabio Echeverri
Correa [44], ahora mano derecha del candidato en temas
económicos, pidió que “se autorizara a las empresas registradas
en las bolsas de valores para emitir un número determinado de
acciones con el propósito de que fueran adquiridas por los
capitales 'no registrados' y con el compromiso de no negociarlas
durante un período determinado”, y le propuso a los demás
sectores económicos un acuerdo solidario para que la economía
subterránea fuera indultada. FENALCO [45] y Anif [46] atendieron a
ese llamado. Sabas Pretelt [47], presidente de la primera y ahora
uno de los más entusiastas partidarios de la candidatura Uribe,
dijo que la amnistía patrimonial no debía ser incompatible con las
políticas del gobierno. Y Pedro Javier Soto, presidente de la
segunda, sostuvo que “la banca no podía atender con sus solos
42 En 2002, también senador por el Partido Conservador, Director de esa colectividad política y
comprometido con el apoyo a la candidatura de Uribe Vélez a la Presidencia. En 2006 fue
nombrado por Uribe como titular del Ministerio del Interior.
43 Asociación Nacional de Industriales.
44 Director de la campaña Uribe Presidente en 2002 y posteriormente Asesor de la Presidencia; a
su vez actúa como representante en Colombia de la Drummond, empresa norteamericana que
explota gigantescas minas de carbón al norte del país, a la cual se le sindica de tener vínculos con
los paramilitares con el objeto de eliminar su sindicato mediante el asesinato de sus líderes.
45 Federación Nacional de Comerciantes.
46 Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
47 Sabas Pretelt De La Vega: Nombrado como Ministro del Interior por el Presidente Uribe Vélez
y posteriormente como embajador de Colombia en Italia.
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recursos a la producción colombiana en el futuro”. La prensa fue
unánime. Un conservador y aconductado periódico como La
República, propiedad en ese entonces de la familia del ex
presidente Ospina Pérez (varios de cuyos nietos fueron
condenados en Miami por lavado de dólares), respaldó
editorialmente “la bondad social del proyecto”, y sostuvo que
“esos recursos caen muy bien al gobierno y al país ahora, para
evitar movimientos de protesta de los grupos que no están
recibiendo oportunamente su pago o que ven que no se realizan
obras y programas por falta de fondos”. Así las cosas - resumió
ella -, en 1982 Colombia giraba en torno a las expectativas que le
despertaba la economía subterránea. De ahí que no fuera raro
que todo, la política, la banca, la industria, el fútbol, el comercio,
los miserables y destechados, las Fuerzas Militares y la Iglesia y,
obvio, el Congreso, todo participara en un determinado momento
de esa euforia. Pero al margen de la misma, un país asombrado
que no encontraba norte, veía con angustia cómo se precipitaba
hacia el abismo.
El Espectador se opuso en un editorial a la amnistía propuesta.
Dijo: “Ese es un castigo a la honradez y un premio a la picardía”.
Sin embargo, eran voces aisladas. La amnistía terminó por
concederse, y torrentes de dineros aparecieron de pronto en
situaciones ambiguas y en propuestas peligrosas. Una de ellas fue
la de Carlos Lehder, quien lanzó en Armenia su propuesta de un
“movimiento latino nacional”, de corte fascista. El obispo, Libardo
Ramírez, condenó de entrada la “vinculación de negocios sórdidos
a la actividad política”. Con ello trató de enmendar la bendición
que dos años atrás le había impartido el obispo de Pereira, Darío
Castrillón, a las actividades de Lehder. Castrillón, ahora candidato
a Papa, estuvo en la inauguración de la Taberna Alemana, el
establecimiento comercial que Lehder abrió en esa ciudad, lo
bendijo, pronunció unas palabras y se dejó tomar fotografías con
el narco. Tiempo después, cuando se le criticó por esa actitud,
explicó que los dineros mal habidos se santificaban cuando
pasaban por las manos de la Iglesia. Pero terminó en Roma,
porque, recordó la muchacha que era católica, que todos los
caminos conducen a Roma. - ¿Inclusive los amplios y trillados del
narcotráfico - pensó.
Fotografía durante la inauguración de la Posada Alemana. De izquierda a
derecha: Primero: Carlos Lehder Rivas; tercero: Monseñor Darío Castrillón
Miró el reloj. La 1:40. Todavía tenía tiempo para leer un rato. Sabía
que en 1982 la situación en Medellín era difícil. Pablo Escobar, el
narcotraficante más poderoso del mundo, era el dueño y señor de
esa ciudad subterránea, lejana de los clubes y de las industrias
tradicionales, ajena a la clase media, basada sobre el relumbrón
del dinero. En torno a ella giraba la política. El capo sabía que en
ese terreno no se movería una hoja sin su voluntad soberana. Los
nombramientos, por ejemplo, no se le consultaban, pero se
escogía cuidadosamente a aquellas personas que no llegarían a
molestarlo. Cuando supo que el primer alcalde designado para su
coto de caza privado, era el hijo de uno de sus conocidos, socio del
tercer Pablo, no hizo ningún gesto. - En conclusión, aprobado -
pensaron quienes asistieron a la charla. En ese momento.
Escobar, con interés por la política, fundó el movimiento “Civismo
en marcha”, a través del cual se dedicó a promover planes de
vivienda, como el de Medellín sin tugurios, a arborizar la ciudad, a
iluminar estadios y a construir escenarios deportivos.
Acostumbrado a proceder según su gana, consideró innecesario
obtener los permisos correspondientes. Su política fue la de
promover invasiones de predios públicos, y decidir luego, de
acuerdo con la comunidad, qué necesitaba para su recreación. La
respuesta me casi siempre la misma: canchas de fútbol. La
administración municipal no sentó jamás ninguna protesta. Por
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65
ese entonces el cartel de Medellín ya era el cartel de Medellín. Lo
habían fundado un año antes Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha,
Carlos Lehder y los hermanos Ochoa. Comprobaron de entrada
que podían manejar más del 50 por ciento de la producción de
cocaína en el país. Fortalecido desde dentro, Escobar cortó una
incipiente relación de negocios con el general Manuel Antonio
Noriega, hombre fuerte de Panamá y hasta entonces protegido por
los Estados Unidos, y se decidió por la política. En las elecciones
parlamentarias de marzo del 82 resultó electo. “Escobar -leyó ella -
quiso aprovechar su oportunidad como benefactor social para
ocupar un escaño en el Congreso, vinculándose al parlamentario
Jairo Ortega. Este hacía parte del 'federiquismo' antioqueño, del
cual salió para engrosar las filas del santofímismo y, finalmente,
las del Nuevo Liberalismo, con el cual hizo coalición para las
elecciones de corporaciones públicas en 1982. Posteriormente, la
dirigencia de este movimiento exigió a Jairo Ortega que retirara de
las listas a la Cámara a su suplente Pablo Escobar Gaviria, por sus
vinculaciones con el narcotráfico. Dicha solicitud no fue atendida y
tanto Ortega como Escobar fueron expulsados del Nuevo
Liberalismo. Finalmente, estos lograron una curul en la Cámara de
Representantes: Ortega como titular y Escobar como suplente”. -
Esto ya lo sabía - dijo la muchacha -. Comienzo a repetirme. Lo
mejor es que me duerma.
A la mañana siguiente, antes de salir para la Universidad, aclaró
sus apuntes. Allí encontró un dato al que no le había dado
importancia. Uribe sólo duró cuatro meses en la Alcaldía de
Medellín. ¿Por qué?, se preguntó. Si tácitamente Escobar había
aceptado su nombramiento, si había mantenido relaciones
cordiales con el cartel, si era apenas uno más en un panorama
dominado por el narcotráfico, ¿qué había provocado esa súbita
caída? La respuesta la obtuvo esa tarde, cuando caminaba sin
rumbo con su novio por las calles cercanas a la oficina. De vez en
cuando hacían ese paseo, un poco al azar, sabiendo bien que
cualquier camino los llevaría a Roma, mejor dicho, a un cafecito. -
¿Sabes? - le dijo él -. Hoy estuve investigando sobre nuestro
personaje. -¿Gelbard? - le preguntó ella haciéndose la
desentendida. - Cómo se te ocurre - le respondió él -. Uribe. - Ah,
¿sí? - anotó ella -. ¿Y qué encontraste? - Nada más y nada menos
que la razón de su salida de la Alcaldía de Medellín.
66
- Cuéntame - le dijo ella -. Ese es, precisamente, un tema sobre el
cual no tengo ninguna claridad. - El gobierno presentó su retiro
como el resultado de una crisis política. Ahí hay una gran cantidad
de nombres que se me escapan. Lo cierto es que el nuevo
presidente de la república, Betancur, anunció que le daría a su
administración un “empujón paisa”. - ¿Y eso qué es? - Bueno, mira
cuántas cosas no sabes. Los paisas son los habitantes
tradicionales de la gran Antioquia. Según parece, son unas
personas que andan siempre vestidas con algo que llaman carriel
y que en vez de zapatos usan unas cosas que se conocen como
corroscas. Aja -dijo ella sorprendida -. Me parece raro, porque en
las fotografías yo siempre los he visto vestidos de lo más común y
corriente. - Eso es para las fotografías - dijo él -. Pero cuando están
en su casa o en el trabajo, se visten con carriel y usan corroscas, y
toman agua caliente. - ¿Agua caliente? - preguntó ella -. ¿Y eso
para qué? - No tengo ni la menor idea -dijo él -. Pero debe ser
hirviendo porque la llaman agua ardiente. Pero, bueno, eso es lo
de menos. Lo de más es que Betancur anunció que en su gobierno
habría un empujón paisa, y seleccionó a un grupo de “escogidos”
que le ayudaran a darlo. Entre ellos estaba Uribe. Lo nombró como
alcalde de Medellín, que es la segunda ciudad en importancia
después de Bogotá. El tipo tenía 30 años. En la política
colombiana eso quiere decir, ni más ni menos, que lo señala como
posible candidato presidencial. Algún día. Y comenzó a trabajar... -
... y le ayudó a lo del metro, que era su programa estrella -
interrumpió ella -. Eso ya lo sé. De modo que todo el mundo
esperaba que siguiera ahí, hasta que se presentara la primera
crisis política. - Sí. Que se presentó más pronto de lo esperado, y
con un personaje que se veía lejano de todos esos tejemanejes y
de todas esas camarillas. - Uribe - dijo ella. - Sí, Uribe. Ya te lo dije:
el informe de la embajada dice que entre el gobernador, un señor
llamado Villegas, y Uribe, no había química. Villegas era un político
chapado a la antigua y Uribe era un muchacho tipo Harvard, que
se había dedicado a criticar la politiquería. Cuando en Colombia
alguien quiere surgir rápido, critica la politiquería. El gobernador
nombró un funcionario que no le gustó a los jefes políticos
tradicionales... - ¿Tú sabes cómo llaman en Colombia a los jefes
políticos tradicionales? - lo interrumpió ella -. Caciques. ¡Cómo te
parece! ¡Caciques! - ¿Caciques? - preguntó él -, ¿esos señores con
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pluma en la cabeza que en las películas hacen ao, ao, ao? - Esos.
Pero sigue, te interrumpí. - Bueno. Los caciques, Ignacio Vélez
Escobar, J. Emilio Valderrama, William Jaramillo y Federico Estrada
Vélez... - El del federiquismo - anotó ella -. Y te juro que no te
vuelvo a interrumpir. - Los caciques pidieron que hubiera una crisis
general. El gobernador estuvo de acuerdo. Le mandó decir al
alcalde que esperaba su renuncia protocolaria. Pero se lo dijo con
muy poco protocolo: no lo hizo él, sino por medio de un secretario.
Y, además, le anunció que lo ratificaría pero sólo cuando cambiara
uno o dos miembros de su gabinete. El alcalde se puso furioso. Se
negó a renunciar. Intervino el presidente. El alcalde habló con el
gobernador. No llevó su renuncia y le pidió que le dijera qué
cambios eran los que iba a ordenar. El gobernador se negó a
decirle ninguna cosa. El alcalde salió del despacho, furioso, y
mandó su renuncia irrevocable. Y se fue. ¿No te parece muy raro? -
Pues sí - dijo ella -. ¿Para qué tantas idas y venidas si
tranquilamente le hubieran podido decir que se fuera? - No. Por
ahí no es la cosa. La cosa es por el lado del fastidio entre alcalde y
gobernador. Que no radica en que el uno fuera viejo y el otro joven,
o que el uno fuera cacique y el otro no, porque ambos eran
igualmente marrulleros y ambos igual de caciques. Pero acuérdate
que Villegas se la tenía jurada porque conocía algunos de sus
antecedentes, y por eso le había pedido a sus íntimos que
“estuvieran atentos” para sacarlo en cualquier momento. Pues lo
logró. Uribe salió, pero no por esa crisis mentirosa. Esa crisis fue la
utilería para ocultarle al país entero, pero sobre todo a Escobar, la
verdadera razón de su renuncia. - ¿Y cuál fue? - preguntó ella
sinceramente sorprendida. -Pásmate - dijo él -. Resulta que en ese
momento el Cartel de Medellín, que apenas comenzaba a
formarse, se sentía dueño de la situación. Los narcotraficantes
estaban metidos en todas partes. Ya habían comenzado a infiltrar
las campañas políticas. En el Departamento tenemos todas las
pruebas contra Belisario Betancur. Ahí está, debidamente
documentado, que recibió veinte millones de pesos de un
individuo llamado Jáder Álvarez, narcotraficante confeso, y que lo
hizo delante de la cúpula de su campaña, integrada, entre otros,
por los señores Hernán Beltz, que era el tesorero, y Augusto
Ramírez Ocampo, que era el director nacional. Álvarez protagonizó
después una horrible tragedia. En una vendetta de la mafia, le
secuestraron los tres hijitos pequeños y se los mataron. La guerra
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que siguió fue a muerte. Pero, bueno, ese no es el cuento. El
cuento es que los contactos de Uribe con la mafia nunca se
interrumpieron. De manera que un día lo invitaron a asistir a una
cumbre medio clandestina, que tenían los cuatro grandes.
Escobar, los Ochoa (que actuaban como uno solo), Lehder y el más
grotesco de todos, Rodríguez Gacha. Y Uribe fue. Y, para colmo,
aceptó que le enviaran un helicóptero y que lo llevaran hasta el
sitio del encuentro. No se ha podido precisar bien la fecha, pero
debió ser a finales de 1982. El Departamento tiene identificados a
varios testigos. Villegas se enteró el mismo día, y puso el asunto
en manos de Betancur. Al presidente no le quedó otro camino:
ordenó que lo sacaran de la Alcaldía. Pero como su rabo de paja
era enorme, decidió hacerlo lo más discretamente posible. De ahí
la crisis politiquera, y todo ese cuento con caciques, y con
protocolos y con renuncias. En palabras de mi jefe, que tú sabes
hasta qué punto es crudo, a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de
Medellín por narcotraficante.
- Hay algo que no cuadra bien - dijo ella -. Si muchos colombianos,
entre ellos buena parte del gobierno, estaban de alguna manera
relacionados con el narcotráfico, ¿por qué el escándalo? - Porque
Colombia es un país fariseo - dijo él con un tono levemente
dogmático -. Y todavía no aprende. Fíjate tú el escándalo que han
hecho por el lamentable símil de Gelbard entre Medellín y
Medellín. Pero no dicen nada cuando se trata de plantear el
problema de fondo. - ¿Cuál de los muchos problemas de fondo? –
preguntó ella -. Hay decenas de problemas de fondo. - No hay sino
un solo problema de fondo. Pero sobre él, los norteamericanos no
tenemos siquiera el derecho de pensar. Mejor cambiemos de
tema.
Mientras caminaban en silencio, ella pensó que él tenía razón, que
en los Estados Unidos nadie puede plantearse el problema de
fondo. Pero no sabía, ni tenía porqué saberlo, que en Colombia
tampoco. El desbarajuste de Colombia, dijo en alguna ocasión
Myles Frechette [48] cuando era el antipático embajador de los
Estados Unidos en Bogotá, obedece en parte a que es un país
dedicado a la simple apariencia. Desde 1984 Colombia se vio
48 Myles Frechette, embajador de EEUU ante Colombia entre 1995 y 1997.
69
cada día más y más acorralada. La política entró en una dinámica
de corrupción total. Los asesinatos se pusieron a la orden del día.
El narcotráfico polucionó el lenguaje, el arte, la economía, la
industria, la recreación, la vida en comunidad, la vida cotidiana.
Poco a poco el país entró en una somnolencia de la que todavía no
sale. Se comprobó hasta la saciedad la financiación de la política
con dineros de la mafia. Galán fue asesinado, pero después... no
pasó nada. Los criminales asesinaron a decenas de miles de
personas de toda condición. El primer muerto, Rodrigo Lara
Bonilla, provocó una conmoción, pero después... no pasó nada.
Las guerrillas y los paramilitares financiaron su guerra contra el
país con base en ese delito.
Cuando el embajador Tambs [49] anunció que aquí lo que había
era una narcoguerrilla, el escándalo estremeció los cimientos de la
sociedad. Hoy, el jefe de la banda paramilitar confiesa que “las
FARC compraron diez mil fusiles y los ingresaron por el Perú, y
nosotros hicimos lo mismo con 4.500 armas provenientes de
Centroamérica, todo con plata del narcotráfico” (Castaño, 2001,
205)... y no pasa nada.
Hubo una vez un país en el que la gente tenía un temple moral.
Siquiera para el suicidio. “En marzo (de 1984), se lee en
Narcotráfico en Colombia (Arrieta et al, 1991,233), Javier Ocampo
Upegui, diputado del Movimiento Latino Nacional [50] en la
Asamblea del Quindío, reveló una grabación en la que una
persona - que supuestamente era William Bedoya Vélez, secretario
privado del procurador general - le manifestaba al poeta pereirano
Luis Femando Mejía que por un concepto desfavorable a la
extradición de Carlos Lehder, un funcionario de dicha entidad
exigía 30 millones de pesos. Días más tarde Bedoya Vélez se
suicidó". Pero hoy no pasa nada.
El problema comenzó hace tiempos. En marzo de 1982 el
gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, reconoció en
Cromos que “en Medellín, personas decentes conviven con los
mañosos”. “Hace seis o siete años -le respondió a Ligia Riveros
49 Lewis Tambs, embajador de EE.UU. ante Colombia, de 1983 a 1985.
50 Movimiento político de corte fascista fundado por el narcotraficante Carlos Lehder Rivas.
70
Medellín, por razones que no conozco en detalle, se convirtió en
centro de importantes y grandes empresarios del narcotráfico. En
esta ciudad, para nadie es un misterio, viven quince, veinte y
hasta treinta narcotraficantes, personas que tienen vinculaciones
en el exterior, concretamente en los Estados Unidos. Esas
personas tienen asiento en Medellín, tienen sus negocios acá y
además guardaespaldas amparados con el porte de armas. Eso
ha llevado a que constantemente en la ciudad se presenten
enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes y se
produzcan vendettas que ya son bien conocidas en todo el país. El
gobierno ha hecho mucho para preservar en Medellín el orden
público y evitar que los señores vinculados al narcotráfico anden
en la ciudad como Pedro por su casa”. Esa permeabilidad de la
sociedad se extendió rápidamente como un cáncer. El 6 de
septiembre de 1983, Cromos publicó apartes de uno de los
primeros programas de la prensa internacional sobre el
narcotráfico en Colombia. En la cadena ABC, dos periodistas, Bill
Redeker y William Sherman, precisaron una cifra de escándalo: “El
tráfico de cocaína alcanza a los 34 mil millones de dólares
anuales en los Estados Unidos”, e hicieron algunas revelaciones
sobre los capos colombianos. Redeker habló de Pablo Escobar. “A
los treinta y tres años -dijo- es uno de los hombres más ricos del
mundo, con una fortuna cercana a los dos mil millones de dólares.
Escobar, supuestamente, es propietario de una pequeña fuerza
aérea de 10 aviones y media docena de helicópteros”. Y sobre
Fabio Ochoa, a quien en Colombia dieron en llamar absurdamente
“el patriarca”, señaló: “Adinerado hacendado y supuesto traficante
de drogas. Sus hijos manejan sus negocios, mientras él viaja por
el mundo comprando costosos caballos de exhibición”. “Muchos
de los grupos de traficantes -anotó-, viven y operan en Medellín”.
En ese momento interviene el director de la Policía de Medellín,
coronel Gustavo Gutiérrez: “Estas personas dedicadas al tráfico de
drogas son de origen humilde. A partir de un punto, empiezan a
avanzar, a comprar grandes haciendas y cuadras de caballos,
como en el caso de Fabio Ochoa, que es propietario de algunos de
los caballos más raros del país”. La cámara regresa a Redeker,
quien sostiene que “Fabio Ochoa es considerado por muchos
como el padrino del negocio”. Y aunque la mayor parte de
miembros del cartel rehúsan comentar la fuente de su riqueza, o
no se pueden contactar, en una subasta de caballos en las colinas
71
cercanas a Medellín, Ochoa aceptó ser entrevistado por el
corresponsal William Sherman: “Algunos detectives han sostenido
que usted y los miembros de su familia están entre los mayores
traficantes de cocaína del mundo.”-Ochoa: “Nada sé de las
mentiras que está diciendo. Eso no me interesa. Soy muy conocido
por todos los criadores de caballos del mundo. Mi vida ha sido
honorable, de eso respondo”. Entra Redeker: “Pero los oficiales
colombianos dicen que es el tráfico de drogas y no los caballos lo
que enriqueció a Ochoa, y que sus hijos manejan refinerías
escondidas en el campo, en casas y apartamentos. Tratada
químicamente la base, y convertida en polvo, está lista para la
exportación... Pablo Escobar ha sido identificado por las
autoridades norteamericanas y colombianas como el mayor
exportador de cocaína de Colombia. Con una flota de aviones, la
familia Escobar lleva a los Estados Unidos 1.100 libras de cocaína
refinada todos los meses”.
Vuelve el coronel Gutiérrez: “En general (los capos) están muy
apegados a las raíces, por eso son muy generosos con los de su
propia clase”. En un rápido close-up Redeker anota: “Finalmente el
caso de Fabio Ochoa. Periódicamente patrocina subastas de
caballos para recoger dineros para los pobres”. E interviene
Ochoa: “Beneficiará a los pobres sin casa, un programa que se
llama Medellín sin Tugurios”. Para concluir, Redeker hace una
afirmación que nunca fue desmentida: “En esta forma el cartel
esta logrando no sólo lavar su dinero sino también su imagen.
Haciendo surgir el espectro de que Colombia, como Bolivia, su
vecino sureño, pueda algún día ser controlada política y
económicamente por el cartel de la cocaína. Crimen organizado,
gobierno desorganizado”. Valdría la pena recuperar esa frase. En
el fondo de toda esta tragedia, los Ochoa y sus amigos hacen
surgir el espectro de que Colombia “pueda algún día ser
controlada política y económicamente por el cartel de la cocaína.
Crimen organizado, gobierno desorganizado”.
Hace poco Noticias Uno y El Nuevo Herald dieron cuenta, con un
intervalo de diez horas, de la incautación por parte de la Policía y
de la DEA, de un helicóptero, propiedad de Uribe Vélez y de otros,
en la llamada operación Yarí. En el complejo, de 500 hectáreas de
extensión, las autoridades encontraron siete pistas de aterrizaje y
72
14 fábricas capaces de producir 20 toneladas semanales de
cocaína. De acuerdo con el reporte del corresponsal del Herald en
Colombia, Gonzalo Guillen, el 11 de marzo de 1984, un año
después de que Uribe saliera prácticamente destituido de la
Alcaldía de Medellín, y en plena campaña electoral para el Senado
de la República, las autoridades colombianas y estadounidenses
dieron un rudo golpe contra el narcotráfico, que algunos han
calificado como “el más grande en la historia”.
En el operativo, las autoridades decomisaron un helicóptero
Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X (amparado
hasta ese momento por la matrícula norteamericana N215-FA),
que llegó a Colombia el 27 de octubre de 1981, importado por una
empresa de Alberto Uribe Sierra. La licencia de operación y la
matrícula correspondiente se le otorgaron un día después, luego
de un trámite preferencial de cuatro horas que obvió turnos que
comúnmente se demoran alrededor de veinte días. El director de
Aerocivil en ese momento era Álvaro Uribe Vélez. Ese mismo día
Aerocivil “concedió matrículas de bandera colombiana a tres de
los seis aviones que la Policía decomisó durante el allanamiento.
Uno de ellos fue el HK 2592P, en cuyo expediente figura un oficio
de recomendación especial firmado por el entonces jefe de
Planeación de la Aeronáutica Civil, César Villegas, principal asesor
de Uribe Vélez”. En ese momento el director de la Policía era el
general Víctor Delgado Mallarino. El informó que el complejo,
desde el cual se exportaban semanalmente hacia los Estados
Unidos toneladas de cocaína, “pertenecía a las organizaciones de
Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Juan
David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez y Miguel y Gilberto
Rodríguez Orejuela, quienes manejaban los poderosos carteles de
Medellín y Cali. La dirección del operativo estuvo a cargo de los
coroneles Jaime Ramírez Gómez (posteriormente asesinado por la
mafia cerca de Bogotá) y Luis Ernesto Gilibert, hoy director de la
Policía Nacional de Colombia”. El helicóptero fue el mismo en que
el padre del candidato viajó a su hacienda ocho meses antes,
cuando fue asesinado en un supuesto ataque de las FARC. “El 28
de marzo de 1984, diecisiete días después del golpe a
Tranquilandia y Villacoca, la oficina de Registro Aeronáutico de
Aerocivil recibió una carta de la firma propietaria del helicóptero
según la cual el aparato le había sido vendido a un hombre
73
llamado Fidel Agudelo Chávez. Los anteriores propietarios
advertían que no existían escrituras legales que acreditaran la
venta, dado que estaban 'pendientes del avance del proceso
sucesoral del finado Alberto Uribe Sierra'. "La carta venía
acompañada por un documento suscrito ante un notario en
febrero de 1984 por Agudelo Chávez y por Jaime Alberto Uribe
Vélez (hermano de Álvaro recientemente fallecido), quien se
comprometía a entregar el helicóptero en pago de una deuda que
su padre había contraído con el presunto nuevo propietario de la
nave". En el expediente oficial no aparece hoy ese traspaso. El
rastro del helicóptero se perdió. Después de haber sido adjudicado
a la Policía Nacional, la fiscalía ordenó devolverlo a los dueños
“alegando que no hubo sentencia judicial alguna que condenara
oficialmente su relación con el narcotráfico”. Poco después del
decomiso, Uribe Vélez le solicitó una cita a Enrique Parejo, ministro
de Justicia de ese entonces, durante la cual le explicó que su
padre no pertenecía al narcotráfico y que simplemente “le había
prestado el helicóptero a un amigo”. El informe de Noticias Uno,
que se transmitió el domingo 21 de abril, fue elaborado por
Ignacio Gómez, director de Investigaciones del Canal Uno, un
acreditado periodista colombiano que se ha visto obligado a vivir
durante largos períodos fuera del país por razón de las amenazas
de que ha sido víctima. En las dos semanas previas a la emisión,
Gómez recibió en el teléfono de su residencia particular quince
grotescas llamadas de sicarios. Sin amedrentarse, el noticiero
publicó su crónica, para la cual le pidió una previa respuesta a
Uribe Vélez. El se negó, alegando que sus respuestas podían ser
editadas. En consecuencia, se le propuso que hablara en directo,
sin límite de tiempo. Respondió que contestaría “más tarde”. Pero
no dijo nada. Al día siguiente, sin embargo, aceptó varias
entrevistas por la radio, en las que acusó al director del
informativo, Daniel Coronell, de ser un testaferro de Noemí Sanín,
también candidata presidencial. Coronell respondió
enérgicamente. De inmediato recibió tres amenazas en su oficina y
varias por su teléfono celular. A las 11 de la noche del lunes 27 un
hombre lo llamó desde un aparato no registrado para decirle “te
vamos a matar, hijo de puta”. A las 9 y 30 de la mañana del día
siguiente, otro hombre llamó al celular y le dijo que matarían a su
hijita de pocos años. Coronell se vio obligado a sacar a la niña del
país y a enviarla a vivir con unos parientes.
74
Todo eso se supo. Y, sin embargo, aquí no pasa nada. ¿Qué
responde el candidato a las preguntas que acepta responder? El
21 de abril del año 2002, El Tiempo lo interrogó respecto de
algunas de ellas. “Mire lo del helicóptero de la Gobernación -
explica el candidato -. Decían que viajaba en él a la finca de los
mafiosos. Y todo eso es falso”. Hábil. Pero no es la respuesta a la
pregunta que se formula. Nadie ha hablado de un helicóptero de la
Gobernación. Se ha hablado, sí, de un helicóptero de la Alcaldía,
que en realidad no era de la Alcaldía sino de la mafia, en el que
viajó el alcalde a una cumbre del cartel de Medellín. La situación
es muy distinta. Uribe hace lo que hacen los encargados de los
perros con los que se controla el tráfico de drogas en el aeropuerto
de El Dorado. Que cuando quieren dejar pasar un cargamento,
sacan los perros anti explosivos. Los pobres canes husmean y
husmean todos los equipajes, y nada. Así es fácil. El periódico le
plantea el hecho de que el helicóptero en que viajó a la hacienda
en la que fue asesinado su padre, era de Pablo Escobar. Él explica
que, ante semejante emergencia, se montó en el primer
helicóptero que le ofrecieron, sin preguntarse de quién era. - ¿Una
coincidencia? - Lo que se pidió fue a través de Helicol un socorro,
un SOS – contesta -. Teníamos un lío descomunal. Por favor,
póngase cualquiera en los pantalones de ese lío. Donde hubiera
sido una persona con amistad con Pablo Escobar, ¿qué cree que
hubiera pasado en 30 años de carrera política? ¿Medellín sin
tugurios? Jamás tuve que ver con eso ni como alcalde ni como
persona natural. Ahí están los testimonios de mis secretarios y de
opositores, como el doctor Ramiro Valencia Cossio [51]. En una
página anterior del mismo día (21 de abril) El Tiempo informa que
“no se ha encontrado evidencia que vincule al entonces alcalde
Uribe con ese proyecto. Según el periódico Medellín Cívico, del que
Escobar fue columnista y editor, el barrio se terminó en enero de
1984. El hoy candidato fue alcalde de Medellín entre septiembre y
diciembre de 1982 y, aunque coincide con la época en la que
Escobar realizaba trabajos cívicos, su administración no aparece
vinculada a ellos". Pero “la única conexión con ese programa data
del 13 de marzo de 1983, cuando su padre fue rejoneador en una
51 Encargado de la Gobernación de Antioquia entre el 7 de agosto de 1994 y el 31 de diciembre
de 1994.
75
corrida pro Medellín sin Tugurios, en la plaza La Macarena,
transmitida por importantes cadenas radiales y en la que
estuvieron los toreros Pepe Cáceres y César Rincón. En la jomada
de beneficencia, una de las tantas en las que aparece Alberto
Uribe Sierra, otros rejoneadores fueron Dairo Chica y Fabio Ochoa,
hijo. Y aunque en ese entonces Escobar era congresista y sus
actividades ilícitas estaban ocultas, el Nuevo Liberalismo, de Luis
Carlos Galán, ya había rechazado públicamente la lista que lo llevó
a la Cámara, esgrimiendo su oscuro pasado. Al otro día de la
muerte de Alberto Uribe, entre los avisos de condolencias en los
diarios, hay uno de Medellín sin Tugurios". - Hay otro incidente -
plantea el periódico -, también con un helicóptero decomisado en
"Tranquilandia"... La matrícula es la misma del que poseía su
padre, el HK 2704-X. - Mi padre fue socio de una empresa que
tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá,
Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese
helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo
asesinó, ese helicóptero quedó medio destruido, y mi hermano
Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa, y esa
empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo
tuvo en su poder. ¡Hombre, por Dios! Eso lo hizo mi hermano
Jaime, y todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de
cáncer en la garganta... Después, la Policía decomisó ese
helicóptero u otro con los mismos números. - ¿Ese helicóptero u
otro con los mismos números? - repite el periódico. - Uno no sabe
si es el helicóptero o es uno con los mismos papeles. Recuerdo
que se hizo un escándalo, y la familia sacó un aviso en la revista
Cromos de la época. En otra página de la misma edición, El Tiempo
precisa algunos elementos del asunto: “El helicóptero, que
perteneció a Aerofotos Amórtegui Ltda. - sociedad de Uribe Sierra -
terminó involucrado en una investigación por narcotráfico. Se trata
del Hughes 500 con matrícula HK 2704 X, el mismo en el que el
padre de Uribe fue a su finca el día que lo mataron. El 6 de febrero
de 1984, Jaime Uribe entregó el aparato a Pedro Fidel Agudelo
Chávez, en pago de una letra por 25 millones de pesos firmada
por Alberto Uribe Sierra y vencida el 10 de noviembre de 1983. Así
reza un documento firmado por Jaime y por Agudelo. El traspaso
quedó pendiente hasta tanto finalizara el proceso de sucesión de
Uribe Sierra. Pero nunca se hizo, pues el 11 de marzo de ese año,
la nave fue decomisada en la operación Yarí, conocida como
76
Tranquilandia, el golpe que la Policía colombiana dio a un
gigantesco complejo coquero en las selvas entre Caquetá y Meta.
Tras su incautación -ordenada por el Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de Puerto Rico (Caquetá)- la nave fue entregada a la
Policía y 11 años después, la Fiscalía Regional de Bogotá precluyó
la investigación y ordenó devolverla a sus dueños, «al no haber
pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial». Para
conocer el destino de la aeronave, se localizó a Carlos Amórtegui,
socio de Uribe Sierra en Aerofotos Amórtegui, quien manifestó, a
través de un familiar, que perdió la pista de la nave luego de que
la Policía se quedó con ella. El director de esa institución, general
Luis Ernesto Gilibert, dijo que se está rastreando el paradero del
helicóptero. El hombre que recibió el helicóptero -Pedro Fidel
Agudelo- y el que lo reclamó en su nombre - Sigifredo Cardona
Cardona - no tienen requerimientos judiciales. Tampoco los tenían
Amórtegui y el padre de Uribe, en 1981, cuando lo compraron".
De ese océano de palabras, dos cosas quedan en claro: una, que
en el momento de la operación Yarí, el helicóptero capturado y
decomisado por ser de la mafia (que entre otras cosas es el
dinamitado o ametrallado en el momento en que muere Alberto
Uribe Sierra), pertenecía a la familia Uribe Vélez; y dos, que el
negocio que en el curso de 25 días, puso el aparato en manos del
narcotráfico, fue celebrado por Jaime Uribe Vélez en
representación de sus hermanos. A no ser que el helicóptero
nunca se hubiera puesto en manos de la mafia sino que, en
realidad, jamás hubiera salido de ellas.
Las relaciones de Álvaro Uribe con el tema del narcotráfico han
sido estrechas. Pero, poco a poco, cuando vio las amplias
perspectivas políticas que tenía ante sí, buscó la forma de darles
un tinte académico. De ahí que en el Congreso de la República fue
siempre un senador convencido de la soberanía del país para
juzgar a sus nacionales, inclusive cuando esa posición puso en
peligro la estabilidad institucional de Colombia. En diciembre de
1989 el gobierno Barco presentó ante el Congreso un proyecto de
reforma constitucional al que el país, una vez aprobado, debía
convalidar por referendo. El tema se había discutido a lo largo de
dos años, y tocaba puntos esenciales como el de una
circunscripción electoral especial para los grupos alzados en
77
armas que, se suponía, facilitaría el proceso de paz. Los círculos
políticos y del gobierno consideraban que en el articulado residía
el buen éxito de la administración y estaban empeñados en lograr
que fuera aprobado. Pero ninguno de ellos contaba con un as en la
manga del narcotráfico. Cuando el asunto llegó al Congreso, el
país vivía una crisis de proporciones provocada por el magnicidio
de Luis Carlos Galán, ocurrido tres meses antes. El tema de la
extradición, aprobada y aplicada por gobiernos sometidos de
manera invariable a la amenaza del terrorismo, se trataba con
enorme cautela. Fue entonces (30 de noviembre) cuando en la
Cámara, un grupo de representantes, entre ellos Jairo Ortega
Ramírez (quien había llevado al Congreso a Pablo Escobar,
escogiéndolo como su suplente), Carlos Pineda Chillan, Ernesto
Lucena Quevedo, Jaime Arizabaleta Calderón, César Pérez García y
Tiberio Villarreal, incluyeron un artículo que sometía la extradición
al referendo de los colombianos. A los narcos - y a sus
congresistas - les importaba que el asunto quedara en manos del
electorado porque sobre él podría influir por medio del terror. En
ese momento, una serie de crímenes sin pies ni cabeza, con
resultados demenciales en lo que se refiere al número de víctimas
y a las pérdidas materiales, había sobrecogido al país. Atentados
en centros comerciales, en calles concurridas, en edificios
escogidos al azar, asesinatos porque sí, habían sometido al país al
arbitrio de los delincuentes. Fue en ese momento cuando los
narco-congresistas presentaron el texto de su artículo. El ministro
de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, sostuvo que, si lo
aprobaba, el Congreso condenaría a los colombianos a una
carnicería. Con ese proyecto les dijo el ministro a los
representantes, ustedes están en peligro de convertirse en un
órgano más del narcotráfico. Y les pidió que no le entregaran el
país al delito, “atado de pies y manos”. Los debates fueron
superficiales. Los capos se habían apoderado de ese órgano
legislativo. Sin escuchar para nada las razones del ministro, los
representantes aprobaron la reforma con su “mico” al hombro,
gracias a la ponencia positiva de Mario Uribe, un político de
provincia cercano a Escobar y primo del senador Álvaro Uribe Vélez
(hoy, el primer Uribe es uno de los cuadros directivos importantes
de la campaña presidencial de su pariente). El gobierno
necesitaba que la reforma fuera aprobada, pero sin el mico, y
decidió confiar en la sensatez del Senado de la República. A
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mediados de diciembre el texto se sometió a la aprobación de la
Comisión Primera. Las discusiones fueron cortas pero la reflexión
extensa. Y las consecuencias tremendas. El 13 de ese mes, luego
de 72 horas de espera, la Comisión aprobó el texto de la reforma y
dejó viva la consulta sobre extradición. “El 13 de diciembre -
escribió Sergio Ocampo en El Tiempo - entró en la antología de las
noches nefandas del país”. Valdría la pena reproducir algo de su
excelente texto: “Fueron pocas horas. No obstante, para una
explosión sólo se requieren segundos. Y eso fue lo que ocurrió esa
noche: cerca de tres décadas de desbarajuste institucional
emergieron violentamente... "La crisis colombiana tocó fondo:
guerra declarada entre gobierno y Congreso, renuncia de las
cúpulas de los partidos tradicionales, interinidad en el poder
regional en diez departamentos. La gravedad de los hechos no fue
solamente una sumatoria de situaciones críticas. La noche del 13
de diciembre fue quizá, el más fuerte campanazo para la
institucionalidad colombiana, desmoralizada, resquebrajada,
enferma de gravedad. "En una sola noche el país comenzó a
afirmar que su Ejecutivo está al garete, y que el Congreso ya no es
una casa de leyes, un lugar de representación nacional, sino una
sociedad anónima, una empresa donde se lucran 400 socios.
"También se abrieron grandes interrogantes en tomo de los
partidos: ¿qué pasó con aquellos grupos que aglutinaban
opiniones, que eran tribuna de propuestas, que eran colectores de
inconformidad? "En una sola noche el país desnudó su verdad".
Esa verdad era evidente. Más allá del abandono del proyecto por
parte del gobierno, del divorcio entre presidente de la República y
Congreso, del trabajo inútil de quienes invirtieron dos años en
sacarlo adelante, los que gobernaban a este país eran los
narcotraficantes. Y lo gobernaban por el miedo. Desde 1983,
cuando el senador Rodrigo Lara denunció que ocho
parlamentarios se encontraban vinculados al narcotráfico (dos de
la Guajira, dos del Magdalena, uno del Atlántico, uno de Antioquia
y otro de Córdoba) (Arrieta et al, 1993, 230), nunca se había vuelto
a hablar del asunto. “Un buen número de parlamentarios - escribió
Ocampo - tienen o tuvieron nexos en el pasado inmediato con el
dinero de los carteles. Cabe aquí diferencias, de todos modos, a
otros dos grupos de congresistas que respaldaron la arremetida
narcotraficante en el Congreso, sin estar implicados directamente.
79
"Un primer grupo, el de los parlamentarios intimidados, con miedo
concreto, e inclusive amenazados. Un segundo, el de los que
actuaron exacerbadamente, aquellos que vieron en ese momento
la mejor ocasión de cobrarle al presidente Barco su desprecio de
tres años. "Este año el Congreso alcanzó su desprestigio absoluto.
Más que nunca se sintió esa noche, el vacío de un líder, de una
voz en el Parlamento, alguien con conciencia, con prestigio
intelectual, con talla moral".
Así las cosas, la reforma (con su mico) llegó a la plenaria del
Senado. Y el líder que echaba de menos El Tiempo surgió
sorpresivamente. No era un miembro del Congreso, aunque sí
había sido parlamentario largos años. Se trataba del ministro
Lemos. El 14 de diciembre, a pocas horas de cerrarse las sesiones
del Congreso, se reunió con los 54 senadores de su partido, los
liberales, y les hizo un “dramático llamado” a salvar el país. “El
Senado - les dijo - es el último dique que queda para detener la
avalancha de la delincuencia. Si ustedes fallan en este instante
estelar de la historia del Senado, el país ya no tendrá protección ni
defensa frente a los narcotraficantes. Ustedes son un grupo
privilegiado, que tiene una inmensa responsabilidad que nunca
antes Congreso alguno hubiera podido tener”. Se trataba de una
reunión informal. De manera que allí hablaron los partidarios del
mico sin ningún tapujo. Uno de ellos David Turbay, procesado y
condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico; el otro,
Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias; y el
último, Álvaro Uribe Vélez, candidato presidencial.
En ese instante crucial no había términos medios: o se estaba con
el narcotráfico (por lo que fuera, por miedo, o por odio, o por
conveniencia, o por complicidad), o se estaba con el Gobierno.
Uribe no estaba con el gobierno. Para comenzar, sacó a relucir una
posición "filosófica": no se pueden estar a favor de la extradición
de colombianos para que sean juzgados en el exterior. Y luego
propuso una fórmula inadmisible: que se aprobara la reforma sin
el mico, y que el gobierno aceptara convocar un referendo o
plebiscito seis o siete meses después en torno al tema específico
de la extradición, una vez la situación de orden público lo
permitiera. Lemos se mantuvo en sus trece. Su exposición podría
resumirse en la frase que recogió El Tiempo: - Si esa propuesta
80
pasa –sostuvo -, las elecciones futuras ya no serán con papeletas
sino con metralletas. La propuesta de Uribe fue un recurso
desesperado para salvar el mico. La hizo con la voz quebrada y
lágrimas en los ojos. Pero no prosperó. Algunos senadores, con
Gustavo Balcázar a la cabeza, ofrecieron respaldo a la posición del
gobierno. Balcázar afirmó que votaría en conciencia, pero que
públicamente decía que lo que ella le dictaba era negar la
inclusión de la extradición en ningún referendo. - Sí -anotó Lemos -
, La del senador Uribe y la de quienes lo acompañan, es la peor de
las fórmulas posibles. Lo que ellos proponen es que el país se
empeñe en una campaña que va a durar seis o siete meses, en la
que van a estar directamente interesados los narcos. El gobierno
no acepta eliminar la extradición ni hoy ni nunca. En ese momento
se hundió el mico, y se hundió la reforma con él. El senador liberal
Federico Estrada, y Mario Uribe, el ponente en la Cámara,
sostuvieron “una tesis sin antecedentes en la historia
constitucional del país”: según ellos, la reforma ya era un hecho,
inclusive sin sanción presidencial, con aquellos puntos aprobados
por las dos corporaciones que no sufrieron modificación. Eran los
últimos aleteos desesperados del narcotráfico por salvar su
posición en el Congreso de Colombia.
Luego, los senadores que habían expresado su posición favorable
al mico, creyeron conveniente explicarse en la plenaria. Antes de
que la Corporación votara por "aplazar" el proyecto, Uribe, en un
tono menos vehemente, “propuso que el referendo no coincidiera
con las elecciones para que el narcotráfico no presionara, y que el
gobierno decidiera cuándo hacerlo”. Es a esa intervención a la que
se ha referido en las numerosas ocasiones en que ha considerado
prudente rectificar a un columnista. Le pidió a uno de los políticos
tradicionales vinculados a su campaña, el presidente del Congreso
en ese momento, Luis Guillermo Giraldo [52] (coautor y beneficiario
del llamado “Robo a Caldas”) que escribiera un artículo en ese
sentido. Obvio, Giraldo, como los perros antiterroristas de El
Dorado con los que buscan cargamentos de droga, no encontró
nada. Y su pinche ad usum, Apuleyo Mendoza, le sirve de tapete
para que explique que “cuando ese proyecto llegó a la Plenaria del
52 En el “sonajero político” para reemplazar al ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, a
mediados de 2007.
Senado yo me levanté y dije que era altamente inconveniente que
ese referendo coincidiera con las elecciones parlamentarias
porque entonces se corría el riesgo de que el narcotráfico
presionara esas elecciones. Sostuve que ese referendo debía
llevarse a efecto después de las elecciones de Congreso y las
elecciones de presidente. ¿Cuál ha sido mi recorrido en materia de
extradición? Cuando era gobernador de Antioquia dije que era
necesario revivirla. Y ahora pienso que mientras Colombia tenga el
lío del narcotráfico no le queda más remedio que aplicar la
extradición”.
Dice El Tiempo (21/04/02) que “se solicitaron al archivo del
Congreso las grabaciones de esa sesión y en ellas consta la
propuesta de Uribe, tal y como él la narra hoy. Pero también
consta que no creía en la extradición como una estrategia efectiva
para acabar con el narcotráfico". Claro: tal como él la narra hoy,
ocultando lo que había dicho dos horas antes. Y en abierta
contradicción con lo que le dictó a su amanuense en la revista
Cambio (25/02/02). Traiciones de la memoria. Y, peor, paréntesis
a la verdad.
Aparte del informe secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU (U.S. Defense
Intelligence Agency, DIA), del 23 de septiembre de 1991, relacionado con Uribe Vélez,
desclasificado el 1 de agosto de 2004 en cumplimiento de un Acto de Libertad de
Información (Freedom of Information Act) interpuesto en el mes de agosto de 2000 por The
National Security Archive, un grupo de investigación no gubernamental establecido en la
Universidad George Washington: “82. ALVARO URIBE VELEZ – UN POLÍTICO Y SENADOR
COLOMBIANO DEDICADO A LA COLABORACIÓN CON EL CARTEL DE MEDELLÍN EN ALTOS
NIVELES DEL GOBIERNO. URIBE ESTUVO VINCULADO A NEGOCIOS INVOLUCRADOS EN
ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO EN EEUU. SU PADRE FUE ASESINADO EN COLOMBIA POR
SUS CONEXIONES CON LOS NARCOTRAFICANTES. URIBE HA TRABAJADO PARA EL CARTEL
DE MEDELLÍN Y ES UN CERCANO AMIGO PERSONAL DE PABLO ESCOBAR GAVIRIA.
PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DE ESCOBAR PARA OBTENER EL CARGO DE
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SUPLENTE DE JORGE (ORTEGA). URIBE HA SIDO UNO DE LOS POLÍTICOS, DESDE EL
SENADO, QUE HAN ATACADO TODAS LAS FORMAS DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN.”[53]
53 http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf
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CAPITULO IV
El candidato de los paras
El sábado 10 de junio de 1995, una bomba de regular poder
explosivo mató en el parque San Antonio, de Medellín, a 29
personas y dejó heridas a 207. Ante un hecho de semejante
magnitud: un atentado contra gentes que disfrutaban con su
familia del descanso de fin de semana, el gobierno nacional
ordenó una investigación especial y prometió tener resultados en
72 horas; la Fiscalía, la Policía y el Das unieron esfuerzos para
adelantar una investigación conjunta que permitiera dar con el
paradero de los delincuentes; la curia metropolitana condenó el
hecho y ordenó que lo recaudado en una “misa de solidaridad
cristiana” se le entregara a los afectados por la tragedia; el
alcalde, Sergio Naranjo, dijo que se trataba de un hecho aislado; y
el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, pidió que se
decretara el estado de conmoción interior. Ante esa curiosa
intervención del mandatario seccional, el alcalde de la ciudad,
Sergio Naranjo, tuvo que explicar que “una medida tan drástica, se
convertiría por sí sola en otro elemento desestabilizador”, y el
representante a la Cámara, Benjamín Higuita Rivera, rechazó la
propuesta y consideró que la conmoción interior era la “antesala
para imponer la figura de los alcaldes militares”. Esa era, claro
está, la idea del gobernador.
Un mes antes, el 10 de mayo, había aplicado la medida en Amalfi,
una tradicional población del noreste de Antioquia. Los habitantes
protestaron: en ese momento se trataba de algo insólito, y su
municipio sería el único que tendría alcalde militar en todo el
territorio nacional. Pero el gobernador fue inflexible.
- ¿Cómo quieren ustedes que controle la violencia? – le preguntó a
la delegación que lo visitó para pedirle que no los sancionara -. Yo
no encuentro otra forma. Ustedes están en mitad de la zona roja y
allá hay presencia de paramilitares, de bandidos del ELN, de
narcotráfico y de delincuencia común.
- Pero, señor gobernador - le dijo uno de los delegados -, lo único
que ha sucedido en Amalfi en mucho tiempo es el atentado contra
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el anterior alcalde. Que, por fortuna, no tuvo ninguna
consecuencia qué lamentar.
- Sí la tuvo - respondió el gobernador -. Si no se trata de algo grave,
¿qué calificativo le dan ustedes a la renuncia del señor Francisco
Quintero?
- Pero eso no es tan grave como para que usted nos mande a un
militar -le dijo otro delegado -. La tarea del Ejército que se trataba
de un ha sido efectiva y desde hace un mes no se presenta ningún
acto violento.
- Pues me alegro - concluyó enérgicamente el gobernador -. Pero,
para mí, la situación sí es grave. Y es más. Donde un alcalde sea
asesinado por razones de orden público general, u obligado a
renunciar por una acción de los violentos, solicitaré el
nombramiento de alcalde militar.
De manera que pocos días después, Juan Francisco Díaz
Quiñones, capitán del Ejército, llegó a Amalfi con instrucciones
precisas.
- El presidente Samper nos dio vía libre para que acabemos con la
violencia - le explicó el gobernador -. La situación de orden público
en ese municipio es sumamente grave. Las amenazas, el chantaje,
el boleteo y la intimidación a las autoridades legítimas han
provocado serias dificultades a la administración local y han hecho
que sus habitantes entren en pánico.
El capitán asintió sin decir una sola palabra. Para él se trataba de
una orden. Y al día siguiente salió a imponer orden en un sitio
donde, según el alcalde encargado, Jesús Iván Marulanda, no
pasaba nada que sustentara semejante determinación.
- La última noticia grave que tuvimos en este pueblo – le dijo un
parroquiano al periodista de la televisión que visitó la zona - fue el
nacimiento de Fidel Castaño. Pero no vaya a decir que le dije algo
así, porque me matan. Porque Fidel Castaño Gil, el individuo que
organizó el primer ejército paramilitar financiado por los
narcotraficantes, nació en Amalfi. El periodista se limitó a reseñar
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en su crónica que “la comunidad y las autoridades creen que no
existe una manifestación de violencia abierta ni hechos
contundentes que lleven a pensar que el pueblo está cercado, o
que el Ejército y la Policía hayan perdido el control del orden
público”. Ante el nombramiento del oficial, el senador Omar Flórez
Vélez calificó la medida de “ineficaz y anticivilista”, y el
representante a la Cámara, Manuel Ramiro Velásquez, dijo que el
gobernador y el presidente habían sido asaltados en su buena fe.
Pero, ¿fue asaltado el gobernador en su buena fe? De las medidas
tomadas por él podría deducirse lo contrario.
Ante la oleada de violencia que sacudió al Urabá antioqueño en el
año de 1994, el nuevo funcionario, que se posesionó el 1° de
enero del 95, participó en una reunión promovida por los alcaldes
de la zona, la cual se efectuó en Medellín el 17 de enero. En ella,
los mandatarios municipales, recientemente elegidos, dieron
cuenta de que seguía vigente el “Pacto de Apartadó", que buscaba
llegar a un entendimiento entre los grupos políticos para buscarle
una salida al conflicto. Al recopilar los hechos recientes, las
autoridades comprobaron que la zona estaba infestada de
delincuentes comunes y de guerrilleros, que el enfrentamiento que
habían protagonizado paramilitares y miembros de las FARC y del
ELN en el norte del país parecía comenzar a trasladarse a esa
zona, y que las masacres no daban tregua: dos en los pocos días
transcurridos a partir del 1° de enero, con un saldo de once
personas muertas en Turbo y Necoclí, que las autoridades
atribuyeron a una disidencia del EPL, especie que fue rechazada
por voceros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Algunos
de los participantes dijeron que la escalada de violencia obedecía
a la inminente elección de las directivas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria del Agro (Sintrainagro), y todos
expresaron su preocupación porque la primera víctima de los
nuevos escenarios de guerra sería la población civil. Se denunció
que habían comenzado los desplazamientos masivos de los
habitantes, tanto que ya podía hablarse de un éxodo, y mientras
unos denunciaron a la guerrilla, otros dijeron que eran los
paramilitares los autores de la perturbación. Pero, en general, se
pidió que el pacto político se convirtiera en una herramienta eficaz
para garantizar la tranquilidad de la zona.
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Un día después, en Turbo, el gobernador presidió un “consejo de
seguridad”, al que asistieron siete de los nueve alcaldes del Urabá
Antioqueño, representantes de la Iglesia y políticos locales. La
alcaldesa de Apartadó pidió una “veeduría internacional” para la
zona y propuso que se emitiera un comunicado en el cual se le
exigiera a los actores armados pactar una tregua unilateral. Todos
estuvieron de acuerdo y comenzaron a trabajar en ese sentido.
Pero el gobernador no quiso entender el mensaje emitido por esa
reunión. Porque tres días más tarde lo que solicitó del gobierno fue
la autorización para crear una Unidad Antiextorsión y Secuestro,
Únase. En una reunión que sostuvo con el ministro de Defensa,
Femando Botero, se habló sobre la situación del Urabá y
concretamente sobre las denuncias formuladas por
representantes de la Iglesia Católica relacionadas con la presencia
de miembros activos de las Fuerzas Militares en masacres
dirigidas por los paramilitares. En presencia del comandante de la
IV Brigada, general Jorge Enrique Mora Rangel [54], quien tres años
después se convertiría en el comandante del Ejército, el ministro
dijo que no conocía ese tipo de hechos, y cuando se le insistió en
que el procurador de Antioquia había formulado denuncias
similares, sostuvo que debería investigarse “a fondo” para
sancionar a los responsables según el caso.
El 22 de febrero el país supo que la guerrilla había asesinado a
cinco personas en una serie de asaltos en Urabá y había atentado
contra una funcionaría judicial. Poco a poco se conoció que al
Chocó, zona tradicionalmente tranquila, habían entrado nueve
frentes guerrilleros, que se habían identificado diez bandas de
delincuentes comunes, que el frente José María Córdoba de las
FARC había declarado como “objetivo militar” a los campesinos
que colaboraran con los paramilitares, y que estos habían
declarado como “objetivo militar” a los campesinos que
colaboraran con las FARC, y que la zona estaba fracturada en dos.
Todo ello llevó al gobernador a pedirle a la guerrilla que declarara
una “tregua unilateral”. Pero no ocurrió lo mismo con los
paramilitares. La información se centró sobre los hechos violentos
54 Se le asoció con el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, y de haber tenido
vínculos con el terrorismo de Estado (paramilitarismo y banda de sicarios de “La Terraza” de
Medellín). Durante la Presidencia de Uribe Vélez, fue comandante de las Fuerzas Armadas y
luego, a su retiro, fue nombrado como titular de la embajada de Colombia en Corea.
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atribuidos a los primeros. Secuestros, extorsiones, atentados, y
asesinatos cometidos en San Pedro de Urabá, en la vereda
Aguasprietas y en Valencia, con pérdidas materiales calculadas en
2 mil millones de pesos, llenaron el espectro informativo de esas
semanas y prepararon al país para lo que habría de venir.
El primer anuncio tuvo que ver con los municipios del Valle de
Aburra. El 18 de abril el gobernador decretó un “toque de queda
para menores”. Según esa medida, a partir del 1° de mayo ningún
menor de edad podría circular libremente en Medellín, Bello,
Itagüí, Envigado, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Copacabana,
Barbosa y Girardota entre las 11 de la noche y la 5 de la mañana.
Los alcaldes de Medellín, Envigado y La Estrella, la rechazaron. El
primero dijo que el tiempo previsto para ponerla en marcha era
demasiado corto, y el segundo afirmó que era apresurada y que se
debía consultar a los padres de familia. A su tumo, el procurador
de Antioquia pidió “no maltratar a los jóvenes”, mientras que el
comandante de la Policía mostraba su total acuerdo y entusiasmo.
El segundo anuncio se originó alrededor de la visita que el ministro
del Interior, Horacio Serpa Uribe, hizo al Urabá para instalar la
“Comisión Verificadora de los Factores de Violencia” de la zona.
Durante esa reunión el gobernador Uribe Vélez dijo que “como una
contribución a la búsqueda de la paz aplazaría la creación de
cooperativas de vigilancia privada” en las que había trabajado
intensamente su gobierno. Un análisis político originado en esas
conclusiones se preguntó por qué el gobernador consideraba que
sus cooperativas eran un factor de violencia. Pero como el asunto
era apenas incipiente, pasó sin pena ni gloria. El tercer anuncio
fue del 26 de julio. Conforme a la noticia publicada por El Tiempo
el jueves 27, “el Gobierno Nacional no avalará un diálogo directo
entre representantes de la sociedad de Urabá y miembros de los
grupos paramilitares y la guerrilla, para una eventual pacificación
de esta región. “Así lo dijo ayer el ministro de Gobierno, Horacio
Serpa Uribe - añadió el periódico - durante la reunión de seguridad
que sostuvo con dirigentes políticos y sociales, representantes del
gremio bananero, comerciantes e Iglesia Católica, en las
instalaciones de la Brigada 17 de Carepa. “A pesar de que (la
noticia) les va a desagradar, quiero decir que el Gobierno no avala
una solución de esa naturaleza. Esta posición es explicable porque
algo semejante daría ocasión para que se desinstitucionalice la
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zona, que es lo contrario de lo que los dirigentes han solicitado'.
“El diálogo directo y el arreglo entre paramilitares y guerrilla en la
zona bananera antioqueña significaría la repartición de ese
territorio entre las FARC y Fidel Castaño”, aclaró Serpa. Escéptico,
el gobernador Uribe Vélez opinó que “la afirmación de Serpa no
sería obstáculo para persistir en la búsqueda de la paz”. En la
noche del sábado 12 de agosto los paramilitares asesinaron a 32
personas en Urabá, dieciocho de ellas en la pavorosa e inolvidable
masacre de Chigorodó. El país, aterrorizado, oyó cómo el
presidente de Unibán y de la junta directiva de la Asociación de
Bananeros de Urabá (Augura), Juan Felipe Gavina, le decía a
Samper durante la visita de emergencia que realizó con nueve de
sus ministros a la zona, que la preocupación de su gremio era
“exclusivamente la seguridad”. “Queremos sosiego”, dijo Gaviria,
antes de ceder la palabra al gobernador. Uribe Vélez sostuvo
entonces una tesis que acentuaría aún más sus discrepancias con
el gobierno central:
- “El Estado – dijo - debe tener absoluta firmeza y determinación
para combatir los factores de violencia y negociar con sus
principales actores cuando ellos demuestren una voluntad de
diálogo”.
En ese momento ya había redondeado su idea en torno a la
hipotética solución de un conflicto que en Colombia no se remonta
a 1948, como generalmente se ha creído, sino a dos años antes,
cuando el partido conservador llegó al poder sin la posibilidad de
ejercer una acción efectiva por cuanto era nítidamente minoritario
en las cámaras. Los conservadores, dirigidos por Laureano Gómez,
desataron una violencia extrema, lo que llevó al jefe indiscutible
del liberalismo, Jorge Eliécer Gaitán, a presidir enormes
manifestaciones en Bogotá para reclamar del gobierno de Mariano
Ospina Pérez el cumplimiento de las garantías constitucionales
básicas. Como vocero de un pueblo sumido en la angustia
provocada por la violencia del régimen, Gaitán pronunció en 1947
uno de sus discursos memorables a favor de la convivencia y del
respeto por los derechos ciudadanos, que desde entonces se
conoce como “Oración por la Paz”. Pero fue la “Manifestación del
Silencio” (febrero 7 de 1948) la que conmovió de manera más
honda la conciencia de los colombianos. En ella, cerca de cien mil
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habitantes de una ciudad que escasamente llegaba a 300 mil,
desfilaron silenciosamente hacia la Plaza de Bolívar agitando un
mar de pañuelos blancos. Gaitán habló entonces como único
orador, ante una multitud que lo oyó en absoluto silencio. Su
discurso no demoró más de doce minutos. Días más tarde, ante
una de las primeras masacres que se presentaron en esta etapa
de la violencia política en Colombia (febrero 15 de 1948),
pronunció en Manizales su “Oración por los Humildes”. El clima
era espeso. Cuando lo asesinaron, millones de personas se
volcaron sobre las calles para rechazar el crimen. En muchas
ciudades del país, no sólo en Bogotá, hubo saqueos, muertes e
incendios. El país había perdido a su más auténtico líder, y la lucha
por el poder jamás volvería a ser la misma.
¿Qué pensaba Álvaro Uribe de una violencia en la que nació, creció
y vivió desde siempre? Sus soluciones eran drásticas. Por ese
entonces (volvamos a 1994) él mismo había sufrido el asesinato
de su padre (fueran cuales fueran las circunstancias que rodearon
a ese hecho), las heridas inflingidas a su hermano y el intento de
secuestro de su hermana. Las amenazas que le llegaban a su
despacho eran casi diarias. “Usted no va a salir vivo de aquí”, le
decían. Y le encimaban cuantos términos gruesos tuvieran a mano
los criminales. De manera que él se sentía acorralado. Y cuando
alguien se siente acorralado, arranca por la calle del medio. Para
Álvaro Uribe la calle del medio tuvo dos sentidos: la organización
de las Convivir, y la intervención internacional.
Las Convivir: Álvaro Uribe, que ha sido su más caracterizado
defensor, pasa hoy por ser el autor de la fórmula. En realidad no.
Fue Rafael Pardo, ministro de Defensa de César Gaviria, quien
dictó el decreto ley para “reorganizar la seguridad privada, regular
las compañías de vigilancia y autorizar la creación de
departamentos de seguridad en empresas rurales y urbanas”.
Para ese momento el gobierno de Gaviria estaba en su declive, y la
nueva norma sólo alcanzó a entrar en vigencia. De manera que fue
Fernando Botero, primer ministro de Defensa de Ernesto Samper,
quien las puso en funcionamiento. Lo hizo mediante una
“resolución”, que fue demandada por inconstitucional. El asunto
entró entonces en el terreno jurídico que es, aparte de la guerra, el
escenario donde se cumplen - y no se resuelven jamás -, los temas
90
que interesan a los colombianos. Botero propuso que se
establecieran en todo el país llamándolas “Cooperativas de
Seguridad”, y pidió que se les dedicara a “informar a las
autoridades (Policía, Ejército, Fiscalía y Procuraduría) de las
irregularidades que se presentan en su área de acción con el fin
de facilitar la captura de los delincuentes y ayudar en la
judicialización de los procesos”. Originalmente tuvieron una
estructura elemental: una agrupación de ciudadanos, un comité
coordinador y una central privada de comunicaciones, y sólo se
habló de dotarlas con armas de corto alcance.
En un reciente debate por radio (Caracol, 05/04/02), Uribe señaló
que era Horacio Serpa, su contradictor en la campaña por la
Presidencia, quien había tenido el encargo de reglamentarlas. En
el momento en que se pusieron en marcha, Serpa era ministro del
Interior. Allí, Uribe informó que en el gobierno de Samper las
Convivir habían sido 690, de las cuales 70 se habían puesto en
funcionamiento en Antioquia. Serpa lo contradijo. Según él, en
Cartagena se opuso resueltamente a su organización, con el
argumento de que “vincular a los particulares, en contra de lo que
dice la Constitución, a una lucha militar, era absolutamente
inconveniente”. En ese momento (1994) “las famosas
autodefensas... se habían convertido en un grupo de maleantes
que asolaban al país y creaban toda clase de inconvenientes.
Hubo un gran debate nacional, y finalmente el gobierno, no el
Ministerio que yo regentaba sino el gobierno, bajo la dirección del
presidente de la República expidió una resolución mediante la
cual se permitía la existencia de núcleos de ciudadanos que, por
medio de instrumentos de comunicación, ayudaran a la lucha
contra la subversión... Después (esas organizaciones) se
convirtieron en bandas de maleantes que terminaron siendo
eliminadas por la propia ley. Lo que plantea el doctor Uribe: un
millón de habitantes vinculados a esta actividad, ya se ha probado
dos veces, y en ambas se ha manifestado como lo más
inconveniente, como lo más criminal, porque se convierten en
bandas de asesinos, en bandas punitivas que terminan
asesinando, secuestrando, etc... todo lo que pasó en diferentes
partes del país y en algunas de Convivir que se crearon en el
departamento de Antioquia”. Uribe ripostó: “Que no me venga a
decir el doctor Serpa que las Convivir de Antioquia se convirtieron
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en bandas de bandidos. Él las conoció, él fue muchas veces a
Antioquia, lo llevaron a Urabá como ministro del Interior, y allí lo
que hizo fue darles un gran apoyo. Lo que yo hice fue ceñirme
rigurosamente a la ley de la administración Gaviria y el decreto
(sic) de la administración Samper, y organizar transparentemente
a la ciudadanía para apoyar a la fuerza pública”.
Cuando surgieron las Convivir el problema fue puramente jurídico.
Pero mientras las Cortes resolvían su arduo debate, Uribe, quien
se acababa de posesionar como gobernador de Antioquia, decidió
ponerlas en marcha sin dilación. De acuerdo con Plinio Apuleyo
Mendoza, el más caracterizado periodista colombiano de extrema
derecha, las Convivir “entran con mucha naturalidad en el
esquema de Estado comunitario que se desarrolla en Antioquia. Si
la comunidad se organiza y juega un papel nunca antes jugado en
programas como la educación, la salud o la capacitación, la
seguridad también es un asunto en el cual le corresponde
intervenir” (Semana, 21/07/97). Y luego, dentro del juego
malévolo de las palabras que acostumbra Apuleyo, añade una
frase cuidadosa, con la que “vende” melosamente su idea política:
“Urabá y muchos pueblos del norte y del sureste antioqueño están
en la mira de la guerrilla. Secuestros, asaltos, asesinatos, milicias,
camiones incendiados oscurecen un panorama que, de otro modo,
resultaría cargado de luminosas promesas”. Apuleyo fomenta
certeramente el miedo. En la misma crónica sostiene que “las
Convivir no se entienden si no se reconoce una triste realidad: la
guerrilla puede estar en todas partes, lista para dar un zarpazo,
mientras que soldados y policías, venidos de Boyacá o de Nariño,
se mueven inseguros en tierra extraña. No saben en quién confiar
y en quién no. Su labor preventiva o sus acciones de inteligencia
son prácticamente nulas. En estas condiciones, quien mejor
puede prestarles un servicio y protegerse a sí misma es la
población. Tal es la idea de base que ha inspirado la creación en
Antioquia de 71 Convivir. Hay 14 en formación y se espera que
para fin de año todos los 125 municipios tengan la suya. ¿Qué
hacen? Esencialmente una cosa: cuidar el entorno. Si un
asociado, por ejemplo, ve dos hombres a la orilla del Cauca con
atarrayas demasiado nuevas, informa de inmediato: podrían ser
guerrilleros, no pescadores. En Rionegro, bonita zona salpicada de
pinos y residencias campestres, 200 asociados a las Convivir
92
protegen la zona. Cada uno, por medio de un radio portátil tan
grande como un teléfono celular, puede comunicarse con una
central a cualquier hora del día o de la noche. La central tiene a su
vez contacto de radio directo con el Ejército y la Policía y con un
vehículo que circula permanentemente por los alrededores. Basta
la menor señal de alarma para que todos los asociados acudan,
con más celeridad que la Policía, al lugar de donde provino. Los
asociados pueden portar armas de defensa personal. De esta
manera los secuestros han disminuido en un 70 por ciento. No
hay, desde luego, relación alguna de estas actividades con las que
en otras zonas del país desarrollan los llamados grupos
paramilitares o autodefensas. Las Convivir tienen personería
jurídica y sus miembros están comprometidos a respaldar la
campaña de la gobernación llamada de 'neutralidad activa'. De
hecho, no se les ha visto comprometidas en combate alguno con
la guerrilla. Se han convertido, sí, en un muro de contención para
aquella y en una fuente de vivos recelos para las ONG
internacionales. Uribe Vélez y su activo secretario de Gobierno,
Pedro Juan Moreno, las defienden a capa y espada. Por ello
mismo reciben de la guerrilla constantes amenazas de muerte.
Una cosa es cierta: la mayoría de los antioquenos, desde los
arrieros hasta los empresarios, parece contenta con el
experimento adelantado por su gobernador y no aceptaría de
buen grado que se regresara al viejo modelo político".
Pero la situación no era tan idílica. Por lo menos, no lo era para los
arrieros y los empresarios con los que no habló Apuleyo. Mientras
él escribía su crónica, la Secretaría de Derechos Humanos y
Libertades, con sede en Madrid, condenó el 29 de julio de 1997 la
visita de Uribe Vélez a España. En el comunicado que expidió esa
organización con tal motivo se dice que el “promotor de las
Convivir puso en marcha un modelo de Estado fascista, en el que
se estimuló la participación de la ciudadanía con la cortina de
humo de la generación de empleo. Con el apoyo de Harvard, dice
la organización, Uribe capacitó a 50 mil antioqueños en la
"negociación pacífica de conflictos", proyecto que sirvió de base
para crear las Convivir en 1994. "Estas cooperativas - dice el
comunicado - fueron utilizadas por los terratenientes y los
narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de 'tierra
arrasada' en numerosas zonas campesinas y en la misma capital
93
antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su
despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia en el Nudo de
Paramillo e ingresaron al eje bananero de Urabá, asesinando y
desplazando a miles de campesinos. “Para diciembre de 1996 la
gobernación reconocía la existencia de cincuenta y seis Convivir
en el mismo número de municipios. Sin embargo el Instituto
Popular de Capacitación (IPG), de Medellín, registraba la
existencia de setenta. Esta organización armada se estableció en
zonas que comenzaron a ser adquiridas por parte de
terratenientes y narcotraficantes, y coincidieron también con las
principales zonas de cultivos ilegales en el departamento (ver
Alternativa Nº 5, dic/96)".
En la consolidación del proyecto estuvo de cuerpo presente Pedro
Juan Moreno Villa. Mucho menos sutil que su jefe. Moreno mostró
la otra cara de esas organizaciones. En una carta de respuesta a
Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartado, quien el 10 de abril de
1997 le había expresado al gobernador su inconformidad con la
organización de una Convivir en su municipio, el entonces
secretario de Gobierno condena a los defensores de los derechos
humanos, a quienes califica de “ególatras”. Se trata de un curioso
documento, recuperado por Al Giordano, que vale la pena
reproducir con su puntuación y redacción originales [55]: “En
relación con el mensaje mencionado (del 10/04/97 dirigido al
gobernador), permítame demostrarle lo siguiente: cae usted en los
mismos errores cometidos por los directores de conocidas
asociaciones de defensa de los derechos humanos, en otras
palabras: «Ellos creen que son profesores de una materia que no
conocen y de la que luego piden explicaciones». Además de esto,
su egolatría protagonista la lleva a difundir un mensaje a
diferentes sectores de la sociedad, a los que usted envía su
versión incompleta y deformada de la situación. Qué mejor sería si
antes de dar su veredicto se hubiera usted tomado la molestia de
consultar, analizar, comprometerse en el diálogo y, una vez que
tuviera un criterio formado, basado en un análisis racional de los
eventos, hubiera expresado su opinión sobre el particular. Quizá
de esta manera su colaboración para alcanzar la paz sería más
efectiva. Para su información, adjunto lo siguiente: 1. Un panfleto
55 http://www.narconews.com/narcocandidato1.html
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ilustrativo sobre las Asociaciones Convivir. 2. Una carta del pasado
20 de marzo enviada al señor Vivanco de Human Rights Watch, en
la que encontrará información detallada sobre todos los tópicos
que la molestan. El comandante de la 17a. Brigada, el general
Rito Alejo del Río, podrá proveerla con detalles acerca de sus
acciones y otras dudas que pudiera usted tener sobre el tema.
Sinceramente, Pedro Juan Moreno Villa, Secretario de Gobierno”.
El tono de la carta es quisquilloso. “Aquí no se puede discrepar”.
Pero la actividad de las Convivir se convirtió en un punto de
choque. Mientras Uribe, Moreno y sus partidarios las defendían
como la panacea de la seguridad y tranquilidad públicas,
numerosas ONG’s internacionales elevaron toda suerte de
denuncias sobre su actividad. Se supo entonces que en un
determinado momento el gobernador de Antioquia les había
entregado armas de largo alcance que, ante una decisión de la
Corte Constitucional, debió recoger de forma apresurada. La
revista Business Week señaló que “estas milicias armadas
dotaron con información de inteligencia a las fuerzas armadas y
ayudaron a la policía a combatir el crimen... pero... (terminaron por
transformarse) en escuadrones paramilitares que hicieron blanco
no sólo en las guerrillas sino también en civiles sospechosos de
simpatizar con ellas”. En otras palabras, los dos hombres de
Apuleyo que encuentran los informantes “a la orilla del Cauca con
atarrayas demasiado nuevas”, en este momento deben estar
muertos. Como don Goyo, en el arroyo.
“Lo evidentemente claro de las Convivir - escribió María Isabel
Rueda en la revista Semana - es que su existencia no es tan clara:
dicho de otra manera, no es ni blanca, ni negra, sino gris”. Y para
responder una pregunta que ella misma se formula, anota las
características “blancas” y las “negras” de esas organizaciones.
Hay que reconocer que las “blancas” son mucho más endebles
que las negras. Pero, en un gran resumen, entre las “blancas”
estarían su necesidad (“las Convivir surgieron de una necesidad
de la población civil de defenderse”), la condición de su ejercicio
(“son un mecanismo legal para que la ciudadanía no tenga que
aliarse con expresiones criminales, sea la guerrilla o sean los
grupos paramilitares, para defenderse”), sus funciones (“no tienen
funciones ni ofensivas ni de ataque”), sus limitaciones (“no
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reemplazan a la autoridad, no pueden utilizar armas de fuego
salvo las catalogadas como de defensa personal, deben tener
licencia de funcionamiento”), y la respuesta que han obtenido (“si
a la guerrilla le preocupa su existencia, es porque funcionan”).
Entre las “negras” su indefinición (“artículos 39 y 42 del decreto
ley que las creó, que las hace diferentes según el armamento que
pueden portar”), su persistente incumplimiento de la ley (“de las
Convivir que tienen ya más de dos años, no hay ninguna que haya
cumplido con el requisito de renovar su permiso de
funcionamiento”), la peligrosa personalidad de sus integrantes
(“apenas a un 9 por ciento de cerca de los 10 mil hombres que
actualmente las integran se les han examinado sus antecedentes
penales”), su sinrazón política (“las Convivir son una violación del
contrato social, porque representan una manera de devolverle al
ciudadano la capacidad de ejercer la fuerza, a la cual renunció”),
su ilegitimidad (“las autoridades deben mantener el monopolio
eficaz y legítimo sobre el ejercicio de la fuerza”), la responsabilidad
del Estado (“la ineficacia de la fuerza pública y los problemas de
impunidad de la justicia no pueden convertirse en excusa para
que el Estado deje de asumir su responsabilidad constitucional de
defensa del orden social”), su presencia verdadera (“si deben
estar armadas para ayudar a la fuerza pública, ellas participan en
el conflicto armado como combatientes”), su peligro (“al contrario
de servir para remover la indiferencia de la población, convierten a
esa misma población en blanco de la insurgencia al no permitir
distinguir quiénes participan directamente en el conflicto, y
quiénes no”), y su actuación tendenciosa (“no es cierto que
carezcan de color político: fueron concebidas «para realizar
labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea 'antiguerrillera', o
sea que está señalado específicamente contra qué enemigo se
tienen que dirigir”).
Pero las Convivir tenían el cáncer por dentro. Y fue así como en
octubre de 1996 el gobernador Uribe Vélez solicitó que se dotara a
sus integrantes de armas de largo alcance, con el propósito, según
dijo, de “convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de
las Fuerzas Armadas”. El rechazo a esa solicitud fue unánime. No
sólo los sectores de izquierda se mostraron en contra. Un
conservador caracterizado, como Ramiro Valencia Cossio, señaló
96
que “la idea de armarlas desnudaba la verdadera naturaleza de
tales asociaciones”.
El gobernador se defendió: -Este año - le dijo a Semana -, hemos
recibido visitas de Amnistía Internacional y de Americas Watch, y
ninguna de las dos organizaciones ha encontrado nada irregular
en el funcionamiento de las Convivir. Desde que fueron creadas
las asociaciones sólo se ha registrado un caso de extorsión, que
fue rápidamente neutralizado. Hay consenso, en cambio, en el
papel tan positivo que han jugado en materia de seguridad. Y no
son pocos los finqueros que han podido regresar a sus fincas
gracias a ellas. Ahora bien, ¿cuándo regresaron? Regresaron, lo
afirma el gobernador, cuando las Convivir denunciaron a 75
guerrilleros del EPL y de las FARC, que fueron capturados, y
cuando, gracias a sus informaciones, se dio de baja al hombre de
confianza del cura Pérez, el comandante Juan Pablo, del ELN,
famoso por su crueldad.
Hoy, cinco años después, valdría la pena investigar cuál fue el
camino que tomaron esos 75 guerrilleros. A ojo cerrado,
cualquiera podría decir que quienes no se plegaron a la nueva
situación, están muertos. Y que los demás, la gran mayoría,
forman parte de las fuerzas paramilitares.
Respecto del orden público, el segundo punto en importancia para
el gobernador (después de las Convivir), fue el de la intervención
internacional. El 20 de febrero de 1996, ante la reunión de los
mandatarios seccionales con el presidente de la República, Uribe
lanzó por primera vez su propuesta. - En realidad no es una
propuesta - dijo el gobernador - Es, más bien, una alternativa que
puede considerarse. La noticia de primera plana en El Tiempo fue
escueta. El periódico recogió las declaraciones del funcionario
antes de entrar a la reunión: “Todos los días sé de cosas más
graves en Urabá y estoy convencido de que se necesita la
participación institucional de la población civil. De ahí mi
compromiso de asumir la política de impulsar las organizaciones
Convivir. Estoy convencido que se necesitan alternativas
extraordinarias como la de pensar en un apoyo internacional al
Ejército y a la fuerza pública regular de Colombia para poder
derrotar la criminalidad... Ante la incapacidad del Estado para
97
tutelar la vida de los obreros de Urabá, acudiendo a los
procedimientos convencionales, debe pensarse en el apoyo de
fuerzas internacionales de la Organización de las Naciones
Unidas”. “No quiero entrar en polémicas con el gobierno – terminó
Uribe - Quiero simplemente sembrar la idea, proponer este debate,
suscitar una reflexión nacional sobre este tema, ya que con los
procedimientos convencionales con los cuales hemos venido
enfrentando la criminalidad no hemos salido exitosos”.
Aunque el alto gobierno oyó esa propuesta (o alternativa) como
quien oye llover, Uribe siguió trabajando sobre ella, y ahora forma
parte de su agenda internacional. Bajo un eventual gobierno suyo,
la guerra en Colombia se verá enriquecida por la presencia de
tropas extranjeras. Es posible que jamás llegue a concretarse
semejante medida, porque, pese a todo, los mecanismos
institucionales del país siguen siendo muy fuertes. Pero ahí está,
en las insondables – e imprevisibles - obsesiones de un testarudo.
¿Cambió el panorama de la guerra durante la Gobernación de
Uribe? Muy poco. En una visita que, por invitación de la
Conferencia Episcopal, efectuó al Urabá la organización holandesa
de defensa de los derechos humanos, Pax Christi, encaminada a
decidir sobre la veeduría internacional pedida por los alcaldes,
Liduvin Zumpwole, una de las tres representantes de la misma,
señaló que “no hay voluntad de paz de los actores en conflicto; se
sigue matando a las personas y es increíble que nadie diga nada”.
Así las cosas, dijeron las delegadas, “una misión internacional de
observadores se vería impotente para trabajar en Urabá, debido al
temor y la intimidación que allí existen y que se manifiestan en la
impunidad y la ley del silencio imperantes”. “Para Pax Christi -
agregó la vocera - en la zona no se puede aplicar el término
'veeduría', toda vez que no existe un acuerdo en ese sentido entre
las partes enfrentadas. El objetivo de una misión (de esa
naturaleza) debe ser el de apoyar los esfuerzos de paz de la
población civil, tratar de iniciar un diálogo entre las partes
enfrentadas, estimular un acuerdo para que respeten el Derecho
Internacional Humanitario y denunciar las violaciones a ese
Derecho”. Sin embargo, los esfuerzos en que se empeñó la
comunidad para buscar la ayuda no militar de organizaciones
internacionales, siguieron a la orden del día. El 7 de marzo una
98
nueva misión de Pax Christie inició un recorrido el Urabá. La
presidía el obispo de Rotterdam, Adriano Van Luyn. Los delegados
se reunieron con representantes de la iglesia, con las autoridades
municipales, delegados de la Procuraduría y de la Defensoría del
Pueblo, representantes de la Fiscalía, empresarios y trabajadores,
autoridades policiales y del Ejército, comerciantes y líderes
comunales, y estudiaron la posibilidad de integrar una “Comisión
Internacional de Observadores”. “Nuestra ayuda será de
solidaridad con la población inerme. Trataremos de aportar una
forma para la reconciliación de las partes en conflicto”, dijo Van
Luyn, y anunció que esperaban “poner en práctica en Urabá la
experiencia que la organización tiene en varias regiones de
conflicto en el mundo, como el Medio Oriente, la ex Yugoslavia,
Sudán, Sudáfrica y Chechenia”.
Pero la visita no condujo a nada. Y el 26 de febrero de 1996, seis
días después del anuncio de la “internacionalización del conflicto”
hecha por Uribe Vélez, la guerrilla incendió la casa de la hacienda
Guacharacas, propiedad de su familia, ubicada en el municipio de
San Roque, y protagonizó nuevos ataques, que fueron respondidos
por los paramilitares con sevicia. En un ataque sangriento, las
autodefensas dejaron catorce parroquianos muertos en Segovia.
Ante las masacres continuadas de marzo y abril, Samper anunció
que su gobierno estaba “en pie de guerra” con la subversión,
precisó que se crearían “zonas especiales de orden público” (la
primera en Urabá), señaló que la Policía no se retiraría de ningún
municipio, y oyó impasible cómo los altos oficiales del Ejército
informaban que esa institución estaba en capacidad de ganar la
guerra. El gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, sostuvo que ante
esa noticia consideraba innecesario insistir en su propuesta de
internacionalizar el conflicto. Una vez en Medellín, Uribe se reunió
con sus asesores y resolvió que no: que el Urabá antioqueño no
sería declarado “zona especial”. ¿Por qué esa determinación? No
se obtuvo ninguna respuesta. Pero resolvió, eso sí, que se
tomarían una serie de medidas restrictivas: impidió que los
establecimientos públicos funcionaran más allá de las 12 de la
noche, prohibió utilizar motocicletas entre las 8 de la noche y las 5
de la mañana, determinó que los “parrilleros” [56] no podían usar
56 Colombianismo: Pasajeros de las motocicletas.
99
cascos, y aplicó con rigor la prohibición de vender licores a
menores de edad. ¿Suficiente para la tremenda situación de orden
público que vivía la zona? Tal vez no. Pero, según el PC, no podía
proceder de otra manera porque aún no había terminado el
avance de los paramilitares.
A finales de marzo, los hombres de Carlos Castaño llegaron al Bajo
Cauca antioqueño. Los siete municipios de esa zona denunciaron
ante las autoridades departamentales la presencia de grupos
extraños. Como “por razones de seguridad” los mensajes iban sin
firmas, se dijo que eran anónimos y ningún funcionario atendió a
esas quejas. En los primeros días de abril los paramilitares
atacaron a Valdivia, uno de esos municipios, y mataron a diez
vecinos. Luego se dejaron ver en Cáceres, donde secuestraron a
un maestro y en Tarazá, poblado en el que asesinaron a varios
campesinos, acusándolos de colaborar con la guerrilla. El 22 de
abril, personas sin identificar mataron en Segovia a quince
personas. En una noticia publicada el 2 de mayo en El Tiempo, se
dio cuenta exacta de una de las razones de esos ataques: “los
paramilitares están adquiriendo las mejores tierras de la zona y
tienen aterrada a la población civil que huye despavorida dejando
sus casas y trabajo”.
Entonces, en un nuevo mensaje dirigido al gobernador con copias
a la Procuraduría, la Personería, la oficina de Derechos Humanos y
la Cruz Roja, precisaron su indignación por la indiferencia del
Ejército y de la Policía, acantonados en dos bases militares, una en
Tarazá y otra en Caucasia, y acusaron a los alcaldes de esas
localidades de “hacerse los de la vista gorda”. Pero nada detuvo el
avance de la tragedia. El miércoles santo los paramilitares
asesinaron a diez personas, entre ellas, dos niños, que se
encontraban en el billar El Golazo, del barrio Policarpa, de
Apartado. Unos días más tarde, el domingo 5 de mayo, cuando los
vecinos de Pueblo Bello descansaban preparándose para el
comienzo de la semana, llegó la guerrilla. Una columna de las
FARC mató a nueve personas, entre ellas dos niñas, e incendió
parte del casco urbano, compuesto por 50 casas de madera y
paja. Luego, se dirigió a Alto de Mulatos, donde mató a otras siete
personas. Los relatos fueron espeluznantes. Los hombres,
comandados por “El Manteco”, sacaron a los pobladores de sus
100
camas, los amarraron y los mataron a machetazos y con disparos
en la cara. Luego quemaron los cadáveres.
El gobernador habló por radio: - El discurso de rechazo – dijo - se
nos agotó. Esta matanza demuestra que el Estado tiene una
tremenda debilidad para derrotar a los criminales. Y luego reclamó
de nuevo ayuda internacional y reiteró sus tesis sobre las
asociaciones de seguridad: - No podemos seguir rasgándonos las
vestiduras por un falso concepto de soberanía. Hay que organizar
a la comunidad en asociaciones de seguridad, porque mientras no
haya integración van a seguir avanzando los violentos. El alcalde
de Turbo repudió el hecho y anunció que se tomarían medidas.
Cuarenta y ocho horas más tarde, en Medellín, se reunió el
Consejo de Seguridad. Ante el ministro de Defensa, que lo
presidía, el gobernador insistió: - Es necesario que tropas
extranjeras se encarguen de la seguridad en la región bananera. -
La posición del gobierno nacional - dijo el ministro - sigue siendo la
misma: un rotundo no a la fórmula que implique solicitud u
ofrecimiento para la presencia de fuerzas militares extranjeras o
internacionales en Urabá. En Urabá se debe crear una “zona
especial de orden público”. Pero el ministro fue derrotado. El
Consejo acogió la idea del gobernador y le ordenó elaborar un
proyecto de cooperación internacional para la Fuerza Pública, el
cual sería presentado a las Naciones Unidas.
El 11 de mayo, sábado, Uribe anunció la creación de la primera
zona especial de orden público en el país, en los municipios de
Segovia y Remedios. De inmediato, el comandante de la Brigada
XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, asumió el control de la
región. Se dispuso que la Brigada contara con retenes para llevar
un registro detallado de todas las personas que ingresaran y
salieran de los municipios, y se la autorizó para otorgar
salvoconductos de movilización, que las personas tendrían que
portar en lugar visible. El decreto prohibió también el tránsito
nocturno de cualquier clase de vehículos, y suspendió todos los
permisos para el porte de armas de fuego, con excepción de las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía. El resto
de la historia sigue los mismos derroteros. Nuevas masacres,
nuevos crímenes, más “investigaciones exhaustivas”, más
violencia, menos espacios políticos.
101
El avance paramilitar durante la gestión de Uribe fue dramático. En
Mi confesión (Castaño, 2001, página 222), el jefe de las
autodefensas reconoce que hacia 1994 “apenas entraban” al
Urabá. Y luego dice: “Los momentos más violentos se comenzaron
a vivir en 1995 y 1996, cuando la guerra entre las FARC y el EPL
se recrudeció. Las Autodefensas aprovecharon este conflicto y
ejecutaron selectivamente a individuos colaboradores de las FARC
y el EPL, prolongándose el enfrentamiento militar entre ambas
guerrillas y nosotros hasta la extinción del EPL. Las guerras no son
limpias y ninguna puede serlo... La degradación del conflicto
alcanzó el máximo al hacerse excesivas las masacres. Se
provocaban como carambolas, un golpe incitaba otro golpe. Cada
fin de semana los grupos armados nos contestábamos entre sí
con ejecuciones masivas de colaboradores o simpatizantes...
Aquella época fue terrible para mí como persona y comandante.
Se vivía una guerra de una orda (sic) contra otra orda (sic), bestias
contra bestias. Confieso que no era capaz de ver los noticieros y
creo que allí fallecieron tanto inocentes como culpables”. Luego,
Mauricio Aranguren, quien hace la entrevista, le lee al paramilitar
las cifras de la violencia en Urabá: “Durante 1995 en Urabá los
actores armados realizaron seis masacres con un saldó de 86
muertos. Además, se presentaron 952 asesinatos en casos
aislados, inferiores a cinco individuos. La serie de masacres
comenzó después de que la guerrilla de las FARC asesinara a seis
personas, entre ellas dos soldados vestidos de civil en Apartado.
Los paramilitares contestaron con una masacre de 18 personas
en una discoteca de un barrio habitado por miembros de la Unión
Patriótica, brazo político de las FARC en Chigorodó. La respuesta
de este grupo guerrillero no se hizo esperar y estos ejecutaron a
11 personas en Apartado y 19 más en el municipio de Carepa. En
medio del estupor nacional por lo que sucedía allí, se vivieron
unos días de tregua y luego las Autodefensas de Córdoba y Urabá
ajusticiaron a seis miembros de la UP en Turbo. La cadena de
muertes concluyó el 20 de septiembre de 1995, cuando las FARC
penetró nuevamente en Apartado y perpetró la masacre conocida
como 'Bajo del Oso' donde detuvo un bus y obligó a todos los
pasajeros a bajarse, empujándolos contra el piso, amarrándoles
las manos y ejecutando a las 26 trabajadores de esa finca
102
bananera". Y lo mismo durante 1996 (“En el primer semestre de
1996 la situación no cambió...”), aunque ese año se acabó el EPL.
Pero la tragedia de Colombia se puede ver, con toda claridad, en el
testimonio del asesino confeso (Castaño, 2001, página 229): “El
Ministerio del Interior les pagó cerca de cuatro mil millones de
pesos a estos guerrilleros (del EPL) para que se reinsertaran y a la
postre ingresaran a las Autodefensas. A raíz de la crisis política del
momento la negociación favoreció al presidente Ernesto Samper,
pues se acabó la guerrilla del EPL. Seiscientos renegados de la
guerrilla se cambiaron de bando y se colocaron el nuevo
brazalete”. ¡Cuatro mil millones de pesos del patrimonio común,
para que 600 individuos abandonen un grupo criminal e ingresen
a otro, más criminal todavía!
A su tumo, el Ipec (Instituto Popular de Capacitación) señala que
en 1996, en Antioquia, “se registraron 55 masacres en las cuales
murieron 342 personas, en su mayoría campesinos. En ese
momento Apartadó registró el mayor número de masacres con un
saldo de 52 personas muertas. Le siguieron Medellín, Mutatá y
Turbo. Lo peor del caso es que en un 27.27 por ciento de las
registradas no tienen autores determinados y muchas de ellas se
habrían cometido por negligencia de las autoridades militares”.
En todos estos crímenes estuvo involucrado un conflicto de tierras
prácticamente insoluble. Durante la Gobernación de Uribe se
arrasaron los incipientes movimientos campesinos del Urabá y
creció el desplazamiento. Dos terratenientes involucrados
directamente en los conflictos fueron Javier Uribe, en la vereda
Peñas Azules, y Gilberto Arbeláez, en Guacas. El 20 de enero de
1996, ante una exigencia del ELN, el gobernador Uribe anuncia
que “mientras se desempeñe como mandatario continuará
promoviendo la creación de Asociaciones Comunitarias de
Vigilancia Rural (Convivir)”. Su posición hizo carrera. El 17 de
mayo, ante la IX asamblea de afiliados de la Asociación de
Ganaderos del Atlántico y Zona Norte (Asoganorte), Rodrigo García,
presidente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, les pidió
“empuñar las armas” en su defensa, y puso como ejemplo la
situación de Córdoba en donde “gracias a ese mecanismo, se vive
ahora un oasis de paz”. En la misma reunión, Jorge Visbal Martelo,
103
presidente de Fedegán, pidió “reformar la Constitución para dotar
a las fuerzas militares y al Estado de un marco jurídico que le
permita actuar sin el fantasma de la Contraloría o de los
organismos de derechos humanos, que parecen sólo defender los
derechos de los delincuentes”. Y Pedro Juan Moreno, en
representación del gobierno de Antioquia - dice El Tiempo – “fue
enfático en recomendar a los ganaderos de la costa atlántica 'la
conformación de las asociaciones Convivir, con el fin de reducir los
altos índices de inseguridad. Moreno dijo que en el Urabá
antioqueño fueron conformadas 32 asociaciones con 30 y 40
personas cada una. Recordó que 'no son grupos de choque sino
de inteligencia y colaboración con las autoridades’”. Pues bien. De
acuerdo con el informe del Convenio Cinep y Justicia y Paz (1998),
esos “grupos de inteligencia y colaboración con las autoridades”
participaron activamente en la escalada de violencia que vivió
Antioquia en la Gobernación de Uribe Vélez. “Por ejemplo - dice el
informe -, en el trimestre de julio-septiembre de 1996, de las
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país 104 corresponden
al departamento. En el primer semestre de 1998, las víctimas de
violaciones a los derechos humanos fueron 207 de las 668 en la
totalidad del territorio... Cifras que representan los niveles de
violencia alcanzados en uno de los departamentos con mayor
presencia de la fuerza pública y de las Convivir”. Párrafo seguido,
el Informe trae un dato revelador: “En Antioquia el proyecto de
instauración de las Convivir ha sido claramente abanderado por el
ex gobernador Álvaro Uribe Vélez incluso en contra o sin el
conocimiento de las autoridades municipales. A pesar de que los
alcaldes además de ser elegidos popularmente son los
responsables del orden público local, la creación de las
cooperativas de seguridad no les son ni siquiera comunicadas.
Muchos de ellos se enteraron de la existencia de estas
organizaciones armadas, gracias a la información de prensa, y así
lo manifestaron en carta al gobernador (Uribe) los alcaldes de San
Jerónimo, Mutatá, Copacabana, Jardín, Rionegro, Anorí, Andes,
Necoclí y Puerto Berrío”. Luego, el Cinep transcribe apartes de la
entrevista que le hizo El Colombiano al personero de Medellín,
Rafael Alberto Patiño, el 4 de marzo de 1998: “Nos tocó el período
gobernado por Álvaro Uribe Vélez - dice Patiño -, quien insistió en
una propuesta de fuerza y choque frente a la situación de orden
público que vivía el departamento. Al principio de 1995, Antioquia
104
tenía dos o tres zonas difíciles, y culminando el período de este
gobierno, el departamento todo está en guerra. La administración
municipal nunca tuvo noticia formal de las asociaciones Convivir...
Durante el gobierno de Uribe Vélez se crearon unas Convivir
ovejitas, que eran las de mostrar, a las que debía tapárseles
muchas cosas, camuflándose en ellas las Convivir lobo,
organizadas por el Ejército nacional sin tener competencia alguna.
En mi opinión, todas las Convivir que están funcionando son
ilegales”.
En el mismo informe pueden leerse algunos datos de importancia.
Por ejemplo, a raíz de la masacre de 10 personas en La Herradura,
que ocurrió el 14 de agosto de 1997, las autoridades judiciales
hicieron un allanamiento a la sede de las Convivir, donde
“decomisaron tres armas de fuego al parecer utilizadas en el
delito”. El 10 de enero de 1998, el CTI capturó a cuatro
integrantes de las Convivir acusándolos del crimen. El Cinep
reseña algunos casos similares, ocurridos durante la gobernación
de Uribe Vélez, que valdría la pena reproducir. “La Fiscalía regional
de Medellín llamó a juicio a Juan David González Quiceno,
integrante de la mayor cooperativa comunitaria de vigilancia rural
del departamento de Antioquia, la Acepal, por su presunta
responsabilidad en el homicidio agravado de dos indigentes:
Giovanni Alberto Fiórez Manco y Juan Bernardo Ossa Marín,
abaleados el 11 de noviembre de 1997 en el atrio de la iglesia de
La Veracruz de Medellín. “En agosto de 1997 fueron capturados
ex miembros de las Convivir Los Girasoles y de la Convivir Acepal
cuando fueron sorprendidos en el momento en que asaltaban dos
camiones. Otros tres integrantes de estas organizaciones fueron
sorprendidos cuando recibían una alta suma de dinero producto
de una extorsión. Además, existen marcadas sospechas de la
posible participación de miembros de la Convivir Los Girasoles en
el asesinato de ocho personas en la ciudad de Medellín. Por lo
anterior se le suspendió la personería jurídica a las mismas. “En la
Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia fue radicada una
diligencia del fiscal delegado, quien luego de estudiar una serie de
denuncias presentadas ante su despacho, observó la presencia y
conformación de un grupo de justicia privada en el municipio de
Amagá, que extiende su radio de acción a otros varios municipios
del suroeste antioqueño, que irrumpen en la población en
105
vehículos con hombres fuertemente armados que se dedican a
desaparecer jóvenes y campesinos de la región. Este accionar
criminal se le atribuye a la Convivir Cooperativa Las Garzas,
integrada básicamente por ex policías de ese municipio. “En el
mes de septiembre de 1996 se entregó a la Fiscalía el reconocido
paramilitar José Alirio Arcila Vásquez, quien en sus diferentes
manifestaciones ante las fiscalías de Medellín y Bogotá afirma
haber sido integrante de la Cooperativa Convivir Los Sables
perteneciente al municipio Ciudad Bolívar ubicado al suroeste
antioqueño, donde era el segundo hombre al mando, bajo la
dirección del ex capitán del Ejército Ciro Alfonso Vargas, y entre los
meses de enero y mayo de 1996 reconoce haber participado de
manera conjunta con los grupos paramilitares en la comisión de
más de 40 homicidios entre los meses de enero y mayo de 1996.
El mismo paramilitar afirma que la Convivir del municipio de
Amaga, de nombre Las Garzas, al mando del sargento Castro,
entregó a los paramilitares una lista con más de 60 nombres,
fotografías y direcciones de personas señaladas como
colaboradores de la guerrilla, quienes fueron asesinadas. El
confeso paramilitar agrega que de la acción conjunta entre las
Convivir y los paramilitares al mando de Carlos Castaño, tenían
pleno conocimiento el mayor del Ejército de la IV Brigada de
Medellín de apellido Clavijo, el mayor Óscar Zuluaga y el sargento
del B-2 de inteligencia Miguel Salinas, porque en varias
oportunidades se reunieron con el señor Carlos Castaño para
planear ciertos homicidios de defensores de derechos humanos.
Ha dicho igualmente ante las autoridades, que el señor Castaño
se encuentra detrás de las Convivir a las cuales financia. El 29 de
octubre, un juez regional de Antioquia condenó a Arcila Vásquez, a
seis años de prisión. “Al señor Luis Alberto Villegas Uribe, fundador
y presidente de la Cooperativa Convivir El Cóndor, con sede en el
corregimiento de San José del Nus del municipio de Maceo,
Antioquia, se le impuso medida de aseguramiento consistente en
la detención preventiva por colaboración con actividades de
grupos paramilitares en el sector. De las pruebas recaudadas por
la Fiscalía consta que el señor Villegas es un ganadero de la
región, quien se encargaba de la recolección de cuotas para el
funcionamiento de las Convivir y de dar información a los grupos
de autodefensa. También se presume su participación en la
coordinación de algunas masacres ocurridas en la zona del
106
nordeste antioqueño. Al parecer, en los vehículos de las Convivir
se desplazaban los miembros de las autodefensas y todo indica
que no sólo el señor Villegas Uribe tenía relación con los grupos al
margen de la ley sino también miembros de la fuerza pública de
los municipios de Santo Domingo, Maceo y San Roque y los
corregimientos de Cristales y San José de Nus... “Investigaciones
adelantadas por la Fiscalía de Medellín indican que los señores
Óscar Restrepo Silva y Henry de Jesús Restrepo López, integrantes
de la Convivir Las Guacamayas, operan permanentemente con
paramilitares del Magdalena Medio y narcotraficantes, se les ve
fuertemente armados, y mantienen relaciones de amistad con el
estado mayor de la brigada de Puerto Berrío y con la Policía. A los
mencionados se les sindica de la muerte de Hilder Alfonso
Corredor Rivillas y Gabriel Antonio Monsalve Salazar, en hechos
ocurridos el día 27 de junio de 1995. El día 29 de julio del mismo
año son asesinados Elías Alberto David Jaramillo y Hernando Abad
Martínez, y se involucra en esas muertes a Óscar Restrepo y a
Félix Gaitán, miembro de la misma Convivir... “Otro declarante
señala que esta misma Convivir es la responsable de la muerte de
Darío Aguinaga y de la desaparición de un joven apodado Toto', y
afirma que al señor Restrepo y a los otros miembros de las
Convivir se les ve patrullando permanentemente con alias Moreno,
alias Conejo y alias Condorito, reconocidos paramilitares del
Magdalena Medio. “Otro declarante con reserva afirma ser testigo
del hecho de que la Convivir Las Guacamayas ha llevado
paramilitares a la zona, los entrenan en Caño Baúl, Santander,
durante tres meses, y luego comienzan a operar bajo las órdenes
de Félix Gaitán. Que la mayoría de los miembros son reservistas y
que el señor Restrepo es el encargado de pagarles. Que la
mencionada situación se incrementó desde cuando asignaron al
general Faruk Yanine Díaz como comandante de la XVI Brigada,
cuando los carros entraban a la Brigada se abastecían de
remesas y salían para los campamentos de las autodefensas. El
mismo testigo cuenta que él me llevado a trabajar a la finca del
señor Salomón Valencia, pero una vez allí se dio cuenta que era la
base de un grupo paramilitar y al poco tiempo se le advirtió sobre
la presencia del señor Félix Gaitán, paramilitar del Magdalena
Medio, quien visitó la finca fuertemente escoltado y agrega que
llevaron una señora y tres muchachos, los torturaron, a la señora
le rasparon el estómago y con motosierra partieron a los otros
107
tres. A los pocos días mataron dos jóvenes menores de edad. A
uno le decían 'Pollo' y el otro respondía al nombre de Carlos.
Después mataron a un anciano trabajador de Félix Gaitán porque
decía que este era mafioso. Con estos hicieron polígono, después
los destrozaron con la motosierra y los metieron dentro de unos
costales. “El mismo testigo advierte que la XIV Brigada es parte del
grupo porque entran y salen de las fincas de Valencia y Gaitán.
“En un informe de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigación
se asegura que la acción conjunta de los paramilitares y la
Cooperativa Convivir Las Guacamayas, además de las acciones ya
referidas, son culpables de la muerte de Luis Alfonso Martínez,
Alfonso Peláez, Darwin Cifuentes, Miguel Amariles, Ramón
Agudelo, Francisco Toro y Henry Jiménez Arroyabe. El informe
ratifica que los integrantes del grupo paramilitar son en su
mayoría los mismos miembros de la Convivir en cuestión, de la
cual hacen parte Carlos Gómez, Rogelio Becerra Carmena,
Teódulo Palacios Rentaría, Rafael Díaz Palacios, Luis Alberto
Arrieta, Salomón Valencia y Algiro Tamayo, quienes gozan de
pleno respaldo de las autoridades locales, de la Policía y del
Ejército. “En el curso de la investigación se reciben otras
declaraciones con reserva de identidad que continúan narrando
diferentes hechos de sangre contra más de 30 campesinos,
cometidos por grupos paramilitares en asocio de la Convivir Las
Guacamayas, no sólo en Puerto Berrío sino además en los
municipios de Maceo, San Roque y el corregimiento de Cisneros...
El 19 de marzo de 1997 el capitán del Ejército Ernesto Camacho
les manifestó que tenía conocimiento de que estaban colaborando
con la Fiscalía y 'que ya tenían gente para que los tiraran al río'...
“El 2 de diciembre de 1996 ejecutaron extrajudicialmente a
Walter Balaguera, Filiberto Ruiz y Fair Gualdrón, estos últimos en
presencia de sus seis hijos, el menor de 8 años de edad. De las
muertes se sindica a presuntos muertos de la Convivir Renacer...
“El 4 de febrero de 1997, integrantes de un grupo paramilitar con
apoyo de unidades del Batallón Contraguerrilla No 43, adscrito a
la XTV Brigada y miembros de una cooperativa de seguridad
Convivir, quienes portaban armas de corto y de largo alcance,
algunos con capuchas, incursionaron en la inspección de policía
de San Francisco y durante más de cuatro días detuvieron
arbitrariamente a 40 campesinos, entre ellos a quince menores de
edad, a quienes sometieron a tratos crueles y amenazas verbales,
108
y torturaron al campesino Antonio. Al abandonar la población,
ejecutaron extrajudicialmente a cuatro campesinos, a quienes
descuartizaron y castraron, llevándose consigo a otro campesino
cuyo paradero es desconocido”. Todo ello en algunos pocos meses
de la larga gobernación de Uribe Vélez, quien en numerosas
ocasiones ha dicho que de las Convivir que se organizaron bajo su
mandato sólo dos “tuvieron problemas”.
En el reportaje que le concedió a Patricia Lara, y que fue publicado
el 6 de abril 145 en Lecturas Dominicales de El Tiempo, el
candidato rechaza la afirmación de la periodista, quien ha dicho
que “las (Convivir) que no se disolvieron se transformaron en
paramilitares”, y sostiene que eso no ocurrió en Antioquia. Allá,
dice, “las controlamos. Nunca fueron clandestinas. Procuramos
que estuvieran bien dirigidas y que fueran verdaderas empresas
de seguridad para el campo. Hubo problemas en dos de ellas. Las
sancionamos y a una le cancelamos la personería”. En los
informes de la Fiscalía que recoge el Cinep se mencionan ocho
Convivir. La diferencia es significativa. Como el hecho de que
Salvatore Mancuso [57], actual “comandante” militar de las
Autodefensas, haya formado parte de una de esas organizaciones,
como lo demuestra el informe de labores de la Superintendencia
de Seguridad (1996), donde se lee (página 63) que a la Convivir
que lleva el nombre de dicho individuo, se le entregaron quince
sub ametralladoras, quince pistolas de 9 mm., y quince fusiles.
Sobre ese dato todavía no se ha pronunciado el candidato. Cuando
Uribe se retira de la Gobernación las cifras relacionadas con la
seguridad son dramáticas. De acuerdo con datos de la Policía
Nacional, en Antioquia sólo dos índices disminuyeron levemente:
piratería terrestre y delitos contra la vida y la integridad personal.
Los demás, delitos contra el patrimonio económico, casos de
terrorismo, entidades oficiales o privadas afectadas por terrorismo,
57 Salvatore Mancuso Gómez: Líder narco-paramilitar sindicado por las autoridades italianas de
estar vinculado a la tenebrosa mafia calabresa, ‘Ndranghetá, y de ser su enlace en Colombia para
el tráfico de cocaína hacia los mercados europeos. El 28 de julio de 2004 Mancuso y otros dos
líderes paramilitares tuvieron la osadía de hacer presencia en el Congreso para leer discursos y
ser escuchados por los congresistas, sin que estos ni el gobierno Uribe Vélez hubiera impedido
tal infamia. Mancuso es propietario de inmensas propiedades agroganaderas al norte del país y
una de sus haciendas limita con “El Ubérrimo”, una de las propiedades rurales del Presidente
Uribe Vélez.
109
secuestro extorsivo, hurto calificado a residencias y hurto a
entidades financieras, se dispararon sin control alguno.
En el folleto de promoción de su campaña presidencial, se lee
textualmente que “la política de seguridad (del gobernador Álvaro
Uribe), con apoyo a la fuerza pública y colaboración transparente
de la ciudadanía, redujo el secuestro en un 60 por ciento y las vías
fueron transitables”. Por el contrario, en los cuatro años el
secuestro aumentó en un 268 por ciento, a un promedio de 67 por
ciento anual. Sobre las demás cifras, silencio absoluto. La
campaña de Uribe para la Presidencia de la República se inició en
firme la noche del 29 de abril de 1999. En un banquete que
congregó a mil quinientas personas, el candidato les rindió
homenaje a los generales Femando Millán y Rito Alejo del Río [58],
llamados a calificar servicios cuando se les acusó de tener nexos
con grupos paramilitares. Frente a una mesa donde tomaban
asiento los más caracterizados voceros de la extrema derecha:
Jorge Visbal, presidente de Fedegán; Harold Bedoya, ex general y
ex candidato; Pablo Victoria, congresista en trance de
desaparecer; Femando Londoño [59], abogado del ex ministro
Femando Botero, condenado por enriquecimiento ilícito a favor
propio; Plinio Apuleyo Mendoza, ex izquierdista converso; Hernán
Echavarría Olózaga, empresario de azulejos; Fernando Devis
Morales, presidente de Augura [60]; y Pedro Juan Moreno. Uribe
Vélez pidió que se dialogara de igual a igual con las guerrillas y con
los paramilitares, y precisó que respetaba el fuero presidencial
para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas, pero
discrepaba que esa prerrogativa se le traspasara a las fuerzas
insurgentes.
María Isabel Rueda, en Semana afirmó que “todo el mundo” había
interpretado que “la asistencia de Álvaro Uribe a ese banquete
correspondía a la búsqueda del escenario apropiado para lanzar
su candidatura presidencial, o por lo menos, su sonoro regreso a
la vida política nacional”. Y El Tiempo, siempre tan acomodaticio,
reseñó el acto bajo un título significativo: “Uribe, ¿en el lugar y
58 Ver: “Paramilitar para paramilitares”,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paramilitares.html
59 Más tarde, durante el primer gobierno de Uribe Vélez, sería su primer ministro del Interior.
60 Asociación de Bananeros de Colombia.
110
hora equivocados?". Ocho días más tarde Rueda, periodista
cercana a las tesis del candidato, indicó que era un error que “un
presidenciable como Álvaro Uribe se ubique tan tranquilamente en
una postura que de ninguna manera consulta la realidad nacional.
Es tan grave convertirse en idiota útil de la guerrilla, como en
idiota útil de la tendencia de un poder autoritario en el seno de
nuestras Fuerzas Militares”. Y, luego de oír el discurso de Uribe,
añadió: “Lo que a mi parecer no le quedó claro fue finalmente qué
era lo que pensaba: ¿al fin no, o al fin sí? Porque en su discurso
fue enfático al afirmar que el banquete era un acto de homenaje,
pero también uno de protesta, porque asegura que 'lo grave de
esta ocasión es que la solicitud atendida proviene de la
insurgencia, con base no en providencias de la justicia de Estado
sino en sus prevenciones, prejuicios y estrategias', siendo así que
un párrafo antes había dicho que 'aunque hay determinaciones
que duelen y se deploran, su aceptación, llana y simple, en el
estamento armado, es indispensable como premisa del orden
democrático', y porque asegura en su discurso que se debe
reexaminar el concepto, y lo escribe en mayúsculas, de hacer la
paz en medio de la guerra, lo que sólo conduce a la conclusión de
que es mejor hacer la paz en medio de la paz, y a la sensación de
que nos están dando un consejo medio bobalicón”. En ese
entonces, Rueda, como muchos otros observadores, pensaba que
la paz era un proceso serio en el que se debían comprometer a
fondo todas las fuerzas vivas del país. Pero el estruendoso fracaso
de la propuesta de Andrés Pastrana, que mostró en el curso de
pocos meses sus deleznables pies de barro, llevó a que un grupo
humano desesperado y acosado por los escenarios de la
hecatombe y por sus crueles protagonistas, diera un vuelco de
180° y se reuniera en tomo a un hombre que, desde el comienzo,
le apostó al fracaso del proceso de paz. ¿Por qué? Tal vez porque
esperaba que todos termináramos por damos un porrazo, para
sacar de su cubilete de mago una propuesta más cercana a su
forma de ver el mundo: un proceso de guerra.
111
CAPITULO V
Álvaro Uribe, pacificador de Urabá
Algunos tienden a creer que, al igual que ocurre con la guerrilla, los
paramilitares no son un Estado dentro del Estado sino que son el
Estado.
En una entrevista con Newsweek (04/04/02), Salvatore Mancuso,
su “comandante” militar, sostuvo que en el norte del país, donde
ellos dominan en territorios que equivalen dos y tres veces a la
superficie de Portugal, han tenido que armarse y defenderse y
construir escuelas y clínicas “porque el Estado ha fallado en
cumplir con sus deberes constitucionales”. Contra esa tesis
facilista se han expresado distintos voceros de la mal llamada
“sociedad civil”. “El Estado colombiano - dice Eduardo Posada
Carbó en su ensayo sobre “El lenguaje del conflicto en Colombia"
(Posada, 2001, 36) -, a pesar de sus imperfecciones, es
representativo de amplios y significativos sectores de la sociedad
nacional en niveles que marcan contrastes notables con quienes
le disputan tal autoridad. Su legitimidad se pone periódicamente a
prueba, y por lo general se renueva en esas ciclos electorales que
limitan de cualquier forma el mandato democrático de sus
sucesivos gobiernos - una variable adicional en su ya compleja
estructura -. Se trata demás de un Estado cuyos esfuerzos
reformistas deberían merecer mayor crédito. Muchos de sus
críticos siguen empecinados en referirse al régimen restringido del
Frente Nacional (1958-1974) como origen de todos los males
presentes, como si, primero, la elección popular de alcaldes
introducida en 1986 y, después, la Constitución de 1991 no
hubiesen introducido cambios - sutiles y drásticos - en la
estructura del poder político en Colombia. Cambios que vinieron
acompañados de un proceso de paz cuyos buenos éxitos también
merecen mayores reconocimientos. Como consecuencia, el Estado
y la política colombiana han adquirido en la última década una
mayor complejidad y dinámica, poco apreciada por el lenguaje
generalmente obsoleto de nuestros formadores de opinión... Es
importante subrayar la necesidad de revisar tan arraigados
estereotipos sobre el Estado colombiano. En ellos se origina gran
112
parte de la confusión intelectual que existe sobre la naturaleza del
conflicto".
Claro está que nadie le pediría a Mancuso una discusión teórica
sobre el particular. Pero lo cierto es que él y sus 8 mil hombres
(que al final del año 2002 serán, según sus propias palabras,
cerca de 26 mil), ejercen sobre el territorio un poder que sólo
puede discutirse desde un punto de vista formal. El 13 de
diciembre del 2001, el presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, Claudio Grossman, expresó en
Bogotá “su preocupación por la violencia desatada por los grupos
de autodefensas, reflejada en la ejecución de masacres,
asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamiento
masivo, como consecuencia de las llamadas limpiezas sociales”.
En una conferencia de prensa, Grossman, quien señaló que
“subsisten indicios graves que dan cuenta de la cooperación de
agentes del Estado con los grupos de autodefensas”, habló
coloquialmente del problema: “Hay autores confesos de actos
graves contra civiles – dijo -, que se desplazan por todo el país
concediendo entrevistas a los medios de comunicación y hasta
toman tinto en lugares públicos de poblaciones como
Barrancabermeja, como si nada hubiera pasado”.
En el exterior tiende a creerse que la violencia paramilitar obedece
casi que exclusivamente a razones de preeminencia territorial, y
así se expresa con relativa frecuencia. Pero no. Un caso dramático
es el de los reinsertados del ELN, que se reunieron en 1994
alrededor de la Corriente de Renovación Socialista (CRN). Sus
integrantes han sido eliminados de manera sistemática. La lista
completa de los antiguos guerrilleros la conocen tanto el gobierno
como las Fuerzas Armadas.
Hace poco, esas ejecuciones extrajudiciales tuvieron un nuevo
episodio. El 3 de marzo del 2002, un grupo de paramilitares
torturó y asesinó a cinco campesinos cerca de la finca “La
Galleta”, en Montebello, Antioquia. Los antecedentes del crimen
tienen que ver de manera estrecha con el proceso de paz en
Colombia.
113
Al terminar la administración Gaviria, el gobierno y un grupo de
guerrilleros del ELN firmaron un acuerdo: estos últimos dejaban
las armas, y el primero les facilitaba su reincorporación a la vida
civil. En desarrollo del mismo, siete familias compuestas por
antiguos miembros del ELN recibieron la finca “La Galleta”, donde
crearon la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. Dentro de ese
grupo figuraban Uberney Giraldo Castro, John Jairo Muñoz Zapata,
Leonel Pascual Sánchez, Pastor Jaramillo Cadavid, José Evelio
Gallo Gallo, Guillermo León Calle Giraldo, Guillermo León Valencia
Agudelo, José Aristizábal, Fabián Tamayo Gil, Heriberto de Jesús
Londoño Sánchez, Juan Julio Sepúlveda Agudelo, Mario de Jesús
Muñetón y Nelson Alfredo García Giraldo. Sus problemas
comenzaron el 23 de enero del año 2000. A las 4:30 de la
mañana de ese día, un grupo de paramilitares fuertemente
armados, que vestían uniformes del Ejército Nacional, llegaron a
“La Galleta”. Los individuos pintaron insignias y letreros alusivos a
su organización, gritaron que en esa finca vivían los autores de las
“pescas milagrosas” ocurridas en la Glorieta Don Diego (ubicada
entre los municipios de El Retiro y la Ceja), sacaron a los
campesinos de sus casas, los amenazaron y retuvieron a
Guillermo Adolfo Parra López, director del colegio rural, a Wilfredo
Cañaveral, hijo del presidente de la junta de Acción Comunal, a
José Evelio Gallo, a Ubemey Giraldo Castro y a John Jairo y David
Muñoz Zapata. Al terminar el asalto, destruyeron o robaron varios
elementos y les advirtieron a los moradores que seguir en la finca
sería para ellos “muy peligroso”. En la vereda El Cairo, ubicada
entre Montebello y Santa Bárbara, le dieron muerte a Parra López
y dejaron en libertad a los hermanos Muñoz con la orden de que
avisaran que los demás retenidos serían asesinados. El cadáver
de Wilfredo Cañaveral apareció en La Ceja. Días después se supo
de los otros dos secuestrados, cuando el Ejército convocó a una
rueda de prensa para informar que dos miembros del ELN habían
sido dados de baja en Carmen de Viboral en enfrentamientos con
las tropas regulares. Los medios pudieron comprobar que los
presuntos guerrilleros no eran otros que José Evelio Gallo y
Ubemey Giraldo. Los cadáveres vestían prendas de uso privativo
de las Fuerzas Militares. En su informe, los militares dijeron que
“los subversivos portaban una sub ametralladora mini-uzi con
silenciador, dos proveedores para la misma, granadas de mano y
minas antipersonales” y que pretendían dinamitar una torre de
114
energía en la vereda La Madera, del Carmen de Viboral. El Ejército
trasladó los cuerpos a la morgue del Carmen donde se practicó la
diligencia de inspección de los cadáveres por parte de la Fiscalía.
El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) comprobó que Giraldo y
Gallo habían sido torturados. Por la noche, desconocidos
violentaron los candados de la morgue y sustrajeron los cuerpos.
En las paredes dejaron inscripciones del frente Carlos Alirio
Buitrago del ELN. Los pobladores de “La Galleta”, aterrorizados,
empezaron a abandonar la región.
Dos meses después, el Ejército realizó prácticas bélicas en “La
Galleta”, hostigó de nuevo a sus moradores y los amenazó. En el
transcurso del año 2001, Antonio Serna, administrador de La
Galleta, testigo de los hechos, fue asesinado, y Jairo Hernando
Sánchez, hijo de uno de los socios, secuestrado y desaparecido. La
investigación que inició la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía llevó a que la entidad ordenara la captura del coronel
Miguel Ángel Sierra Santos, comandante del grupo mecanizado
Juan Del Corral, del capitán Carlos Alirio Buitrago Bedoya, del
sargento segundo Emigdio González Patemina, de los cabos
primeros Jesús Humberto Blandón Vargas y Sandro Femando
Barrero, y de los soldados Yamil Escórela, John Jairo Giraldo,
Alfonso Mercado, Ricardo López y Diego Quiceno. Luego dictó
medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra
los dos cabos primeros, y en noviembre los calificó como
“coautores responsables de los delitos de homicidio agravado en
concurso y de secuestro extorsivo”. Los demás implicados aún se
encuentran vinculados al proceso. La Procuraduría les adelanta
una investigación disciplinaria. Este año se presentó un nuevo
episodio. El viernes 3 de marzo un grupo paramilitar ingresó a las
casas cercanas a “La Galleta” y retuvo a Salomón Castañeda, a su
hijo Mauricio Castañeda (padre y hermano de Enoc Castañeda,
antiguo trabajador de la finca), a Abelardo Ríos y a otros dos
campesinos de la región. Ese mismo día aparecieron los cadáveres
de todos ellos, con evidentes signos de tortura. Ese fue uno de los
casos que dieron pie para que la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU, Mari Robinson, afirmara el 21 de
marzo en Ginebra que “La impunidad de que disfrutan los
responsables de las acciones paramilitares y la limitada eficacia
115
del Estado a la hora de combatirlos explica en gran medida la
fortaleza cada vez mayor de estos grupos”.
El panorama del paramilitarismo en Colombia es angustioso. Para
comenzar, está en manos de una serie de locos. Un testimonio
impresionante es el del filósofo francés Bernard-Henri Lévy sobre
su visita a Carlos Castaño. Aunque extenso, vale la pena leerlo en
su integridad. Lévy, un intelectual reconocido mundialmente,
ofrece un testimonio sustancialmente distinto del que han dado
los periodistas colombianos que han entrevistado al jefe
paramilitar, que han encontrado siempre a un hombre discreto,
casi encantador, que recibe la comunión de manos de un cura
católico (Aranguren, 2001, 193) después de confesar los peores
crímenes que se hayan cometido en Colombia en mucho tiempo.
El artículo de Lévy fue publicado en XXX el 6 de junio del año 2001
bajo el título “Las guerras olvidadas, 4. Colombia”. La traducción
es de José Manuel Vidal. Y dice: “Carlos Castaño, alias Rambo, es
el otro actor principal de esta guerra. También él, a la cabeza de
un auténtico ejército, reina en los estados de Urabá, Sucre,
Magdalena, Antioquia, Cesar, Córdoba, Cauca y Tolima, sobre
territorios todavía más vastos, donde se le imputan crímenes
horribles. “No me presenté ante él como periodista. A través de
diferentes canales le mandé decir que era 'un filósofo francés
trabajando sobre las raíces de la violencia en Colombia'. Al cabo
de varios días, recibí un telefonazo, fijándome una cita para el día
siguiente en Montería, la capital de Córdoba, el estado donde tuvo
lugar la matanza de Quebrada Nain. Montería. Un toyota. Un
chofer mudo. Y tres horas de malas pistas, en dirección a Tierra
Alta. Finca Milenio, Finca El Tesoro... Las aldeas de Canalete,
Carabatta, Santa Catalina... Estamos en el corazón de la zona de
los finqueros, esos grandes propietarios que, en los años 80,
fueron los que crearon estas Autodefensas de Córdoba y Urabá,
que, ahora, se llaman paramilitares, el embrión del ejército de
Castaño. “Estamos, si mis deducciones son buenas, en el límite
sur de Córdoba y de Urabá, por donde pasa la línea del frente con
las FARC. “El Tomate, un pueblo con su estadio de fútbol
aplastado por el calor, sus billares, su gallería para los combates
de gallos. Y, de pronto, un gran portalón de madera y otro y otro.
Tiendas, cabañas de colores caqui, un garaje de jeeps, una
116
pancarta gigante: «La mística del combate integral», un tejado de
caña, bajo el que están reunidos una treintena de hombres con
sombreros tipo ranger, hombres blancos, algún negro, un intenso
tráfico de armas que transportan de una tienda a otra y, en medio
de este inmenso campamento, en el umbral de la tienda más
grande, rodeado de hombres en uniforme y con armas, un
pequeño personaje nervioso, muy delgado y que me dice, a guisa
de presentación: Carlos Castaño. “- Entre, señor profesor. “No hay
ironía en su voz, sino, más bien, una consideración por aquel que
él piensa que es una autoridad universitaria que viene a visitarle a
la selva. “- Yo soy un campesino. Todos aquí somos campesinos.
Con un gesto sencillo y casi como disculpándose, señala a los
comandantes que tomaron asiento, como nosotros, alrededor de
una mesa. “- Quiero decírselo inmediatamente. Lo que a mí me
interesa, aquello por lo que me levanté, hace 20 años, contra las
FARC, es la justicia. Soy un hombre justo. “Habla rápido, muy
rápido. Sin darme ocasión de plantearle preguntas. Tiene una voz
juvenil que no tiene nada que ver con el uniforme, los galones, y la
boina que lleva en la cabeza. "- Díselo tú, Pablo, dile que soy un
hombre de justicia. “Pablo, que está a mi lado, lo dice. Coloca su
sombrero sobre la mesa y confirma que el señor Castaño es, en
efecto, un hombre de justicia. “- La droga, por ejemplo. “Es él el
que aborda, de inmediato, la cuestión de la droga. “- No quiero
causarle daño a este país. Me sienta mal hacerle daño. Pero, ¿qué
puedo hacer yo, si este conflicto está vinculado a la droga y si no
se puede entender en absoluto si no se piensa continuamente en
clave de droga? “Los comandantes opinan de nuevo. “- Pero,
atención. Donde se plantea la cuestión de la justicia es en que
nosotros no somos los traficantes. Le prohíbo decir que somos
traficantes. Sólo estamos detrás, protegiendo los campesinos que
cultivan. Porque, ¿qué se puede hacer cuando una tierra es estéril
y sólo se puede cultivar eso? ¿Es que vamos a prohibirle a los
paisanos que se ganen la vida? Le observo que habla como Ríos y
como las FARC. “- No. También le prohíbo que diga eso. Porque la
diferencia es que nosotros, con los beneficios de la droga,
hacemos el bien. El Bien. ¿Por dónde ha venido usted? ¿Por la
ruta de Tierra Alta? ¡Nosotros somos la ruta de Tierra Alta! Es con
el dinero de la droga con el que hemos hecho la estupenda
carretera de Tierra Alta. “Carlos Castaño se calienta y se embala.
El sudor le cae sobre el rostro. Hace grandes gestos y despliega
117
una energía considerable para que entienda perfectamente que
es él el responsable de esta ruta y que es un hombre de Justicia. “-
¿Me explico? “- Claro que sí, perfectamente. “- ¿Tú crees que
entiende? “- Sí, jefe, parece que entiende. “La verdad es que cada
vez le veo más excitado. Con nervios. “- La injusticia me vuelve
loco, loco. Le pongo otro ejemplo. El ELN. Las negociaciones con
el ELN. Y esa idea de darles también a ellos una zona. ¿Cómo es
posible que Pastrana, el presidente Pastrana, pueda pensar en
entablar negociaciones con el ELN, que es una organización de
secuestradores, asesinos y torturadores? “Le hago caer en la
cuenta de que su organización practica, también ella, los
atentados ciegos contra los civiles y, sobre todo, contra los
sindicalistas, esta misma semana, sin ir más lejos. Se sobresalta.
“- ¿Atentados a ciegas nosotros? Jamás. Siempre hay una razón.
Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. Por eso
los matamos. “- ¿Y el jefe de los indios de Alto Sinú? ¿También
impedía trabajar a la gente el pequeño jefe indio que había bajado
a Tierra Alta? “- La presa, impedía el funcionamiento de la presa.
“- ¿Y el alcalde? Me dijeron en Tierra Alta, cuando hacía la ruta de
Quebrada Nain que, justo antes de las elecciones, las
Autodefensas asesinaron al alcalde. “- Lo de los alcaldes es otra
cosa. Nuestro trabajo consiste en llevar el poder a los
representantes del pueblo. Cuando hay alguien en Córdoba que se
obstina en querer presentarse en contra de nuestra voluntad, le
amenazamos. Es verdad, le mandamos una advertencia, como es
normal. “- Sí, pero a este alcalde en concreto no sólo lo
amenazaron, sino que lo mataron... “- Porque robó dos millones a
la ciudad. Y, después, acusaba a otros. Hacía recaer en otros la
responsabilidad de sus robos. Corrupción y mentira juntas. Era
demasiado. Por eso hubo que ser implacable. Y además... “Se
toma un respiro. Después, con una voz estridente, casi femenina y
como si estuviese en posesión de la irrefutable prueba de la
culpabilidad del alcalde, añade: “- Además, llevaba un chaleco
antibalas. Así de simple. “La conversación dura dos horas y
siempre en este tono. Castaño habla tan rápido ahora, con una
voz tan aguda, que me tengo que inclinar cada vez más a menudo
hacia mi compañero, para que me repita lo que ha dicho. Habla
del presidente Pastrana, al que respeta, pero que no le respeta y
eso le desespera. De Castro, que ha castrado a su pueblo, y esta
imagen le hace reír con una risa de demonio. De todos esos
118
militares, expulsados del Ejército, que, como los generales
Mantilla y Del Río, se pasan a las Autodefensas. Pero, ojo, con una
condición, porque él les pone una condición, para no volverse
loco: que no hayan sido expulsados por corrupción. “Habla de la
injusticia y otra vez más de la injusticia. De la letanía de injusticias
y de disfuncionamientos del Estado. Pero allí está él, Castaño,
para suplir al Estado desfalleciente. El es su brazo, su servidor fiel
y no correspondido. Y, por fin, habla del crimen de Quebrada Nain
y de todos los crímenes que se le adjudican a sus sicarios. Y no
suelta ni una palabra de arrepentimiento. Lo máximo que concede
es que, a lo mejor, su ejército quizá haya crecido demasiado
deprisa y que en la matanza de la que le hablo 'les faltó [sic]
profesionalismo'. “Pero lo que repite una y otra vez es que, si un
hombre o una mujer tienen aunque sólo sea una vaga vinculación
con la guerrilla, dejan de ser civiles, para convertirse en
guerrilleros vestidos de civil y, por lo tanto, merecen ser
torturados, degollados, o son merecedores de que les cosan un
gallo vivo en el vientre en lugar de un feto... “Carlos Castaño tiene
cada vez más calor. Y está cada vez más febril. Este olor de
supositorio que invade la tienda... Esa forma que tiene de
sobresaltarse cuando oye un ruido... “- ¿Qué pasa? “- Nada, jefe,
es el generador, que se ha vuelto a poner en marcha. “Y su
manera de gritar, cada cinco minutos: 'Un tinto, Pepe, un café'. Y
un soldado, aterrorizado, se lo lleva. Y él vuelve a hablar a un ritmo
endiablado. Un último cuarto de hora para gritar. Y después se
calla, se levanta y se calla. Titubea un poco. Se agarra a la mesa.
Me mira con una mirada tan fija que me pregunto si no está
sencillamente borracho. Se repone. Me ofrece una gran cartera
negra, repleta de discursos y de videos. Sus lugartenientes están a
su lado. Sale, dando tumbos, bajo el sol de mediodía. Un
psicópata frente a unos mafiosos. Una historia llena de ruido y de
furor contada por bandidos o por este guiñol asesino. “Una parte
de mí me dice que siempre ha sido así y que los observadores más
sagaces siempre han descubierto a los gordos animales
perentorios, faroleros, hinchados de su propia importancia y
poder, que reinaron sobre el infierno de la Historia de los tiempos
pasados: el grotesco Arturo Ui, de Brecht; el pobrecillo Laval, de
Un castillo al otro; García Márquez y su caudillo; la desnudez fofa
del Himmler de Malaparte, en Kaputt... “Pero otra parte de mí no
puede deshacerse de la idea de que hay aquí, en cualquier caso,
119
un cambio, una degradación energética, una caída. No puedo
dejar de pensar que jamás se había visto una guerra reducida a
este enfrentamiento de magnates y de monigotes, de clones y de
payasos. El grado cero de la política. Es el estadio supremo de la
bufonería y el estadio elemental de la violencia descamada, sin
disfraz, reducida al hueso de su verdad sangrienta. Incluso los
monstruos se desinflan cuando se terminan las épocas
teológicas”.
Es esta gente la que tiene en sus manos a Colombia. Con el dinero
que obtienen de la comercialización de cocaína, le pagan 180 mil
pesos mensuales a sus 14 mil efectivos, construyen malos
caminos como el de Tierra Alta, educan a sus hijos en Europa y
compran el más sofisticado armamento que sea dable encontrar
hoy en el mercado de armas. Poco antes de las elecciones para el
Congreso celebradas en marzo, Salvatore Mancuso, el alter ego de
Castaño, declaró a la AP que la confrontación en Colombia será
todavía peor y que su organización se prepara para esos nuevos
episodios mediante el entrenamiento de nuevos militantes. Según
él, las autodefensas comenzaron hace diez años con 850
individuos, y a finales del año 2002 tendrán 12 mil más, para
completar un ejército de 26 mil. El Ejército regular está compuesto
por XXX soldados. En la entrevista Mancuso se define como “él
primero entre iguales”, rechaza la calificación de “terroristas” que
les ha dado el gobierno de los Estados Unidos, e invita a
funcionarios de ese país a visitarlos en sus campamentos para
que comprueben que los paramilitares son “un grupo surgido de la
necesidad de defenderse uno mismo”. “Estamos recomendando a
la gente a quién votar”, dijo Mancuso. Y vaticinó que por lo menos
el 30 por ciento del Congreso quedaría en sus manos. Esa cifra fue
ampliamente superada. El 12 de marzo del 2002, El Tiempo
reprodujo un comunicado de Mancuso en el que anuncia el éxito
de los paramilitares en esas elecciones. “Podemos afirmar – dijo -,
con los datos a la mano, que la meta original del 35 por ciento ha
sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las
AUC”. Se supone, en consecuencia, que no menos de 90
congresistas hayan sido auspiciados y elegidos por los
paramilitares. Estos grupos, según el periódico, “no apoyan
directamente a ningún candidato presidencial, aunque no ocultan
120
su simpatía por el derechista Álvaro Uribe, líder en las encuestas
de preferencia electoral".
Sobre el particular, Newsweek [61] le preguntó a Uribe: “Algunos
colombianos ven en usted al candidato favorito de los grupos
paramilitares”. Y él contestó: “Nunca me he reunido con ningún
miembro ni de las fuerzas paramilitares ni de la guerrilla. (El jefe
paramilitar) Carlos Castaño ha dicho claramente que no me
conoce. Una vez, hace muchos años, me reuní con (el jefe militar
de las AUC Salvatore) Mancuso, cuando era un ganadero, pero no
he vuelto a hablar con él desde que se unió a los paramilitares”. Y
luego, cuando el periodista insistió sobre el tópico, afirmó: “No voy
a responderle a eso. Si tengo vínculos con los grupos
paramilitares, ponga una demanda ante las autoridades que
correspondan”.
¿Tiene Uribe vínculos con los paramilitares? La respuesta no es
fácil. En una interesante apreciación sobre el problema político de
Colombia y sus protagonistas, el profesor César López Ocampo, de
la Universidad Nacional, sostuvo el 29 de enero del 2002 que no
participa de “la consabida táctica macartista, tan común entre los
grupos radicales izquierdistas, que se han dado a la tarea de
desprestigiar a Álvaro Uribe Vélez, endilgándole inexistentes
vínculos con grupos paramilitares o presuntas políticas
complacientes con estos sectores, eventualmente llevadas a cabo
durante la época en que se desempeñó como gobernador de
Antioquia. Creo que quienes así actúan lo hacen de mala fe, pues
lo cierto es que más allá de hacer correr rumores, nunca han
podido demostrar que ello haya sido cierto. Es más: muchos de
esos que tanto criticaron la conformación de las famosas
cooperativas de seguridad rural Convivir, con el argumento de que
eran ejércitos privados al servicio de ganaderos y latifundistas, en
no pocos casos han estado prestos a solicitar autorizaciones para
conformar personales guardias armadas, con el argumento de que
no confían en la seguridad que les puedan garantizar los cuerpos
legítimos del estado. ¡Que curioso! Este ha sido también el
argumento de los sectores que han apoyado el paramilitarismo en
el país... ¿y no fue acaso también éste el argumento de Tiro Fijo,
61 http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/uribe.html
121
Sangre Negra, Chispas, Tarzán y otros cuantos 'comandantes', así
como también el de las agrupaciones políticas que los 'adoptaron',
al momento de justificar la existencia de las así llamadas
'repúblicas independientes' (Marquetalia, El Pato, Guayabero, Río
Chiquito, etc.)? Me resisto a aceptar la doble moral de quienes
consideran ético y justo tener un arma para su defensa, pero
consideran inmoral e injusto que el vecino también tenga una,
solamente porque el primero considera que él sí es bueno, pero
que su vecino no lo es. Personalmente me encuentro al lado de
quienes creen que los civiles no debemos estar armados, y me
duele, por ejemplo, que a la entrada del edificio en donde habito
haya un 'celador' armado que la administración contrata
privadamente. La seguridad que me puede brindar ese celador
debería brindármela la policía, pues ésta es su función y para ello
pago impuestos e igualmente los pagan mis conciudadanos. Pero
sé que así no son las cosas, por ello mismo me motivo a luchar
porque en un futuro así sean; también por ello no comparto la
tesis de que la solución al conflicto armado sea la de armar a los
civiles, ni siquiera de la de educarlos en el manejo de las armas,
así la intención sea solamente la de prestar colaboración armada
a la fuerza pública. En este punto es claro entonces que no
comparto las tesis del doctor Álvaro Uribe. Sin embargo, me es
claro también que su planteamiento tiene, en el marco de la
realidad actual del país, una lógica válida, como lo es la necesidad
de restituir la confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública. Y si
bien en este último aspecto pudiera estar de acuerdo, lo cierto es
que creo firmemente en que esa confianza debe fundamentarse
en el carácter civilista de la fuerza pública, no fomentando una
mentalidad guerrerista en los civiles".
Sin embargo hay algunos indicios que muestran por lo menos un
comienzo de entendimiento entre Uribe y Mancuso y su grupo de
asesinos. En efecto, el candidato tiene una hacienda de
ochocientas hectáreas en Córdoba, ubicada a 45 minutos de
Montería, donde levanta más de 1.500 cabezas de ganado. Es a
ella a la que se refiere en su entrevista con Patricia Lara,
publicada en Lecturas Dominicales de El Tiempo el 6 de abril de
este año: “A pesar de que se dedicó a la vida pública – dice Lara -,
nunca abandonó dos de sus profesiones de reserva: adiestrador
de caballos criollos y buen administrador de fincas. Por eso, una
122
de las primeras cosas que hace a diario, después de trotar una
hora y de relajarse con yoga, es llamar al administrador de su
hacienda de Córdoba para preguntarle cuánta leche ordeñó,
cuántos temeros negoció, de qué peso y a cómo”. Esa propiedad,
es el comentario general en la región, está vigilada por
paramilitares de Mancuso, dueño a su vez de la hacienda vecina.
Un buen administrador de fincas cuida juiciosamente los linderos.
Se pasa una vaca, le corren una cerca, se agota una acequia,
cualquier cosa. Y si el buen administrador de fincas es la persona
que, ad portas de la Presidencia de Colombia pregunta cuánta
leche ordeñó el mayordomo, es de suponer que se enterará de que
dos toros medio cimarrones rompieron un alambrado y se pasaron
a la propiedad de don Salvatore. ¿O no? Y si don Salvatore es un
buen administrador de fincas, como parece que es (“se convirtió
en ganadero después de estudiar en Bogotá”, dice Newsweek, al
contrario de lo que hacen los malos administradores, que se
convierten en contabilistas o pilotos o gigolós después de estudiar
en Bogotá), pues se entiende que entre los dos se hablen para
resolver su asunto. ¿O no? Es posible que no. Pero también es
posible que sí, máxime si la comunicación entre ellos es frecuente.
Porque lo es. La mantienen a través del actual gobernador de
Córdoba, Jesús María López Gómez, y de Eleonora Pineda, cuya
candidatura a la Cámara de Representantes apoyó el jefe
paramilitar con todo su entusiasmo. Durante la campaña, las
fotografías de El Meridiano de Córdoba mostraron la estrecha
cercanía entre Pineda y Uribe Vélez. Este juego de dominó no tiene
pierde. Dos va con dos y cinco con cinco, y hacia cada uno de los
lados hay un as que quiere ser presidente. Sólo que este dominó
está pésimamente jugado. Y lo mantienen también gracias a Jorge
Honorio Arroyabe, diputado a la Asamblea de Córdoba, y
propietario de uno de los aviones privados que utiliza el candidato
en sus giras. Arroyabe es hermano de Mario Arroyabe, un exitoso
hombre de negocios que le vende helicópteros a Mancuso. En
marzo del año 2002 se habían dado palabra sobre la compra de
tres de esos aparatos, cada uno por la suma de cinco millones de
dólares. A Álvaro Uribe lo protegen veinte y más guardaespaldas.
Menos en Córdoba. En su hacienda, a la que va con alguna
frecuencia (la última vez en XXX), los vecinos lo ven cuando,
“meditando en esas cosas de la patria” se hunde en el horizonte...
solitario. Desde hace años, él mismo lo afirma, no ha visto a su
vecino: “¿Conoce a 'Marulanda', a 'Gabino' o a Castaño?”, le
pregunta Patricia Lara en su reportaje en El Tiempo . Y él
responde: “No. Mi padre llegó en 1961 a unas tierras entre
Antioquia y Córdoba y hace años vi a Mancuso, cuando era un
simple finquero en Montería. Pero no hablo con la guerrilla ni con
las autodefensas”. Sin embargo, la actividad en el filo de la navaja
que Uribe desarrolla en este terreno no siempre ha pasado
desapercibida. Una clara alusión a la simpatía con la que el
candidato mira a los paramilitares aparece en el folio 66 de
Asfaddes, seccional Bogotá. Allí se lee que, siendo gobernador de
Antioquia, Uribe Vélez reintegró en 1997 a dos funcionarios suyos,
acusados por la Fiscalía como presuntos asesinos de los
estudiantes Jorge Iván Alarcón y Edgar Augusto Monsalve. El
gobernador, señala el informe, se interesó personalmente por la
suerte de los implicados y sostuvo de viva voz la necesidad de
liberarlos. En el tomo II de Colombia Nunca Más - Crímenes de
Lesa Humanidad, un libro cuya publicación, en noviembre del año
2000, fue respaldada por la Unión Europea, la tarea de Uribe Vélez
aparece reseñada entre las páginas 563 y 566.
La congresista Eleonora Pineda sale del Capitolio
Nacional acompañada por el paramilitar Salvatore
Mancuso Gómez, el 28 de julio de 2004.
123
124
En la entrevista con El Tiempo varias veces citada (21/04/02), el
candidato desvirtúa la seriedad de la publicación. “¿Cómo explica -
le pregunta el periódico - que ONG's en Europa denuncien líos de
tierras entre su familia y campesinos, y lo acusen a usted de
masacres de labriegos?”. “¿Cómo se explica - contrapregunta el
candidato sin responder - que me denunciaron por haber
asesinado a sindicalistas de la gobernación de Antioquia que
están vivos? ¿Por qué? El país ha tenido una diplomacia
guerrillera desacreditando todo lo que se les opone. Extiendan
esta investigación a las zonas campesinas, donde he intervenido.
Pregunten en Maceo, Antioquia, sobre la finca de caña que mi
padre y yo entregamos amigablemente a un sindicato de
trabajadores en junio de 1979. Sin embargo, en Europa, con unas
ONG, la guerrilla alteró tres años la fecha de la muerte de mi
padre para vinculamos a una masacre por recuperar esa tierra”.
Pero El Tiempo no se ha distinguido jamás por su arte de la
contrapregunta. De manera que lo deja salir por la tangente y se
limita a plantearle otro asunto: “- El ELN quemó Guacharacas, la
finca de su familia, ¿no? “ – “Siendo gobernador, año 85, el ELN
incendió esa finca y mató al administrador. Hubo un robo masivo
de semovientes. ¿Qué tuvo que hacer mi familia? Abandonarla y
malvenderla. Como la guerrilla decía que yo era paramilitar, le
pedí a la Fiscalía: "Por favor, investiguen. ¿Con qué resultado? Un
fallo inhibitorio".
El informe patrocinado por la Unión Europea, que no es cualquier
ONG, es diciente. De él ya hemos citado varios apartes. Tal vez
valga la pena reproducirlo aquí en su integridad. La redacción es la
original: “La represión a la organización campesina cobró entre
sus primeras víctimas al sacerdote Jaime Restrepo (enero/88) y a
la hermana Teresa Ramírez (febrero/89) junto con muchas
personas más. Estos crímenes ejecutados por grupos
paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública serían el
comienzo de una etapa en la cual se intensificarían las acciones
del paramilitarismo en la región, atacando especialmente a
quienes reivindicaban el derecho a la tierra, bajo el pretexto de
considerarlos agentes de la insurgencia. Fue así como las
agresiones se dirigieron en contra de la población campesina
organizada y en especial de sus líderes. “La lucha por la tierra
125
mantenida por los campesinos durante las décadas anteriores, en
este período comenzó a tener algunos logros, al conocerse
algunas resoluciones judiciales de extinción de dominio en
beneficio de algunas familias campesinas integradas a esta lucha.
Un ejemplo fue la finca San Antonio, del corregimiento de
Cristales, en cuyo caso fueron entregados títulos de propiedad a
los campesinos. La propiedad de esa hacienda pertenecía antes a
Julio Vélez, al parecer familiar del ex gobernador de Antioquia
Álvaro Uribe Vélez, quien fuera el mayor promotor del
paramilitarismo bajo la forma de las Asociaciones Convivir. “A
mediados del 93 se intensificó la acción del paramilitarismo y a
partir del 95 aún más, por medio de masacres, hasta que por
último estos grupos tomaron directamente el control del territorio.
Lo anterior coincide con fallos, jurídicos a favor de los campesinos.
“Desde 1995 aumentaron intensamente, los asesinatos selectivos
y las masacres. Según un testimonio: «masacraban, se iban, hasta
que a lo último ya entran es a tomar directamente el control desde
la región de San Roque y los municipios aledaños, Santo Domingo,
Caracolí, Cisneros, Yolombó”. “El desarrollo del paramilitarismo en
esta región se dio con el apoyo y patrocinio de terratenientes y de
políticos de la región, quienes siempre rechazaron la organización
campesina. “Un ejemplo es el caso de la finca Guacharacas,
propiedad de la familia Uribe Vélez, ubicada en el municipio de
San Roque, la cual se ha considerado como un epicentro de la
violencia desatada contra la población. La finca ha sido objeto de
acciones de la guerrilla, incluyendo el intento de secuestro de
Alberto Uribe Sierra (padre de Álvaro Uribe Vélez) hecho que
termina con su muerte. La finca Guacharacas, al parecer, fue
prestada inicialmente para el funcionamiento de una base militar
de la XIV Brigada (Batallón Palagua). Posteriormente, al
desmontarse esa base militar, continúa la acción de la
insurgencia, pero se conforma allí una base de paramilitares.
Según lo describe un testimonio 'Ahí hay una cuestión que entra
un grupo insurgente, se toman eso, queman la finca, se llevan un
ganado, y es cuando viene la represión contra el campesino en la
región'. “Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia en
1995, estuvo involucrado en casos de conflicto de tierras. Su
período de gobierno coincide con la arremetida paramilitar sobre
la población campesina en toda esa región. Por otro lado este
funcionario fomentó y apoyó abiertamente las Asociaciones
126
Comunitarias de Seguridad, Convivir, grupos que en lugar de
proteger, se constituyeron en grupos armados que respaldaron
una contra-reforma agraria en beneficio de terratenientes, de
narcotraficantes y del desarrollo de megaproyectos; estos grupos
en lugar de contribuir a la disminución de la violencia, por el
contrario aumentaron las cifras de víctimas por violación de
derechos humanos, con intensa actuación de los grupos
paramilitares. “Para diciembre de 1996 la gobernación reconocía
la existencia de cincuenta y seis Convivir en el mismo número de
municipios. Sin embargo el Instituto Popular de Capacitación (IPC),
de Medellín, registraba la existencia de setenta. Esta organización
armada se estableció en zonas que coincidieron con tierras que
comenzaron a ser adquiridas por parte de terratenientes y
narcotraficantes, coincidiendo también con las principales zonas
de cultivos ilegales en el departamento. “Otro aspecto que agudizó
el drama de los pobladores de la región fue la declaración de los
municipios de Segovia y Remedios como Zona Especial de Orden
Público, decisión del gobierno departamental de Álvaro Uribe
Vélez... El fin era contener la ofensiva guerrillera, pero los efectos
necesariamente se revirtieron a las comunidades, restringiendo
políticamente la libertad y agudizando la situación
socioeconómica. Esta política contrainsurgente, mezclada con
intereses particulares se tradujo en aumento de los atropellos de
los militares contra la población civil y coincidencialmente en
aumento de las incursiones paramilitares. Fue así como se realizó
el exterminio del movimiento campesino y se presionó a la
población para que se polarizara apoyando las acciones
paramilitares; por consiguiente se acrecentó el fenómeno del
desplazamiento de los habitantes de la región. “Otros
terratenientes involucrados en conflictos por la tierra y de los que
se tiene referencia, son Javier Uribe en la vereda Peñas Azules, y
Guacas, de un abogado Gilberto Arbeláez; estos también figuran
involucrados en conflictos de tierras recuperadas por la lucha
campesina. “Las incursiones paramilitares se incrementaron a la
par con la represión del Ejército hasta ir quedando la región bajo
un total control militar y la misma denuncia de los crímenes se fue
convirtiendo en actos heroicos de alto riesgo. En la vereda San
Antonio se le dijo a la población 'ni modo de denunciar, porque
nosotros venimos directamente pagados por el gobernador de
Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez; nosotros somos
127
directamente mandados por él'. “Hacia 1996 se intensificó la
persecución paramilitar. Se dice que Gerardo Montoya Molina,
alcalde del municipio, estimulaba a los pobladores a apoyar la
conformación de grupos de seguridad privada Convivir, que en
definitiva eran grupos paramilitares. Los operativos los
comenzaba el Ejército, en especial grupos contraguerrilla, con
patrullajes y hostigamientos periódicos; estos amenazaban a los
pobladores diciendo 'no nos digan nada a nosotros; díganselo a
los que vienen mas atrás; esos no van a llegar a preguntarles;
ellos van a llegar a darles directamente en la cabeza si no dicen
nada'. Cuando se retiraba el Ejército, a los dos días llegaban los
paramilitares en camionetas, en cantidad de 80 a 100 hombres
armados, llevándose el ganado, quemando las casas,
amenazando de muerte y cometiendo los crímenes. “De esta
manera se llevó a cabo el desplazamiento de las comunidades de
las veredas del municipio de San Roque, y los pocos que
permanecieron, quedaron a la merced de los designios de estos
grupos paramilitares. “La complicidad del Ejército ha sido tan
clara, que en el corregimiento Cristales el paramilitarismo vivía
haciendo las leyes, al igual que e resto del municipio. Cristales
queda a 45 minutos en carro del casco urbano de San Roque,
donde el Ejército permanecía acuartelado".
Al preguntarle por las denuncias de la Unión Europea, Uribe Vélez
contestó: “Una lástima que se publiquen libros basados solamente
en la guerrilla. Mis familiares Vélez son muchísimos pero hasta
hoy no conozco uno solo que se llame Julio, con finca en Cristales
y promotor de paramilitares. Mi padre, mis hermanos y yo, nunca
hemos tenido conflictos de tierra; hemos sido empresarios del
campo con espíritu cristiano. En junio de 1983 la FARC asesinaron
a mi padre en la hacienda Guacharacas, hirieron a mi hermano y
una maestra evitó el secuestro de mi hermana. En 1995, el ELN
incendió la finca, asesinó al administrador y hubo un robo masivo
de semovientes; mi familia la abandonó y malvendió. Por solicitud
mía en 1995 la Fiscalía investigó nuestro comportamiento en la
región y dictó un auto inhibitorio a mi favor. La zona de orden
público de Segovia la decreté a instancias de la Fiscalía para que
el Ejército evitara una nueva masacre paramilitar, Introdujo orden
público pero no cercenó libertades. Las Convivir buscaron
128
organizar a la ciudadanía para apoyar la fuerza pública y los
detractores les imputaban toda suerte de delitos".
Sin embargo, las masacres no se evitaron. Durante su gestión se
desarrolló la llamada Operación Retorno, que provocó en el Urabá
la muerte de más de un centenar de miembros de la Unión
Patriótica, partido legalmente constituido que agrupaba a gentes
de la izquierda democrática y a ex guerrilleros reinsertados.
En su libro Poder Capitalista y Violencia Política contra las
Alternativas Populares y Democráticas en Colombia, Luis Alberto
Mata contrasta esa agresión con la respuesta que le dio Uribe
Vélez a El Tiempo el 3 de febrero del año 2002: “Hoy Urabá - dijo
el candidato - es una zona donde hay una gran convivencia entre
el empresariado y los trabajadores”. Esa convivencia se logró, sin
lograrse, sobre el cadáver de miles de personas.
Sin que importe mucho su origen, las masacres se dieron una tras
otra en una región acorralada por el terror. El 8 de agosto fue
asesinado el alcalde de San Carlos. El crimen no se pudo atribuir
sino a las “fuerzas oscuras”, porque en la zona tenían asiento
guerrilla, paramilitares, delincuencia común, e inclusive, dice la
noticia publicada en El Tiempo al día siguiente, “efectivos del
Ejército y de la Policía”. Las autoridades locales dijeron que
desconocían la existencia de grupos de seguridad privados en la
zona. Y eso no es todo. Los indígenas zenúes, de Necoclí, fueron
desplazados de sus regiones por “fuerzas oscuras”. El 12 de
agosto hubo 18 muertos en Chigorodó, a manos de “fuerzas
oscuras”. El 29 del mismo mes “fuerzas oscuras” mataron a
diecisiete trabajadores del banano en Carepa. A raíz de la misma,
el gobernador Uribe Vélez participó en Apartado en una “Semana
por la Paz y la Convivencia” durante la cual un experto
internacional dictó un cursillo a alcaldes, personeros, maestros y
dirigentes gremiales sobre “resolución de conflictos”.
Ahora bien, los conflictos no se resolvieron. Y las “fuerzas oscuras”
siguieron haciendo de las suyas. El 14 de septiembre seis
miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados a machete en
Turbo. A raíz de ese crimen, el ministro del Interior, Horacio Serpa,
y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tuvieron una diferencia
129
fundamental. Uno y otro se reunieron en Apartadó con los alcaldes
de la zona para recibir las conclusiones de la Comisión Facilitadora
de Actores de la Violencia. Dentro de estas figuraba, en primera
línea, una según la cual “la solución negociada es la única salida
para el conflicto en Urabá. Todos los esfuerzos deben dirigirse a
ese objetivo”. El documento añadía que “los grupos violentos
deben respetar las normas del derecho internacional humanitario,
en especial del Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra”,
sugería la “creación de zonas neutrales donde se proteja a los
pobladores que no hacen parte del conflicto armado, y de una
zona sanitaria asistida por miembros de la Cruz Roja
Internacional, para ayudar a los combatientes heridos o a la
población enferma o que haya desertado”, pedía la “creación de
un organismo internacional de veeduría, para observar el
cumplimiento o infracción del derecho internacional humanitario”,
e insistía en la “búsqueda de un mecanismo de acercamiento de
los grupos en conflicto, con mediación de la iglesia Católica y de
las Organizaciones No Gubernamentales”. El ministro Serpa
sostuvo entonces que “los diálogos entre autoridades regionales
con guerrilleros y paramilitares constituyen una solución facilista
que el gobierno nacional no respaldará porque conducirán a la
convivencia, no entre los ciudadanos, sino entre los actores que
están por fuera de la ley”. “Hablar con los guerrilleros es fácil, -
dijo el ministro -. A la vuelta de la esquina uno encuentra un
contacto. Hablar con los paramilitares también es facilísimo: a la
vuelta de la otra esquina se encuentra otro contacto. Pero ¿qué
pasará con los jueces? ¿Y qué va a pasar con los alcaldes del
futuro, quienes no van a tener la capacidad espontánea de
participar en las actividades comunitarias y las órdenes llegarán
en papelitos?”. Para terminar, Serpa dijo que “el gobierno
presentó un plan de paz a los grupos alzados en armas, a través
del diálogo útil que permita instancias de reconciliación, y a las
autodefensas se les han ofrecido salidas jurídicas mediante el
sometimiento”. Uribe Vélez no estuvo de acuerdo. Dijo que la
solución estaba en los diálogos regionales. “No se trata de buscar
paz y salvos ni se trata de quedar bien con la guerrilla ni con las
autodefensas. El proceso para construir soluciones para llegar al
diálogo regional tendría como objetivo no el convivir con los
violentos, sino buscar la paz en la región sobre la base de que
ellos se comprometan a observar rigurosamente la Constitución y
130
las leyes”. Sin embargo, el 20 de septiembre, a raíz de una
masacre que dejó como saldo 26 muertos en la zona bananera de
Urabá, el gobernador denunció ante la ONU a sólo una de las tres
o cuatro partes de las “fuerzas oscuras”: a las FARC. La tragedia lo
movió a incrementar el pie de seguridad y a sentenciar que era
“necesaria la cooperación ciudadana para la captura de los
criminales y para interceptar sus fuentes de abastecimiento
económico y logístico”. “Este crimen merece el repudio de la
humanidad”, dijo.
Todo crimen merece el repudio de la humanidad. Por ejemplo, el
crimen de organizar a los ciudadanos para que entren
masivamente en el conflicto. Desde hace algunos años, en
Colombia se ha tejido una cadena, con cinco eslabones
fuertemente atados: MAS, Autodefensas, Convivir, paramilitares,
narcotráfico. Curiosamente, y por distintas razones, Álvaro Uribe
aparece de manera sistemática cuando alguien trata de
aproximarse a cualquiera de ellos. Como pariente y amigo de los
Ochoa, y también como funcionario de la administración Turbay en
un cargo que era esencial para el desarrollo de los propósitos del
narcotráfico: el de director del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil, Uribe debió enterarse de que la conformación
del MAS, “Muerte a secuestradores” (Arrieta et. al., 1991,214)
“surge dentro del marco de democracia restringida que
caracterizó al gobierno de Turbay y se puede definir como la
búsqueda de mecanismos organizados y coordinados de control
militar por parte de los narcotraficantes sobre sus intereses
económicos estratégicos (su propia seguridad y la de sus
propiedades), dentro de un contexto de ilegalidad. Esta estrategia
les permitió crear vínculos más sólidos que los del soborno con
algunos sectores de las Fuerzas Armadas debido a la coincidencia
en el anticomunismo y en la ubicación de otros enemigos
comunes”. Es en ese terreno ambiguo entre la política y la
delincuencia común donde se desenvuelven muchos procesos
colectivos en Colombia. La lucha contra el comunismo, convertida
en bandera desde el año de 1930, ha reunido a su alrededor a los
más tenebrosos actores sociales, sin que el Estado y los estratos
pudientes se den cuenta de que esos amigos tienden a convertirse
con facilidad en sus peores enemigos. Así pasó con los
Autodefensas, que en poco tiempo pasaron a ser organizaciones
131
manejadas por los capos de la mafia que ejecutaron sus peores
crímenes apoyándose en sus efectivos. A su tumo, las Convivir,
que tuvieron - y tienen - en Uribe Vélez su principal defensor, han
sido denunciadas por las asociaciones internacionales de defensa
de los Derechos Humanos que, torpemente, tratan de desvirtuarse
en el país como “brazos desarmados de la subversión
internacional”. A propósito de una desafortunada declaración del
gobernador Uribe Vélez, Amnistía Internacional lo rectificó con
energía: “El gobernador de Antioquia - escribe desde Londres
Susan Lee, directora del Programa América de ese organismo -
(Semana, octubre de 1996) asegura que Amnistía Internacional,
en su reciente visita a Colombia, no encontró nada que objetar en
cuanto a las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural
(Convivir)... Muy por el contrario de lo señalado por el señor Uribe
Vélez, la organización considera el surgimiento de las Convivir
como un hecho muy preocupante dentro del contexto de los
derechos humanos en Colombia y del aumento de la actividad
paramilitar, y así lo señalamos en diciembre de 1994 cuando el
gobierno colombiano lanzó el Plan Integral de Seguridad Rural,
que incluía la creación de las Convivir. En dicha oportunidad.
Amnistía Internacional expresó su preocupación en el sentido de
que dichos grupos podrían convertirse en el vehículo ideal para el
crecimiento y legitimación disfrazados de los grupos paramilitares.
Dichas organizaciones ofrecen a los grupos paramilitares la
oportunidad de constituirse en entes legítimos; lo que crea el
peligro de que continúen con su estrategia paramilitar bajo un
manto legal... Amnistía Internacional teme que el resultado final
de esa labor de 'vigilancia rural' no sea otra cosa que una
repetición de la historia: la formación, nuevamente, de grupos de
autodefensa moldeados por las fuerzas armadas para asumir un
papel central en la guerra sucia. La colaboración entre los grupos
paramilitares y las fuerzas armadas ha sido ampliamente
documentada en casos de violaciones a los derechos humanos
investigados por nuestra organización y por organismos oficiales
colombianos como la Fiscalía General de la Nación. A pesar de
que las autoridades aseguraron que las Convivir solo recibirían
armamento 'en circunstancias excepcionales', muchas de esas
asociaciones no sólo están ya fuertemente armadas sino que
cuentan con armamento para uso exclusivo de las fuerzas de
seguridad. La declaración dada por el señor Uribe Vélez a su
132
revista en el sentido de que 'se dotará a las Convivir con armas de
largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de reacción
inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas', es sintomática del
grado de presión que existe para convertir a dichas asociaciones
en un ambiguo recurso de creación estatal, cuya forma de operar
se acerca a la de los grupos paramilitares. El 'derecho legítimo a la
autodefensa', preocupación genuina de la ciudadanía colombiana
que vive los efectos de la violencia en el país, no puede ser
confundido con la creación, fomento, apoyo y dirección de grupos
paramilitares destinados a la guerra sucia: el asesinato,
'desaparición' o tortura de aquellos bajo sospecha de ser
colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, los integrantes de
organizaciones legales de izquierda, o aquellos que tengan la
mala fortuna de constituir un impedimento ante grandes intereses
económicos que recurren a la acusación de 'subversivo' para
ponerle fin radical al problema. La falta de medidas efectivas por
parte del Estado colombiano para garantizar la seguridad de la
ciudadanía no justifica la creación de organizaciones que puedan
conducir a la legitimación de la violencia paramilitar en Colombia".
En ese caldo de cultivo han proliferado las acusaciones por
vínculos con paramilitarismo y narcotráfico. Uribe Vélez no se salvó
de una de ellas. Cuenta Alternativa (diciembre, 1996), que el 31
de marzo de 1995, él y su hermano Santiago pidieron una
investigación a la Fiscalía sobre su posible vinculación al grupo
paramilitar “Los doce apóstoles” [62], que en ese momento
“estaría reactivado bajo la sombrilla de 'Autodefensas de Córdoba
y Urabá'”. La entidad no encontró mérito para abrirles
investigación, y la justicia penal militar “dejó en libertad, por
vencimiento de términos, a oficiales y soldados que también
estaban involucrados”. Y sigue Alternativa: “Juan Diego y Mario
Vélez Ochoa, primos del gobernador, no corrieron, sin embargo,
con igual suerte. Se encuentran huyendo para eludir las órdenes
de captura en su contra - correspondientes al proceso 1805 de la
Dirección regional de Fiscalías -, por su supuesta participación en
un grupo paramilitar conocido con el nombre de 'Grupo de Don
62 Ver al final la trascripción correspondiente a “Los Doce Apóstoles”, que aparece en el libro
“Los Confidentes de Pablo Escobar”, del periodista y escritor Gonzalo Guillén (mayo de 2007).
133
Efraín' [63]. Además, los organismos de derechos humanos han
señalado con insistencia a la finca "Guacharacas" –propiedad de
la familia Uribe Vélez en San Roque - como epicentro de la
violencia desatada en el municipio. La finca ha sido objeto en
varias oportunidades de acciones de la guerrilla... Algunos
campesinos advierten que la finca puede dar pie a una segunda
Bellacruz. El denominador común de todo esto, sobra decirlo, es el
narcotráfico. Y con su enorme poder corruptor el narcotráfico
puede tocarlo todo.”
63 Ver al final de esta edición digital la trascripción correspondiente a la banda de “Los Erre”,
que aparece en el libro “Los Confidentes de Pablo Escobar”, del periodista y escritor Gonzalo
Guillén (mayo de 2007).
134
CAPITULO VI
Anécdotas de un trompadachín
El 30 de octubre de 1994, Álvaro Uribe fue elegido como
gobernador de Antioquia en medio de un escándalo. En el curso de
pocos meses había hecho una campaña fulgurante, en la cual,
como representante de la nueva política, desafió el poder
omnímodo de los grandes caciques regionales, Bernardo Guerra
Serna, liberal, y Fabio Valencia Cossio [64], conservador, pero en el
momento de la elección mostró - y con creces- las mismas viejas
mañas de sus rivales. A la manera del Partido Comunista, donde el
secretario de Juventudes tiene por lo general más de 70 años, con
sus 42 años cumplidos, Uribe era un joven que se enfrentaba a los
vicios de la política tradicional. “Llamado para los más altos
destinos”, “senador estrella” en la pasada legislatura, “candidato
a cualquier ministerio”, Uribe resolvió regresar a la arena electoral
y recorrió el departamento planteando alternativas. A quienes le
preguntaban por qué había preferido esa opción, dejando de lado
al nuevo presidente de la República, Ernesto Samper, su jefe
político por muchos años, les contestaba invariablemente que el
gobernador de Antioquia era un funcionario con mayor poder que
cualquier ministro. Antioquia, en ese entonces, tenía un
presupuesto de más de 450 mil millones de pesos, una nómina de
8 mil empleados y una sólida economía. El gobernador sería el
encargado de sacar adelante a “una de las regiones más
productivas - y a la vez conflictivas - del país”. La campaña no
había sido fácil. El apoyo del candidato a la administración
conservadora de Juan Gómez Martínez y de Luis Alfredo Ramos, le
había quitado el respaldo de los sectores tradicionales de su
partido, agrupados en tomo al viejo zorro político regional,
Bernardo Guerra. Durante años, Uribe formó parte de las toldas
electorales de este hombre elemental, que no hacía política sino
mecánica. Como representante suyo llegó a la Jefatura de Bienes
de las Empresas Públicas, a la Secretaría General del Ministerio
del Trabajo, a la dirección de la Aeronáutica Civil y a la Alcaldía de
64 Político conservador antioqueño, ex senador, apoyó la candidatura de Uribe Vélez a la
Presidencia y durante su gobierno ha ocupado los cargos de embajador de Colombia ante Italia y
posteriormente Alto Comisionado para la Productividad y Competitividad, dependiente directo
de Uribe.
135
Medellín. Luego lo usó como trampolín para llegar al Concejo de su
ciudad y al Senado de la República. Sin embargo, en un
determinado momento, cuando el “clientelismo” parecía agotarse,
le dio la espalda a su mentor electoral y abrió toldo aparte.
Muchos pensaron que era un suicidio. Pero no. No sólo Antioquia
sino el país entero estaban hasta aquí de los caciques y de sus
rifas de neveras y sus sancochos sabatinos, de manera que la
propuesta de Uribe se vio como una salida. A la cabeza de “la
nueva política” y de una lista disidente, Uribe obtuvo en 1985
treinta y nueve mil votos para el Concejo de Medellín. En 1990
consiguió una de las votaciones más altas para el Senado (90 mil
votos), y en 1992, cuando comenzó la circunscripción nacional,
logró 65 mil. Con esas cifras a su haber se convirtió en una real
alternativa frente a Guerra Serna. Cuando el Congreso fue
revocado, Uribe decidió cambiar radicalmente su imagen de amigo
de las triquiñuelas y de los saraos. En enero de 1991 viajó a
Harvard a estudiar un postgrado. Según El Tiempo, de su paso de
un año por la Universidad (regresó en enero del 92 después de
estudiar administración de empresas), “le quedaron las ganas de
aplicar los modelos de eficiencia del sector privado y la influencia
de su maestro, Robert Fisher, eminencia gris en materia de
negociación, y uno de los intermediarios en el proceso de paz
salvadoreño”.
Al volver al Senado lo hizo como un nuevo tecnócrata, capaz de
enfrentar los grandes retos teóricos. Años después fijaría en una
entrevista las condiciones ideales del congresista y del Congreso.
Este último, según él, debería ser bicameral pero más pequeño, y
tendría que estar integrado por personas honradas, dedicadas y
estudiosas, que buscaran “profundizar el compromiso ético y
moral que le recupere credibilidad” a la institución. En esa
legislatura fue ponente principal de uno de los grandes proyectos
de la década: la ley 100 de seguridad social. La prensa se quedó
boquiabierta. ¡Qué juventud y qué capacidad las suyas! “Ni su
juventud, ni su corta estatura, ni su cara de niño, han sido
impedimento para que Uribe logre lo que se propone - escribió
Semana -. A pesar de lo mucho que le ha rendido hasta ahora, su
carrera está lejos de terminar”.
136
Pero su tarea legislativa no fue aceptada por todos. Lo cierto es
que las leyes que él defendió (la 71 de 1988, o Reforma
Pensional; la 50 de 1990, o Reforma Laboral; y la 100 de 1993, o
Sistema de Seguridad Social), fueron una herramienta importante
dentro de la concentración financiera del capital. Con base en la
ley 71, que aumentó la edad y el tiempo de jubilación de millones
de colombianos, los grandes grupos económicos se apoderaron de
los fondos privados de pensiones y de cesantías, que en 1995
sumaban 708 mil millones de pesos, y los convirtieron en
vehículos de especulación financiera. A su tumo, la ley 50 ajustó la
legislación laboral al modelo neoliberal, y convirtió a los
trabajadores en una mercancía sujeta a las leyes del mercado. El
propósito enunciado por el ponente: activar el empleo, se
derrumbó en la dura realidad. Hoy, empleo y subempleo sumados,
llegan en Colombia al 52 por ciento, una de las peores cifras de
América Latina. La ley 50 acabó con la estabilidad laboral de los
trabajadores, eliminó el derecho de huelga en las empresas de
servicios públicos, criminalizó la protesta popular, creó el empleo
temporal y organizó los fondos de pensiones, que pasaron las
cesantías de los trabajadores a los grandes monopolios y
provocaron la quiebra del Seguro Social, un patrimonio de todos. Y,
por último, la ley 100 convirtió a la salud en un negocio rentable y
especulativo, que acabó con la posibilidad de que los estratos más
necesitados del país tuvieran acceso a ese servicio esencial.
Decenas de hospitales, algunos de ellos fundados hacía más de
cien años, debieron cerrar sus puertas. La cobertura de la
seguridad social que se logró a través de la ley 100 fue mínima.
Con la expectativa de que “algún día” se extenderá a todo el
mundo, dos o tres generaciones de colombianos morirán en el
inmediato futuro sin ninguna asistencia médica.
Sin embargo, Uribe salió del Congreso con una impresionante
aureola de eficacia. Sus compañeros de bancada lo eligieron como
“el mejor senador”, y los medios lo calificaron de “senador
estrella”, todo lo cual le permitió aspirar a un ministerio de primera
línea en el gobierno de Ernesto Samper. Desde siempre, Uribe fue
uno de los más firmes aliados del cuestionado ex presidente. El 14
de febrero de 1987, cuando era apenas un senador primíparo que
formaba parte del movimiento de Democratización Liberal, declaró
en El Colombiano que Samper era la garantía de un rompimiento
137
generacional. “En una reunión larga y provechosa, el Directorio del
Sector Democrático adoptó la posición de apoyar la línea
ideológica coordinada por el doctor Ernesto Samper Pizano. Se
observa que allí existe la gran posibilidad de una ruptura
generacional. La gran posibilidad de romper la fila india con un
programa de avanzada muy interesante para el país. Desde luego
se están buscando con otros sectores del Liberalismo acuerdos
hacia un bloque regional con miras a la Comisión Política Central”.
Para muchos, el samperismo de Uribe pertenece a la reserva del
sumario. Pero lo cierto es que Uribe estuvo estrechamente
vinculado al Poder Popular, el grupo con el que su jefe político
aspiró en 1990 a la candidatura presidencial, y con el aval de ese
movimiento llegó no sólo al Concejo de Medellín sino en tres
ocasiones distintas al Senado de la República. La primera, en
1986; la segunda, en 1990, mandato que fue revocado; y la
tercera, después de la Asamblea Nacional Constituyente, para una
corta legislatura de dos años. “Uribe Vélez, (dijo Semana en plena
crisis política (15/10/96), formó equipo con Ernesto Samper y
siempre lo respaldó en las consultas liberales. Incluso cuando Luis
Carlos Galán le propuso unirse a su movimiento rehusó hacerlo
por lealtad con Samper. Se distanciaron, sin embargo, en la
campaña presidencial de 1994, cuando el candidato se abstuvo
de apoyar la Ley 100. En una manifestación en Bello fue sometido
al desaire de tener que escuchar en la tarima, al lado del
candidato, toda clase de críticas a su proyecto, sin que le dieran
acceso al micrófono para defenderlo. Aunque no tuvo lugar un
rompimiento público con su jefe, el hoy Presidente, la relación se
enfrió. Ahora, durante el proceso 8.000, ha sido criticado por
algunos sectores en Antioquia por su discreción en la crisis
política. El se defiende, asegurando que su obligación como
gobernador es obrar ante todo por el bien del departamento y eso
es lo que está haciendo”. Esa es la versión para el público que,
como siempre, tiene visos de realidad. Pero hay algo más detrás
de bambalinas. Cuando las sesiones del Congreso de 1994
estaban por terminar, Samper, en ese momento presidente electo,
le insinuó que le gustaría sancionar la ley de Seguridad Social, en
la que su grupo había trabajado con dedicación y entusiasmo. Pero
el ponente, Uribe, se negó a dilatar los debates de tal manera que
la discusión final sólo pudiera darse en el siguiente período. La ley
fue sancionada con premura por César Gaviria, antagonista de
138
Samper, sin pensar que a la larga se convertiría en uno de sus
grandes lastres políticos. Ernesto Samper siempre tuvo a Uribe
como uno de sus más fieles amigos. Como lo dice Semana, a lo
largo del proceso 8.000, que estuvo a punto de acabar con el
régimen y con el país, Uribe lo acompañó sin sombra de duda. En
las visitas que el mandatario hizo a Antioquia, se les vio siempre
juntos, como partícipes de un mismo proyecto. Claro está que
Horacio Serpa, el ministro del Interior, estuvo aún más cerca por
razón de su cargo. Pero el prestigioso gobernador de Antioquia no
le negó nunca su concurso, y sustentó siempre, en público y en
privado, la ortodoxa versión samperista sobre la honestidad con
que se habían manejado los asuntos financieros. De esa manera,
Uribe Vélez, quien había recibido el apoyo económico de César
Villegas y de otros individuos de similar y peor catadura, no planteó
jamás ninguna duda en torno a la presencia de dineros calientes
en la política. Por eso, tal vez, Uribe se sintió a gusto como el
intérprete de la política del régimen en Antioquia y respaldó con
entusiasmo las directrices sobre seguridad que dio Fernando
Botero, en ese entonces ministro de Defensa. Botero fue el autor
intelectual de la segunda y definitiva etapa de las Convivir, y Uribe
Vélez su ejecutor y más decidido partidario. Esa comunión de
intereses no se rompió siquiera después de que Botero resultó
gravemente implicado en el ingreso de dineros de la mafia a la
campaña. Aunque la justicia demostró que los fondos del cartel de
Cali que él decía haber solicitado por intermedio de Santiago
Medina, su testaferro, con destino a la aspiración presidencial de
Samper, se habían desviado hacia sus cuentas personales en el
exterior, Uribe siguió viéndolo como su mentor y amigo. Tanto así
que Botero trató de actuar como su asesor en temas cruciales de
la campaña, e inclusive se reunió con él durante la reciente visita
que hizo el candidato a Ciudad de México en donde vive el ex
ministro. Si Uribe triunfa en su carrera presidencial, es posible que
la reivindicación de Botero, en veremos por nuevos y complejos
procesos judiciales, llegue en un determinado momento a ser
completa. Así, la hipotética sucesión de Uribe en el 2006 como
presidente de la República, tendría tres competidores liberales:
Femando Botero Zea, libre ya de toda atadura penal, Enrique
Peñalosa Londoño y Juan Manuel Santos Calderón. Claro está que
todos estos cálculos a la postre resultan ridículos. En febrero de
1997, Semana veía el proceso electoral bajo una óptica muy
139
particular: la de su feroz anti-samperismo. Leer el artículo es hoy,
apenas cinco años después, una curiosidad arqueológica. “En la
actualidad – decía - hay seis precandidatos liberales: Horacio
Serpa, Alfonso Valdivieso, y Juan Manuel Santos, Humberto de la
Calle, Álvaro Uribe Vélez y Vargas Lleras. De estos, solamente tres
están contemplando la posibilidad de participar en la consulta
popular: Horacio Serpa, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.
Los otros la descartan... Como este (Serpa) despierta muchas
resistencias, las fuerzas antiserpistas aglutinadas alrededor de un
antiserpa le garantizan a cualquier candidato una votación muy
respetable y un puesto fijo en la fila india del partido para el
2002... Álvaro Uribe, quien está a punto de retirarse de la
gobernación de Antioquia, se le medirá a la consulta popular...
Según una encuesta realizada por Semana, el mano a mano
Horacio Serpa-Álvaro Uribe arrojaría hoy un resultado de 56 a 27
por ciento a favor de Serpa... quien aparece en la encuesta con un
37,7 por ciento en el primer lugar. Lo sigue, muy lejos, un pelotón
de cuatro integrado en su orden por Andrés Pastrana con 13,5 por
ciento, Noemí Sanín con 12,9 por ciento, Alfonso Valdivieso con
11,8 por ciento y Juan Manuel Santos con 10,1 por ciento.
Rezagados en otro pelotón aparecen más tarde Humberto de la
Calle con 5,4 por ciento y Carlos Lleras con 4,6 por ciento. La
conclusión de lo anterior es que Serpa prácticamente triplica a
quien le sigue, que es Andrés Pastrana... Los cuatro nombres que
lo siguen tienen cifras tan cercanas los unos a los otros que el
margen de error no permite llegar a conclusiones definitivas sobre
quién llegará a la segunda vuelta a la par con Serpa. Horacio
Serpa tendría 51 por ciento contra 26 por ciento de Pastrana. Si
algo han demostrado las encuestas en los últimos dos años es
que todo puede cambiar de un momento a otro y que nada está
definido a estas alturas. Al iniciarse el gobierno la camiseta
amarilla la tenía Noemí Sanín, posteriormente el portador fue
Antanas Mockus. Hasta hace poco era Alfonso Valdivieso y en este
momento parece ser Horacio Serpa". Horacio Serpa, el más
vigoroso defensor de Samper, corrió desde siempre con el
sambenito de haber sido su escudero, término que, en los círculos
de sus malquerientes, se lee como “cómplice”.
Sin embargo, Uribe Vélez no estuvo mucho más lejos de todo ese
tejemaneje. Si el poderoso gobernador de Antioquia hubiera dicho
140
una sola palabra en contra del mandatario, es posible que la
Presidencia de Samper se hubiera derrumbado. Pero él prefirió
guardar discreto silencio, un silencio que convirtió en apoyo
efectivo, y que mostró con lealtad cuando, en 1998, al terminar su
gestión, fue el director de la campaña de Serpa. Ese gesto:
regresar desde Oxford para vincularse a una aventura incierta, le
valió el agradecimiento de los círculos cercanos al gobierno.
Samper considera que, con Uribe en la Casa de Nariño, la política
económica que él puso en marcha, destrozada por Pastrana y su
equipo, volverá por sus fueros. Aunque Serpa se aproxima más a
sus tesis sociales, Uribe participa de su visión de la economía. De
manera que no le es indiferente un eventual triunfo de su
discípulo. Como se dice coloquialmente en Colombia, gane quien
gane, Samper cae parado. Pero toda esta historia menuda tiene
antecedentes. En la Alcaldía de Medellín, en el Senado, en la
Gobernación de Antioquia. En la Alcaldía, donde a raíz del
escándalo del viaje en el helicóptero de la mafia, duró apenas
cuatro meses, Uribe se mostró como un intérprete local de las
grandes políticas del gobierno, saltándose a la bartola al
gobernador Álvaro Villegas Moreno. En el informe que presentó el
14 de diciembre al Concejo de la ciudad, pocos días antes de su
renuncia, Uribe señaló que en Medellín él había “creado
instrumentos de apoyo a los programas del gobierno nacional”.
Punto por punto habló de su programa de casas sin cuota inicial
(“la administración entregará en los próximos días las primeras
casas sin cuota inicial construidas por Corvide”), de su reforma
tributaria de bolsillo (“pasamos de 22 mil a 40 mil matriculados en
industria y comercio”), de la descentralización (“solicitud de cesión
de derechos de peaje, estudio de nuevos esquemas financieros
para grandes y pequeñas obras: el metro, el túnel Medellín-
Rionegro, la vivienda popular, todo ello utilizando la valorización, el
crédito a los contratistas y la financiación- concesión”), de la salud
(“anteproyecto que autoriza la creación del servicio seccional
metropolitano”), pero sobre todo de la seguridad (“acciones
concretas contra los malhechores, que... deberán revivir la tan
ansiada sensación de tranquilidad”). “Metro Seguridad - añadió el
alcalde - como ente oficial que es, se opone a los excesos
antidemocráticos de la seguridad privada, y ha nacido con rentas
propias y con normas sui géneris que aseguran la participación
voluntaria de los ciudadanos y el funcionamiento institucional
141
desburocratizado”. Y como conclusión, un apunte que pasó
desapercibido en ese momento pero que, con el tiempo, adquirió
toda su dramática perspectiva: “Advierten ustedes, honorables
concejales, que hay un equipo de colaboradores relativamente
jóvenes, intelectualmente independientes, con cuya llegada se ha
querido interpretar el sentimiento de propiciar que valores
escépticos y lejanos se alisten a servirle a la patria en misiones
delicadas y complejas, en nombre del cual les expreso nuestra
profunda gratitud”.
Seguridad, participación voluntaria de los ciudadanos, obras
faraónicas (el metro, el túnel), reformas tributarias de bolsillo..., la
posible presidencia de Uribe Vélez sale de esa remota tarde en
que su padre lo llevó a conocer el hielo. En otras palabras, de la
Alcaldía en la que él presidió un equipo que se alistó para servirle
a la patria en misiones delicadas y complejas. Sin importar que,
prácticamente a la salida del Concejo, el funcionario se embarcara
donde se embarcó, y pretendiera embarcamos a los demás en
semejante paseo. En su informe al Concejo, Uribe se ve como es:
quisquilloso y levemente falaz. En verdad, si alguien hubiera leído
sus palabras en ese momento se hubiera preguntado cómo un
funcionario impuesto por un dudoso cheque de su padre a favor
de la campaña presidencial de Belisario Betancur, que resultó
triunfador, y por Bernardo Guerra Serna, podía encabezar un
equipo de jóvenes “intelectualmente independientes”. Pero, al
igual que el papel, los oídos de los políticos lo aguantan todo. Y
máxime si el funcionario se presentaba a sí mismo como el
intérprete de una profunda forma de ser colectiva, la de los paisas,
tan cara al temperamento de la región más conservadora de
Colombia.
“Experto en dos artes que parecen opuestas – escribe Patricia
Lara en El Tiempo —', manzanillismo y retención de estadísticas,
Uribe, que es mal bailarín y carece de sentido del humor, ama la
poesía y el vallenato. Como buen paisa, se precia de ser
madrugador, honrado, trabajador, cumplidor de su palabra y más
querendón que expresivo. Dice que si es Presidente, impregnará
su mandato con esos valores antioqueños. Pero como tantos
paisas, comenzando por su padre, es brioso y, a la brava, se
vuelve difícil. Tanto que, por ejemplo, es famoso el encontrón que
142
tuvo con Fabio Valencia Cossio el día que lo eligieron gobernador
cuando, al verlo en la silla del Registrador en medio de un conteo
de votos reñido, creyó que estaba influyendo en su contra y lo
golpeó con los puños”.
Parece ser que a Uribe le dan de cuando en vez algunos ataques
de mala memoria. Porque la historia no es exactamente como se
la cuenta a la periodista. Candidato de los sectores más diversos
(lo apoyaron William Jaramillo, Piedad Córdoba, Luis Guillermo
Vélez, Omar Flórez, algunos políticos de la Nueva Fuerza
Democrática, otros del Movimiento de Salvación Nacional y unos
más de la Anapo), se enfrentó rudamente desde un comienzo al
liberalismo oficialista, que apoyó a Jaime Henríquez, un político
gris pero con un alto número de electores. El día de su inscripción -
contó la prensa - lo hizo bajo una tremenda “silbatina de líderes
obreros que acompañaban a otro candidato”. Se enfrentó también
a “la poderosa máquina electoral del senador conservador Fabio
Valencia Cossio”, quien apoyó a Alfonso Núñez Lapeira. El
programa de Uribe parecía una colcha de retazos. Ofreció sentar
las bases para una pacificación social, habló de un gobierno
suprapartidista y recalcó la necesidad de defender la unidad
antioqueña, y en una enumeración exhaustiva dijo que trabajaría
por el Programa Alcaldía-Excelencia, la descentralización
administrativa y fiscal de la educación, un Icfes de evaluación
regional, la aplicación del nuevo sistema de seguridad social, la
salud para los sectores más pobres, la construcción de hospitales
públicos, el plan vial de apertura y la terminación de las vías
iniciadas, el Tapón del Darién, las carreteras estratégicas, la
navegación por el río Magdalena, los bosques y recursos hídricos,
la defensa de la biodiversidad de la zona limítrofe con el Chocó, un
plan de desarrollo forestal, servicios públicos capitalizados con
acciones del sector privado, tarifas más favorables, teléfonos y
electrificación rurales, masificación del gas, banco de agua,
publicación de todas las compras hechas por los municipios,
compra de un millón de hectáreas prometidas por el presidente
Samper, construcción del puerto de Urabá y del Centro de
Convenciones de Oriente, sesenta mil subsidios de vivienda a
través del Inurbe, defensa del monopolio departamental de licores,
liberación de su comercio, y fomento al empleo productivo. Pero
donde hizo énfasis fue en su programa bandera: la seguridad.
143
“Conseguir la paz es una tarea prioritaria de cualquier gobierno,
como ingrediente para el desarrollo. Los mandatarios seccionales
también pueden crear condiciones para la distensión. El problema
de la seguridad ciudadana puede combatirse con las siguientes
estrategias: desarrollar una pedagogía de la tolerancia; propiciar
el liderazgo democrático con amplia participación popular y con
programas específicos de reinserción; diálogos regionales de paz,
serios, sin retórica ni propaganda; el gobernador debe ser
coordinador eficaz, de las demás autoridades encargadas de la
autoridad ciudadana; rescate del menor infractor a través de
propuestas al Ministerio de Justicia y apoyo a comisarías de
familia y programas de Libertad Asistida”. En una palabra, recalcó,
“ejercicio de la autoridad, sin autoritarismos”.
Pues bien. Llegó el domingo 30 de octubre, día que El Colombiano
llamó “de las cuentas claras y el chocolate espeso”. Los
resultados fueron inciertos. El 31 de octubre, el jefe conservador
Fabio Valencia Cossio, hermano del gobernador Ramiro Valencia
Cossio, y pariente de buena parte de la nómina departamental,
pidió una investigación al Consejo Electoral, para que esclareciera
“lo ocurrido la noche del domingo en el Centro de Cómputo
Electoral de las Empresas Públicas de Medellín, por la presencia
de personas ajenas a la Registraduría”. De acuerdo con la
información de El Colombiano, Valencia Cossio, afirmó que hubo
un “súbito cambio de los resultados electorales en el
departamento”, que hasta las ocho de la noche daban como
ganador a su candidato, Alfonso Núñez Lapeira. “Un hecho sin
precedentes en el departamento es la declaratoria de nulidad de
132.295 votos”, dijo Valencia. Y añadió: “En las elecciones de
1991, en las que se presentaron siete candidatos, hubo 7.297
votos nulos, el 1.2 por ciento del total, mientras que el porcentaje
de este año alcanzó a ser del 16.82 por ciento de la votación,
incremento que equivale al 1.726,7 por ciento, con cuatro
candidatos en el tarjetón”. En su denuncia, Valencia afirmó que “la
recepción y procesamiento de datos tenía que estar confiada
exclusivamente a funcionarios de la Registraduría Departamental
del Estado Civil y no en un emisario del también candidato a la
Gobernación de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Se trata del
senador Mario Uribe Escobar quien desde las 8:00 p.m. del día 30
de octubre estuvo recibiendo personalmente dicha información
144
electoral, en abierta violación de la ley y en flagrante desatención
de la imparcialidad que debe signar todo el proceso electoral. Tal
circunstancia la pude constatar personalmente al hacer presencia
en el lugar (10:00 p.m.), sin que autoridad electoral alguna me
explicara a satisfacción las razones por las cuales se le permitió al
senador Uribe Escobar el acceso directo a la información, como
único dirigente político en el lugar y sin la debida acreditación
electoral. Ante tal evidencia, dejé verbal y enérgica constancia
ante los procuradores delegados... que no pude formalizar por las
agresiones de hecho y de palabra de que fui víctima por parte del
candidato Álvaro Uribe Vélez.. “De los hechos en mención, fueron
testigos presenciales el señor procurador regional, doctor
Fernando González Carrizosa, los procuradores delegados, el
general Luis Ernesto Gilibert Vargas, comandante de la Policía
Metropolitana, los señores José Ochoa Restrepo, Héctor Arango
Mora, delegados del registrador nacional del Estado Civil, y el
señor Hernán González Vásquez, Jefe de la División de Desarrollo
Informático de las Empresas Públicas de Medellín. “En
consecuencia, el Movimiento Antioquia Unida no reconoce el
triunfo unilateralmente declarado por el doctor Álvaro Uribe Vélez,
y ejercerá inmediatamente los recursos y acciones legales
pertinentes”. El senador Mario Uribe, luego de rechazar las
acusaciones, aportó un nuevo dato: “Luego del incidente
protagonizado por el doctor Fabio Valencia Cossio, irrumpió en la
Registraduría su hermano, el doctor Ramiro Valencia Cossio,
gobernador de Antioquia, quien enterado de los acontecimientos
recomendó a aquel su retiro inmediato... Rechazo, por faltar a la
verdad, las aseveraciones del doctor Fabio Valencia Cossio. Por
supuesto, en su momento aportaré las pruebas pertinentes”. Pero
no llegaron las pruebas. Lo que llegó fue un resultado
apretadísimo, que provocó una catarata de reclamaciones ante el
Consejo Electoral: 290. Según el último escrutinio departamental,
la ventaja de Uribe Vélez sobre Núñez Lapeira fue de 894 votos. El
9 de noviembre el registrador nacional del Estado Civil manifestó a
Colprensa que se trataba de “una pelea de grandes señores que
no han debido hacer tan bochornoso espectáculo. En el Centro de
Cómputo, donde se cumple una función técnica, hay auditores de
los partidos, pero no puede entrar cualquier político gritón por muy
importante que sea”. El político gritón Uribe Vélez concedió
entonces una rueda de prensa. “Lo más importante es que en el
145
futuro se garantice la pureza del sufragio – dijo -. Haré realidad mi
lema de 'un poquito de poder para todos' e impondré una época
de transparencia democrática”. Y sin tiempo para pensar que la
polémica era con el conservatismo y no con sus copartidarios,
remató: “invito al liberalismo antioqueño a dirimir las
controversias mediante procesos democráticos”.
La situación parece calcada de lo que se vive hoy en día. Prensa
amiga, lema desabrido, palabras solemnes, respuestas elusivas.
Sobre el incidente, Uribe dijo que su campaña, que tenía dos
delegados en el Centro de Cómputo, recibió la noticia de que allí
se encontraba el senador Valencia Cossio. Reconoció entonces
que se trasladó al lugar y lo agredió verbalmente. “Le ofrezco
excusas al pueblo antioqueño, no a Fabio Valencia. Yo no voy a
aparecer como muchos políticos negando las fallas en que
incurrimos y, parodiando a José Ortega y Gasset, debemos dejar
de ser tolerantes cuando se trata de cumplir los principios y la
decencia”. Según Uribe Vélez, cuando todos salieron se enteró de
que el gobernador del Departamento, Ramiro Valencia Cossio,
había llamado al registrador a cuestionar una diferencia
matemática entre los datos suministrados por el órgano electoral y
unos cálculos que poseía la Gobernación. “Yo expresé mi tesis de
que ninguna de las ramas del poder público tiene injerencia en
otras - dijo Uribe -, e hice la denuncia pública y ante las
autoridades competentes”. Y remató: “Prefiero manejar las nuevas
situaciones con prudencia y de cara al futuro. Soy un combatiente
de la democracia, pero ajeno a los rencores. No soy hombre de
odios. Tenemos lealtades con el pasado pero son muy superiores
nuestras esperanzas con el futuro”. Entonces el gobernador terció
en el asunto y explicó: “Desde las 6:20 p.m. del domingo,
empezaron a demorarse los datos de los resultados de las
votaciones para gobernador en el departamento. Hacia las 7:15
de la noche recibí una llamada del senador Fabio Valencia, quien
me preguntaba por las demoras de los boletines. Yo le contesté
que tampoco teníamos nada. Poco después recibí otra llamada de
mi hermano, quien me dijo que, como gobernador, debía
establecer por qué estaba el senador Mario Uribe, de la campaña
de Álvaro Uribe en el centro de cómputo. Me comuniqué con el
delegado de la registraduría, Héctor Arango, a quien puse al
corriente de los hechos y le dije que si se dejaba entrar a uno,
146
tenía que dejar entrar a los representantes de todos los
movimientos políticos. “Poco después recibí una llamada en mi
despacho. Un escolta de la Policía me previno sobre la posibilidad
de un problema de orden público en el Centro de Cómputo donde
el senador Fabio Valencia era acorralado en ese momento. Me
dirigí allí de inmediato. Cuando llegue, encontré a diez o doce
dirigentes liberales muy agresivos. Les dije que me dejaran
manejar la situación y les aseguré que solucionaría el problema.
Yo prefiero no decir lo que pasó a la entrada, porque eso debe
estar grabado por los camarógrafos. En el séptimo piso del
edificio, donde funciona el Centro de Cómputo, encontré, entre
otros, al candidato Álvaro Uribe Vélez y al senador Mario Uribe.
“Me acerqué al doctor Álvaro Uribe, el no me aceptó el saludo de
mano. Seguí con la mano tendida y el doctor Uribe fue muy duro
conmigo. No obstante conservé la tranquilidad y le dije que
moderáramos el tono, que arregláramos la situación. Él me dijo
que yo no era imparcial. Le contesté que si yo no era imparcial
había otras instancias y agregué que manejáramos las cosas con
calma. Me dijo que no. Le dije que a lo mejor él sería mañana el
gobernador y que situaciones como esas había que manejarlas
con tranquilidad. Me contestó que no le diera lecciones y que él
me las iba a dar cuando fuera gobernador. Yo le dije que estaba
bien, que yo las aceptaría porque sé que me he equivocado
muchas veces. Preferí dirigirme al senador Mario Uribe quien se
hallaba más tranquilo y le propuse arreglar la situación para evitar
que todo lo que había marchado bien, se fuera a dañar. El senador
Uribe me propuso una solución: que el senador Fabio Valencia no
deje ninguna constancia - yo no había visto a Fabio - y todos nos
vamos. Yo le dije que no había ningún problema. “El senador
Valencia aceptó la propuesta. A la salida del Centro de Cómputo el
senador Mario Uribe me manifestó que no había recibido
información sobre los resultados, y yo me mostré dispuesto a
proporcionársela. Yo le fui dando toda la información a la
campaña de Álvaro Uribe a través de Mario. “En eso salieron las
declaraciones del doctor Álvaro Uribe, violentas, contra mí. En ese
instante me llamó el ministro, Horacio Serpa. Yo le conté toda la
historia y le dije que no entendía cómo, después de la solución, el
doctor Uribe insistía nuevamente en el problema. Después aclaré
el asunto con el senador Mario Uribe. A mí me parece que fue una
147
información mal intencionada que le dieron al doctor Álvaro y,
digamos, él reaccionó de esa manera al hablar con Caracol".
Sin el compromiso regional de El Colombiano, El Tiempo informó el
6 de noviembre que “una serie de hechos ocurridos en el sitio
donde se contabilizaba la votación, que fueron desde la agresión
verbal hasta casi la agresión física, tienen la elección (del
gobernador de Antioquia) en manos del Tribunal Nacional de
Garantías, de la Procuraduría Regional y del Consejo Nacional
Electoral”. Luego, el relato es sustancialmente idéntico. Pero, ya al
final, añade algunos elementos significativos: “Tan pronto se
vieron Uribe Vélez y Valencia Cossio la discusión se calentó aún
más. Uribe fue 'especialmente agresivo' según reconocen todas
las partes. Hubo incluso intercambio de frases de grueso calibre.
Entre comitiva y comitiva, el salón se había llenado de personas.
Entre ellos estaba el comandante de la policía metropolitana, Luis
Ernesto Gilibert, quien se interpuso entre los dos cuando la
situación ya iba para golpiza segura. Finalmente todos
abandonaron el salón dejando un delegado de cada campaña”.
Pero párrafos más adelante el periódico trae una pequeña
anécdota que ha pasado desapercibida por completo. En efecto,
cuando la senadora Piedad Córdoba, con el respaldo de la
Dirección Liberal, acusó al alcalde electo, Sergio Naranjo, por
enriquecimiento ilícito y por haber mantenido vínculos con Pablo
Escobar, Bernardo Guerra Serna, Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar
y Omar Flórez “cerraron filas en torno al funcionario” y se negaron
a aceptar la orden de no colaborar en su gobierno. “Sin pruebas
no se puede acusar”, dijeron ellos. Naranjo anunció que
demandaría a la parlamentaria ante la Corte Suprema de Justicia.
Ante esos episodios en que se ve claro que es verdad aquello de
“pueblo pequeño, infierno grande”, muchos se preguntarían ahora,
si sería igualmente válida una sentencia que dijera “infierno
pequeño, pueblo grande”.
Así pues, estamos ante un trompadachín. Ediciones MacMillan
publicó a finales del siglo pasado un libro sobre Pablo Escobar,
titulado Whitewash. En él su autor, el investigador inglés Simón
Strong, describe un encuentro con Uribe Vélez, que Alternativa
resume de la siguiente manera: “(...) Me encontré con Uribe Vélez
148
en el sótano-comedor de un hotel de Bogotá en marzo de 1994
para discutir sobre política y tráfico de drogas. En ese entonces
era senador. Uno de los congresistas que acababa de ser elegido
bajo su tutela política era William Vélez, quien había sido uno de
los primeros políticos aliados de Escobar en Envigado (...) Cuando
mencioné la conexión con Vélez, el encanto juvenil y a veces
superior de este señor se evaporó junto con la sonrisa. (...)
Después de que aparentemente se había calmado un poco le
pregunté sobre su jefatura en la Aeronáutica Civil. Eso fue todo. El
hombre pequeño saltó con furia (...) corrió hacia las escaleras a
través del lobby y no se detuvo hasta escapar en los brazos de sus
guardaespaldas que habían parqueado afuera de la terraza.
Luego, pensando mejor acerca de abandonar una entrevista
grabada de esa manera y rodeado por sus guardaespaldas con el
fin de apoyarlo e intimidarme, insistió en que continuáramos. “Yo
soy honesto”, repetía sin cesar. Yo nunca había sugerido otra cosa
(...) Uribe Vélez, al cual le fue permitido entrar a los Estados
Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard, era un fuerte
contendiente para la Gobernación de Antioquia en 1994,
conectado muy de cerca con Ernesto Samper, y estaba
esperanzado en ser el candidato liberal a la Presidencia en 1998
o en el 2002".
Pero el caso más inmediato de la intemperancia y quisquillosidad
del candidato es el de Newsweek. Joseph Contreras, corresponsal
de la revista en el Caribe y Suramérica, narra así ese encuentro:
“Todo comenzó con una llamada. O lo que Luis Plata llamaría un
voice mail. “Cuando volví a Miami de un viaje a Costa Rica, el
sábado, 2 de marzo, pasé por mi oficina y encontré un mensaje
interesante en el contestador. La persona se identificó como Luis
Plata, y en un inglés absolutamente perfecto se presentó como el
"executive director" de la campaña Uribe 2002. Me contó que él
había conseguido mi nombre a través de un ejecutivo de la edición
internacional de Newsrweek, y quería averiguar si yo tendría algún
interés en entrevistar al candidato presidencial. Llamé al señor
Plata a su celular inmediatamente, y después de un intercambio
de llamadas se fijó la cita para el martes, 12 de marzo. “Viajé a
Bogotá el domingo 10. Hacía casi diez meses que no había
trabajado en Colombia, y a partir del colapso del proceso de paz el
20 de febrero, empecé a hablar con mis editores sobre Uribe y les
149
propuse publicar un perfil del candidato con dos meses de
anticipación a los comicios de fines de mayo, ya que todos mis
contactos y colegas colombianos apostaban al ex gobernador
paisa como el próximo presidente de la República. “Por lo tanto la
llamada de Plata me vino como maná caído del cielo. Según él,
Uribe había concedido una sola entrevista a la prensa
norteamericana, concretamente a Andrew Seisky, de la agencia
The Associated Press, antes del fracaso de los esfuerzos de
Andrés Pastrana en búsqueda de un tratado de paz con las FARC.
“Ya me habían hablado del mal genio del veterano político, de su
prepotente trato con las secretarias, los asesores y otras personas
que dependían de él, de su rechazo a preguntas que tocaran el
tema de sus nexos con paramilitares y narcotraficantes. Pero una
cena con su "executive director" en la víspera de la entrevista
alteró un poco mis expectativas. Resulta que Luis Plata es un
yuppie de pura cepa, egresado de la Harvard Business School, que
abandonó su carrera diplomática para hacerse una pequeña
fortuna durante el apogeo de la revolución dot.com. Disfrutamos
una comida placentera en una trattoria en plena zona norte. Plata
se mostró como un hombre cosmopolita de 38 años, que había
vivido en el Lejano Oriente y tenía entre sus antepasados a don
Pepe Sierra. “Pensé para mis adentros: "- Bueno, si Uribe ha
nombrado a una persona tan culta y cortés en un puesto
importante dentro de su estado mayor, eso habla bien del hombre
de la mano firme y el corazón grande. “Al día siguiente llegué al
Hotel Dan Carlton a las seis y media de la tarde, acompañado por
el fotógrafo italiano Piero Pomponi. Mientras esperábamos a Plata
en el lobby, Pomponi me señaló al presidenciable, que estaba
parado frente a los ascensores. Me sorprendió bastante su
aspecto físico: en lugar de encontrarme con un hombre robusto de
1.83 metros y unos 90 kilos como lo imaginaba, vi a un señorito
flaquito y bajo que llevaba gafas y que recordaba a un maestro de
matemáticas, que tuve como estudiante de preparatoria. A media
distancia, el supuestamente temible candidato no poseía ni la más
mínima presencia o carisma. Si me lo hubiera encontrado por la
calle sin su acostumbrada falange de escoltas, dudo que me
hubiera fijado en la figura del famoso Álvaro Uribe Vélez. “Una
media hora más tarde subimos con Plata a la suite presidencial
del Dan Cariton. Allá se encontraban un par de señoras, cuyos
nombres no recuerdo, y el "campaign manager" de Uribe, Fabio
150
Echeverri Correa, un empresario de Medellín que se ha convertido
en el brazo derecho del puntero presidencial. Un rato después se
presentó el ex director del canal CM&, Ricardo Galán, pero a pesar
de ser supuestamente el director de Comunicaciones de la
campaña, se retiró muy pronto. “Quince minutos después apareció
el doctor Uribe. Llevaba puesta su vestidura clásica: camisa
blanca de mangas largas, pantalones grises y una corbata roja.
Recibió con una gran sonrisa un libro sobre el Mossad que el
fotógrafo Pomponi le regaló. Al principio, le hice unas preguntas
obvias y predecibles en cuanto a su estrategia para combatir el
narcotráfico y la guerrilla, la postura que asumiría frente a los
paramilitares, y la eventual llegada de tropas norteamericanas. La
onda estuvo buena durante los primeros veinte minutos, y el
candidato llegó al punto de invitarme a su departamento natal
para comer "unos frijolitos" con su familia. “Pero en pocos
segundos el ambiente comenzó a podrirse. No le gustaron para
nada mis preguntas sobre los antecedentes dudosos de algunos
allegados y patrocinadores suyos, como el empresario antioqueño
Pedro Juan Moreno y el senador Fuad Char. Pero estalló por
primera vez cuando toqué la figura de su hermano Santiago y su
oficio de criador de reses bravas. “- Digamos si - le pregunté - ¿su
hermano Santiago mantiene relaciones sociales con los hermanos
Ochoa, ya que esa familia también tiene un negocio de crianza de
reses bravas? “- No, no me mezcle, ¡eso no se lo acepto ni como
pregunta! - gritó un indignado Uribe que comenzó a señalarme
amenazadoramente con el índice -. ¡Los socios de mi hermano
Santiago son totalmente honorables! ¡No acepto eso! “La calma
volvió por un plazo breve, pero el candidato se enojó de nuevo
cuando le hablé de una supuesta campaña de intimidación contra
periodistas que lo habían criticado en sus columnas y reportajes.
La furia del político me asombró: nunca en los 22 años que llevo
como corresponsal de Newsweek me había encontrado con un
tipo tan explosivo y volcánico como él. “- Usted vino aquí para
hacer fábula de mi carrera como político - dijo el candidato -. No
acepto estas preguntas. Los periodistas siempre me han
insultado. No acepto que la prensa internacional venga para
repetir estas calumnias en mi contra. No tenemos nada más que
conversar. “Traté de cambiar el ambiente con preguntas sobre sus
estadías en las universidades de Harvard y Oxford, pero el furioso
candidato las rechazaba, diciéndome que no tenia ningún interés
151
en tratar esos temas. Por fin el señor Echeverri Correa declaró que
la entrevista había terminado. Me levanté para dar la mano a
Uribe y a sus asesores y despedirme. Noté en ese momento que
Plata estaba intensamente pálido. Cuando extendí mi mano
derecha hacia el candidato, él se negó a tomarla. Y antes de irnos,
Uribe le devolvió repentinamente su regalo a Pomponi,
explicándole que no tenía tiempo en estos días para leer esos
libros. “Así terminó mi encuentro con Álvaro Uribe Vélez.”
Propenso a la cólera. Patricia Lara lo interroga (El Tiempo,
21/04/02): “Sus colaboradores dicen que usted 'se ofusca muy
feo'. “- Soy muy exigente, muy acosón y me exijo a mí mismo. “- Al
no contestar preguntas agresivas, da la impresión de que teme
salirse de casillas. ¿Se tiene miedo a sí mismo? “- Siempre he
hecho esfuerzos para controlarme. Uno es humano y las
reacciones no pueden dejarse desbocar como caballo sin rienda.
He procurado tener rienda. “- ¿Y si se suelta la rienda? “Grave. Se
desboca el caballo, y un caballo desbocado no se sabe dónde va a
caer, se tira por un precipicio o le hace daño a alguien”.
Del cruce de hechos y de respuestas, se pueden inferir algunas
sencillas conclusiones. Trata de controlarse pero, según parece, le
queda bastante difícil. Si se le suelta la rienda, como se le soltó en
esas tres oportunidades, se puede tirar por el precipicio o hacerle
daño a alguien. En esos rasgos hay un cierto perfil psiquiátrico. “-
¿Es de extrema derecha? - le pregunta Lara. “- No soy de extrema
derecha ni de derecha. Soy un demócrata que cree en la
autoridad. Participo de los objetivos de la socialdemocracia: crear
empleo productivo, profundizar la descentralización y avanzar en
la seguridad social. Soy amigo de la intervención del Estado, no
para obstruir, sino para garantizar equidad. Por eso, y porque no
acepto importaciones desbocadas que arruinen nuestros sectores
productivos, rechazo el neoliberalismo. Creo en el Estado
comunitario, con creciente participación ciudadana". Y luego, la
pregunta obligada: "-¿No teme ser elegido como resultado de la
rabia del país? "-Insistiremos -dice él- en una pedagogía del
ejercicio sereno de la autoridad". Para añadir más adelante: “- Voy
a disuadir a los violentos. Tengo una propuesta de seguridad
democrática para proteger a todo el mundo: al líder sindical, al
periodista, al maestro, al de izquierda, al de derecha. El país
152
necesita recuperar la autoridad, no cambiar de bando. Mi política
de seguridad será tan firme para disuadir a los violentos como
comprometida para restablecer los derechos humanos". Al
confrontar las dos situaciones, la real que lo enfrenta súbitamente
con cualquier interlocutor, y la ideal que plantea la necesidad de
disuadir a los violentos, la pregunta que cualquiera podría
formularse es: ¿Podrá Uribe disuadirse a sí mismo?
Sus ejecutorias en la Gobernación de Antioquia no fueron otras
que las de un energúmeno. Llegó a ese cargo nimbado por la
gloria. Cuando apenas completaba la mitad de su mandato,
Semana le hizo un perfil elogioso: “Lo primero que llama la
atención sobre Álvaro Uribe Vélez es su cara de niño. Teniendo en
cuenta la imagen que está proyectando como un hombre de mano
dura, su apariencia física es un gran contraste. Detrás de sus
modales de muchacho bien educado hay un hombre de mucho
talento, una disciplina férrea y grandes ambiciones. En estos
momentos en que los colombianos son pesimistas y no creen
prácticamente en nada, él es exactamente lo contrario. Irradia un
gran optimismo y tiene profundas convicciones, que contagia
automáticamente a sus interlocutores. Es un hombre que siempre
habla en serio. 'Trascendental' sería la palabra más adecuada
para describirlo. Él mismo se autodefine como 'cansón', por su
indiferencia a la frivolidad y el chisme. Pero si bien puede no ser la
persona más entretenida para tener en una fiesta, su seriedad
impresiona. Tiene una cultura muy poco común para estas
épocas. Es un poeta frustrado y un experto en folclor antioqueño.
Es un gran estudioso y conocedor de la historia colombiana y
diserta sobre el tema como una versión 'sardina' de Abelardo
Forero Benavides. Cita de memoria frases enteras de discursos de
Uribe Uribe, López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Alberto Lleras.
Cuando le falla la memoria tiene que recurrir a la billetera en la
cual guarda algunas de estas frases como compañeras
permanentes. Frases de presidentes conservadores no hay. Si
intelectualmente es trascendental, políticamente está pasado de
moda. Es liberal a la antigua. Cree en el liberalismo con el mismo
fervor que se tenía en Colombia en los años 30 ó 40. Vibra y se
emociona cuando habla de los logros de su partido, en los últimos
100 años como si fueran propios. Político vitalicio... fue el primero
de cinco hijos, y desde muy niño se reveló como un político en
153
potencia. Dicen que cuando apenas comenzaba sus estudios le
preguntaron qué quería ser cuando grande. Contestó: presidente
de Colombia. Y que cuando le preguntaron lo mismo a uno de sus
hermanos dijo: hermano del presidente. Ya lo había convencido".
Pero esa imagen bonachona no lo acompañó en la Gobernación.
Podría pensarse que sólo es producto de su medio ambiente.
El Colectivo de Derechos Humanos “Semillas de Libertad”
(CODEHSEL) publicó el 19 de abril un estudio en el que sostiene
que “el uso desproporcionado de la fuerza, y la violación
sistemática de los derechos humanos, es la característica
sociológica determinante de la población civil en Medellín”. Para
ellos, la ciudad es “la otra Palestina”. “Hoy - comienza la
monografía -, la reiterada y sistemática violación de los derechos
humanos que se presenta en los diferentes barrios de la ciudad de
Medellín es alarmante. Los grandes cinturones de miseria que
bordean la 'gran ciudad' habitada por miles y miles de personas
desplazadas por razones políticas y económicas, creen haber
encontrado la salvación y la protección del Estado, pero la
realidad es otra y después de construir sus refugios se encuentran
en una ciudad de gobernantes que no los quieren porque la afean.
Por consiguiente se les estigmatiza de ser milicianos y guerrilleros.
A esa problemática se suma la falta de empleo, de educación y de
salud, por lo que no todo termina ahí. La represión oficial se ciñe a
una persecución constante de jóvenes, que no encuentran
alternativas de empleo pues la realidad en Medellín es que el
desempleo mal contado ronda el 22 por ciento y el subempleo el
35 por ciento, aproximadamente, gracias al cambio de
reconversión en la producción, de una ciudad industrial a una
ciudad de servicios produciendo un estrangulamiento laboral”. “...
Perfilada para ser el reflejo de Nueva York... (para llegar a su)
futuro, vislumbrado hacia el año 2020, se tendrán que hacer
grandes barridos y cercenar en lo posible la vida de quienes no
representan sino una carga y un estorbo... El desarrollo
urbanístico se implanta a la fuerza... La violencia que se ejerce en
numerosos barrios (se explica) en el abuso desproporcionado de
la fuerza por parte de quienes representan el Estado y al mejor
reflejo de lo que hoy es Palestina, podríamos (verlo) en la
presencia de ejércitos (que) llegan a implantar el terror con
154
tanquetas bien equipadas, helicópteros artillados,
ametrallamientos y hostigamientos. (Hay) retenciones masivas de
personas, y en muchos casos se han presentado ejecuciones
extrajudiciales. Estos son los hechos que deben soportar día tras
día miles y miles de pobladores del gran cinturón de miseria de las
comunas". Y luego una premonición oprobiosa de lo que le podría
ocurrir a Colombia en el inmediato futuro: “Bajo el velo de la
impunidad total irrumpe en los barrios la siniestra figura del
control paramilitar. Miles de jóvenes son obligados a participar de
la red que se viene construyendo en la ciudad, imponiendo nuevas
conductas morales de comportamiento para las mujeres y los
jóvenes (formas de vestir, no se puede llevar pelo largo, no se
puede utilizar determinada ropa, ni aretes colgados en la piel),
imponen horarios de entrada y salida de sus hogares. ¡Vaya
moral!... Estos grupos actúan sin control o en muchos casos con el
apoyo y la tolerancia de la fuerza pública... La ciudad cuenta con
circuitos de seguridad, cámaras de video que llegan hasta lo más
alto de los barrios. Los grupos paramilitares o bandas de sicarios,
van cometiendo y sembrando en los grandes barrios el terror con
todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Se presentan casos de
mutilación y desmembramiento de personas para exhibirlos
públicamente”. “Hoy el lenguaje oficial es el de acabar con el
terrorismo, a través del terror. Nosotros, los organismos de
derechos humanos, consideramos que la salida al conflicto
interno colombiano no se resuelve implementando teatros de
operaciones, ni normas que atentan contra la libertades
individuales y contra los derechos humanos, ni utilizando medidas
coercitivas de encierro en las nuevas cárceles de seguridad... no
es con grilletes en las manos y en los pies como se puede resolver
la pobreza del pueblo colombiano, no es con la utilización de
torturas como las vienen aplicando en las estaciones de policía
asentadas en los barrios populares. “Algunos hechos muestran la
dura situación por la que están atravesando los barrios de
Medellín: "En Medellín en el año 2001 fueron asesinadas 4.414
personas (El Colombiano, 13/01/02). En el presente año van
asesinadas 1.257 personas en el Valle de Aburra (El Colombiano
09/04/02). "En el año 1994, con el decreto 1356, surgieron las
Cooperativas armadas de vigilancia Convivir. Es necesario señalar
que inicialmente los miembros que componen estos grupos
(pertenecieron) al desarticulado DOC (Departamento de orden
155
ciudadano) y a los reinsertados o desmovilizados. "En el mes de
agosto de 1998 más de 200 miembros de las 39 cooperativas
armadas de vigilancia, ante la caída del decreto que los
legitimaba, anunciaron que se reunirían a la red ilegal de las AUC
o paramilitares (El Colombiano 14/03/99). "Nos asalta una gran
preocupación en lo pertinente a la propuesta del candidato
presidencial Álvaro Uribe, el cual pregona armar a un millón de
ciudadanos para trabajar en coordinación con las fuerzas de
seguridad, como delatores o informantes... Hacemos estas
denuncias basados en testimonios directos de las víctimas en los
barrios populares, que hoy no saben ante quien acudir para la
protección de sus derechos fundamentales. Nuestra obligación
ética y moral es poner en conocimiento de la comunidad
internacional y nacional los crueles hechos que día tras día
enlutan y tiñen de sangre la dignidad humana y la conciencia
moral de la humanidad".
Pero la historia viene de antes. Y no se limita sólo a Medellín sino a
todo el territorio de Antioquia y, más allá, al de Colombia. Fue
Álvaro Uribe, como gobernador, quien creó las “asociaciones de
vigilancia rural”. La noticia aparece en El Tiempo el 7 de marzo de
1995: “La primera asociación de vigilancia rural que se crea en el
país, empezará a operar en el oriente de Antioquia. Así se
determinó luego de un consejo comunal de gobierno, realizado en
La Ceja. Álvaro Uribe Vélez, gobernador del departamento, presidió
el encuentro con la comunidad del oriente antioqueño. A la
reunión también asistieron unas ciento cincuenta personas. La
asociación, que tomó el nombre de Convivir del Oriente, tendrá
como sede a Rionegro y funcionará en Guarne, El Carmen,
Marinilla, Santuario, San Vicente, El Retiro, La Ceja y La Unión.
Esta región del departamento ha sido considerada
tradicionalmente pacífica y es la que más desarrollo ha tenido en
los últimos años en el departamento. Allí, además del aeropuerto
José María Córdova, tienen asiento importantes empresas.
Igualmente, es una zona donde están ubicadas hermosas fincas
de veraneo y establecimientos públicos de primera categoría. Sin
embargo, la zona se ha convertido en los últimos meses en un
centro de operaciones de bandas de asaltantes y la guerrilla ha
intensificado su presencia. Así mismo, se han presentado algunas
incursiones de grupos de autodefensas. Sobre si emplearán o no
156
armas, Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobierno del
departamento, dijo que esta es una decisión que tomará a su
debido tiempo la comunidad misma... El gobernador expresó que
no se podía vacilar en apoyar a esta asociación toda vez que el
departamento 'está hoy amenazado por el avance del secuestro,
de la extorsión y la violación general de los derechos humanos'.
Confió en que esta primera asociación se convierta en modelo y
que todas las que se vayan a crear estarán ajustadas a la
Constitución y a las leyes”.
Regiones en paz, armas, decisiones de la comunidad, asaltos,
seguridad, hermosas fincas, Pedro Juan Moreno, avance del
secuestro y la extorsión. Y detrás las Convivir. Los hechos hablan
por sí solos. Para el gobernador, la cooperación ciudadana sólo
podía ser posible a través de las Convivir. Mientras las organizaba
en cada uno de los municipios de su jurisdicción, el país asistió a
un debate en torno a ellas. En Semana, María Isabel Rueda se
preguntó si las Convivir no repetirían el “grave antecedente” de los
grupos de autodefensa. Las autodefensas se organizaron en 1989
y su primera preocupación fue la de diferenciarse con claridad de
los grupos paramilitares. Sin embargo, la dinámica del conflicto las
llevó a refundirse en un solo grupo con ellos, y terminaron por
convertirse en una “fábrica de sicarios”, de donde salieron los
asesinos de Luis Carlos Galán y de Jaime Pardo Leal. “De no
especificarse la naturaleza de las Convivir -dijo Rueda -, y de no
reglamentarse urgentemente y con seriedad su funcionamiento,
no por ser legales se evitará que estas asociaciones degeneren en
un detonante más de la violencia y del desorden social que
imperan hoy en el país”. Y añadió: “Es previsible que los miembros
de las actuales Convivir terminen engrosando las filas de la
ilegalidad en el paramilitarismo, con lo cual se estaría borrando
con el codo algo que se quiso lograr con su creación: legalizar
aquellos grupos que de lo contrario estarían al margen de la ley.
La realidad es que las Convivir existen en Colombia, y que no son
precisamente un grupo de boy scouts que se comunican por clave
a través de rudimentarios radios, y que espían a los enemigos con
binóculos made in Taiwan. Ese es un juego de niños. Y las Convivir
son un juego de guerra”. Luego expone una serie de argumentos
en pro y en contra, entre ellos que “el reconocimiento del fracaso
de las autoridades en sus deberes de protección no puede
157
consistir en pasarle una cuenta de cobro a la ciudadanía
prohibiendo las Convivir, bajo la siguiente premisa: no podemos
protegerlos, pero tampoco permitiremos que ustedes ayuden a
protegerse”; y que el principal defecto de esas organizaciones “no
consiste en su condición de organismos de vigilancia y seguridad
privada, sino en su carácter de instituciones armadas paralelas a
la fuerza pública, que ejercen funciones de control policivo que
pueden degenerar en la arbitrariedad y el desconocimiento de los
derechos y libertades que pretenden proteger”.
Como siempre, no se llegó a ninguna conclusión. En el mini debate
que Serpa y Uribe sostuvieron por Caracol el 5 de abril de este
año, el segundo insistió en su tesis: “Mi propuesta de seguridad es
democrática. ¿Cuál es su objetivo? Proteger a todos los
ciudadanos, independientemente que sean empresarios o
sindicalistas, propietarios del campo o campesinos trabajadores,
de izquierda o de derecha. Es una propuesta de seguridad
democrática, para recuperar esa protección efectiva. A la
ciudadanía hay que protegerla frente a la agresión del guerrillero y
del paramilitar". Y Serpa, el mismo día, le replicó que todas esas
eran palabras para ocultar lo inocultable: que las organizaciones
paramilitares apoyan la campaña de Uribe Vélez, y que “esas
organizaciones, bajo presión, pueden dejar en las urnas entre uno
y dos millones de votos”. Los paramilitares “hacen campaña en
distintas regiones, con presencia de agrupaciones armadas
ilegales... que ponen el fusil en la cabeza a la gente”. Uribe dijo
sentirse “triste” por las declaraciones de Serpa, subrayó que en los
últimos años se ha acentuado la “debilidad institucional” y que
“Colombia está dividida hoy entre una serie de colombianos
atemorizados por la guerrilla y una serie de colombianos
atemorizados por los paramilitares”. Ante ello, dijo, “se necesita
reconstituir el Estado de derecho, uno de cuyos componentes es
una activa participación ciudadana”. Toda esta discusión, la que
fue y la que vendrá, sale de la tarea de Uribe como gobernador de
Antioquia. Tres meses después de que organizara la primera
Convivir, en su apreciación de los hechos nacionales Semana le
dio a Uribe el honor de “subir”. El 20 de junio de 1995 escribió:
“Sube el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien la
semana pasada y ante los indicios cada vez más consistentes de
que se está desatando una escalada terrorista en Medellín, pidió
158
al gobierno nacional la declaratoria de conmoción interior para
esa ciudad. El objetivo de dicha declaratoria sería el de dictar
medidas de emergencia que facilitaran, entre otros, desactivar
una red de jóvenes dedicados a acciones terroristas, contra
quienes las autoridades no han podido proceder adecuadamente
debido a su condición de menores de edad. La propuesta del
gobernador permitiría prevenir a tiempo una ola de atentados que
podría sumir a Medellín en una pesadilla similar a la vivida en el
pasado”. Ya vimos en otro aparte la respuesta que le dio el
gobierno.
La preocupación por lo que puede representar un eventual
gobierno de Uribe se ha extendido hasta los más rigurosos
escenarios internacionales. En abril de este año, Mary Robinson,
alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró
en Ginebra “estar alarmada por la proposición de uno los
principales candidatos presidenciales en Colombia de armar a un
millón de civiles para restablecer la seguridad en el país”. El
despacho de la AFP sobre el particular fue enfático. La señora
Robinson “lamentó la actitud de algunos políticos colombianos
que cierran los ojos sobre las actividades de los grupos
paramilitares, e incluso los consideran legítimos. “La alta
comisionada declaró haber comprobado en 2001 una expansión y
una consolidación de los grupos paramilitares en Colombia 'que
están entre los más violadores de los Derechos Humanos' y
destacó 'sus vínculos persistentes con funcionarios y fuerzas de
seguridad'. Más preocupante aún es el hecho de que amplios
sectores de la sociedad colombiana consideren las actividades
paramilitares como una opción legítima y que algunos candidatos
políticos parezcan admitir esas actividades, como lo demuestra la
proposición de uno de los principales candidatos de armar a un
millón de civiles”.
Por intermedio del coordinador del Programa de Derechos
Humanos, Luis Carlos Restrepo (“El derecho a la ternura”), la
campaña de Uribe sostuvo que era “irresponsable dar una
información de estas características. En un documento que el
candidato le envió a la señora Robinson y a Andreas Kompass, de
la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia, se les
explicó la propuesta de cooperación ciudadana con la fuerza
159
pública y no se mencionó para nada que las personas que
integren de manera voluntaria esta iniciativa estén armadas.
Vamos a pedir una rectificación”. A su turno El Tiempo informó que
el ministro de Defensa, Gustavo Bell, respondió en Ginebra que “la
ONU desconoce los esfuerzos hechos” y pidió “entender las
limitaciones de un Estado confrontado por la barbarie y el terror.
Mientras el ministro intervenía, dijo el periódico, un manifestante
entró en la sala con el cuerpo desnudo pintado de rojo. «Stop
terror» (Paren el terror), decía la pancarta que exhibió”.
Hay otra serie de documentos importantes que valdría la pena
conocer en su integridad. Uno de ellos es la carta que envía el
periodista Dick Emanuelsson, experto en temas sindicales: “He
cubierto el movimiento sindical colombiano desde el 1983. Mucha
gente que entrevisté está muerta. La macabra cifra de 172
sindicalistas asesinados el año pasado, es interesante en el
sentido, que casi el 25 por ciento eran de Antioquia, el
departamento que me la cuna de las Convivir. "Me pregunté,
cuando Álvaro Uribe presentó su proyecto sobre convertir a los
celadores/vigilantes en agentes de seguridad y al servicio de la
inteligencia militar en su lucha contra la guerrilla, si él había
consultado a los trabajadores de la vigilancia privada. Entrevisté,
entonces, el presidente del sindicato SINUVICOL, Carlos Gómez.
Con él fui a entrevistar a tres vigilantes en la noche. Todos están
horrorizados por la propuesta de Uribe. Temen, lógicamente,
convertirse en blancos militares de la insurgencia”.
El asunto tiene múltiples facetas. Pero hay otras más que son
imposibles de descuidar. Una de ellas tiene que ver con la
administración del Departamento. Uribe se precia de haber sido un
gran gobernador. Las cifras parecen demostrar lo contrario. "A 31
de diciembre de 1994 - dice un experto en el tema - Antioquia
tenía una deuda pública departamental que ascendía a 56.896
millones de pesos, que representaba con respecto al total de la
deuda de los departamentos de Colombia, el 11,418 por ciento.
Terminado el mandato de Uribe Vélez la deuda ascendió a
$309.058 millones de pesos, o sea que la elevó en un 543,19 por
ciento y pasó a representar el 19,713 por ciento del total de la
deuda de los departamentos. Estas cifras constan en el
documento que produjo la Federación Nacional de
160
Departamentos, denominado 'La Crisis Fiscal de los
Departamentos', publicado en marzo 26 de 1999 y habla por sí
solo. “El segundo tema tiene que ver con un contrato por valor de
370 mil millones de pesos a precios de 1997, para la construcción
del Túnel de Oriente, para lo cual se reunieron sesenta firmas de
ingenieros de Antioquia y hasta la fecha (febrero del 2002), a
pesar de estar firmado el contrato, no se ha podido ejecutar por la
sencillísima razón de que no tenía disponibilidad presupuestal. Es
decir, cometió un peculado por aplicación presupuestal diferente,
y/o celebración de contrato sin requisitos legales esenciales,
cuyos procesos duermen el sueño de los justos en el despacho del
Fiscal General de la Nación. Este hecho lo inhabilita para ocupar la
Presidencia, en primer término porque demuestra
irresponsabilidad, ya que embarcó al Departamento en la
multimillonaria demanda que hoy afronta, y en segundo lugar
porque tiene en graves problemas a más de sesenta firmas de
ingenieros antioqueños cuya capacidad operativa se ha visto
afectada”.
Varios aspectos esenciales de la crisis provocada por la gestión de
Uribe en la Gobernación fueron tratados por Ramón Elejalde
Arbeláez, en tres artículos que vale la pena transcribir, pese al
tono “oficialista” a favor de la gestión del actual mandatario
seccional. Cuándo y cómo se endeudó Antioquia. “La crisis que
hoy vive el Departamento de Antioquia tiene también mucho que
ver con el endeudamiento a que fue sometida la región por sus
distintos gobernantes. Prestar dinero sin mejorar los recaudos o
simplemente prestar para que el que "venga arree", es una
imprevisión del gobernante. Hoy la Nación, como las regiones,
viven una difícil situación fiscal producto de administradores que
se han dedicado a prestar dinero para gastar y generalmente para
gastar mal. "Antioquia no ha sido ajena a esas nefastas políticas
de trabajar "al debe", hagamos un breve análisis de la evolución
de la deuda pública del departamento entre los años de 1992 y
2001: "Bajo la administración de Juan Gómez Martínez (1992-
1994) se contrataron empréstitos por un valor de
$76.461'527.250, de los cuales se desembolsaron recursos por
valor de $69.715'204.402. De los créditos recibidos el 56% lo
aportó el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA- y el resto
la banca privada y se pignoraron las rentas por consumo de
161
licores nacionales, consumo de cerveza y vehículos automotores.
Como puede observarse el manejo de la deuda pública fue
prudente y proporcional a los ingresos del Departamento. "En la
gobernación de Álvaro Uribe Vélez (1995 -1997) la banca entregó
a la administración departamental la suma de
$384.780'944.907, es decir un 452 por ciento más que al
gobierno anterior. En este trienio hay un cambio brusco en el
manejo ortodoxo de las finanzas del estado y del origen del dinero,
ya que por primera vez el IDEA deja de ser la fuente de recursos
de Antioquia, como que solamente prestó el 22 por ciento de los
recursos de la deuda pública, frente a un 78 por ciento que
desembolsó la banca privada. El comportamiento de la deuda
pública en el gobierno de Uribe Vélez fue el siguiente: En su primer
año de gobierno, es decir en 1995, se endeudó en
$48.318'183.797, un 55 por ciento más que en 1994 y muy
cercano a la deuda adquirida durante 221 todo el mandato de
Juan Gómez Martínez. En su segundo año de gobierno, 1996, se
adquieren créditos por $95.521'242.608, es decir un 98 por
ciento más que el año anterior. Finalmente en 1997, último año
de la gestión gubernamental de Álvaro Uribe Vélez, la deuda
pública del Departamento de Antioquia contratada fue de
$240.941'518.502, es decir que se incrementó en un 152 por
ciento con respecto al año inmediatamente anterior. Uribe
respaldó estos créditos con las rentas que generarían los
impuestos a los licores nacionales, al registro, a los vehículos
automotores y al consumo de cerveza. Estos créditos fueron
además entregados al departamento en las condiciones
financieras más onerosas para la región, pues se suscribieron a
una taza del DTF + 4,03 las del primer año, al DTF + 4,29 en el
segundo año y al DTF + 3,54 en el último año. "Es de anotar que
durante el año de 1997, último del gobierno de Uribe Vélez, el
Departamento (EDATEL) pudo invertir la suma de
$47.488'983.973, producto de la capitalización de las Empresas
Públicas de Medellín en la Telefónica de Antioquia. Es decir que no
solamente gastamos prestando a manos llenas, sino depreciando
los activos del Departamento de Antioquia. "El descontrolado
préstamo de dinero por parte del Departamento de Antioquia hizo
que pasáramos de pagar, por concepto de servicio de la deuda,
una suma de $29.810'000.000 en 1.994 á $122.141'890.000 en
1998. "En la gobernación de Alberto Builes, el Departamento
162
prestó recursos por la suma de 192.618'949.189, es decir un 50
por ciento menos que en el período anterior, el IDEA aportó un 39
por ciento y el resto fue con el sector privado. Builes también
recibe por concepto de la venta de acciones de EADE y EDATEL la
suma de $121.287'770.550. "En la actual administración, la de
Guillermo Gaviria Correa, se ha dado un cambio radical en el
manejo de la deuda pública, buscando aliviar la pesada carga que
ésta representa y sanear las finanzas del Departamento. "Las
cifras son contundentes. La opinión pública juzgará". El segundo
artículo se titula "Valorización: ¿Improvisación o ruina?"
“Catastróficos los problemas que vienen enfrentando cerca de
quince mil familias campesinas en Antioquia, por once obras de
valorización decretadas por la Asamblea Departamental, ante
iniciativa del ex gobernador Álvaro Uribe Vélez. "Sancionadas las
ordenanzas disponiendo las obras, las resoluciones de
distribución de la contribución por valorización fueron decretadas
así: nueve por Uribe Vélez (Bolombolo - Santa Fe de Antioquia; Don
Matías – Entrerríos - Santa Rosa; Guatapé - San Rafael - San
Carlos; Puente Gabino - Gómez Plata - Carolina; La Metida -
Concordia; Fredonia - Puente Iglesias; El Cinco - Venecia -
Bolombolo; Jericó - La Cascada - Jamaica - Tarso y La Fabiana – La
Mesa) y dos por Alberto Builes (Urrao - Betulía y Caucasia - Nechí).
Dos obras decretadas durante el gobierno de Uribe Vélez y cuya
distribución de contribución le correspondió a Guillermo Gaviria
(Andes - Taparte; Llanos de Cuivá – San José de la Montaña),
tuvieron o tendrán un tratamiento más social y justo al momento
de derramar la contribución entre los beneficiados. "Del total de
las obras decretadas solamente se encuentra concluida y en buen
estado la vía Jericó - La Cascada - Jamaica - Tarso y concluidas
parcialmente y en pésimo estado, es decir con la inversión
totalmente perdida, las vías El Cinco - Venecia - Bolombolo; La
Fabiana - La Mesa; Fredonia - Puente Iglesias; Puente Gabino -
Gómez Plata; La Metida - Concordia; Bolombolo –Santa Fe de
Antioquia y Guatapé - San Rafael - San Carlos. Las vías Urrao -
Betulia y Caucasia - Nechí, que son las que más problemas tienen,
se hicieron con financiaciones 'en el aire' y hoy presentan un
retraso del ochenta por ciento y enfrentan la triste realidad de que
su terminación es totalmente imposible a no ser que la Nación
salga en su ayuda, lo cual parece improbable. Pero en ambos
casos, como en los anteriores donde las vías ya no sirven, se les
163
está cobrando a todos los 'beneficiados' (¿?) la contribución de
valorización. "Unas obras imprevistamente decretadas, donde
escasamente han pagado o están al día en sus pagos un veinte
por ciento de los propietarios y donde por lo menos un cincuenta
por ciento enfrenta la posibilidad cierta de ver perdidas sus
propiedades por procesos coactivos que va a tener que iniciar el
Departamento, van a llevar a la ruina a muchos pequeños
campesinos que creyeron en las propuestas de los gobernantes
de turno y al departamento de Antioquia que va a tener que
enfrentar muchas demandas de empresas constructoras. Es tan
dramática la situación de los pequeños propietarios, que para
todas estas obras se distribuyó una contribución cercana a los
115.692 millones de pesos, de los cuales 39.000 millones ya
están en mora de recaudar y a la espera de un proceso coactivo
para su cobro, con todas las consecuencias que esto entraña para
familias pobres, en una economía en recesión. "Políticamente
tiene que existir un responsable de este descalabro. Las
responsabilidades deben comprender la verdad sobre la
planeación y los estudios de factibilidad de las obras hoy en ruinas
y si éstas se deterioraron por defectos en la construcción o por la
falta de mantenimiento posterior, pero aquí existe un innegable
detrimento al patrimonio del Departamento y al de los
'beneficiarios' (¿?) de las 'obras'. "La Administración Gaviria Correa
estudia varias propuestas para solucionar los problemas de las
familias campesinas afectadas, tales como la flexibilización del
estatuto de valorización, facilitar el pago de la contribución
mediante la utilización de los predios gravados con programas de
reforestación del Gobierno Departamental y permitir el
sostenimiento de las vías por los mismos beneficiarios para que
de esta manera paguen la deuda". Y el tercer artículo, “Bancos
Cooperativos: otro desastre”, dice: “Durante el trienio del doctor
Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, el Departamento
decidió abrir en aquellos municipios que no contaban con entidad
bancaria, unos bancos cooperativos que le ayudaran a estas
entidades territoriales en su desarrollo. Igualmente tomó la
determinación de apoyar a algunos de éstos con dineros
estatales, provenientes del Fondo de Desarrollo de la Comunidad -
Fodes-. "Fue política de gobernador Uribe Vélez prestar hasta
cuarenta y dos millones de pesos por oficina de banco cooperativo
que lo requiriera, en condiciones financieras 225 sumamente
164
favorables, ya que los créditos se entregaron al D.T.F., para ser
colocados al D.T.F. + 2, cuando en la banca comercial estaba al
D.T.F. + 6 y hasta el D.T.F. + 12, lo que en su momento originó las
críticas de la Superintendencia Bancaria. Como era de esperarse,
la propuesta financiera del Departamento llevó a un crecimiento
desmesurado a algunos de estos bancos, crecimiento que
después ayudó a su quiebra. "Fueron catorce los Bancos
Cooperativos que recibieron apoyo económico del Gobierno
Departamental presidido por el Doctor Uribe Vélez: Coosedeco,
Cofamiliar, Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear, Fedean, Confiar,
Codea, Coopiantioquia, Coopetraban, Coofinep, Coficrédito,
Cootrabaco, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Suya, Socialcoop y
Cortaban, algunas de ellas obtuvieron otro crédito adicional como
Confiar, Coopiantioquia, Coofinep y Coficrédito. Estos créditos
fueron por la suma de ochocientos setenta y ocho millones, diez y
seis mil trescientos noventa y ocho pesos ($878'016.398,oo), de
los cuales el Departamento tiene casi perdidos, incluidos
intereses, la suma de seiscientos veinticuatro millones, dos mil
seiscientos cuarenta pesos ($624'002.640,oo), hoy en proceso
jurídico para su recaudo. "De los Bancos Cooperativos
beneficiados con los recursos de los contribuyentes antioqueños
cancelaron todos sus créditos o están a paz y salvo, la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Crear, Fedean, Confiar, Coopetraban, Coofinep,
Codea, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Suya y Socialcoop, lo
que obviamente indica que los demás son deudores morosos del
fisco regional, pero lo que es más grave, todos los deudores se
encuentran en proceso de liquidación desde hace cerca de cuatro
años y las deudas del Departamento serán canceladas luego de
pagar a los trabajadores, a la DIAN y a los asociados, es decir que
los antioqueños debemos esperar en un cuarto lugar, a que quede
alguna 'chichigüita' para recuperar algo de nuestro dinero, lo que
los más optimistas ponen en duda.. "Coopiantioquia y Coficrédito
gozaron de un especial tratamiento al recibir de los dineros de los
antioqueños doble préstamo, a Coopiantioquia primero le hicieron
un crédito de cuarenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y tres pesos ($41'666.663,oo) y luego le
prestaron treinta y siete millones quinientos mil pesos
($37'500.000,oo), ambos en mora y en cobro jurídico y a
Coficrédito le hicieron primero un préstamo de trece millones
ciento veinticinco mil pesos ($13'125.000,oo) y luego otro de
165
veintisiete millones quinientos mil pesos ($ 27'500.000,oo),
obviamente que ambos créditos están en mora y en cobro jurídico.
"El caso de la Cooperativa de Trabajadores de Colcafé -
Cootrabaco-, es de los más graves: le prestaron la suma de ciento
veinte millones y jamás pudo pagar un peso y la recuperación del
dinero es imposible. Increíble que desde el estudio de los estados
financieros para prestar el dinero de todos los antioqueños, no se
hubiera tenido la previsión de saber la caótica situación de la
institución para hacer el desembolso. "Estos Bancos Cooperativos
no sólo arrastraron con su quiebra a los dineros públicos, es decir
a los dineros de los contribuyentes, sino que también se llevaron
por delante a muchos ahorradores y comerciantes que creyeron
en ellos y en el gobernante de tumo que les llevó a sus municipios
una solución bancaria que resultó ser un completo fiasco".
Todo lo cual termina, sin que haya terminado todavía, en la noticia
que publicó El Espectador en su edición del 5 de mayo de este
año: “Con el propósito de examinar el pasado disciplinario de los
aspirantes a la Presidencia, El Espectador formuló un derecho de
petición ante la Procuraduría para que informara si los candidatos
Álvaro Uribe Vélez, Noemí Sanín, Luis Eduardo Garzón, Harold
Bedoya Pizarro y Horacio Serpa tenían investigaciones. Según el
organismo, 'los señores Serpa, Garzón, Sanín y Bedoya no
registran en curso investigaciones en su contra'. Los candidatos
que sí tienen investigaciones son Ingrid Betancur y Álvaro Uribe. A
la primera, el organismo le tiene un proceso disciplinario por
resolver. Uribe tiene 47 procesos: 20 en indagación preliminar, 16
investigaciones y 11 pliegos de cargos, todos por presuntas
irregularidades en celebración indebida de contratos durante su
gestión como gobernador de Antioquia".
Todo en la campaña de Uribe Vélez es equívoco. Pero una
equivocación más no la resiste Colombia.
******
166
EPILOGO
De viaje
FERNANDO GARAVITO - COAUTOR DE ESTE LIBRO.
COLUMNISTA DE «EL ESPECTADOR». ESCRITOR.
A bordo del avión que me lleva hacia un destino que aún no
conozco, siento cerca de mi hombro la pesada respiración de mi
vecina. Es una mujer entrada en años, gruesa, de rasgos
vigorosos, quien sólo después de sentarse se despoja, con enorme
dificultad, de un abrigo negro de abotonadura hasta el cuello.
Cuando logra terminar una faena que hubiera podido culminar con
mejor éxito en el pasillo, en su doméstico saco de lana gris y en su
blusa de grandes pepas blancas dibujadas sobre un escueto fondo
trajinado por el uso y los detergentes, descubro algunos rasgos de
esa vida tal vez sin sobresaltos. Mujer y saco de lana gris y pepas
blancas y un escueto “café”, dicho con sequedad a la azafata.
Pienso. ¿Qué sabrá esta mujer de Colombia, de la hecatombe que
vivimos, de sus crueles protagonistas acostumbrados a la muerte
como uno de sus asuntos cotidianos? Tal vez nada. Al entrar,
superando las dificultades de dos lenguajes herméticos, me
explica que viaja a reunirse con su marido. “Él trabaja en Los
Ángeles - le entiendo -. Voy a verlo unos días antes de irme del
todo para Zurich”. - ¿Y qué hacía usted en Colombia? - Visitaba a
mi hija. Ella se casó con un paisa. Debo confesar que la estructura
de la frase la obtengo a partir de la palabra paisa. La dice con
todas sus letras, dando cuidadosamente el paso entre la a y la i y
acentuando con suavidad la última de las vocales. Me suena más
o menos a paisa, con doble tilde para escándalo de académicos y
gramáticos. La conversación naufraga entonces (¿qué más podría
decirle a una mujer como esta?) y ella se duerme. Pero yo
permanezco vigilante en torno a las últimas imágenes que tendré
de mi país posiblemente durante años. Mientras las luces de la
cabina indican que hay un pasajero que requiere de alguna ayuda,
que nos aproximamos a un banco de nubes, y que – por fortuna -
nadie puede fumar hasta que termine la travesía, sé que abajo, en
esas montañas que brillan bajo el dorado sol del atardecer, bajo
nuestro incomparable “sol de los venados”, transcurre una de las
167
guerras más cruentas que haya vivido América Latina en toda su
historia. “Tal vez la del Chaco haya sido peor”, pienso como
consuelo. “O la de El Salvador”. Pero en ninguna de ellas se vio
jamás el grado de sevicia del que hace gala la nuestra. Esta misma
mañana leí en El Espectador que Alirio Uribe Muñoz, defensor de
los Derechos Humanos y, como tal, exiliado, denunció en París que
en los tres últimos años hubo en Colombia diez mil muertos, un
millón de desplazados, entre 12 y veinte asesinatos políticos
diarios y más de diez mil secuestros. Multiplico: veinte asesinatos
políticos por 365 días, igual 7.300 asesinatos políticos en un año;
por tres años, igual veintiún mil novecientos asesinatos políticos
en tres años. Veintiún mil novecientas familias golpeadas, veintiún
mil dirigentes cívicos y sindicales asesinados.
Sé que en mi maleta van los conceptos más diversos sobre la
guerra. “La guerra”. Cuando se vive fuera del país, como
comenzaré a hacerlo yo mismo tan pronto me baje de este avión,
es fácil hablar de “la guerra”. Pero esto que vivimos los
colombianos no es una guerra. Es una hecatombe, una masacre
continuada que nos acorrala, que no nos da tregua. ¿En qué
guerra se aceptaría que un asesino, como Salvatore Mancuso,
declarara que su ejército de sicarios “no ejecutará mas de tres
personas al mismo tiempo”? ¿Dónde se ha visto? Pero esas fueron
las declaraciones que, letra por letra, le dio el 13 de febrero a
Margarita Martínez, enviada especial de la Associated Press.
Pienso que mi ámbito inmediato, poblado de victimarios, cambiará
dentro de pocas horas. Cuando en Colombia alguien dice
Mancuso, el interlocutor siente repudio o miedo. Pero, de ahora en
adelante la palabreja no le dirá nada a nadie. Mancuso, el jefe
militar de los paramilitares (aunque suene cacofónico) es
doméstico. Como la roya. Los paramilitares también lo son.
Cuando hable en la Universidad tendré que explicar qué cosa son
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y me veré obligado a
hacer breves perfiles biográficos de los asesinos. Mancuso, por
ejemplo. “Nacido en 1965 – diré -, propietario de grandes
extensiones de tierra, hijo de un inmigrante italiano, ex alumno de
Pittsburg, secuestrado por las FARC en 1983, comandante de los
paramilitares desde agosto del 2001”. Y pare de contar. Dentro de
ese resumen no podré enumerar todos y cada uno de sus
crímenes, que harían, con creces, el segundo tomo de la nueva
168
historia extensa de Colombia, la cual se inició, sobra decirlo, con
Mi confesión (Carlos Castaño, 2001, 328 páginas). Pero sí podré
hablar de sus declaraciones. Las que le hizo a Martínez, por
ejemplo, en las que sostuvo que su organización pasó de 850
hombres en 1992, a 14 mil en el 2002, y que el próximo año
llegará a 26 mil, seis mil de los cuales comenzaron ya su
entrenamiento, mientras que otros seis mil lo harán en abril.
¡Veintiséis mil combatientes! Los estudiantes me harán una
pregunta obligada: ¿dónde ubicarlos? Afirmaré entonces, soto
vocee, que son el grupo a través del cual un ejército regular en
desventaja, como el nuestro, viola los derechos humanos,
masacra campesinos, y controla extensas zonas del país, antes en
manos de la guerrilla. Ahí comenzará la polémica. “¿Tiene usted
alguna prueba que le permita hacer esa afirmación?”, me
preguntará un profesor de derecha. Y yo tendré que decirle que no,
que en Colombia nunca hay pruebas, y que la forma más socorrida
de los corruptos para eludir sus responsabilidades es la de pedir
que se muestren las pruebas.
Todo el mundo sabe que paramilitares y grandes sectores del
Ejército son sólo uno, pero “no hay pruebas”. Hace poco, lo dijo
Alirio Uribe en París, en las investigaciones que se adelantaron
alrededor del atentado del que fue víctima el dirigente sindical
Wilson Borja, la pista culminó en miembros del Ejército vinculados
a los paramilitares. ¿Qué habrá pasado con eso? Que buscarán
pruebas hasta que el delito prescriba.
En los municipios dominados por los miembros de las
Autodefensas se asiste a su connivencia con los soldados. Los
militares que abandonan las filas saben que encontrarán abrigo
seguro bajo las órdenes de Mancuso. En diciembre del año 2000,
el ministro de Defensa, Luis Femando Ramírez, dijo que 40
suboficiales y oficiales de baja graduación, dados de baja por mala
conducta, habían ido a parar a los batallones de las Autodefensas.
Pero sólo fue un anuncio porque en Colombia, y esta es una
segunda característica del país, las autoridades no hacen
denuncios sino anuncios. Pues bien. Los soldados y los “paras” se
saludan de lejos, se tratan de “compas”, extrañamente sus
horarios nunca se cruzan. Cuando los paramilitares atacan, se
sabe que las autoridades sólo llegarán al sitio en cuestión,
169
después de que los primeros se hayan puesto a salvo. Entonces
entran los batallones y el comandante declara que el crimen no
quedará impune y que se iniciará una investigación exhaustiva. No
es función del comandante hacer ese anuncio, claro está. Pero es
que esa es una tercera característica del país más extraño del
mundo: entre nosotros los comandantes hablan de todo un poco,
dominan cualquier tema, y tienen una opinión formada sobre cada
asunto, grande o pequeño, que expresan en voz alta sin pararse
en pelillos.
El día declina. Mientras Manuela se entretiene con su gameboy
atisbo por la ventanilla de la izquierda. Para ello debo atravesar la
espesa cortina de piernas, torsos y sánduches de mis vecinos.
Desde hace años el paisaje en Colombia ya no es el mismo. Antes
estaba hecho de vacas y de hortalizas, y las grandes plantaciones
eran siempre de productos necesarios para un buen desayuno,
café, azúcar, árboles frutales. Ahora no. En mi equipaje llevo
también un estudio de Ismael Roldan (Universidad Nacional,
revista de la Facultad de Medicina, 2000, páginas 77-88), en el
que encontré una explicación de la que tendré que echar mano
una y muchas veces. “Desde los años 80 - escribe él -, los dineros
del tráfico se emplearon en muchas regiones de Colombia para
comprar tierras. En la adquisición de varios millones de hectáreas,
los traficantes vieron no sólo una manera de invertir dineros
ilícitos, sino una oportunidad de inserción en la sociedad local.
Cuando se encontraron en esas áreas con la presencia de los
grupos guerrilleros, promovieron y financiaron la formación de
grupos armados para combatirlos. Fue en la confrontación rural
entre los nuevos hacendados y los guerrilleros donde se gestaron
las fuerzas irregulares que hoy azotan la vida rural de la mayor
parte de Colombia. Paramilitares, como se les conoce
actualmente, y guerrilleros, ambos, se han nutrido de los dineros
del narcotráfico y fue este el que proveyó las condiciones
financieras, técnicas y de debilitamiento institucional para que el
conflicto colombiano escalara hasta el punto actual”.
Ahí están todos los elementos del desastre. Los elementos del
desastre, como el libro de Mutis, ¿de Mutis?, que no son los
elementos de mi propio desastre. El primer elemento de mi
desastre es mi mala memoria. Sin mi biblioteca a mano dudaré de
170
escribir cualquier cosa. ¿De Mutis? ¿De Cote? ¿De quién podrá ser
ese libro, que alguna vez leí con entusiasmo? Ah, los viejos
amados libros que ya no volverán. Como las golondrinas. Volverán
los amados mamotretos, en tu balcón sus letras a enredar... Y sólo
en ese momento, al darme cuenta de que no recuerdo con
precisión cómo dice el tercer verso de Bécquer, descubro la
dimensión de mi desastre. Sé que rescaté a Rulfo, como la viuda
que en el incendio de su casa se decide por salvar al gato en
contra del Picasso que cuelga en sus paredes, porque frente al
museo majestuoso y estático de Borges, por ejemplo, (¡de mi
amado Borges!), Pedro Páramo es la vida que se nos entrega en
cuentagotas. Sé que viene Tabucchi, pero no todo Tabucchi, sino
el verdadero, el de Sostiene Pereira. Y pare de contar. Pero, eso sí,
vienen decenas de documentos como el que Ismael Roldán me
entregó en la Universidad hace algunos días, y al que le faltaron
dos páginas, en el que se dibuja la miseria de un país destruido en
su desastre: narcotráfico, guerrilla, paramilitares, debilidad
institucional. Cuatro personas distintas y una sola hecatombe
verdadera. En Colombia todos lo sabemos. Mancuso, por ejemplo.
De pronto, sin saber cómo, un mes antes de las elecciones
parlamentarias de marzo le dice a Martínez que su ejército de
mercenarios apoya a “determinados candidatos”, y que tiene la
orden de impedir a los demás hacer campaña. “Nosotros – dijo -,
ganaremos al menos el 30 por ciento de los escaños en el
Congreso” (un mes más tarde sostuvo que habían superado esa
cifra y que “sus congresistas” llegaban al 35 por ciento). De
manera que una de las instituciones menos respetadas del país, el
Congreso de la República, caerá todavía más hondo. Casi tan
hondo como un país donde, según Mancuso, el paramilitarismo
surgió a raíz “de la ausencia de fuerzas de seguridad del gobierno
en muchos lugares, lugares del tamaño de Francia, España y
Portugal juntos”. “Hemos crecido - concluye Mancuso - porque
mucha gente, como nosotros, estaba harta (harta es la traducción
de la agencia, pero en Colombia se dice 'jarta') de los abusos de
los rebeldes y de la falta de protección del Estado” (Martínez, AP,
13/02/02). La falta de protección del Estado. Ese es el argumento
más fácil para acabar precisamente con lo poco que queda de
Estado. Las tonterías que dice Mancuso sólo caben en la cabeza
de Mancuso. Esa tesis ha hecho carrera entre nosotros. Se dice
que en Colombia el Estado no protege a nadie. Que siquiera es
171
capaz de protegerse a sí mismo. Que en ese inmenso territorio de
un millón 300 mil kilómetros cuadrados y con 43 millones de
habitantes, todo el mundo está a la deriva. Pero el asunto debe
tomarse con extremo cuidado. Cuando la prensa escribe que el
Estado se acabó (y yo mismo lo he hecho), escribe a favor de
Mancuso. Peligroso. Pero a la deriva están muchos. Hace poco lo
estuvo, por ejemplo, el arzobispo de Cali. Su caso lo planteó Alirio
Uribe, en París, ante el Coloquio sobre la Paz en Colombia,
convocado por la Asamblea Nacional. Según él, el asesinato del
prelado, el hecho atroz del 16 de marzo, “marca el comienzo de un
período de guerra sucia en la que los objetivos designados (son)
los organismos y personas comprometidos con los derechos
humanos”.
Volando a 9 mil pies de altura sobre el Río Magdalena (el piloto
anuncia en este mismo momento que su línea plateada puede
verse con nitidez por la ventanilla), sé que los objetivos designados
somos todos. Obvio, para los defensores de los derechos humanos
los primeros serán los defensores de los derechos humanos, y
para los periodistas, los periodistas, y para los políticos, los
políticos, y para los militares, los militares. Pero no: somos todos.
Si en Cúcuta, Cali y Urabá, como él dice, “desaparecieron las
oficinas de defensa y promoción de los derechos humanos”, lo
cierto es que allá, y en el resto del país, desaparecieron hace
mucho los derechos humanos. En ese sentido, ¿qué importancia
pueden tener las oficinas? Desde hace años un serio investigador
colombiano, el profesor Eduardo Umaña Luna (Premio Nacional a
la Investigación Científica, Universidad Nacional, 2001) ha
denunciado las iniquidades de un estatuto que no opera en
ninguno de sus artículos, y ha demostrado, con cifras y
estadísticas, que la defensa del derecho a la vida ha dejado por
puertas otros derechos esenciales: al trabajo, a la salud, a la
vivienda, a la educación, sin los cuales la vida no es vida.
Mientras mi vecina de la blusa de pepas se inquieta en su silla
ante un movimiento brusco de la nave, pienso que una cosa es la
vida y otra muy distinta la supervivencia. En Colombia no vivimos
porque estamos empeñados en sobrevivir. Y así esto se convierta
en un trabalenguas, en esa supervivencia se nos va la vida,
gastada, claro está, en un oficio mucho más duro que el de
172
Pavesse, en el que juegan miserias, envidias, odios infundados,
disparos al blanco, disparos al aire. “Yo, señor - escribió De Greiff -
soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire...”. En
Colombia los viejos estudiamos otra historia. En mi texto, el de
Henao y Arrubla, se sucedían los presidentes unos a otros como
las cuentas de un rosario, y los sucesos que protagonizaban eran
más o menos los mismos, una guerra civil, un proyecto de
Constitución, un enfrentamiento con el Congreso, unas memorias
administrativas. Pero la que estudian mis hijos es muy distinta.
Dos horas antes de mi viaje recibo por Internet el texto de la
conferencia que Paúl Wolf dictó a los alumnos de la Universidad de
la Sabana, en Bogotá, el 20 de marzo. Sé que va ahí, junto a los
discos con el juego de Harry Potter, de Manuela, y con aquellos
que guardan los artículos más consistentes de mi archivo, que me
van a ayudar a encontrar un trabajo en un espacio que no es el
mío. Pero me duele recordar que lo último que leí antes de
abandonar a Colombia haya sido precisamente ese texto, en el
que Wolfie cuenta a un grupo de jóvenes apenas uno o dos años
mayores que Femando, que hoy nuestra historia es otra historia, y
que las 21 guerras civiles que tuvieron como protagonista al
coronel Aureliano Buendía son apenas la visión romántica de un
escritor que se enamoró de las palabras. Para Wolf son
significativos una serie de hechos que apenas comienzan a
manejarse masivamente en la academia. Cuenta él, por ejemplo,
cómo y dónde nació la guerra fría en América Latina. Dice que fue
en Bogotá, en 1948, y en la Resolución 32 (o “Acto Final”) de la
Conferencia Panamericana. “Por su naturaleza antidemocrática y
su tendencia intervencionista - señala uno de los considerandos -,
la actividad política de comunismo internacional o cualquier
doctrina totalitaria es incompatible con el concepto de libertad
americana”. Y en el momento de recomendar medidas respalda el
marco legal, internacional y homogéneo que permita “erradicar e
impedir actividades... que tiendan a derrocar sus instituciones por
fuerza, a fomentar desorden en su vida política doméstica, o a
molestar... el libre y soberano derecho de sus pueblos a
gobernarse ellos mismos”. En ese documento se identificó al
enemigo. De ahí que se le haya atribuido precisamente a ese
enemigo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el carismático líder
liberal, el cual ocurrió precisamente durante la Conferencia.
Durante anos se sostuvo en todos los ámbitos que la muerte del
173
caudillo y la explosión de ira colectiva que destruyó monumentos
históricos y edificios civiles irrecuperables, fue dirigida desde la
sombra por la mano siniestra del comunismo y por la diestra de
Fidel Castro, en ese entonces un joven estudiante, alumno de los
jesuitas. Hasta ahora, cuando el gobierno norteamericano permite
consultar los archivos de la CIA de esa época, en los cuales se
comprueba que fue esa organización la que asesinó a Gaitán y
provocó la revuelta. Daniel Samper, un prestigioso periodista
colombiano exiliado desde hace años en España, lo denunció en
una columna de prensa que no tuvo mayor eco. La voracidad de
los acontecimientos que se viven en Colombia ha pretendido
convertir a Gaitán, un líder de estatura latinoamericana, en un
santón al que un grupo de ancianos decrépitos le rinden culto
cada año, el día en que se conmemora su asesinato. El 9 de abril
de 1948 parte en dos nuestra historia política. Antes el país
avanzaba por el cauce lleno de rápidos y de peñascos próximo a la
catarata. Después, se precipita por el torrente. Tal vez debería
reflexionar más despacio sobre ese proceso, pero las luces de la
cabina se prenden anunciando tormenta. De 1948 en adelante el
bache entre la historia oficial y la historia verdadera se volvió
insuperable. Luego de un rápido recuento, donde aparecen la
colaboración de Colombia en la guerra de Corea, la compra de
armamento obsoleto a los Estados Unidos, la cruenta guerra civil
de 1948 a 1953, la desmovilización de los que él llama
“bandoleros”, el pacto que dio origen al Frente Nacional y la
revolución cubana, Wolf trae algunos datos de importancia.
Cuenta, por ejemplo, que en 1960, por invitación de Eisenhower,
se reunieron en Camp David los presidentes latinoamericanos.
Alberto Lleras gobernaba en Colombia y veía cómo el prestigio
momentáneo que había logrado la hermética burguesía bogotana
al encabezar el golpe contra Rojas Pinilla, se le deshacía entre las
manos. Pero Lleras era un hombre lúcido, capaz de mirar mucho
más allá de sus narices. De modo que, sabiendo bien lo que decía,
sostuvo ante sus pares que la misión militar norteamericana
acantonada en Colombia (por ese entonces todas las naciones
latinoamericanas tenían “misiones” acantonadas en sus
territorios), no entrenaba al Ejército “de acuerdo con sus
necesidades”. El testimonio, dice Wolf, aparece en el comunicado
de la Casa Blanca del 7 de abril de 1960, donde se añade que
para Lleras había pocas posibilidades de una guerra entre estados
174
latinoamericanos o de un despliegue del Ejército colombiano hacia
el extranjero. ¿Entonces?, debió preguntarle alguien. Y él
respondió que la misión de los militares en nuestros países era
“prepararse para una guerra de guerrillas, ya que “si el presidente
(Eisenhower y Khruschev) eran capaces de mantener la paz, los
comunistas utilizarían a terceros para fomentar el conflicto,
incluyendo la actividad de guerrillas en las áreas débiles del
mundo”. El asunto, sobra decirlo, resultó profético. “El
Departamento de Estado - sigue la cita de Wolf - tenía la misma
idea. El comunicado añade que "aunque las bandas de la guerrilla
no pueden describirse como controladas en un ciento por ciento
por los comunistas, estos manejan unas cuantas y han infiltrado
otras. La situación general puede explotar peligrosamente si los
comunistas deciden volver a utilizar la violencia”. De ahí que la
conclusión de Wolf sea certera: “en Colombia el programa contra
la insurrección comenzó más temprano que la insurrección
misma”.
La vida en los aviones es monótona. Cuando los pasajeros acaban
de devorar la comida de plástico que les sirven, hay siempre un
momento de silencio. El ruido de las turbinas se oye entonces
entre paréntesis, y su única razón de ser es la de servir de fondo a
las exclamaciones de asombro de un niñito de pocos meses que
juega en las rodillas de su madre. Hay algo de bienestar en la
penumbra que todavía no requiere de luces. Alguna mujer lee bajo
la lamparilla, otra conversa con su marido, un hombre se levanta
para estirar las piernas, pero nada perturba esa cierta placidez del
ambiente, que adormece. Lo que había que hacer se hizo, y se
hizo hasta lo imposible. Entonces el dique contenido de palabras,
pensamientos, afectos y emociones se rompe súbitamente, y el
espacio estrecho en el que competían adquiere la placidez de una
llanura. Ese es el momento para dormir sin pesadumbres ni
arrepentimientos. Ya vendrá lo que habrá de venir, que será duro,
el desarraigo, la pobreza, la lucha por la vida. Pero ese será el
capítulo de mañana. El de hoy, el de este momento, tiene que ver
con el hecho de haber dejado atrás las nubes negras de la
tormenta, el de encontrar cómo hay una cierta tranquilidad en los
visos que deja el sol sobre los espaldares. Sé bien que aquí no hay
un sueño: hay una duermevela, en la que me veo a mí mismo
como un nuevo personaje de Alicia, al que efectivamente decapitó
175
una orden perentoria de la Reina de Corazones. (¿De Corazones?).
Pero no soy solo yo. Somos un batallón de decapitados, de
descamisados, de discapacitados, de incomunicados, de seres
asesinados. Tal vez la pesadilla provenga de la lectura de Wolf,
quien cuenta cómo la Alianza para el Progreso, que puso en
marcha el presidente Kennedy para enfrentarse a la agresiva
política de Khruschev cuando este resolvió que la misión del Soviet
Supremo era extender a todo el mundo la revolución comunista, se
convirtió en una herramienta para recolectar información sobre
posibles subversivos. En ese momento la aguda confrontación le
indicó a la CIA la conveniencia de “disuadir a la subversión
matando a los líderes subversivos en la medida en que fueran
surgiendo, como una forma de amedrentar a los otros subversivos
potenciales”. Hubo dinero a rodos, pero fue selectivo: abundante
para las regiones que manifestaran “buena conducta”, y mezquino
para aquellas que por su independencia y su carácter se hicieran
mirar con desconfianza. En febrero de 1962, al finalizar el
gobierno de Lleras, el general William Yarborough informó que en
Colombia había unos 8 mil “torpes e ineptos comunistas”, que “no
representaban una amenaza real para el gobierno”. Sin embargo,
siempre según Wolf, “el funcionario recomendó a Washington
“asignar cinco destacamentos de las Fuerzas Especiales, de doce
hombres cada uno, para dirigir brigadas colombianas “de
contraguerrilla”, y enviar especialistas en guerra sicológica. Ese
fue el origen del Plan Laso (Latin American Security Operation),
que buscaba "exterminar a los bandoleros comunistas. El Plan
Laso seguía el modelo de guerra de baja intensidad utilizado en
Vietnam bajo el mote de ‘Programa Fénix’ que, se estima, asesinó
entre veinte y cuarenta mil civiles” en ese período. Dentro de ese
programa se desarrolló la "Operación Marquetalia". Lo que quiso
ser una acción cívico-militar, se desenvolvió dentro de una
dinámica de ataque militar. Y "lo que había sido un movimiento de
autodefensa... se convirtió en una guerra de guerrillas”. Wolf cita
un informe sobre el Plan Laso publicado en 1963. “En Colombia, el
ministro de Guerra, general Ruiz Novoa, anunció recientemente al
Congreso que el problema de bandolerismo no tiene ahora
inspiración política con intereses domésticos. Aunque comenzó
como resultado de la rivalidad entre los partidos políticos, hoy en
día está influenciado y dirigido desde fuera del país, con centros
de dirección ubicados en zonas urbanas que controlan actividades
176
subversivas dentro del territorio. Esa es subversión en la forma
más pura”. Desde “fuera del país”. Tal vez desde Cuba. O desde
Moscú. Era necesario luchar contra esa agresión con toda el alma.
La “Operación Marquetalia”, que reunió a 16 mil soldados,
comenzó el 1° de mayo de 1964, una vez el presidente Guillermo
León Valencia le anunció al país que antes de fin de año su
gobierno acabaría con las “repúblicas independientes”,
denominación ideada por Álvaro Gómez Hurtado (Sánchez, 2001,
75), quien, como periodista experto en titulares, fue siempre un
mago en condensar en una sola palabra cualquier situación por
compleja que fuera. Pero Valencia no pudo acabar con las
“repúblicas”. Y, por el contrario, de la de Marquetalia salió
fortalecido el ejército de un hombre que, según su propia
confesión, entró a la lucha armada cuando sufrió el despojo de
unos pobres domésticos que eran su sustento. Ese hombre era
Pedro Antonio Marín, que después se llamó Manuel Marulanda y
que luego hizo famoso su alias de Tirofijo. Un hombre y un ejército.
Las FARC son hoy uno de los grupos armados más poderosos del
planeta y se han convertido en uno de los centros de atención del
Departamento de Estado, que las ha ubicado en un lugar de
privilegio dentro de su plan mundial contra el terrorismo. De la
época de Marquetalia surgen los “manuales” de la CIA. Wolf trae a
cuento algunos de sus principios. Para la agencia, por ejemplo, el
“contraterrorismo” es distinto del “terror defensivo”. El primero se
origina en la imposibilidad de los gobiernos de luchar contra la
violencia por medios legales, mientras que el segundo se justifica
cuando aquellos se ven obligados a recurrir a la violencia para
contrarrestar precisamente la violencia. En tal caso sería
importante que los agresores sean “fácilmente identificables”,
porque, de no ser así, el “terror defensivo” convertiría a los
gobiernos en blancos de críticas y acusaciones de represión, lo
cual no es deseable para nadie. Paramilitares, guerrilleros,
soldados regulares e irregulares, narcotraficantes, delincuentes
comunes y menos comunes, políticos corruptos y funcionarios sin
conciencia, ladrones de cuello blanco y sin cuello y con cuello de
garza, asaltantes de caminos y depredadores del presupuesto,
enemigos públicos números uno y números dos y mil quinientos, Y
nosotros en medio.
177
¿Sabrá esta mujer con quién está casada su hija? ¿Cuántos
crímenes habrá cometido el hombre que entierra las rodillas en mi
espalda? Y este niñito, ¿cuántos cometerá? Antes de que se acabe
la hecatombe, ¿cuántos muertos engrosarán las estadísticas
oficiales, cuántos secuestrados, cuántos heridos irrecuperables,
cuántas familias desoladas, cuántas miserias silenciosas, cuántos
millones más de desplazados, cuántas promesas incumplidas,
cuántas poblaciones destruidas, cuántos seres humanos
humillados? Humillado y ofendido debería ser el INRI de
Dostoyevski sobre la frente de cada colombiano. Humillado y
ofendido este individuo que pide limosna para él y su familia en
una esquina bogotana bajo el chubasco de las 6 de la tarde.
Humillado y ofendido el que roba, el que siembra coca porque no
puede sembrar algodón o repollos, el que pasa meses de meses
en un calabozo esperando a que alguien pague su rescate, el viejo
que pierde su hijo y el hijo que pierde a su padre y la mujer que
queda viuda o deja viudo a un hombre que la espera y la esperará
frente a la ventana hasta el fin de los siglos. Y los niños:
humillados y ofendidos todos los niños de Colombia. Todos esos
seres indefensos, el viejo y el desplazado y la mujer y el herido por
una mina o una bala, se han visto sumidos en una tragedia sin
nombre en nombre de la igualdad, de los derechos humanos, de la
defensa de unos principios, de un futuro. En la búsqueda de un
futuro hipotético los colombianos hipotecamos nuestro futuro.
Quién sabe cuántas de estas personas volverán al país algún día,
tal vez alguna lleve en sus intestinos un cargamento de coca, es
posible que una u otra vaya de turismo a descansar de nuestras
miserias, y otra más intente volver mañana mismo con un
contrabando de cualquier cosa. Aquí voy yo, con mi hija,
desplazado por la violencia. Que salga yo no importa. ¿Pero
Manuela? ¿Qué será de Manuela? ¿Cuándo volverá? Cada vez que
un niño sale de Colombia, Colombia se hace menos Colombia. Y
son centenares de miles los niños colombianos que hoy viven y
estudian y piensan en otros países, que sorpresivamente sienten
que se hacen poco a poco mexicanos o argentinos o ecuatorianos
o canadienses o españoles o británicos o japoneses. En Colombia
quedará algún abuelo, un tío calavera, un primo lejano. Pero ellos
no volverán. Y ya, me acuerdo: “Pero aquellas que el vuelo
refrenaban / tu hermosura y mi dicha a contemplar, / aquellas
que aprendieron nuestros nombres... / ésas... ¡no volverán!”.
178
En Le Fígaro se publicó en febrero un estudio de Guy Sorman. El
sostiene que la comunidad internacional no entiende, ni quiere
entender, el conflicto en Colombia. El diagnóstico que hace de las
FARC es descarnado. “En Colombia, el último refugio del
guerrillero revolucionario, las FARC, tiene sobre las armas cerca
de 30 mil hombres, que asesinan por año unas cinco mil personas
y secuestran tres mil. Su cifra anual de negocios supera los 1.500
millones de dólares, de los cuales dos terceras partes provienen
del tráfico de cocaína y el saldo de rescates y otras extorsiones”.
Aunque la pregunta que se formula Sorman es apenas obvia:
“¿Tanta violencia y tantos recursos tienen por destino el servicio
de los pobres?”, en su dramática realidad la respuesta no lo es
tanto: “Al contrario - explica él -, son los más débiles en la
sociedad colombiana los que sufren lo peor de las acciones de las
guerrillas y particularmente de las FARC marxistas. Los
campesinos son expulsados de sus tierras para darle lugar a la
cultura de la coca y de la amapola y las extorsiones golpean los
humildes, mientras las élites tienen al menos el consuelo de pagar
guardaespaldas y encerrarse entre vehículos blindados. Son
también los pobres los que sufren más directamente la
destrucción de la economía colombiana: las infraestructuras
bombardeadas, las inversiones que se alejan y los empleos que
decrecen, he ahí cómo el narcotráfico prospera a costa de las
empresas y de los empleos. Si hace 20 años los guerrilleros
marxistas aún podían hacer creer a los campesinos y a los
intelectuales crédulos que adelantaban una revolución social, hoy
nadie cree en Colombia semejante embuste. Todos los
colombianos saben bien que el guerrillero no es más que un
empresario de narcotráfico y de secuestros".
Ni más ni menos. Pero, sobra decirlo, no siempre fue así. Al
comienzo de la insurgencia comunista, decenas de jóvenes
estudiantes a quienes sólo protegía la fuerza de su ideal, siguieron
el camino señalado por la guerra campesina. En ese entonces
Colombia era un país marcado por la pobreza y las desigualdades,
pero no por el delito. Un lúcido analista político, el profesor Ricardo
Sánchez, analiza a profundidad ese proceso inicial en su libro
Crítica y alternativa: Las izquierdas en Colombia (Bogotá, 2001,
358 páginas). En él se entienden a cabalidad los caminos que se
179
frustraron. Allí leo: “Las características de estos movimientos
guerrilleros (N. Del A. Los primeros grandes núcleos guerrilleros,
que hacia 1952 reunían a más de 20 mil hombres), se resumen
en la espontaneidad, la resistencia, lo acentuadamente regional y
lo profundamente heterogéneo en lo social y político, ya que contó
con la presencia de terratenientes, hacendados, comerciantes,
trabajadores y campesinos liberales. Además, como guerra
campesina, incluyó un fuerte componente caudillista en la
dirección” (Sánchez, 2001, página 57). Luchaban por la igualdad,
por la democracia, por el respeto a los derechos humanos más
elementales, violentados por las dictaduras conservadoras de
Ospina Pérez y de Laureano Gómez. El gobierno de este último
había llegado al poder a través de una pantomima de sufragio
público. Y valdría, la pena extenderse sobre ese momento porque
en la circunstancia política de ahora se repiten muchos de los
parámetros que se pusieron en boga para darle un pretendido
marco jurídico a uno de los gobiernos más represivos que haya
vivido América Latina en toda su historia.
En mi maletín de mano, junto a las cosas de última hora, va el
capítulo VII de un espléndido ensayo del investigador
norteamericano John D. Martz: Colombia, un estudio de política
comparada, publicado en 1961, que me remitió Camilo Gaitán
bajo un título significativo: “De Laureano Gómez de 1950 a Álvaro
Uribe Vélez del 2002”. En ese texto Martz analiza un momento de
crisis en el cual “el monstruo”, mote con el que se conoció
popularmente a Laureano, pone “como fundamento de su
administración a la autoridad, el orden y la ayuda norteamericana,
en un escenario de intensidad guerrillera, de crisis del partido
liberal y actividad de la jerarquía católica”. Intentaré hacer un
apretado resumen del texto, porque en él se encuentra la razón de
ser de muchas de nuestras actuales dolencias políticas. Debo
reconocer que entro a saco en el ensayo y que cometo una
enorme cantidad de arbitrariedades, aunque creo haber
conservado su verdadero espíritu: “Era el año de 1949. Luego de
un proceso electoral discutible, en el que sólo participaron los
conservadores, Gómez prometió una administración dedicada a la
justicia y a la participación equitativa de ambos partidos. Habló
repetidamente sobre la restauración de la paz y del respeto por la
vida humana, agregando que las clases inferiores serían
180
beneficiadas con su política económica. Los dirigentes liberales
condensaron la tragedia que vivía el país en una carta al
presidente Mariano Ospina Pérez: 'No puede decirse que los
liberales se abstuvieran de ejercer sus derechos, sino que fueron
colocados en una posición en que les era imposible ejercerlos.
Cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa aún
existían, esto fue manifestado claramente por los órganos
directivos del partido... Privados de sus cédulas de ciudadanía,
miles de miembros del partido hostigados por gobernadores
sectarios y por oficiales de policía carentes de principios, se vieron
en muchos casos imposibilitados no sólo para ejercer sus
actividades políticas normales sino también los más elementales
derechos de ciudadanía... La coacción sobre la conciencia
individual... alcanzó límites insospechados aquí, en la que siempre
se había considerado que era una tierra de hombres libres'. Los
liberales terminaron su carta afirmando que si el Gobierno había
decretado el estado de sitio a causa del malestar interno, pero
ahora anunciaba que remaban la paz y la tranquilidad, aquella
medida extraordinaria debía levantarse de inmediato. De lo
contrario, caeríamos en 'una dictadura de inequívoco tipo
totalitario'. “La respuesta de los conservadores no se hizo esperar.
Para ellos, la violencia era culpa de los liberales. Según Luis
Ignacio Andrade, un prominente miembro de ese partido, eran "los
liberales los que habían introducido armas de contrabando
procedentes de Venezuela para distribuir entre sus copartidarios.
"En marzo de 1950, Semana publicó un artículo de Silvio Villegas
en que esbozó el carácter del gobierno de Gómez... Este último,
según el articulista, había prometido un regreso a los principios
constitucionales, pero con fuertes sugestiones de que se estaba
considerando la reforma de la Constitución. Villegas, que proponía
un sistema corporativo para Colombia, escribió que 'curada la
nación de las heridas abiertas por la demagogia, funcionarán
normalmente el sufragio popular y las corporaciones
representativas y tendremos de nuevo una prensa libre, sin
censura previa, pero eso sí, plenamente responsable, como en
todos los pueblos civilizados de la tierra...'. "Para Villegas, Gómez,
'víctima de la injusticia, no dejará que se cometa ninguna sin que
sea implacablemente sancionada. Ajeno al odio será el
magistrado recto e imparcial... y sin más pasión que la grandeza
de la patria'. Pero las cosas resultaron exactamente al revés. "La
181
violencia rural continuó a comienzos de 1950. Una gira nacional
de Ospina Pérez, programada 'para calmar los ánimos', se
convirtió en un fiasco. Las multitudes lo silbaban y denostaban. Al
llegar a la costa del Caribe tropezó con manifestaciones coléricas
y con turbas amenazantes. Tanto en Santa Marta como en
Cartagena, su presencia casi provocó motines callejeros. En los
actos oficiales, la llegada de los conservadores de cada localidad
inevitablemente suscitaba coros de gritos y acusaciones de
traición y tiranía. El presidente se vio obligado a cancelar el resto
de su gira. En el entretanto, Andrade declaró en los Estados
Unidos que 'había pequeños choques en que participaban simples
bandidos'. "Comenzaron entonces a oírse desde las toldas
liberales algunas voces colaboracionistas, y el editorial de El
Tiempo del 3 de abril pidió cautela frente a quienes predicaban la
conspiración como norma de conducta. Pero esa actitud
conciliatoria no le sirvió de mayor cosa. La censura de prensa
continuó implacable. Ese periódico no circuló el 31 de julio,
cuando después de habérsele impedido imprimir un comentario
editorial, colocó en el respectivo espacio un aviso comercial. El
gobierno se negó a ceder aunque el director, Roberto García-Peña,
explicó que el periódico había adoptado esta medida después de
que los censores habían rechazado tres editoriales diferentes.
"Los conservadores entraron entonces en un terreno donde sólo
era posible la hegemonía política mediante el empleo de la
maquinaria oficial. Las fuerzas de seguridad fueron fortalecidas en
las ciudades... Bogotá fue patrullada por grupos de cuatro
hombres, en vez de dos, armados con fusiles Mausser cargados y
amartillados. También había en las calles policías vestidos de civil
en número considerable. En los campos las fuerzas del gobierno
fueron aumentadas mediante el reclutamiento de jóvenes
empobrecidos, ansiosos de la seguridad representada por la
alimentación garantizada y por un inusitado sentido de autoridad.
"Gómez tuvo el cuidado de cultivar el favor de los militares. En un
banquete que le ofrecieron en la Escuela Superior de Guerra, el
teniente general Rafael Sánchez Amaya, jefe militar bajo el
gobierno de Ospina Pérez y nuevo embajador en Londres, le
ofreció su respaldo afirmando que el Ejército quería 'una Colombia
próspera y feliz, una patria en la cual se combinen sin estorbarse
la autoridad y el orden, la libertad, las garantías individuales y el
trabajo. Una autoridad suficientemente fuerte para que no se
182
doblegue ante el temor, e inteligente para no caer en el engaño'.
"Poco antes de posesionarse, Gómez renunció a los intentos de
llegar a un acuerdo con los liberales. De manera que desvió hacia
ellos la responsabilidad por la ausencia de colaboración, negó que
tuviera cualquier fanatismo religioso o participara de una ideología
fascista, y cuando un corresponsal de Newsweek le preguntó por
Carlos Lleras Restrepo le contestó: '¿Qué espera usted de mí
respecto a un hombre que me ha llamado asesino máximo'? "En
su discurso de posesión ante los miembros de la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado (por cuanto el Congreso había
sido clausurado por Ospina), Gómez insinuó un control
gubernamental aún más firme, con la declaración de que toda la
nación estaba cansada de la política... y manifestó la esperanza
de mantenerla reducida a un mínimo. Sin mencionar directamente
el estado de sitio ni la censura de prensa, indicó que sus
intenciones eran las de otorgar mayor importancia al orden y a la
tranquilidad que a los derechos individuales. Agregó que no
permitiría la adulteración de las instituciones del Estado, y que la
libertad no conducía a la verdad, sino al contrario... Prometió
favorecer los negocios y desarrollar el capital (lo que) debió
complacer a la oligarquía que consideraba que un régimen bajo
un dirigente más fuerte, representaría un cambio saludable. Y
concluyó su perorata afirmando que '... los hombres sólo somos
hojas de hierba en las manos de Dios. Que su mano omnipotente
salve a Colombia'. “Pero - concluye Martz - Gómez era mucho más
que una flexible hoja de hierba, y su gobierno sobrevino mucho
antes de que una mano salvadora se extendiera sobre la agobiada
República”.
La historia se repite. El paralelo entre lo que se vivió en 1949-50 y
lo que se vive en el 2001-02 es impresionante. Un gobierno de
derecha, endeble, inmensamente desprestigiado, un presidente
que no puede aparecer en público sin que se produzca una
estruendosa rechifla, un candidato triunfalista que promete
“orden, autoridad y ayuda norteamericana”, unos equívocos
proyectos de reforma constitucional, conatos de censura de
prensa, entusiasmo musitado por el “sentido de la autoridad”,
persistentes declaraciones en torno al “cansancio de la política”,
ofertas electorales de reducir esa actividad a su mínima expresión,
manifestaciones del candidato mayoritario que dejan entrever que
183
primero están el orden y la tranquilidad y luego los derechos
individuales, desespero laboral que obliga a que centenares de
miles de jóvenes miren con esperanza la posibilidad de convertirse
en soplones al servicio de las fuerzas de seguridad del Estado, y
una avalancha de solidaridades en tomo a un individuo situado en
las puertas de la Presidencia de la República, que tiene un pasado
oscuro pero que se dice “víctima de la injusticia”. Trocando
sencillamente un nombre, repitamos con Silvio Villegas: “Uribe,
víctima de la injusticia, no dejará que se cometa ninguna sin que
sea implacablemente sancionada. Ajeno al odio será el
magistrado recto e imparcial... y sin más pasión que la grandeza
de la patria”.
La dictadura civil de Gómez precipitó el derrumbe de Colombia.
Para comenzar, hizo exactamente lo contrario de lo que prometió
en su campaña presidencial. José Francisco Socarras, un notable
psiquiatra que fue el eje de la reforma educativa puesta en
marcha por el gobierno de López Pumarejo, hizo el perfil
psicológico del mandatario. En su libro “Radiografía de un
Resentido”, que cito de memoria, lo dibujó atado a una serie de
pasiones contradictorias, y se refirió largamente a la condición
femenina de su temperamento. Gómez era intemperante,
estallaba con facilidad en accesos de cólera, trataba de manejarlo
todo con mano de hierro, no aceptaba la crítica ni la discrepancia,
se sentía el centro de un destino preciso, y su actitud era la de un
iluminado que ponía a la moral por encima de la ley y a los
principios religiosos como punto de partida de una ética civil. Todo
eso condujo, y no era para menos, a que Gómez tratara de influir
directamente sobre el manejo de los asuntos de la religión
católica, en ese momento la oficial en Colombia. Su actividad en
ese terreno llegó a ser un pequeño cisma. Pero si bien el
enfrentamiento directo con el Vaticano, que él planteó hablando
casi casi en su condición de nuevo Vicario de Cristo en la Tierra, se
convirtió en una de las manifestaciones folclóricas de nuestra
política, su enfrentamiento con el país provocó una tragedia
inenarrable. En la época aciaga conocida como “la violencia”,
murieron cerca de trescientos mil colombianos y millones más
fueron desplazados y pasaron a formar los cinturones de miseria
de las grandes ciudades. En ese período Colombia, que era un país
agrario, comenzó el proceso que la llevó a convertirse en una
184
nación mentirosamente urbana. La libertad de expresión
desapareció por completo. Revisar los periódicos de la época es
ridículo. Mientras el país se desangraba sumido en la hecatombe,
las noticias de prensa daban cuenta de los lejanos sucesos de la
guerra de Corea, o de las actividades de un club de jardinería o de
una exposición canina. Entre 1948 y 1953 los periódicos
colombianos pudieron ser escritos y publicados en Suecia o en
Filipinas. Y, de otro lado, los propósitos básicos del régimen:
seguridad, orden, fortalecimiento del Ejército y de la Policía, no se
cumplieron para nada. Por el contrario, el desorden fue
generalizado y la seguridad se puso en manos de los particulares
siendo, como es, un ejercicio inajenable del Estado. Todo ello
condujo al golpe militar de Rojas Pinilla. El país, exasperado con
los excesos de Gómez y de sus palaciegos rodeó al hombre que le
ofreció una única salida. Sin oponer resistencia, el presidente
entregó el poder a un general un poco demasiado gris que quería
encarnar a Perón. Pero Colombia no era Argentina ni María
Eugenia Rojas, la hija del golpista, era Evita. Para comenzar, era
belfa. De todos modos hizo intentos por repetir la historia de los
descamisados y fundó un organismo para manejar la demagogia
del gobierno, que se llamó “Sendas”. Los primeros conatos de
corrupción del régimen militar se dieron en tomo a esa entidad: se
habló de las ayudas humanitarias que se desviaron hacia otros
fines y engrosaron las billeteras de los intermediarios. De Sendas
no quedó nada. Un horrible edificio que oprime con su sombra la
vieja iglesia colonial de San Agustín, y que fue declarado
monumento nacional a instancias del hijo y nieto de los
protagonistas. Y el recuerdo del opulento matrimonio de nuestra
Evita doméstica, en fotografías que inundaron todas las páginas
sociales, donde se veía al engominado novio peinado a la manera
de Perón, y a la novia con su prognosis, sorprendida de estar en el
centro de un acontecimiento que creyó reservado para otras, ella
que siempre estuvo dispuesta a vestir santos y a cantar
melancólicamente “Susana, ven, Susana”.
Ah, el Tuerto López. Que no era tuerto sino bizco. Que no era
cónsul sino poeta. Que no era divertido sino desolado. De él llevo
unos pocos versos en la memoria que afuera no dirán nada,
porque el Tuerto fue apenas otro producto típico y a los productos
típicos nadie los pone junto a las porcelanas de la sala. Y yo desde
185
mi ventana / limpiando un fusil me digo / ¿qué hago con este
fúsil? ¿Hasta qué punto podrán conmover esos versos al
estudiante que escriba una monografía? ¿Qué le dirá a una gruesa
y garufa alumna norteamericana la picardía que encierra el cuento
de la camarera? De manera que acá tenemos una camarera.../
Así la cosa es otra cosa...
Pero ahora las camareras ya no son camareras. Las de los
aviones, por lo menos. De cualquier manera esta no lo es, con sus
desabridas formas cansadas que piden a gritos un cuarto de hotel
(a solas) para dormir a pierna suelta. Como yo, que no puedo
dormir, mientras los demás leen periódicos, cierran los ojos, hacen
crucigramas. ¡Si me hubiera tocado como vecina una muchacha!
Miro. La única muchacha va atrás, ¡sentada junto a un cura! Él
cierra los ojos, seguramente para no pensar en ese escote que no
muestra mayor cosa pero de donde salen efluvios (efluvios, se
decía una vez) perturbadores. A ella le es indiferente. Viaja sola, o
eso parece, tal vez a estudiar o a conseguir trabajo o a hacer una
vida. Quién sabe cómo será su vida, quién sabe qué irá a ser de la
vida de Femando, de Julián Quintero, a quien le prometí tantas y
tantas veces escribir una columna sobre la juventud, sobre los
jóvenes. Qué será de la vida de Manuel Hernández, mi alumno de
la Universidad, de quien hubiera llegado a ser amigo para leer a
Nietzsche. O de Carolina Lasso Amaya de mi corazón, o de Bibi
Rodríguez, o de Ginna Paola Ojeda, con quien fui tan injusto en la
última clase, o de Diego Moreno (que no me ayudó a hacer la
antología), o de Lina Collazos y de Andrés Carrascal, que ya no
serán, como ocurría antes, Andrés Carrascal y Lina Collazos de
Carrascal sino, como ocurre ahora, Lina Collazos y Andrés
Carrascal de Lina. Femando Garavito de Priscilla. Bernardo Gaitán
de Olga. Andrés Pérez de quien habrá de llegar, maravillosa como
debe. Amigos, personas, rostros, gentes, autoridades
administrativas y alumnos por los corredores, largos corredores
universitarios para ir encogido, para sentir que uno pertenece a
este ámbito, para pasar frente al cubículo de Sandra Borda y saber
que ella está allí, estudiando, estudiando, para saber que en la
oficina vecina está Sthépanie Lavaux (¿se escribirá así?), y todos
los demás, estudiando. Cursos llenos de muchachos llenos de
ilusiones, de amores y de tristezas, de preguntas sin respuesta... El
“¡ah de la vida!” de Quevedo, con su desolado “nadie me
186
responde”. Nadie nos responde. Nunca les di respuesta a mis
alumnos de sexto y séptimo, con quienes jugamos el juego de las
elucubraciones fantásticas. Nadie volverá a ponerles, con el
mismo cariño, esos ceros redondos y expresivos a mis alumnos de
primero. Hay que volver al cero: el cero es el origen del universo,
mientras que el uno lo es sólo del individuo. Nadie oirá a Diana
Báez, a Nataly Jiménez llena de sensibilidad y de palabras, a Rocío
Pachón, a Angélica Alba, a Javier Bocanegra, a Sandra Olaya, con
quien hicimos un proyecto que dejaría con la boca abierta a todo el
mundo, a Roñal Rodríguez que demostró lo indemostrable, a
Nancy Andrea Murillo para quien William Agudelo escribió Mis
alumnas de química, un poema que ahora me golpea en el fondo
del alma. Qué será de ellos, por favor, qué será de ellos. Ellos en
este país desolado, en este país roto, país deshecho, país
enemigo. “No nos vamos a ir jamás de este país”, les dije muchas
veces. Y heme aquí, huyendo, resbalando.
Colombia no quiere a sus jóvenes. Allá abajo, en el horizonte que
hoy no se ve como horizonte, en el arco iris que hoy no salió (en los
aviones no es imposible ver el arco iris), en las fronteras que
alguna vez fueron ríos y hoy son rejas, nosotros arrasamos a los
jóvenes. Para los viejos, son apenas la carne de cañón que
necesitan con el fin de seguir con la matanza. No hace mucho la
UNICEF señaló que en Colombia hay seis mil jóvenes casi niños en
las filas de los distintos grupos armados ilegales. Y lo dijo el día en
que entró en vigor el Protocolo Adicional a la Convención de
Derechos del Niño, que prohíbe la participación de menores en los
conflictos armados. Colombia lo firmó en septiembre del año 2000
pero aún no lo ha ratificado. Lo ratificará, claro, porque aquí
amamos el cascarón de la norma, el “comuníquese y cúmplase”,
el “en uso de sus facultades legales y constitucionales”. Pero todo
eso es puro blablablá. El 40 por ciento del millón de desplazados
que la UNICEF calcula que hay en el país (ya se sabe: los
organismos internacionales recortan el 50 por ciento de la
realidad para quedar bien con todo el mundo), está formado por
niños. Cuatrocientos mil niños desplazados. La UNICEF sabrá
porqué lo dice, pero quien conozca lo que es nuestra organización
celular, aumentará esa cifra: seiscientos o setecientos mil niños
desplazados, detrás de una familia que dejará de ser familia en el
momento mismo de su desplazamiento. Yo, por ejemplo. Ya no soy
187
familia. Ya no tengo casa ni palabras, ni sonrisas por la mañana ni
recuerdos del día que pueda reconstruir por la noche. Lo que
construí con esfuerzo se fue a pique. Tal vez alguna vez vuelva a
reunirme con ellos, pero ¿quién me regresará a la memoria de mis
padres? El desplazamiento no es dejar esta casa, este sitio, este
libro, esta silla, esta lamparilla. El desplazamiento es dejar para
siempre el alma en otra parte. En Otra parte. Siento que el país se
retrasa, que a medida que avanzo se aleja de mis espaldas. La
vida en el avión transcurre normalmente, menos en mi corazón
que se va solo, cubierto únicamente de epitelio. Centenares de
miles de jóvenes y niños desplazados, miles de niños violentados,
heridos, asesinados. En el mundo, la tasa media de mortalidad
entre los jóvenes es del 26 por mil. En Colombia es del 76. ¿A
quién le importa? En los clubes de Bogotá deben reírse. Para ellos,
ser joven es ser cifra. Me lo dice Julián en uno de sus mensajes. Y
me pregunta, ¿qué es ser joven? ¿Hasta cuándo se es joven?
¿Para qué sirve ser joven?
Envejezco. Sé que cuando me baje de este avión tendré 90 años.
De ahí que piense enamoradamente en mi hijo, ¿cuándo volveré a
verlo? Cuando la camioneta de vidrios polarizados arrancó justo al
frente de la casa (lo confieso: nunca me había subido a uno de
esos aparatos), él levantó su brazo con ternura. En ese gesto vi
una sombra de duda. Detrás de esos espejos ¿iba yo, o quién iba?
¿Era tal vez el mismo yo del bus y de las clases, del reloj a las 3 de
la mañana, del terror cuando se demoraba después de alguna
fiesta? “Este hijo fue un pacto que yo hice con Dios”, escribió
Gerardo Valencia. Gerardo Valencia. Tal vez nunca vuelva a leer a
Gerardo Valencia. Vaya y venga. Pero, ¿cuándo veré a mi hijo? Mi
vida entera se queda en esta esquina. Mientras él levanta su brazo
para decir adiós, siento que me sustraen de mi vida. Ahora, no sé
muy bien qué pueda ser “mi vida”. Mi vida que estuvo hecha,
como todas, de una enorme cantidad de pocas cosas esenciales.
No escribí, no pensé, no enseñé, no hice un libro. Este yo que soy
yo ha sido poco yo, se ha dejado por dentro. Alguna vez escribí
algo que decía, ya no recuerdo bien lo que decía, el problema de
uno mismo es que uno mismo viaja por todas partes con uno
mismo. Falso. El problema de uno mismo es que uno mismo se
queda abandonado en cualquier parte. El otro sigue. El yo por
fuera, este que viaja aquí rumbo a quién sabe dónde, forma un
188
pequeño estruendo, dice cosas, escribe en un periódico, perora.
Esa es la palabra exacta: perora. Farfulla, emperifolla. El otro, el yo
por dentro, permanece atado a un solo sitio, es el anacoreta al que
nadie visita sobre una montaña. Palemón, el estilita, sucesor del
viejo Antonio. El yo por fuera sabe dónde queda la cueva del otro,
pero la evita. Cada vez que la ve en el horizonte, huye. Huye. El yo
por dentro siente al enemigo, pero es cobarde y no lo enfrenta.
Sabe que está afuera, hablando en voz alta, que estornuda, que
opina, que expone su posición, que polemiza, sabe que está a
gusto con los demás - y a disgusto -, que lanza dardos
envenenados o dardos enamorados según sea. El yo por dentro
pertenece a su infancia. Juega, solo, con un carrito, en un comedor
con canceles. Es sábado y el sol entra a raudales por las ventanas
y hay silencio. Un enorme silencio. Tararea entonces (“tararea para
no pensar”), y siente miedo. Adentro hay uno más, agazapado.
Afuera, en el avión, cada uno en lo suyo. Lo mío es reconstruir
papeles, historias, documentos, inventarse una vida. Cuando en la
universidad - si hay universidad - me pregunten de dónde la
tragedia de Colombia, tendré que hablar de los culpables que no
tuvieron culpa. Rojas, por ejemplo, quiso afirmarse sobre un
binomio, Pueblo-Fuerzas Armadas, y comenzó a pensar en
términos económicos, con Antonio García propuso nacionalizar la
banca y cambiar la base tributaria y nacionalizar los bienes
productivos, y eso está prohibido. Todo está permitido, pero hay
algo, eso, que está terminantemente prohibido. Revivió entonces
el binomio macabro, y el monstruo se hizo carne y habitó entre
nosotros. Para que surgiera el Frente Nacional, que no fue otra
cosa que una rígida dictadura y un sistema de corrupción repartido
milimétricamente, fue necesario que el gobierno militar comenzara
a dar bandazos, que matara estudiantes, que no tuviera estilo. En
Colombia no se perdona el no tener estilo. Alberto Lleras tenía un
magnífico estilo. Rojas no. Ni su régimen. Los periódicos acabaron
con él sin que se diera cuenta. Poco a poco el jefe de gobierno
comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, era un campesino al
que le gustaban las ferias y fiestas, en las que lucía un sombrero
alón y un zurriago. Y detrás Pabón Núñez. Y la Nena. La verdadera
historia de Colombia debería recuperar las fotografías donde se ve
al “excelentísimo señor presidente de las República, general jefe
supremo” como le gustaba que le dijeran, acariciando a un torete
189
cebú en la feria de Girardot. O de Flandes. El país mal pensaba.
Aja, ¿y Girardot no queda ahí no más, a pocos kilómetros de
Melgar donde tiene la finca? He ahí la confluencia perfecta:
mejillas rozagantes/ zurriago/ foto/ Pabón Núñez/ caricia
presidencial en el testuz del torete/ sonrisa de circunstancias. Y la
imaginación colectiva hacía el resto: esa misma noche el torete
estaba (estando o no estando) en los establos de Melgar y santas
pascuas. A punta de pequeños pellizcos de monja como ese, en
los que era experta la sofisticada burguesía bogotana, el binomio
hizo agua y terminó por derrumbarse. Más que la clausura de los
periódicos y que la represión contra el movimiento estudiantil, las
medidas económicas que alguien filtró que tomaría el gobierno y
las fotografías de los toretes y de los consejos de ministros en la
piscina de la finca (Pabón Núñez en vestido de baño era horrible),
dieron al traste con un gobierno que, entre otras cosas, no fue
mejor ni peor que los que le siguieron.
Diez de mayo de 1957. La primera página de El Espectador, que
resucitó ese mismo día, es la premonición de treinta años de
historia. En ella se ve la magra efigie de Alberto Lleras, con su
sonrisa toda llena de dientes, haciendo la “V” de la victoria. Una
victoria implica una derrota. Triunfó el Frente Nacional, perdió la
democracia. Triunfó el bipartidismo, perdieron las nuevas
expresiones políticas. Triunfó el reparto milimétrico, perdió la
política. Triunfó la división del presupuesto, perdió la honestidad
con que se había manejado entre nosotros la cosa pública. En
medio de la euforia, nadie examinó con rigor los propósitos del
Frente Nacional. Como la Constitución de 1863, el Frente Nacional
se pensó para una república de ángeles. Pero Colombia nunca fue
una tierra de ángeles. Eso se lo dejamos a los suizos (!). La historia
contemporánea de Colombia comienza el 1° de diciembre de
1957. Con el plebiscito. Ese día, sin que nadie se diera cuenta, el
país le dijo sí al abismo. Ese día nacieron monseñor Concha
Córdoba y Tirofijo y José Name Terán y Emilio Lébolo y Castaño y
Mancuso y las listas unipersonales y Pablo Escobar y el robo del
presupuesto y los sicarios y el dinero fácil y el mono Jojoy y el fin
de los partidos. La luna de miel duró muy poco. Como todas las
lunas. Ni siquiera el enorme prestigio de Alberto Lleras logró
detener la caída. Cuando cuatro años después terminó su
gobierno, algunos espontáneos le hicieron una manifestación de
190
respaldo. Pero ya se notaba el cansancio. Desde 1962 llevamos
cuarenta años de cansancio.
García Márquez es tan visceralmente nuestro porque ha escrito la
historia de nuestra desmesura. Los colombianos sometemos las
ideas a las estadísticas. Un libro tan esencial como El coronel no
tiene quien le escriba, que es, quizás, la mejor de sus novelas,
quedó aplastado por el cuento de los cien años. ¡Cien años! Ideal
para el modo de ser colombiano. Cuarenta años de cansancio.
Cincuenta años de guerrilla. Treinta y dos años de narcotráfico.
Doscientos años de guerra. Cuando un colombiano oye una cifra,
saca un lápiz y apunta. Quinientos años de miseria. Y lo que viene.
Y lo que vendrá. En lo que viene para mí, en lo que vendrá, tendré
que hablar muchas veces de Colombia. Por fuera yo seré “el
colombiano”. Aquí no. En este avión todos somos colombianos. Si
habláramos de alguien tendríamos que hablar de la suiza de la
blusa de pepas. Pero acá nuestro denominador común sigue
siendo el mismo, y seguirá siéndolo hasta que lleguemos al
aeropuerto y nos reunamos alrededor de las bandas metálicas que
traerán los equipajes. En ese momento, bajo las luces de neón y
con la ropa arrugada, habrá todavía un nosotros para nosotros.
Allá estarán la chica de los efluvios y el cura y la familia de
vacaciones y el hombre con la droga en los intestinos, y estaremos
Manuela y yo, y veremos a la tripulación que pasa por un costado
con un no sé qué rictus inevitable. Dentro de pocos minutos cada
uno seguirá su camino y será un colombiano más desperdigado
por el mundo. A la mañana siguiente irá de compras. - ¿Y usted de
dónde es? - De Colombia. - Ah, colombiano. Y ahí terminará el
diálogo. Si el interlocutor es tremendamente culto y ha visto el
noticiero de la noche anterior, tal vez añada una palabra: - Dura la
guerra, ¿no? - Dura - dirá uno. Y sonreirá antes de empaquetar el
pan y las naranjas. Entonces comenzará a ser el solo, el separado.
Cuando, desde la ventanilla del bus, veía la multitud de
transeúntes, el único denominador común era ese: “colombiano”.
Todos, viejos, jóvenes, mujeres y hombres y raponeros y
vendedores de lotería y majestuosas damas en sus carros y
gamines y empleados, inclusive perros callejeros y gerentes...
todos colombianos. Unos feos, otros lindos, o altos o gordos o los
colombianos sometemos las ideas a las estadísticas, viejos o ricos
191
o pobres o buenos o malos o calvos... todos colombianos. Lo único
que Julio Flórez escribió bien en la vida, fue su epitafio: “Julio
Flórez, colombiano”. Y ahí quedó, a la espera del fin de los siglos
de los demás porque sus siglos terminaron. ¿Dónde terminarán los
míos? Me hubiera gustado que mi placa dijera “Bogotá, 1944 -
Somondoco, 2020”, o cualquiera otro de esos sonoros nombres
nuestros, Turmequé, Guatavita, Tocancipá, Suesca, tan olorosos a
hierbabuena y carbón de palo. Pero no. Dirá Boston. O Lisboa. O
Vancouver. O cualquier otro sitio. Pero, eso sí, exigiré que diga, en
pulcro castellano: Yo bien, ¿y usted? Porque, seguramente, allá
estaré mejor que en este sitio. (Eso, si tengo placa y epitafio).
Elucubraciones, elucubraciones. El viaje continúa interminable. De
manera que escarbo en mi maletín a ver qué otra cosa se enredó
en mi salida. Vea, pues, un artículo de Zuleta, que me hizo llegar
Gerardo Rivas, una de las personas que tratan de pensar a
Colombia de otra manera: La guerra es una fiesta. Como todas las
suyas, la argumentación de Zuleta es muy lúcida. Parte de un
supuesto: “una sociedad armónica es una contradicción en los
términos”. Sigue con una propuesta: “construir un espacio social y
legal en el cual los conflictos puedan desarrollarse sin que la
oposición al otro conduzca a la supresión del otro". Anota un dato:
“todo el mundo conoce de antemano la desproporción existente
entre el valor de lo que se persigue y el valor de lo que está
dispuesto a sacrificar”. Cita a Shakespeare y a Hegel (es Zuleta). Y
concluye: “Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de
los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su
conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el
entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y
racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una
sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de
contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e
inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la
fiesta de la guerra, maduro para el conflicto es un pueblo maduro
para la paz”. Sin conocer a su interlocutor, treinta años después
sesenta profesores de los Estados Unidos firmaron la “Carta de
América”, un “manifiesto a favor de la guerra”, que apareció
publicado en La Vanguardia, de Barcelona, el 15 de febrero de
este año. Ellos hablan, claro está, del terrorismo, del atentado del
11 de septiembre y de la pretendida cruzada mundial contra los
192
países del “eje del mal”. Firman los conservadores: Huntington,
Fukuyama, Walzer o Putnam. No firman los de avanzada:
Chomsky, Sontag o Said. “La guerra es un asunto serio”, dicen
ellos. De ahí que deban conocerse los motivos por los cuales se
desata. En este caso, sostienen, el motivo es la defensa del
artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en
derechos y dignidad”), la libertad de opinión y de culto, y la lucha
contra los que matan en nombre de Dios. Luego formulan su
tradicional autocrítica: “nuestra nación ha sido arrogante e
ignorante con otras sociedades” y “ha llevado a cabo políticas mal
orientadas e injustas”, por lo que, “como nación, hemos
traicionado nuestros propios ideales”, así que “no podemos
imponer nuestros principios morales si, al mismo tiempo, no
reconocemos nuestros errores”. Pero ninguna invocación a ningún
hecho justifica la masacre masiva de inocentes. Y añaden que hay
“ciertas verdades morales fundamentales que son reconocidas en
todo el mundo”, por lo que las características de un atentado
como el de Nueva York - con tres mil muertos civiles – “atentan no
sólo contra Estados Unidos sino contra la humanidad”. Habría que
pensar que nuestros muertos civiles superan con creces esa cifra.
Según el informe sobre derechos humanos y DHI, publicado por el
Ministerio de Defensa sólo en el año 2001 los grupos guerrilleros
asesinaron a 1.060 personas y los paramilitares a 1.028... Los
paramilitares cometieron el 64.1 por ciento de las masacres y la
guerrilla el 35.9 por ciento; los paramilitares fueron culpables del
46 por ciento de los desplazamientos forzados y la guerrilla del 12
por ciento. Si le creemos a Alirio Uribe, en los últimos tres años los
muertos suman diez mil. Una sencilla multiplicación nos llevará a
concluir que en los últimos cincuenta años son más de cien mil.
¿Pensaría Huntington (Fukumaya no, porque Fukuyama nunca ha
sido capaz de pensar nada) que ese es un atentado contra la
humanidad? O, según expresa Sorman en Le Fígaro, “no
despertemos la opinión que duerme ni al político que la anestesia
y dejemos que los colombianos mueran: ¡queda tan lejos
Colombia!”. ¿Hay muertos por estratos? ¿De qué estrato son los
colombianos? Cien mil muertos y la guerra sigue tan campante. Y
sin que se sepa bien por qué se lucha. ¿Por el pueblo? ¡Pamplinas!
¿Por el artículo 1° de la Declaración de los Derechos Humanos?
193
¡No me hagan reír! En Colombia luchamos por el narcotráfico.
Sorman habla de la soledad colombiana. “El asunto de las FARC
no nos concierne en la medida en que combatirlo es un negocio
interior de Colombia”. “Pero las FARC, añade, trabajan para la
exportación. Casi la totalidad de la droga que cultivan y procesan
viene destinada a los consumidores norteamericanos y europeos.
La toxicomanía lleva envuelto el problema de los verdaderos
beneficios económicos del narcotráfico. Un gramo de cocaína
significa tres dólares para el cocalero colombiano que la cultiva,
mientras se la vende a 100 dólares a los consumidores
neoyorquinos o parisienses. Del valor del mercado mundial de la
droga, estimado en 150 mil millones de dólares, apenas el tres
por ciento se queda en Colombia. Entre tanto, el simpático
guerrillero colombiano asesina a cinco mil de sus conciudadanos
por año, secuestra a tres mil y arruina a su pueblo para
suministrar un poco de placer al jet-set de aquí, pero no al de
allá”. Aproximado, pienso, no muy riguroso. En la comunidad
internacional también hay facciones. Las FARC son un cartel, en
efecto, pero faltan los otros, faltan el cartel de los paramilitares y
el de los delincuentes comunes (eso que ahora han dado en
llamar “delincuencia organizada”), y los carteles que no son de la
droga, el cartel de la gasolina, y el de las armas, y el del
presupuesto y el de la politiquería. Pero luego entra en su análisis
al tema de fondo y se aproxima mucho más a la raíz del problema.
“... La llamada guerra contra la droga, que adelantan desde hace
más de 40 años los Estados Unidos y Europa, ha fracasado... Cada
año, gracias al apoyo de Estados Unidos, se destruyen 150 mil
hectáreas de plantaciones de coca por fumigación; los cocaleros
replantan anualmente otro tanto, o un poco más... Si mañana la
ONU prohibiera la sopa de ortigas, las ortigas producirían tanto
como la coca y los campesinos de Colombia se dedicarían a
cultivarla. El precio de la coca y de la amapola es apenas la
consecuencia de su prohibición y los guerrilleros disfrutan de esta
prohibición, tanto como las mafias americanas se beneficiaron de
la prohibición del alcohol en la década del 20. Es así como el
guerrillero aparece con la aureola de una doble protección
internacional, primero el romanticismo revolucionario y enseguida
la prohibición de la droga... Unirse a los colombianos en su lucha
contra las FARC supondría reconocer que esos seudo marxistas no
son más que un sindicato del crimen. Si llegamos a suponer que
194
este ejército despedaza a las FARC y a las otras guerrillas del
mismo tipo, ¿desaparecería la base económica de esos
movimientos? Por supuesto que no. La economía de la droga,
contrapartida de su prohibición, estará siempre presente.
Agreguemos otra paradoja de esta guerra ridícula: no deja de ser
extraño, de parte de las naciones que se dicen en alianza contra el
terrorismo, el que se dediquen a combatir el blanqueamiento de
los fondos que alimentan esas redes terroristas, sin preguntarse si
no es la prohibición la causa primera de su prosperidad... Si
liquidar las guerrillas y reducir el terrorismo depende de secar las
mentes de sus recursos, esta operación exigiría una política más
inteligente que la prohibición... Hay varias otras alternativas a la
prohibición, y no será del caso citarlas todas aquí. Mencionemos
solamente una al pasar, que es la de convertir la droga en un
problema médico. Pero ese debate exigiría el coraje político que
hace falta en este momento en Europa y más aún en Estados
Unidos. Es que la opinión no ha comprendido todavía la relación
que existe entre prohibición, droga y terrorismo. Así que no
despertemos la opinión que duerme ni al político que la anestesia
y dejemos que los colombianos mueran: ¡queda tan lejos
Colombia! Pero al menos, sepamos que esos soldados mueren
allá, por nosotros los de aquí”.
¡Queda tan lejos Colombia! Hace rato, supongo, dejamos atrás la
costa. Viajamos en plena noche, y el avión no oscila siquiera una
sola vez de manera que alcance a ver los plateados visos del
Atlántico. ¡Lejos! Lejos ¡ay! del sacro techo/ que mecer mi cuna
vio/ yo infeliz, proscrito arrastro/ mi miseria y mi dolor. El primer
Caro y el primer romanticismo colombiano. No sé por qué se
agolpan en mi memoria (en mi mala memoria) todos los versos
que aprendí cuando joven, y no precisamente para recitárselos a
María Esther Marriaga, de quien estaba profundamente
enamorado, porque ¿qué ventaja habría sacado de decirle con voz
tribunicia aquello de Patria, te adoro en mi silencio mudo/ y temo
profanar tu nombre santo, del segundo Caro, si Mary lo que quería
era ser adorada ella sola sin competencia con la Patria? Pero
durante años me dediqué con entusiasmo a seguir la pista de
Colombia en sus poemas, desde el Tierra buena, tierra buena/
tierra que pone fin a nuestras penas, de Castellanos, hasta el
reclamo de X-504 que quería una palabra honda, como pez en el
195
agua, y más adelante hasta el Es ahí, en la aventura de la sopa, de
María Mercedes Carranza, sabiendo que era yo, y no otro, quien
había intentado convertir a ese ser libertario en alguien doméstico,
preocupado por los bombillos que no funcionan, por el pescado
frito en la cocina, y constreñido porque ella sabía precisamente
que afuera estaba el mundo, un mundo en el que yo no
participaba, dado que era la segunda persona de la santísima
trinidad formada, además, por el demonio y la carne, y aterrado,
claro, por las pompas y las vanidades. Va quedando tan lejos
Colombia. Por lo menos esa Colombia de antes, que no era esta de
ahora sumida en la hecatombe, a la que Echandía resumió en una
de sus frases magistrales: un país donde se podía ir a pescar de
noche. Cuando Echandía planteó su idea, ya era por completo
utópica, porque ya habían pasado por encima de nosotros
Laureano y Rojas y el plebiscito que ellos provocaron. Y ya vivían
por ahí, Sangrenegra y Desquite y Efraín González y Chispas y un
guerrero menor que, se suponía, iba a ser capturado de un
momento a otro: Tirofijo. Pero la hecatombe siguió su curso sin
que los potentados de siempre se mosquearan, de manera que las
reivindicaciones sociales que dieron origen a la segunda edición
del conflicto permanecieron en sus trece, y buena parte del país
justificó el comienzo de las guerrillas comunistas, aunque nadie
fuera eso tan extraño sino, por el contrario, todos cristianos viejos
y de 5 en conducta, con certificados auténticos sobre su creencia
en el sagrado derecho de la propiedad y en el Sagrado Corazón y
en las instituciones.
Pero llegó el narcotráfico. Y con el narcotráfico llegaron las guerras
territoriales y la defensa por mano propia: el MAS, los Pepes, los
extraditables, las autodefensas, las Convivir, los paramilitares. Y al
tiempo con los paramilitares (que reunieron las expresiones más
primitivas de un país primitivo como el nuestro) se acabó la
política. En Colombia, desde hace años se acabó la política. Hoy
son los industriales y los grandes consorcios los que eligen. Y
eligen, claro, a quien les conviene, personas de débiles psicologías
como Andrés Pastrana, que, para colmo, fue elegido por uno de
nuestros grandes consorcios por fuera de la ley, las FARC. El
cataclismo en Colombia se ha analizado desde múltiples enfoques,
con las más diversas ópticas, con base en los más certeros y en
los más peregrinos datos. Tomás Eloy Martínez, por ejemplo,
196
sostuvo en La Nación del 2 de marzo de este año, que Pastrana se
empeñó en su proceso de paz porque “estaba convencido de que
una campaña masiva contra las FARC desangraría a Colombia”, y
le podría costar “por lo menos doscientas mil vidas de campesinos
inocentes, más de cinco mil millones de dólares a una economía
ya desangrada y, lo que es peor de todo, la destrucción de la
democracia”. Uno de los supuestos de Martínez es erróneo. ¿De
qué democracia habla? En Colombia no hay democracia. Colombia
tiene un régimen de fuerza, que se apuntala cada cuatro años
sobre unas elecciones aparentes. Y es muy conservador en sus
cálculos: ¿doscientos mil muertos inocentes? No. El conflicto, si
comienza de acuerdo con los parámetros que ha fijado Álvaro
Uribe, va a durar entre diez y veinte años, y le va a costar al país
más de un millón de víctimas, la pérdida de la escasa soberanía
que aún le queda y la destrucción total de su economía. (Con el fin
de llamar la atención de la comunidad internacional, Sorman
anota, entre otras cosas, que las FARC arrasan anualmente 150
mil hectáreas de bosques anuales para dedicarlas al cultivo de la
coca). Ahora bien, Martínez es muy acertado en una serie de
precisiones. “Casi el único proyecto político de la presidencia de
Pastrana – dice - era sellar la paz, y sin embargo el precio que se
pagó para ganarla fue más cuantioso y terrible que el de una
guerra”. “En el río revuelto de la guerra colombiana, los únicos que
están fortaleciéndose son los paramilitares... Más crueles y
bárbaros que ninguno de los bandos en pugna, aprovecharán el
conflicto para extorsionar a los indefensos agricultores y entrar a
saco en las zonas de las que están retirándose los guerrilleros. No
será fácil para el gobierno sacarlos de allí”. “Rara vez los
adversarios combaten entre sí (porque) su campo de batalla es el
cuerpo de los campesinos”. Y en las cifras, que se tornan mucho
más dramáticas si son expuestas por un latinoamericano que vive
el conflicto de su propio país y que se horroriza con el nuestro: “En
los últimos cuatro años, se han fugado 4.000 millones de dólares,
según las cuentas de la Bolsa de Valores, y las inversiones han
descendido de un 15 a un 6,6 por ciento del producto bruto. El
gasto militar se ha duplicado desde 1990. Las obras de
infraestructura que han sido destruidas son irreemplazables: dos
grandes acueductos, 1.050 torres del sistema eléctrico, lagos de
petróleo derramados. Sin contar el daño que esas catástrofes
causaron a las escuelas y hospitales, las muertes derivadas de la
197
guerra civil – sólo durante el último proceso de paz - aumentaron
un 66 por ciento”. Y una última estadística: en la administración
Pastrana los desplazados pasaron de uno a dos millones de
personas. No está bien, de todos modos, que le dé a los
paramilitares la categoría de “ejércitos armados por los
hacendados para protegerse de las guerrillas”, porque ellos son
tan solo una organización de desalmados sicarios. Tampoco que
generosamente los elimine del grupo de “los irregulares”, ni que
diga que una cuadrilla de malhechores, como las FARC de hoy en
día, mantienen en alto unas banderas que hablan del justo reparto
de las tierras y de concesiones a los campesinos. Uno no se puede
quedar estacionado en los primeros años de la década del 70.
Como un Buick. Pero la conclusión es tan positiva como
esperanzadora. Martínez resume en pocas palabras la historia
colombiana de las últimas décadas, comparándola con la de
Argentina y Venezuela, y su balance es positivo. “El caso de
Colombia es uno de esos milagros de supervivencia difíciles de
explicar... Colombia empezó el siglo XX con una guerra de mil días,
que cobró cien mil muertos, y luego soportó las interminables
batallas entre liberales y conservadores desde 1930 hasta 1962,
en las que perecieron otros doscientos mil. Cuando deja de crecer
en una dirección crece en la otra, y los vendavales pasan pero el
país sigue en pie, como un árbol flexible. Ahora lo amenaza la
sombra de George W. Bush, cuya protección podría asfixiarlo,
aunque Colombia sabe cómo sortear esos abrazos. La paz ha
terminado, pero si la historia se repite, saldrá airosa una vez más
de la tragedia de esta enésima guerra”. Pero para salir airosa le
falta recorrer un largo camino. El fracaso y posterior derrumbe del
proceso de paz de Pastrana llevó al país a embarcarse en un
proceso de guerra. La reacción fue lógica. La oscilación a que nos
hemos venido acostumbrando los colombianos, nunca nos había
amenazado con un bandazo tan profundo. Pescando en río
revuelto, Álvaro Uribe Vélez ha anunciado que corregirá de un solo
plumazo la torpe política errátil de Pastrana. Y los colombianos,
crédulos y desesperados, están dispuestos a creer cualquier cosa.
En un universo que sólo debería oír propuestas de paz, el discurso
de Uribe Vélez es drásticamente belicista. Lo inició hace mucho
tiempo, cuando su padre fue asesinado en hechos que nunca se
aclararon a fondo. En efecto, no hay una providencia judicial que
demuestre que lo afirmado por el candidato en el momento de la
198
tragedia sea cierto. “Mi padre - le dijo Uribe a El Tiempo el 14 de
junio de 1993 - se convirtió en otra víctima de los bandoleros de
las FARC, que han condenado a muerte a los hombres del
campo”. Y acto seguido fustigó la amnistía concedida por el
gobierno de Belisario Betancur a los alzados en armas: “El
asesinato de mi padre... es uno de los diarios hechos que están
ocurriendo en un país que ha amnistiado a los bandoleros pero ha
permitido que estos condenen a muerte a los hombres de
trabajo”. Juez y parte.
En un eventual gobierno suyo no se buscará justicia sino
venganza. Hay algo extraño en el comportamiento de Uribe. ¿Un
dejo inestable? ¿Una profunda inseguridad? No sabría decirlo.
Más que un político es un iluminado. Pero no un iluminado a la
manera del santón de La guerra del fin del mundo, un iluminado a
la manera de Trujillo. Por encima de sus educadas maneras de
Harvard quedan restos de sus arbitrariedades de hacendado. En
esa persistencia hacia la ruana, el carriel y la arepa, algo hay de
uniformes, de charreteras y condecoraciones. No es un demócrata,
eso es evidente. Es un individuo que se convence fácilmente de su
verdad, mejor, de la mentira que él convierte en su verdad, y que
entiende a los demás como los seres que vinieron al mundo para
aceptarla. No argumenta con facilidad, su discurso es reiterativo y
pobre, se apega demasiado al libreto. Su libreto es el de alguien
enérgico pero a la vez comprensivo, a quien se puede examinar
con lupa. Un buen padre de familia que no se separa de sus hijos
cuando llega a los cincuenta años, que no se casa nuevamente,
que no se embarca en tener a una niñita. Todo eso es ridículo. En
el fondo de la admiración que siente por su padre hay mucho de
fastidio. Era parrandero, era fachendoso, era mujeriego, era
hablador... un auténtico “pico de oro”. Él no, él tiene que ser
distinto, sano, discreto, fiel, eficaz, preciso. Estudia intensamente
pero no por el placer de estudiar sino por el hecho de ser
alternativa. (Entre otras cosas, de esos estudios que le atribuyen
sus amigos poco queda y queda nada). Hace yoga, ¡qué tal que no
lo hiciera! Es un pequeño tirano. No le gusta que le lleven la
contraria, porque la oposición lo desconcierta. Sus respuestas son
lentas, poco imaginativas. Tiene una voz pausada pero tensa. Una
mirada apacible, que en un segundo podría convertir en un
incendio. Si tuviera un gato le acariciaría el lomo con ira contenida
199
por tenerlo. Como las brujas. En los cuentos infantiles de brujas,
los pobres gatos negros maúllan aterrorizados. Ojalá el país no
termine por maullar pidiendo misericordia. Uribe no discute:
ordena. No argumenta: impone. Debe ser tremendo ser su
subordinado. Quién no se acuerda del cuento de Simón Strong en
el libro sobre Pablo Escobar (¿Whitewash?). Cuando la
conversación sobre la política y el tráfico de drogas que mantienen
un flemático periodista británico y un nervioso senador
suramericano avanza calmadamente, Strong le pregunta por
alguno de sus partidarios que fue ahijado político de Pablo
Escobar. A Uribe se le descompone la sonrisa. Pero sigue.
Entonces, de inmediato, Strong mete la pata (mete la pata es un
decir): le pone sobre el tapete el cargo que tuvo en Aerocivil, y ve,
aterrado, cómo su pequeño interlocutor se levanta, grita, salta
iracundo, corre escaleras arriba a buscar a sus guardaespaldas.
Luego regresa y grita: ¡soy honesto! ¡soy honesto! ¡soy honesto! El
pobre Strong anota que él nunca dijo lo contrario. ¿Qué es eso?
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a suceder cuando la Corte
Constitucional rechace uno de sus decretos? Mejor no meneallo.
Porque en Colombia, y tal vez por eso nos va como nos va,
estamos acostumbrados a la bobada según la cual “el golpe
avisa”. Pero no, el golpe no avisa: el golpe mata. Para decirlo con
suavidad, la fama de Uribe no es la mejor.
A lo largo de nuestra historia política reciente hemos tenido una
gran cantidad de candidatos con buena fama. Gerardo Molina, por
ejemplo. ¡Qué gran presidente hubiera sido don Gerardo Molina! O
el López Michelsen del 62, tan distinto del López Michelsen del
74. En el 62 López hubiera sido un gran presidente, porque en ese
momento aún tenía sobre sus hombros la carga de ideas que
abandonó poco a poco en el camino. O Lleras Restrepo en el 78.
Lleras hubiera sido un presidente de lujo. Como Echandía en el 50,
o Indalecio Liévano en el 82. Candidatos con buena fama. Pero la
fama de Uribe anda por los suelos. Y no porque tenga enemigos
que se hayan dedicado a proclamar a los cuatro vientos sus
dolencias y debilidades, sino porque sus hechos han sido de
verdad oscuros. Ricardo Ferrer, un periodista colombiano que vive
asilado en España, y Mauricio Lázala, un politólogo también
colombiano que reside en México, analizaron hace poco algunos
de los pormenores de Uribe y le recordaron al país algo que tenía
200
por completo olvidado: “Entre 1976 y 1977, Uribe fue jefe de
Bienes en las Empresas Públicas de Medellín y desde ese cargo
lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del
viejo al nuevo poblado de El Peñol. Supuestamente esa
experiencia lo puede presentar como un buen administrador. Pero
los habitantes de El Peñol y Guatapé en el oriente de Antioquia
cuentan la misma historia desde los muertos y desaparecidos que
sufrieron durante la negociación por las tierras... El proyecto
hidroeléctrico de El Peñol fue más impuesto que negociado, y la
población civil sólo conoció gases lacrimógenos, expropiaciones
de tierras y destierro forzado”. Se trata de un extenso estudio. Leo
fragmentos: “Mientras Uribe Vélez gana poder político, ataca
sistemáticamente todo lo que se parezca a movimientos sociales,
reivindicaciones laborales, jornadas de protesta y grupos
defensores de los derechos humanos, porque todo esto para él
huele a guerrilla. Tal política le genera apoyo entre la dirigencia
empresarial, amiga de recortes en los salarios, bajas pensiones,
poca estabilidad laboral y carencia de derechos sindicales”. La
frase queda en punta. Entonces concluyo: pero no en un país
donde las iniquidades sociales y políticas no van a ser
solucionadas precisamente con el liberalismo económico y el
pensamiento único. “La sombra más sangrienta que pesa sobre
las páginas del historial de Uribe Vélez - siguen Ferrer y Lázala - se
produjo en 1997, año en el que ocurrieron las principales
masacres de Antioquia, debidamente documentadas por
periodistas y activistas de derechos humanos, en la zona del río
Atrato. Las masacres de civiles fueron cometidas en la jurisdicción
de la Brigada XVII, bajo el mando del general Rito Alejo del Río
Rojas, quien se encuentra actualmente bajo proceso de
investigación judicial. Durante el tiempo en que ocurrieron los
abusos contra la población civil, Uribe omitió interceder a favor
suyo y no procedió contra Del Río. Si el general Del Río fue el
ejecutor de las masacres en Urabá y en el Atrato, el gobernador
Uribe Vélez fue el gran encubridor de las mismas. Era imposible
ignorar el asunto cuando los muertos flotaban en el Atrato a la
vista de todo el mundo: los escuadrones de la muerte habían dado
la prohibición de recoger los cadáveres. “(Los paramilitares) tienen
interés en las selvas del Atrato porque allí pueden sembrar coca,
instalar laboratorios y sacar la cocaína por las rutas de Panamá.
Desde mayo de 1997 hasta mayo del 2000, las Autodefensas
201
Unidas de Colombia tomaron el poblado de Vigía del Fuerte como
una de sus bases de operaciones. Desde allí sus hombres
controlaron el Atrato hasta su desembocadura en el golfo de
Urabá. Durante tres años las autoridades locales se hicieron las
de la vista gorda ante las docenas de cadáveres que flotaban en el
río.
Las pruebas acumuladas contra el general Del Río señalan (que
hubo) un trabajo conjunto entre escuadrones de la muerte y el
Ejército Colombiano en las regiones de Córdoba, Urabá y el Atrato.
En el seguimiento como periodista que Ricardo Ferrer hizo en la
zona del Atrato, confirmó dicha cooperación, y lo mismo ha sido
denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch".
Uribe es especialista en plantear disyuntivas a 180 grados de
distancia. Ahora mismo la suya es una propuesta sustancialmente
distinta de la de Pastrana, como su vida es sustancialmente
distinta de la de su padre a pesar de los caballos y de las
cabalgatas; como su política pretende ser transparente con
partidarios como el general Rafael Samudio Molina, el gran
responsable, junto con Betancur, del derrumbe institucional que
sufrió el país alrededor de la hecatombe del Palacio de Justicia;
como su propuesta busca desarrollar una guerra frontal sin tener
una plataforma económica que la sustente... sesenta jóvenes
colombianos entre los 16 y los 28 años “que quieren estar vivos y
tener empleo en el año 2006” y que, tal vez detrás de ese
propósito esencial, mandaron un mensaje a miles de personas por
Internet, citan en él a Salomón Smith Bamey, de la Global
Emerging Markets Strategy, y afirman que “su programa
económico es el más incierto de todos. La financiación de la
guerra puede agotar el presupuesto nacional en seis meses,
multiplicando todavía más el desempleo, los impuesto y la
pobreza. Su retórica podría disparar un incremento en la
violencia”. Según ellos, Uribe es el candidato de la guerrilla, la cual
quiere “demostrar la impotencia del Ejército para ganar la guerra,
evidenciar los excesos de la derecha en el poder y recuperar su
prestigio nacional e internacional”. “Ningún proceso de paz en el
mundo en los últimos 50 años ha sido resultado de la guerra -
dicen los jóvenes-. Todos han sido producto de procesos de paz
202
serios, persistentes y dignos. En Centroamérica, donde los hubo,
la economía crece dos veces más que en Colombia.: Crecimiento
del PIB 1990 - 1999: El Salvador: 4,4%, Guatemala: 4,2%,
Colombia: 2,5%. PIB por habitante: El Salvador: 2,3%, Guatemala:
1,5%, Colombia: 0,5% (Fuente: Cepal. Revista Diners No. 383.
Febrero 2002)".
Las lucecitas de la cabina indican que los pasajeros debemos
abrochamos los cinturones y enderezar los espaldares de las
sillas. Allá, lejos todavía, se ve la ciudad de destino. Mientras
Manuela despierta, feliz por la aventura, y me pregunta si
llegamos, la mujer de la blusa de pepas sonríe de soslayo. Tengo
la sensación, no sé porqué, de que se siente “hermosamente viva”
como en el impecable soneto de Gaitán Duran. Sé que estoy vivo
en este bello día/ acostado contigo... Ese verso, claro, no tiene
nada qué ver con esta señora entrada en años que ha perdido las
formas. (La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los
suspiros se escapan de su boca de fresa y ha perdido la risa y ha
perdido el color). ¿Pero tuvo, no Darío ni la princesa, sino el
enamorado soneto de Gaitán, tuvo, digo, que ver algún día? ¿Qué
hubiera pasado si en lugar del marido, que debe vender salchichas
en Los Ángeles, un su enamorado le hubiera recitado, después del
amor, Sé que estoy vivo en este bello día/ acostado contigo. Es el
verano./ Acaloradas frutas en tu mano/ vierten su espeso olor al
mediodía...? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez ella no estaría en este
avión, en esta hora, sino sería la reencarnación de Simonetta
Vespucci, ese hermoso invento de Germán Arciniegas, o de
Lucrecia Borgia, la bella y deseable, la detestada y calumniada por
muchos. Pero no es Simonetta ni Lucrecia, y ese instante
maravilloso transcurre sin querer detenerlo. Cuando se abra la
portezuela del avión y salga hacia el frío nocturno, cuando me
sumerja en un sitio que no es el mío, que no me dice nada, un sitio
que no conozco, cuando la mano de mi hija se apoye sobre la mía
buscando la seguridad que no tengo, y sienta que el mundo ya no
es mi mundo ni mis pasos mis pasos, sabré que todo quedó atrás
y comenzaré a amarlo, a desearlo. Necesitadamente a amarlo.
Enamoradamente a desearlo.
203
JOSEPH CONTRERAS
Magna Cum Laude por la Universidad de Harvard, y Master of
Science for la London School of Economics, lleva 22 años como
corresponsal de Newsweek en mas de 40 países. Ha sido Bureau
Chiefen México, Buenos Aires, Johannesburg, Jerusalem y Miami.
Actualmente es el director responsable para América Latina, desde
la redacción de Miami.
“El ascenso vertiginoso de Álvaro Uribe Vélez, refleja el hartazgo y
la desesperación que millones de colombianos sienten hacia dos
temas importantes: la cínica explotación del fracasado proceso de
paz por parte de las FARC, y la politiquería corrupta e ineficaz de
los dos partidos tradicionales de Colombia, liberales y
conservadores. Paradójicamente, Álvaro Uribe Vélez podría ser un
aliado idóneo para la Administración Bush durante los próximos
cuatro años. Uribe ha hecho un llamamiento pidiendo a
Washington más asistencia militar, para ayudar a Colombia en su
batalla frontal contra la guerrilla y el narcotráfico. No obstante,
Uribe podría ser manipulado y manejado a su antojo por los
norteamericanos, por las mismas razones que debilitaron a
Ernesto Samper frente a Washington durante su gestión como
presidente en 1994-1998: la CIA, tendría a Uribe totalmente
controlado, porque el servicio de inteligencia conoce muchos de
los secretos más oscuros y nefastos del próximo presidente de
Colombia. Para ellos, un Uribe Presidente tendrá que portarse muy
bien, a juicio de la administración Bush. La hora del caballero del
Apocalipsis ha llegado".
FERNANDO GARAVITO:
ESCRITOR, coautor de este libro y columnista de El Espectador
204
EDITOR NO AUTORIZADO
La necesidad de dar a conocer la verdad es una razón que supera
el deber de respetar los derechos de esta obra palpitante para
todo Colombiano y en general todo ser humano. Obra de dos
demócratas a quienes pedimos disculpas y comprensión por esta
imperfecta trascripción pero obligatoria, - obra que por demás
recomendamos en su versión impresa - y que nos reportan que ha
sido subrepticiamente retirada de circulación en Colombia, motivo
que nos obliga a reproducirla para que sea conocida la verdad del
para-presidente y para poder actuar y poder transformar la
realidad en bien de la verdad y la vida, en una patria sufrida como
ninguna otra nación, quizá. Pedimos especiales disculpas por esta
edición “no autorizada”.
Los errores de trascripción se deben a los recursos limitados de
personal, tiempo y equipo; realmente la obra original es una obra
bien estructurada y que bien vale la pena adquirirla y leerla
analíticamente; es un documento de la historia; de la verdad, la
cual ningún imperio, nada podrá evitarla ni podrá acallarla.
205
APÉNDICE 1
Textos trascritos de la obra “Los Confidentes de Pablo Escobar”
(Guillén, Gonzalo, News Design Ltda., mayo de 2007)
Prólogo del libro a cargo de Enrique Parejo González [65]
“EL PAÍS HA RETROCEDIDO HACIA LA BARBARIE
EL DOCTOR GONZALO GUILLÉN, EN ACTO DE DEFERENCIA QUE
COMPROMETE mi sincero agradecimiento me ha solicitado que
prologue su libro “Los Confidentes de Pablo Escobar”, en el cual
recoge testimonios sobre los magnicidios de Luis Carlos Galán y
Rodrigo Lara Bonilla. Lo ha hecho en razón de la cercanía que
tuve con los dos insignes dirigentes políticos, cuyas valiosas vidas
fueron segadas por el implacable y sanguinario jefe del Cartel de
Medellín, con ayuda de los paramilitares.
Los asesinatos de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara Bonilla,
cometidos hace ya casi veinte años, el primero (el 18 de agosto de
1989) y más de veinte años, el segundo (el 39 de abril de 1984)
fueron un golpe durísimo para el Nuevo Liberalismo, movimiento
del cual los dos fueron fundadores y una pérdida irreparable para
el país. Colombia se vio privada de dos de las mentes más lúcidas
del siglo pasado, que encarnaban a la vez la más firme esperanza
de cambio para los colombianos.
A raíz de la divulgación de la declaración de Virginia Vallejo, en
uno de los programas de televisión, se me preguntó, cuál era mi
opinión sobre lo dicho por ella con respecto a la responsabilidad
de uno de los dirigentes políticos presuntamente implicados en la
comisión del asesinato de Galán. Respondí que yo veía en esa
declaración signos evidentes de sinceridad y credibilidad, por lo
65 Abogado, periodista y miembro del Nuevo Liberalismo. Ex ministro de Justicia del Gobierno
Betancur, quien sucedió a Rodrigo Lara Bonilla luego de su asesinato. Después de su ejercicio
como ministro, en el cual continuó la batalla de su sucesor contra el narcotráfico, fue nombrado
en un cargo consular en Europa y el 13 de enero de 1987, en la ciudad de Budapest, un pistolero,
al parecer contratado por la mafia siciliana en combinación con el cartel de Medellín, atentó
contra su vida dejándolo muy malherido.
206
cual me parecía que debía ser considerada dentro del respectivo
proceso penal. Manifesté, además, que no había obrado bien el
Fiscal que se negó a oír su versión en asunto de tanta
importancia. Y añadí que, sin embargo, el juez tendría la última
palabra, después de confrontar lo dicho por ella a los medios con
las pruebas que obran en el proceso. Lamenté, eso sí, que, por
esa razón, hubiera quedado un enorme vacío en el mismo.
Es evidente que el asesinato de Luis Carlos Galán fue cometido
por sus enemigos políticos ante la altísima posibilidad de que él
tenía de llegar a la Presidencia de la República, para el período
1990-1994. De haberse realizado lo que entonces era un anhelo
nacional, no sólo se habría consolidado la democracia y se habría
afianzado el respeto por los derechos humanos, sino que al país
se le habría evitado la hora de incertidumbre y de peligro que hoy
está viviendo.
Parecería paradójico, pero no obstante la popularidad (a mi juicio,
artificial) que aparentemente registra el actual mandatario, nunca
el país se había visto, como ahora, al borde del abismo, ante la
posibilidad de que la delincuencia organizada se ensoñoree en el
Gobierno de Colombia. Al hacer esta reflexión, ¡cómo se echa de
menos a Galán! ¡Cuánto lo necesitaba el país!
Su asesinato marcó, pues, el punto de quiebre del proceso
democrático de la Nación. Parecería que los enemigos de
Colombia hubieran advertido que, con la casi segura llegada de
Luis Carlos Galán a la Presidencia, se les cerraban definitivamente
las puertas que les iban a permitir dar el golpe de mano, que
estuvieron preparando durante mucho tiempo. Detrás del
asesinato de Galán, estuvieron también los narcotraficantes y los
paramilitares. Había muchas razones para que estuvieran
asustados frente a la eventualidad de que un hombre íntegro
como Galán gobernara al país y fortaleciera al Estado en su lucha
contra el crimen. Además, le tuvieron miedo a que Galán los
extraditara.
A diferencia de lo que está ocurriendo en el Gobierno del
Presidente Uribe, Galán si habría dado ese paso en su lucha
contra la delincuencia organizada, sin discriminaciones de
207
ninguna índole. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a
presuntos guerrilleros, pero se comprometió a no extraditar a los
paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen
organizado y lo está cumpliendo rigurosamente. Cuando él habla
de su voluntad de aplicar la extradición y cita la cifra de más de
quinientos extraditados, encubre el fondo de la verdad: que no ha
extraditado a ningún paramilitar, hecho que confirma la impresión
que tenemos muchos, en el sentido de que él es particularmente
complaciente con ellos.
Mirando otra faceta de su vida, es preciso recordar que Galán,
durante su breve y meritoria existencia, luchó denodadamente
contra la corrupción y a favor de la moralización de las costumbres
políticas. Con ese propósito, quiso liberar a los partidos de las
prácticas corruptas que, de tiempo atrás, se habían arraigado en
su seno. Al igual que Carlos Lleras Restrepo, él combatió, entre
esas prácticas, el clientelismo, la compra del voto, el fraude
electoral, en todas sus formas, el narcotráfico y la corrupción en
general. Las cuales eran para él los mayores obstáculos al
fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
“La sociedad colombiana –decía- está dominada en este momento
crucial, por una verdadera oligarquía política, que controla las
corporaciones públicas y ha convertido la administración del
Estado en un botín que se reparte a pedazos después de cada
elección.”
Hay que decir, con amargura que, a pesar de su intensa lucha y
del sacrificio de su vida en defensa de esos ideales, todavía no ha
sido posible erradicar esas prácticas de la actividad política. Todos
los gobiernos que se instauraron después de su vil asesinato,
sobre todo el que hoy encabeza el Presidente Álvaro Uribe Vélez,
han apelado a esas prácticas por razones estrechamente
relacionadas con sus intereses personales o de grupo y con la
ambición desmedida de poder.
Es imposible olvidar que Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla
fundaron el Nuevo Liberalismo durante el Gobierno de Julio César
Turbay, un gobierno que se caracterizó por el manejo clientelista
del poder, por la violación de los derechos humanos y por permitir
208
o, al menos, tolerar el aprovechamiento indebido de los recursos
públicos en beneficio de los partidos y la penetración del
narcotráfico en distintas esferas de la sociedad y del Estado.
Males que los dos dirigentes inmolados se propusieron desterrar
de los escenarios de la democracia.
Contrariamente a lo que anhelaban los dos, el país sigue siendo
presa de los grupos privados más peligrosos, cuyos intereses
prevalecen sobre los intereses de la sociedad. A esos grupos les
conviene mucho más una política de seguridad basada en la
fuerza de las armas que una seguridad que se levante sobre
bases de justicia social y de respeto del Derecho y de las
Instituciones.
Galán decía que “sólo se logrará equilibrar el desarrollo del país
cuando el Estado esté presente en todo el territorio nacional y sea
capaz de interpretar a toda la Nación y no únicamente a los
poderes económicos, sociales o políticos privilegiados, que logran
prevalecer en las decisiones del Gobierno”. Que es lo que estamos
viendo en estos tiempos.
Por eso creía también en la necesidad de imponer una “vigorosa
política de redistribución del ingreso, que corrija los desequilibrios
originados en los privilegios de nacimiento y de clase”. Para él, las
políticas de crecimiento económico son herramientas
indispensables pero no son metas que, por sí solas, garanticen el
desarrollo integral y la igualdad social. Galán habría creído
imposible que se diera una situación de crecimiento económico
sin empleo, que es precisamente lo que está ocurriendo en el
gobierno del Presidente Uribe Vélez.
Vale la pena decir que la referencia que, a menudo, nos vemos
obligados a hacer sobre los actos de dicho gobierno, obedece a la
necesidad de compararlos con los que se proponía realizar un
hombre como Galán, quien se había granjeado la plena confianza
de los colombianos, por la integridad de su palabra y la pulcritud
de su comportamiento. A diferencia del muy controvertido
personaje que ocupa hoy el solio de Bolívar. Cuya palabra y cuyos
antecedentes, dejan mucho que desear.
209
El afán de privatizarlo todo, debilitando al máximo la capacidad de
acción del Estado, que era uno de los males que vislumbraba
Galán, se ha prestado para el enriquecimiento de unas pocas
personas y el empobrecimiento y desamparo de la mayoría de la
población. Galán veía esto, con suma claridad. En varios
documentos y discursos dejó plasmadas sus importantes ideas al
respecto. No era partidario del empequeñecimiento del Estado,
porque veía en esa posibilidad un riesgo muy grande para la
defensa de los más débiles y los más necesitados de la sociedad.
Estaba convencido de que el Estado tenía que jugar el papel de
gran regulador de la vida social y de las fuerzas económicas que
actúan en el seno de la sociedad, para evitar el predominio de los
más poderosos y el imperio de la injusticia social.
Y el tiempo le ha dado la razón. Hoy, aún tomando las cifras
oficiales, que difieren de las de analistas muy serios de la
situación nacional, más del 50% de los colombianos vive por
debajo de la línea de pobreza y más del 10% en condiciones de
indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos
una altísima proporción de la riqueza y el ingreso nacional. Dos de
los más grandes grupos económicos del país triplicaron su riqueza
en los dos primeros años del gobierno neoliberal de Uribe Vélez,
como consecuencia de las políticas aplicadas por él a favor de los
más poderosos económicamente.
Correlativamente, sus políticas han causado un significativo
aumento de la pobreza y una apreciable disminución de los
ingresos de los trabajadores, a quienes el Gobierno redujo parte
sustancial de sus conquistas laborales, para favorecer a los
grandes empresarios. Se ha dicho que el Presidente Uribe, con sus
medidas reaccionarias, realizó el milagro –que, según la Biblia,
hizo Josué-, de convertir la noche en día, al disponer que la
jornada diurna vaya de las seis de la mañana a las diez de la
noche, en perjuicio de los trabajadores y a favor de los
capitalistas.
Para favorecer al capital y con el pretexto de estimular la
generación de empleo, el Presidente Uribe, suprimió las horas
extras de los trabajadores y redujo los recargos nocturnos. Fue un
mero pretexto. Él y sus asesores y ministros del área no podían
210
ignorar que esas medidas no han servido para crear nuevos
puestos de trabajo en ningún país del mundo.
En la actualidad, el desempleo está recuperando sus peores
niveles de injusticia. Se está dando la increíble paradoja de que,
mientras se registran altas tasas de crecimiento económico,
aumentan el desempleo y la pobreza. Lo cual no puede ser sino
consecuencia de las políticas de inequitativa distribución de la
riqueza y el ingreso. ¿Puede un país así gozar de tranquilidad y de
paz?
En oposición a lo que pensaba Galán, hoy se ha tratado de
resolver el problema del déficit fiscal, rebajando el salario de los
trabajadores. De otra parte, se cierran centros de salud y mueren
decenas de niños a causa de la desnutrición, en las regiones más
pobres del país, como ha ocurrido recientemente en el
Departamento del Chocó. En una democracia de verdad este
hecho habría motivado la destitución inmediata del ministro
responsable de esa tragedia, por grave negligencia.
El Ministerio de la Protección sólo se vino a dar cuenta de las
anomalías que estaban ocurriendo en el Departamento del Chocó
cuando ellas se hicieron públicas, a raíz de la muerte de más de
cuarenta niños. Pero el Ministerio ni siquiera ha pedido perdón por
lo ocurrido, así haberlo hecho no sea suficiente. Esa es la
diferencia entre un régimen democrático y un régimen autoritario
como el que existe en Colombia.
A pesar de la claridad del pensamiento de Galán y de Lara,
muchos de quienes los acompañaron en su lucha, abandonaron
sus propuestas y adoptaron como principios liberales, no los que
ellos, con tanto brillo, le plantearon al país, sino los principios
neoliberales que confían a las fuerzas del Mercado la solución de
los grandes problemas económicos y sociales del país. Así ocurrió
durante varios gobiernos, con el aplauso de antiguos miembros
del Nuevo Liberalismo.
Galán criticó, por ejemplo, a comienzos de los ochenta, el ingreso
de Colombia al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio,
GATT, sustituido años después por la Organización Mundial de
211
Comercio, OMC. Galán decía que el Gatt abogaba por la liberación
del comercio internacional, pero seguía protegiendo los intereses
básicos de los países industrializados. Hoy, el gobierno, que en
mala hora, rige los destinos nacionales, en humillante sumisión a
los dictados de los Estados Unidos impulsa un Tratado de Libre
Comercio lesivo para los intereses nacionales, en áreas claves de
la economía.
Es posible que ese Tratado no se ponga en vigencia en las nocivas
condiciones en que lo pactó el Gobierno del Presidente Uribe, pero
no por voluntad de éste sino de los senadores demócratas de ese
país, que están abogando porque algunas de esas condiciones
sean modificadas. Nos llena de vergüenza que las correcciones
que posiblemente se le introduzcan al Tratado, se deban a las
gestiones de congresistas estadounidenses y no al clamor de los
colombianos que demandaban cambios del Tratado, en esa
misma dirección. ¡Manes del autoritarismo!
No obstante la solidez de los argumentos de los dos jóvenes
dirigentes desaparecidos, durante el Gobierno de César Gaviria se
decretó una política de apertura del comercio en nuestro país, que
han sido causa de buena parte de la crisis cuyas consecuencias
estamos padeciendo. Debido a esa errónea política, se arruinaron
vastos sectores de nuestra agricultura y desparecieron numerosas
pequeñas y medianas empresas industriales, las cuales no
pudieron enfrentar la competencia de las empresas de los países
desarrollados, en particular de los Estados Unidos, que subsidian
los productos que venden en los mercados nacionales.
El crecimiento del desempleo en el país fue en buena medida
causado por la política de apertura. Y no es exagerado decir que el
aumento de la influencia guerrillera y paramilitar en el sector
agropecuario tiene allí sus raíces. Los brazos cesantes que dejó la
apertura económica de los años noventa, engrosaron las filas de
los alzados en armas.
Sobre el papel del Estado en nuestra sociedad, Galán decía: “El
Nuevo Liberalismo cree en la conveniencia del fortalecimiento de
los instrumentos de acción del Estado y no acepta las tesis
212
regresivas que pretenden privatizar el manejo de las áreas
fundamentales de interés público”.
“Uno de los problemas inmediatos de la política colombiana es
salvar la intervención del Estado del descrédito que le han
causado las corruptelas de la política, el tráfico clientelista, la
manipulación de los grandes intereses del poder financiero y las
presiones de algunas empresas transnacionales…”
Los anteriores planteamientos de Luis Carlos Galán, con los
cuales coincidía plenamente Rodrigo Lara, han sido dejados de
lado por quienes fueron sus compañeros de la lucha política. Hoy
se sigue insistiendo en la necesidad de empequeñecer el Estado y
de privatizar todas las empresas públicas, con el argumento falaz
de que el Estado es pésimo administrador. Ignoran que la
responsabilidad de que la mayoría de las entidades públicas no
funcionen bien la tienen los partidos políticos, que corrompen
esas entidades y las convierten en fortines burocráticos y en un
medio de enriquecimiento personal. Recordemos lo que pasó,
durante los últimos gobiernos, en muchas de las grandes
entidades oficiales y lo que está pasando en el actual Gobierno de
Álvaro Uribe Vélez.
Tanto para Galán como para Lara, el respeto de los derechos
humanos es factor esencial de la paz. Esa ha sido también la gran
preocupación del Partido Liberal, sobre todo, en cuanto al manejo
del orden público, como garantía de la vida civilizada. Por esa
razón, ambos consideraban totalmente inaceptable el
paramilitarismo y los grupos de autodefensa, que pretenden –
decían- sustituir las funciones del estado en materia de Justicia.
Hoy el Gobierno les hace desmedidas concesiones a los
paramilitares, algunas de las cuales comprometen seriamente la
justicia y lesionan la soberanía nacional. Esos grupos criminales
no han hecho otra cosa que disminuir la intensidad de su
actividad criminal y reducir la comisión de sus horrendas
masacres, dentro del marco de los acuerdos celebrados con el
Gobierno. Pero no podemos confiar mucho en el cumplimiento de
los compromisos contraídos por ellos en esos acuerdos. Por el
contrario, es de temer que regresen a sus actividades delictivas si
213
no logran su objetivo de llegar al poder. Todo indica que, para este
propósito, cuentan con el apoyo del Presidente de la República.
No entendemos por qué muchos de los que fueron entusiastas
galanistas, son hoy aliados del Presidente Uribe y promotores o
defensores de los paramilitares. Esa alianza es incomprensible, si
se tiene en cuenta que éstos les han dado muerte a campesinos
no combatientes, calificándolos de simpatizantes o auxiliadores de
la guerrilla. Y a quienes asesinan, en un país como el nuestro, que
se enorgullece de contar, entre sus más importantes logros la
prohibición de la pena de muerte, aún dentro de procesos
legalmente regulados.
No hay derecho a proceder así, ni siquiera en el caso de que se
tratara de reales colaboradores de la guerrilla, ni de guerrilleros de
las FARC o del ELN. Las acciones de los paramilitares tienen el
corte de acciones fascistas, con todas las características de
obedecer a una guerra planteada por los ricos contra los pobres.
De ahí que los paramilitares hayan amasado cuantiosas fortunas
con el despojo de los bienes que les han arrebatado a sus
víctimas.
Colombia ha retrocedido hacia la barbarie y el mundo entero tiene
sus ojos puestos sobre nuestro país, como uno de los que más
violan los derechos humanos. Pero la habilidad de este Gobierno
ha sido admirable para confundir tanto a sectores de la opinión
nacional como de la opinión internacional, a los cuales les hace
creer que Colombia vive en el mejor de los mundos posibles.
Estamos convencidos de que el de Uribe es el gobierno del engaño
y la mentira. Que ha llegado hasta el extremo de convertirse en el
ariete de la penetración del paramilitarismo, es decir, del crimen
organizado, en la peor de sus formas, en la vida nacional.
Todos esos fenómenos que hemos venido analizando, a pesar de
que no tenían las características de gravedad que revisten hoy,
inquietaban profundamente a Galán. Nos inquietan, por supuesto,
también a nosotros. Tememos por la suerte futura de nuestro país
y sentimos el deber de advertir sobre ese temor a nuestros
compatriotas no comprometidos con los fenómenos paramilitares
o guerrilleros.
214
El Presidente Uribe sostiene con vehemencia que los enemigos de
la paz y de la tranquilidad ciudadana son, hoy por hoy, los
miembros de las FARC. Lo hace con el propósito de justificar las
acciones que libra contra esa organización, a la cual él no oculta
que quiere exterminar. Recientemente, le dio al Comandante del
Ejército la orden de “acabarlos”, diciéndole, además, que no se
detenga en el cumplimiento de esa orden, por las críticas que se le
hagan el país o en el extranjero. Y, a través de los medios de
comunicación, asumió de antemano, la responsabilidad política
que le toque por el cumplimiento de la misma. No se necesita
mucho esfuerzo para entender que esa orden, en la forma en que
públicamente la ha impartido el señor Presidente, constituye lisa y
llanamente una incitación al delito.
Tenemos, pues, dos actitudes contrapuestas del Presidente Uribe,
en relación con el combate a las fuerzas armadas ilegales: frente
a la guerrilla de las FARC sólo da la orden de combatirla y
exterminarla. No se ve en el primer mandatario ningún gesto de
invitarla a pactar la paz. Demuestra, a todas luces, que no quiere
buscar la paz con esa Organización. Por el contrario, frente a los
paramilitares y a sus crímenes y masacres, que, viéndolo bien, son
peores en muchos casos que las que han cometido las FARC, tan
pronto como se posesionó del cargo de Presidente, envió a su
Comisionado de Paz a conversar con ellos, quien les llevó unos
muy generosos ofrecimientos que son violatorios de la
Constitución.
Galán y Lara, creían, como creemos nosotros, que la corrupción,
en todas sus formas, impide que se superen las crisis por las
cuales ha atravesado nuestro país. Si no se erradica la corrupción
no se podrán superar los índices aterradores de pobreza y de
miseria; ni podrá funcionar eficazmente la justicia; ni se podrá
impartir una educación de mayor cobertura y calidad; ni se podrán
mejorar los servicios de salud; ni el Estado podrá, en fin, lograr la
justicia social, ni hacerles frente a los numerosos problemas
sociales de Colombia.
El asesinato de Galán constituyó el punto de quiebre del
renaciente proceso político nacional. Los enemigos de la
215
democracia y del derecho aprovecharon esa coyuntura para
apoderarse de las palancas del poder. La misión de revivir los
ideales de Galán implica un compromiso que a su vez impone
especiales responsabilidades. No se puede ser leal a la memoria
del mártir, sólo de palabra. Para serlo verdaderamente, es
indispensable que el comportamiento político sea coherente con
lo que se dice. Y que en ese campo no haya transacciones. No se
puede ser honesto a medias. La conducta ceñida a los principios
morales rechaza la penumbra. Ésta, lo mismo que las sombras,
son el ambiente propicio para que medren la antidemocracia y la
deshonestidad.
Colombia necesita el imperio de las ideas galanistas. De otra
manera, nuestro país no podrá llegar a ser una verdadera
democracia. Abrazar los ideales galanistas es lo mismo que
enrolarse en las filas de quienes, prestos a dar la batalla por la
recuperación moral de la vida nacional, están dispuestos, en ese
empeño, como el líder desaparecido, a no dar ni un paso atrás,
sino a marchar siempre adelante, sin importar los riesgos
personales que se deban correr.
El otro gran impulsor de esas ideas, Rodrigo Lara Bonilla, como
ministro de Justicia, libró las más duras luchas en contra de las
organizaciones criminales que manejaban, y aún manejan, el
negocio ilícito del narcotráfico. Pero lo que más lo enardecía era la
infiltración del dinero proveniente de esa actividad criminal en los
partidos políticos y, prácticamente, en todos los campos de la vida
nacional. Tanto los políticos, beneficiarios de esos dineros
manchados de sangre, como los propios narcotraficantes, veían
en él un obstáculo para el mantenimiento de su infame negocio.
Por eso, se planeó y se consumó su asesinato.
Lara fue, sobre todo, un hombre de carácter y de convicciones
firmes. Sacrificó su vida por lealtad a sus principios y por
honestidad consigo mismo y con el país. No quiso contemporizar
con los delincuentes ni con los deshonestos que le tendieron una
trampa para luego asesinarlo. La complacencia con unos y con
otros, en los tiempos que le tocó vivir, era una práctica común
que, por desgracia, todavía perdura. Le asqueaba ese
comportamiento, propio de políticos claudicantes.
216
Aunque breve, su vida constituyó un gran ejemplo, una perdurable
enseñanza. Debió morir frustrado y decepcionado por el
panorama de pequeñeces de que se veía rodeado. Él soñó en la
posibilidad de cambiar ese panorama. Sueño que se fortalecía al
lado de ese otro gigante de la democracia, la libertad y la pulcritud
política, que fue Luis Carlos Galán. La vida de los dos fue arrasada
por fuerzas oscuras. Las mismas que hoy, so pretexto de servir los
intereses del país, le han dado un golpe de mano al poder,
conspiran contra el imperio de la justicia y de la ley y tratan de
frustrar el anhelo de cambio arraigado en el alma popular.
El libro de Gonzalo Guillén nos abre la oportunidad de contemplar
el panorama nacional, en el cual descuellan por sus virtudes
políticas, ilustres personajes de la Historia Nacional, como Luis
Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. El primero, estuvo llamado a
orientar, sobre la base de principios éticos y dentro del marco del
Estado de Derecho, los destinos nacionales. Los enemigos de la
democracia y de la honestidad política lo asesinaron, para que no
pudieran prosperar sus ideas y sus anhelos. Quienes compartimos
esas ideas y esos anhelos queremos verlos triunfar en Colombia.
El segundo, uno de los inmediatos seguidores de Galán en la
misma lucha política, estaba llamado también a influir de manera
decisiva sobre los destinos nacionales, con apoyo en idénticos
principios y dentro del mismo marco del Estado de Derecho, de
que ambos eran portaestandartes.
Aprovecho el gentil ofrecimiento del autor de este libro, de que
escriba este prólogo, para rendirle un tributo de admiración a la
memoria de estos dos titanes de la lucha por la democracia y para
expresar nuestros fervientes votos porque sus ideas y esperanzas,
cifradas en el amor a los principios liberales y a las libertades
públicas, puedan verse materializadas, en un futuro inmediato,
para bien de Colombia, una vez hayamos despejado las tinieblas
que ensombrecen el porvenir del país por acción de la luz que
dimana del pensamiento de Galán y de Lara Bonilla.”
217
Del proceso de Justicia y Paz con las AUC
“… El avance militar y político del narcotráfico en el país ha dejado,
mal contados, cerca de 25 mil desaparecidos. Muchos de ellos se
presume yacen en fosas comunes y cementerios clandestinos.
La mafia creó sus propios ejércitos (paramilitares) comandados
por genocidas y narcotraficantes como, por ejemplo, Salvatore
Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Rodrigo Tovar
Puppo, alias Jorge 40; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco o
Vicente Castaño…, todos ligados de vieja data al cartel de la
cocaína que lideró Pablo Escobar y algunos conocidos de vista o
trato por Uribe Vélez.
Todos ellos y otros hacen parte de un controvertido proceso de paz
con el que el gobierno de Uribe se ha comprometido a sacarlos
libres de polvo y paja con base en una ley que hizo aprobar en el
Congreso, llamada de “justicia y paz”. Podrán permanecer en
Colombia (al menos mientras Uribe consiga perdurar en la
presidencia), en posesión plena de sus fortunas mal habidas, con
la garantía de que Estados Unidos no se los llevará para juzgarlos
por los cargos de narcotráfico que les ha hecho.
En declaraciones ante un fiscal especial que oyó sus confesiones
a cambio de múltiples beneficios, Mancuso, a quien Uribe acepta
haber tratado, solamente reconoció su responsabilidad en 336
homicidios, a pesar de que la Policía colombiana estima que
asesinó por lo menos a 7,300 personas, solamente en el
departamento de Norte de Santander, en acciones criminales
cometidas entre 1999 y 2004 por el Bloque Catatumbo,
comandado por ese líder narcotraficante y paramilitar.
Teniendo en cuenta que Mancuso no llegaría a estar preso más de
cinco años debido a las rebajas que ya ha ganado sobre la pena
máxima de ocho años que se le podrá aplicar, pagará menos de
un año de cárcel por cada mil homicidios cometidos…”
Las bandas “Los Doce Apóstoles” y “Los Erre”
218
“La ley de “justicia y paz”, promulgada para poder indultar a
narcotraficantes y paramilitares, llegado el caso, puede ser usada
para favorecer a un hermano y a dos primos hermanos de Uribe
Vélez, señalados de haber dirigido dos organizaciones armadas
ilegales de extrema derecha que en los años 90 asesinaron en el
departamento de Antioquia a más de cien personas en acciones
diferentes, de acuerdo con expedientes judiciales.
El senador Gustavo Petro, del partido Polo Democrático
Independiente, PDI, reveló que Santiago Uribe Vélez, hermano del
Presidente, entre los años 1993 y 1994 virtualmente conformó y
financió una banda paramilitar conocida como Los Doce
Apóstoles, que asesinó a no menos de 50 personas y tuvo su base
de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del
mandatario y su familia [66].
El hermano del Presidente fue interrogado por la Fiscalía en 1997
respecto de delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos
por Los Doce Apóstoles entre 1993 y 1994 en los municipios de
Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia) [67].
El caso contra el hermano del Presidente Uribe fue archivado en
1999 por falta de pruebas suficientes, lo cual no quiere decir que
haya hecho tránsito a cosa juzgada sino que es susceptible de ser
reabierto en cualquier momento.
El caso de los asesinatos cometidos por la banda de Los Doce
Apóstoles es investigado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas en
vista de que la justicia colombiana hasta ahora ha mantenido los
crímenes de la impunidad [68].
66 Información judicial vigente presentada el 17 de abril de 2007 por el senador Gustavo Petro
durante un debate sobre el paramilitarismo y narcotráfico en Antioquia, indica que Los Doce
Apóstoles, también operaban desde la hacienda Guacharacas, donde murió el padre del hoy
Presidente en un intento de secuestro que le es atribuido a las FARC.
67 El Presidente Uribe alega que se trata de calumnias. Defendió así a su hermano Santiago: “es
un hombre muy buena persona. Algún candidato a la presidencia dijo que había que empezar la
reforma agraria con él porque tenía más de 200.000 hectáreas, tiene menos de 300. Fue muy
buen hijo, compañero inmejorable de mi madre, buen hermano, buen esposo”.
68 Los Doce Apóstoles: De acuerdo con defensores de derechos humanos que llevan los procesos
ante los tribunales internacionales, “en el sistema latinoamericano de justicia las actividades
criminales de esta banda de asesinos están relacionadas con el caso del genocidio de la Unión
219
Patriótica (expediente número 11227), resultado de una petición formulada el 16 de diciembre de
1993 ante la Comisión Interamericana. Los Doce Apóstoles son señalados como responsables
del asesinato de varios miembros del partido de izquierda Unión Patriótica en 1980, en el
corregimiento de Campamento, municipio de Yarumal, Antioquia”. “Entre las víctimas de este
grupo también se encuentran varios parientes de María Eugenia López, integrante de Asfaddes,
organización de familiares detenidos o desaparecidos, beneficiaria de medidas provisionales de
seguridad otorgadas por la Corte Interamericana”. “En el mes de julio del mismo año,
comenzaron los asesinatos selectivos, ejecutados por el grupo de hombres armados pagados por
la SOC, denominados Asociación de Autodefensas del Norte Lechero, pero al que la población
dio el nombre de Los Doce Apóstoles o Los Póstoles por la participación activa del párroco de la
localidad. El grupo de Los Doce Apóstoles tenía como finalidad “limpiar” el municipio de
Yarumal de “antisociales”. Como integrantes y ejecutores de las acciones se encontraban, entre
otros, Wilson Díaz (adjunto tercero del Ejército Nacional y agente de Inteligencia civil D-3),
Norbey Arias Arroyave El Ruso (agente de la Policía Nacional), Leonidas Pemberthy, Hernán
Darío Zapata y Henry de Jesús Múnera Sierra. Esto explica que a Los Póstoles se les viera entrar
y salir con frecuencia del Comando de la Policía, o en el parque, cerca de la estación de policía
donde solían permanecer. A esta situación se sumaba que los miembros de la policía omitían
ejercer vigilancia en los sitios de injerencia del grupo y que el Ejército colaboró con el
adiestramiento comoquiera que en la base militar de Marconni el grupo de los Apóstoles realizó
varias prácticas de tiro bajo instrucción de miembros de la unidad militar allí acontonada. Las
víctimas ultimadas por el grupo eran todas personas de condición social marginada, habitantes de
tugurios, delincuentes, consumidores y expendedores de drogas, presuntos auxiliadores de la
guerrilla, y otros simples parroquianos, quienes resultaban eliminados en forma similar sin que
se tomaran medidas oficiales para evitarlo. El ejemplo más sobresaliente es el de los residentes
del barrio San Judas, barrio de invasión en el que todos sus habitantes fueron amenazados para
que salieran de allí o de lo contrario ‘les costaría la vida’. El hecho, de público conocimiento, fue
denunciado: una vez empezaron los asesinatos solo quedaron dos familias que no tuvieron, aún a
costa de su propia vida, un lugar donde refugiarse. Este barrio de invasión había sido construido
en un terreno de propiedad de comerciantes del municipio. Cuando Los Apóstoles salían a
aplicar lo que se llamaba la ‘sentencia del juicio’, pues habían decidido que una persona debía
morir, vestían de negro, utilizaban pasamontañas, y algunas veces utilizaban prendas de uso
privativo de las fuerzas armadas. La mayoría de los homicidios se cometían a altas horas de la
noche, pero también actuaban a plena luz del día y cerca de los comandos de la policía ante la
total inercia de las autoridades policiales. Los miembros de la fuerza pública no sólo apoyaban la
labor de ‘limpieza social’ de Los Apóstoles, omitiendo sus funciones, sino que fueron
prácticamente los gestores del grupo y quienes elaboraron las listas de personas que debían ser
ultimadas. Su actuación tomó básicamente tres formas: la primera, de colaboración en la
deplorable labor de ‘limpieza social’ y se presenta con el adiestramiento del mencionado grupo
en la base militar de Marconni. En segundo lugar, los miembros de la policía y de la Subsijin
participaron activamente en algunos de los homicidios cometidos por Los Doce Apóstoles, pues
en la población de Yarumal conocían como ‘el carro de la muerte’ un campero rojo que
pertenecía a la Subsijin y en el cual se transportaban los miembros del grupo paramilitar. La
tercera forma de participación se llevaba a cabo mediante una serie de operativos realizados por
la fuerza pública en los que no se aplicaban procedimientos de captura a los presuntos
delincuentes sino que constituyeron una forma de aplicación de hecho de la pena de muerte. La
grave violación a los derechos humanos condujo a los habitantes de la zona a denunciar los
hechos ante la Personería Municipal. La personera era la única autoridad del municipio en la cual
confiaba la ciudadanía puesto que la credibilidad de las demás autoridades del municipio
quedaba cuestionada ante la omisión y la demora en la toma de decisiones sobre los hechos. A
causa de las investigaciones iniciadas, la personera municipal de Yarumal fue amenazada de
muerte a mediados de octubre de 1993. La población quedaba así sin instancias ante las cuales
denunciar los asesinatos cometidos por ese grupo paramilitar que en tan solo cuatro meses había
cobrado la vida de 24 personas. Los criminales no se detuvieron. Entre junio de 1994 y agosto de
220
La Propiedad de la hacienda La Carolina, situada en el municipio
de Yarumal, es compartida por el Presidente Uribe con sus
hermanos, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas.
A la banda de Los Doce Apóstoles perteneció un sacerdote
católico identificado como Gonzalo Palacios, quien estuvo preso
de manera cautelar y después quedó en libertad por falta de
pruebas suficientes en su contra.
Petro también denunció que tres parientes del Presidente Uribe
Vélez, entre ellos dos primos hermanos, lideraron la banda
paramilitar conocida como Los Erre, señalada de haber asesinado
a otro medio centenar de personas en los municipios de Titiribí y
Armenia-Matequilla (departamento de Antioquia).
Fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos
cerca de un año hasta cuando un juez de apelaciones los puso en
libertad y archivó el caso por considerar que no había pruebas
suficientes contra los acusados. Esta causa también es
susceptible de ser reabierta ante la aparición de nuevas
evidencias.
Entre las víctimas de Los Erre figuran dos estudiantes
universitarios fusilados en mayo de 1995 por pasear sin permiso
de la banda en parajes que eran controlados por esa organización.
Los parientes del mandatario son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan
Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa. Los dos últimos son
primos hermanos del Presidente y el primero de ellos, tío.
La banda de Los Erre llegó a tener 150 miembros armados que se
distinguían por el número consecutivo de los radio
intercomunicadores que poseía cada uno de ellos. Juan Diego
tenía el aparato número 16 y Mario el 17. Los radios eran dados
en alquiler por la firma de comunicaciones Unicom, de Medellín, la
1995 fueron asesinadas en Yarumal, aproximadamente, 65 personas, y al menos otra más fue
desaparecida”.
221
cual reconoció ante la justicia que los Vélez Ochoa y la banda
paramilitar Los Erres eran abonados suyos…”
Algunos de los parientes y amigos del Presidente Uribe
“…Los Vélez Ochoa, además de haber sido cercanos de Uribe
Vélez y su hermano Santiago también lo son del clan familiar de
narcotraficantes convictos Ochoa Vásquez, miembros de la
jefatura del primer Cartel de Medellín. Uno de estos últimos, Fabio
Ochoa Vásquez, fue extraditado a Estados Unidos y se encuentra
preso en Miami.
Alberto Uribe Sierra, padre del Presidente, tuvo amistad y tratos de
público conocimiento con los Ochoa cuando ya eran conocidos
traficantes de cocaína, reclamados por autoridades de Colombia,
Estados Unidos y Europa.
Durante la campaña para la reelección del Presidente Álvaro Uribe
Vélez, en el departamento del Magdalena la financiación de la
causa estuvo oficialmente a cargo de su amigo y comerciante de
alcoholes Raúl Montoya Flórez, socio en negocios con Luis Carlos
Molina Yepes, quien financió directamente a los sicarios que el 17
de diciembre de 1986 asesinaron al director del diario bogotano
El Espectador, Guillermo Cano Isaza.
Molina Yepes, amigo de Pablo Escobar desde la infancia, manejó
la cuenta corriente número 005-21826-8 del Banco de Crédito y
Comercio de Colombia, de la cual salieron los pagos del Cartel de
Medellín para los asesinos y también hubo cinco cheques girados
a Montoya Flórez por valor equivalente al medio millón de dólares.
Molina Yepes, comerciante de arte y de divisas extranjeras en
Medellín, fue condenado por el asesinato de Guillermo Cano a 16
años de prisión pero solamente pagó seis después de fugarse del
DAS y haber sido recapturado.
La presencia de Montoya en la campaña del Presidente Uribe fue
revelada en El Nuevo Herald, de Miami, por el periodista Gerardo
Reyes.
222
Montoya, quien se vio obligado a renunciar a la campaña como
consecuencia de la publicación de El Herald, recibió respaldo de
Álvaro Uribe Vélez quien procedió a “dar la cara” para mostrarlo
como un “hombre honesto”, víctima de periodistas que “violan el
derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas”.
“A mí me da hasta pena con don Raúl Montoya”, exclamó el
Presidente Uribe.
Dos magistrados que tuvieron a su cargo el expediente por el
asesinato de Guillermo Cano fueron asesinados por sicarios:
Carlos Ernesto Valencia García, en agosto de 1989, y Myriam
Rocío Vélez Pérez, en septiembre de 1992 cuando se preparaba
para dictar sentencia.
Ambos jueces superiores comprobaron que Molina Yepes
desempeñaba el papel de “banquero de la mafia” y que de sus
casas de cambios de moneda salió el dinero para pagar a los
sicarios de Guillermo Cano, cumpliendo órdenes de Pablo Escobar
y El Mexicano. Esta conclusión, a la postre, tuvo respaldo con
informaciones que aportó a la Fiscalía General John Jairo
Velásquez Vásquez, Popeye.
“Conozco a Luis Carlos Molina desde 1985. La mayoría de los
miembros de la organización cambiaban los cheques ahí:
familiares de Pablo Escobar, familiares de nosotros o cualquier
persona que uno recomendara”, dijo Popeye.
Después de la muerte de Pablo Escobar, Molina Yepes ingresó al
Cartel de Cali, de acuerdo con la Fiscalía colombiana.
Gerardo Reyes reveló en abril de 2006 que a Raúl Montoya las
autoridades de Estados Unidos le quitaron la visa debido a
“sombríos episodios”.
Durante su primera campaña presidencial, en 2002 el entonces
candidato Uribe Vélez se salvó de un controvertido atentado en
Barranquilla. Iba en una camioneta blindada de Régulo Matera,
reconocido narcotraficante y dueño, mediante testaferrato, del
223
Matadero Camagüey, cuyo verdadero propietario es, de acuerdo
con la Fiscalía General, el narcotraficante y paramilitar Jorge 40.
El día del atentado iba acompañado por el congresista Dieb
Maloof (posteriormente apresado por vínculos con paramilitares) y
Carlos Mario García, alias El Médico, en ese momento miembro
activo del Bloque Norte de los paramilitares…”
224
APÉNDICE 2
Enlaces de Internet de artículos del
Periodista y escritor Fernando Garavito
Ciertas yerbas del pantano:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito4.html
¡Urgente! ¡Urgente! ¡Urgente!:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito5.html
Sin tanta pendejada:
http://bonavet.com/page32.htm
Cuando era moscorrofio:
http://derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito6.html
El silencio del mimo:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garabito.html
El compinche de Dios:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito7.html
El regreso del basilisco:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/01/1110.php
¡Cállese ya!:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito8.html
225
Cóctel sin Ivonne:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito9.html
La vida es una fiesta:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito2.html
Apólogo del faro:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito3.html
Censor y piltrafa:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito11.html
Derecho a existir:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito10.html
Habla Raimundo:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito12.html
Razones de la chaveta:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito13.html
Métale cabeza:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/01/1239.php
Historia con cadáveres:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito14.html
El enemigo:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito15.html
226
Desde Sodoma:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/garavito16.html
La patria:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/03/2091.php
Ricitos de oro hace el oso:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/03/2347.php
Los cuatro jinetes de nuestro Apocalipsis:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/03/2516.php
Llevados del diablo:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/04/2707.php
Quién canta aquí:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/04/2911.php
El eterno retorno:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/04/2973.php
Abre los ojos:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/05/3497.php
El eslabón perdido:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/05/3583.php
Vuelve el terror:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/05/3671.php
227
Temblor de tierra:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/05/3759.php
Tantas idas y venidas:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/05/3887.php
Bailo tregua y bailo catalá:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/06/4054.php
Método y pandeyucas:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/06/4184.php
Los tres viajes de García Márquez:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/06/4292.php
Teoría del bote:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/06/4383.php
Juegan las blancas y ganan:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/07/4460.php
Blanco es, gallina lo pone:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/07/4708.php
Decíamos ayer:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/10/6850.php
El vuelo de las moscas:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/07/4708_comment.p
hp#4710
228
¿Y qué?:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/11/7244.php
El país que no era país:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/07/4878.php
Necesidad del pensar:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/08/5123.php
You’ll take Urabá:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/11/7338.php
El reino del espanto:
http://colombia.indymedia.org/news/2003/11/7909.php
Breve noticia sobre la libertad:
http://colombia.indymedia.org/news/2004/03/11275.php
La hermosa utopía:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/utopia.html
Los fantoches:
http://colombia.indymedia.org/news/2004/04/11767.php
Paramilitar para paramilitares:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paramilitares.html
Las razones del cero:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cero.html
229
Las mentiras de Varito:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/varito1.html
¿Quién le pone el cascabel al gato?:
http://colombia.indymedia.org/news/2006/01/36448.php
Tres horas al sur de La Florida:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/varito.html
El macho:
http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/12884.php
Las piedras que lleva el río:
http://colombia.indymedia.org/news/2004/06/14364.php
El último de los grandes:
http://www.argenpress.info/notaold.asp?num=012028
La historia del 'Señor de las Sombras' y del curioso seudónimo:
http://colombia.indymedia.org/news/2004/08/15422.php
El paradigma:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paradigma.html
Entrevista al periodista Fernando Garavito, el 14 de junio de 2005:
http://colombia.indymedia.org/news/2006/01/36439.php
Donde Acaba La Historia:
http://colombia.indymedia.org/news/2005/07/27958.php
230
¡Róbese un banco!:
http://colombia.indymedia.org/news/2005/08/29147.php
231
APÉNDICE 3
Algunos escritos de Enrique Parejo González
Un balance negativo
Por Enrique Parejo González
Agosto de 2006
Después de los cuatro primeros años de gobierno del presidente
Uribe, en Colombia, la ley sigue siendo una irrisión; la Justicia
continúa en estado de grave postración; la soberanía nacional ha
sido sometida a poderosos intereses foráneos.
En respuesta a la amable invitación del Director de Un Pasquín y
como un deber frente a los colombianos, queremos hacer un
somero balance sobre los primeros cuatro años del gobierno del
presidente Uribe.
Debemos decir, de entrada, que no vemos ninguna razón para no
calificar como ampliamente negativo ese primer período. Sin
desconocer que los más ricos del país tienen motivos de sobra
para considerarse satisfechos. De ahí que pretendan convencer a
los más pobres - y lo han logrado en buena medida -, de que
también ha sido bueno para ellos.
La Iglesia, que ha mirado siempre con buenos ojos al gobierno,
acaba de denunciar la existencia en el país de un millón
trescientos mil niños desnutridos y de más de seis millones de
compatriotas sin medios para atender sus necesidades de
supervivencia.
Pero, veamos, en concreto, otros ‘logros’ de este gobierno. En
materia de orden público, prometió acabar con los grupos alzados
en armas. No lo ha logrado, en relación con la guerrilla. Y, en
cuanto a los paramilitares, que siempre se han declarado sus
aliados, el gobierno les ha tendido su mano generosa y agradecida
de impunidad.
232
Los paramilitares nacieron como una prolongación armada de las
gentes más adineradas del país, en especial de ganaderos y
terratenientes, para combatir a la guerrilla. Sin embargo,
extralimitaron su objetivo al dedicarse a cometer, con la
connivencia de las autoridades, los más atroces crímenes contra
los más humildes campesinos. Con la aberrante teoría de que,
para acabar con la guerrilla, era necesario quitarle el apoyo de
éstos.
Fue así como se montó una guerra atroz contra esos campesinos,
guerra que, para vergüenza de los colombianos, contó con el
apoyo, la connivencia o la tolerancia de las fuerzas regulares de la
Nación. El presidente Uribe, creador de las Convivir en el
departamento de Antioquia, participó de esa teoría y, por ello, no
puede dejar de ser considerado responsable del comportamiento
de los paramilitares.
Dentro de la estrategia del gobierno y del propio presidente,
orientada a permitir que muchas entidades clave del Estado sean
infiltradas por esas organizaciones criminales, se dio el caso
escandaloso de la infiltración del Das por parte de los
paramilitares.
Ese caso, gracias a la habilidad poco ética del presidente, ha
quedado sepultado. No se sabe qué pasó con la investigación que,
supuestamente, inició la Fiscalía. El Fiscal no ha sido claro en sus
anuncios a la opinión pública al respecto. Todo lo cual puede ser
consecuencia de la decisión del presidente de promover a ese
cargo a uno de sus más inmediatos colaboradores en el gobierno:
el ex viceministro de Justicia.
Otro aspecto que vale la pena resaltar, en este sucinto balance del
gobierno de Uribe, es su amistad con el ex ministro y ex senador
Alberto Santofimio Botero, uno de los puntales de su elección en
el año 2002, a quien el presidente recompensó, por serlo,
nombrando a uno de sus hijos en un cargo en la embajada de
Colombia en Francia. La misma adonde se proponía enviar como
embajador al ex presidente Ernesto Samper Pizano, para
premiarle, también a él, su apoyo a la reelección.
233
De otra parte, el Contralor General de la República, quien ha
realizado una plausible labor al servicio de la verdad, ha
denunciado las graves falencias de la gestión del gobierno en
materia social. Ha sido uno de los pocos funcionarios que no ha
abdicado de sus responsabilidades públicas y que ha puesto la
verdad y la ley por encima de sus conveniencias personales. Su
conducta debe ser un ejemplo para todos los altos funcionarios de
este atribulado país.
Después de los cuatro primeros años de gobierno del presidente
Uribe, en Colombia, la ley sigue siendo una irrisión. La Justicia
continúa en estado de grave postración. La soberanía nacional ha
sido sometida a poderosos intereses foráneos. La moral se
encuentra más escarnecida que nunca. La justicia social se halla
patas arriba. Los peores delincuentes son beneficiarios de
excepcionales privilegios, otorgados por el gobernante que más ha
dicho que iba a combatirlos. Y la corrupción, rampante como
siempre, es más fuerte que nunca. El presidente no sólo no ha
hecho nada importante por combatirla, sino que se ha servido de
ella en favor de sus amigos y de sus propias ambiciones.
Ojalá los colombianos despierten del embrujo autoritario que
están sufriendo, para que puedan darse cuenta de las condiciones
desastrosas en que se encuentra el país y tengan la capacidad de
señalarle a éste el rumbo que más le conviene. Que no puede ser
sino aquél que lo lleve a la justa posición que debe ocupar entre
las naciones del mundo. Un país en donde no sea necesario gritar:
¡No más engaño! ¡No más mentiras! ¡No más injusticia!
******
Un insólito proceso de paz
Por Enrique Parejo González
Septiembre de 2006
Uno de los argumentos más socorridos de los ‘paramilitares’ es el
de que sus acciones son consecuencia de su lucha contra la
guerrilla, al lado del Estado.
234
Por definición, un proceso de paz sólo tiene lugar entre
contendientes, es decir, entre adversarios que libran una guerra
entre sí y deciden adelantar conversaciones para definir las
condiciones que les permitan ponerle fin al conflicto que los
enfrenta. En ese sentido, es inconcebible un proceso de paz entre
amigos o entre partidarios de una misma causa.
De ahí que repugne a la conciencia hablar de un proceso de paz
del Estado con los ‘paramilitares’. En efecto, éstos se han
considerado siempre aliados de aquél, en su lucha contra la
subversión. Uno de los argumentos más socorridos de los
‘paramilitares’, cuando pretenden que no se castiguen sus
acciones criminales, ha sido precisamente ése: el de que esas
acciones son consecuencia de su lucha contra la guerrilla, al lado
del Estado.
Se trata de un argumento falaz, porque ni siquiera los agentes del
Estado pueden alegar esa condición para pretender que se les
exonere de responsabilidad por las violaciones a la ley en que
incurran. O para que se les dé un tratamiento favorable. De
accederse a esas pretensiones, nos hallaríamos, en ambos casos,
ante una situación de evidente arbitrariedad, que sólo se
explicaría en una tiranía. Pero no en un Estado de Derecho.
Tanto en el país como en el exterior, los ‘paramilitares’ han sido
considerados siempre como autores de delitos atroces, cometidos
so pretexto de combatir a la subversión. Han sido los emisarios de
la barbarie. Hasta ahora, a ningún gobierno, liberal o conservador,
le había pasado por la mente pactar la “paz” con ellos. Bastó que
el que hoy rige los destinos nacionales les diera la orden de
desmovilizarse para que lo hicieran. ¡Claro que previo el
compromiso de burlar el derecho y la justicia para asegurar la
impunidad de sus crímenes!
Aunque su origen se remonta a los años sesenta, en el decenio de
los ochenta los narcotraficantes crearon grupos armados, que
comenzaron a llamarse ‘paramilitares’, para defender sus tierras
mal habidas de las acciones de la guerrilla o para arrebatarles sus
propiedades a campesinos inocentes a quienes, con ese fin,
235
acusaban de ser cómplices o auxiliadores de la misma. Esas
organizaciones se financiaban con el producto del narcotráfico.
Los ‘paramilitares’ sembraron el terror en el país, con el apoyo de
ganaderos y terratenientes y, lo que es peor aún, del propio
Estado. El mismo apoyo que hoy les sirve para quedarse con las
propiedades que les arrebataron a las víctimas de sus asesinatos
y para lograr que sus crímenes queden en la impunidad. ¡Es
increíble que el Estado haya permitido que el país se hunda, de
esa manera, en los abismos de abyección en que hoy se
encuentra!
Imposible olvidar, por la crueldad con que fueron cometidas, las
masacres de Ituango y Mapiripán, en las cuales fueron asesinadas
más de 70 personas, con el apoyo, directo o indirecto, de
autoridades militares y civiles de Antioquia y del Meta. De ahí que
la Corte de Derechos Humanos de la OEA, los haya calificado
como verdaderos crímenes de Estado.
No sobra recordar que, en Antioquia, donde se cometió una de
esas dos masacres, o de donde salieron los ‘paramilitares’ que
cometieron la otra, era Gobernador el doctor Álvaro Uribe Vélez. El
creador de las Convivir. El mismo que, luego, como Presidente de
la República, reconoció la responsabilidad del Estado en esas
masacres. Y el mismo que impulsa hoy un absurdo proceso de paz
con los ‘paramilitares’.
¿No es injusto que, en lugar de que esas autoridades resarzan,
con su propio peculio, a las víctimas de las masacres y a sus
familiares, lo tengamos que hacer todos los colombianos, a través
del Estado, por razón de la condena que, con base en las normas
que rigen su funcionamiento, dictó en contra del país, la Corte de
Derechos Humanos de la OEA?
¿Y no es también injusto que los ‘paramilitares’ se hayan arrogado
la facultad de calificar, por sí y ante sí, como auxiliadores de la
guerrilla a las poblaciones masacradas por ellos? ¿Y acaso no es
también absurdo que los ‘paramilitares’, en el colmo de la
barbarie, hayan torturado y asesinado brutalmente a esas
poblaciones, con la aquiescencia de las autoridades civiles y
236
militares del Departamento de Antioquia? ¿Y no es el colmo del
ultraje a la Justicia que un gobierno complaciente con ellos los
premie con toda clase de miramientos, violando, incluso, una
Sentencia de la Corte Constitucional de nuestro país?
¡Qué horror! ¡Qué vergüenza para Colombia!
******
El Presidente Uribe también debe ser investigado
Por Enrique Parejo González
Marzo de 2007
Álvaro Uribe debe reflexionar sobre su propia situación ahora que
la justicia ha encontrado que sus más cercanos amigos políticos
tienen vínculos estrechos con los paramilitares.
El asesinato de la señora Yolanda Izquierdo, líder de los
desplazados de Córdoba, y del cual se responsabiliza a los
paramilitares, trae a nuestra memoria el caso de la muerte aleve
del Alcalde del Municipio de El Roble, Sucre, en el 2003, ordenado
muy seguramente - como lo denunció la propia víctima, en un
consejo comunitario -, por el entonces gobernador de ese
departamento, Salvador Arana [69].
Como se recordará, mientras se desarrollaba el consejo
comunitario, presidido como de costumbre por el doctor Álvaro
Uribe Vélez, el señor Eudaldo Díaz, quien se desempeñaba como
Alcalde del mencionado municipio, ante el propio Presidente de la
República, acusó al gobernador del Departamento de Sucre, quien
se hallaba sentado a la derecha del primer mandatario, de haber
dado la orden de asesinarlo. “¡Sé que me van a matar, señor
Presidente!” clamaba el atribulado burgomaestre. “¡Aquí están
quienes quieren asesinarme!” ¡Al lado suyo está quien ha
ordenado mi muerte!
69 Salvador Arana Sus, nombrado por el Presidente Uribe Vélez en el cargo de embajador ante la
República de Chile; actualmente está huyendo de la justicia colombiana.
237
El Presidente Uribe, una vez que el alcalde municipal concluyó su
dramática acusación contra el gobernador, a quien señaló,
además, como organizador de grupos paramilitares en el
departamento, se limitó a solicitarle a la Secretaria del Consejo
Comunitario que pusiera los hechos, que calificó de graves, en
conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, para que los
investigara.
Unas pocas semanas después, el Alcalde fue secuestrado y
asesinado y su cuerpo arrojado en una carretera secundaria de la
región. La fementida política de “Seguridad Democrática” no sirvió
para proteger su vida. En cambio, ¡oh paradoja! sirvió para darle
protección al presunto autor del asesinato, el señor Salvador
Arana, a quien, en acto escandaloso e inaudito, el presidente
Uribe designó como Embajador de Colombia en Chile.
Cuando se le preguntó al ministro del Interior y de Justicia [70], hoy
embajador en Roma, por las razones que habían llevado al
gobierno a hacer ese nombramiento, aquél contestó que se había
hecho por la necesidad de proteger la vida del gobernador. ¡Con él
sí operó, pues, la política de seguridad democrática!
La Corte Suprema de Justicia, en su investigación sobre el
fenómeno de la “para-política”, cuyos protagonistas tanto le han
servido al presidente Uribe para sus fines políticos, encontró que
había mérito para llamar a rendir indagatoria al ex gobernador de
Sucre. Éste regresó al país, supuestamente, para responder al
llamado del máximo tribunal de justicia. Por el contrario, apenas
pisó suelo colombiano, desapareció y no se sabe dónde se
encuentra.
Este caso, en cuanto a las maniobras desplegadas para
entorpecer la acción de la justicia, se parece al del anterior
director del Das [71], acusado también de favorecer a los
70 Sabas Pretelt De La Vega.
71 Jorge Noguera Cote, sindicado de la infiltración en el Das (Departamento Administrativo de
Seguridad, dependiente directo de la Presidencia de la República) de paramilitares y de
suministrarles datos para cometer asesinatos de personas desafectas al movimiento paramilitar,
así como adulterar los registros computarizados relacionados con antecedentes de miembros de
los movimientos paramilitares, por lo cual está siendo investigado por los organismos de justicia
del Estado.
238
paramilitares, y quien, después de que se le aceptara la renuncia
de ese cargo, fue designado por el Presidente Uribe como Cónsul
General del país en Milán. Pero, el señor Salvador Arana no sólo
no se ha presentado ante la Justicia, sino que ni siquiera se sabe
en donde se encuentra. Se ha burlado de ella.
¿Y qué ha hecho el presidente Uribe? Él, que es tan dado a
fustigar a sus opositores, cuando presume que tienen o han
tenido problemas con la justicia, esta vez ha guardado silencio. ¡Él,
que en un Consejo de Seguridad – a pesar de que en ese caso
incurría en un abuso de autoridad –, ordenó la captura de un
empleado público a quien el Comandante Militar de Buenaventura
acusó de haber incurrido en un acto de corrupción!
¡La conducta del presidente Uribe debe ser investigada
penalmente! Por los casos mencionados y por otros similares que
también lo ameritarían: Primero, por no haber protegido la vida del
alcalde de El Roble, a pesar de que éste se lo solicitó pública y
vehementemente, en presencia del presunto asesino, el entonces
gobernador de Sucre. Segundo, por haber designado al acusado
en un cargo diplomático, en vez de solicitar que fuera investigado.
Tercero, por no haber tomado las medidas a que también estaba
obligado, para impedir que el acusado, después de haber sido
vinculado a un proceso penal por homicidio, se sustrajera a la
acción de la justicia. Y cuarto, por el comportamiento similar que
ha tenido frente al caso del ex director del Das, también acusado
de favorecer a paramilitares.
A lo anterior se suma la responsabilidad que le cabe al primer
mandatario, por omisión, en la muerte de la señora Yolanda
Izquierdo, quien le pidió protección al gobierno por las amenazas
que estaba recibiendo. ¡El gobierno no puede eludir esa
responsabilidad con el argumento simplista de que la denuncia
llegó al lugar equivocado, o de que se demoró en los trámites
burocráticos, cuando las amenazas contra su vida eran de público
conocimiento!
Es curiosa la costumbre que tiene el Presidente de proteger a
quienes son acusados de pertenecer o de favorecer a grupos
paramilitares. El ex Fiscal Luís Camilo Osorio, quien ordenó el
239
archivo de la investigación que la Fiscalía adelantaba contra un
general de la República [72], por presunta colaboración con los
paramilitares, hoy es embajador de Colombia en Roma. Claro que
hay que recordar también que el doctor Uribe, cuando ya era
candidato a la Presidencia de la República, ofreció un homenaje
de desagravio a dicho General, mucho antes de que se dispusiera
el archivo de esa investigación.
¡Antes que estar poniendo el espejo retrovisor, lo cual no le queda
bien a un Jefe de Estado, el presidente Uribe debe rendirle
cuentas al país por los asesinatos que han cometido los
paramilitares durante su administración como gobernador del
departamento de Antioquia y como Presidente de la República!
Y debe reflexionar sobre su propia situación ahora que la justicia
ha encontrado que sus más cercanos amigos políticos, que
determinaron sus sucesivas elecciones a la Presidencia, tienen
vínculos estrechos con los paramilitares.
******
¿El gran encubridor?
Por Enrique Parejo González
Abril de 2007
Es absurdo afirmar que los delitos de los paramilitares y de sus
aliados políticos se conocieron y son investigados gracias a la Ley
de Justicia y Paz y a la voluntad del Presidente.
El Presidente de la República – quien ya tiene por costumbre faltar
a la verdad –, ha dicho en forma reiterada, que las investigaciones
sobre la “parapolítica” son consecuencia de la Ley de Justicia y
Paz, y que, de no ser por esa ley, no se habría conocido ese
enorme escándalo sobre los vínculos entre la clase política – en
su mayoría, uribista – y los paramilitares. O sea, que el mérito es
suyo.
72 Rito Alejo Del Río Rojas, denominado por el Presidente Uribe como “El Pacificador del
Urabá”.
240
Nada más alejado de la verdad. En primer lugar, hay que recordar
que el proyecto inicialmente presentado por el Presidente al
Congreso, llamado de alternatividad penal, era muy distinto del
que, después, se convirtió en la Ley de Justicia y Paz. Aquél,
además de no prever la imposición efectiva de penas privativas de
la libertad, no obligaba a los paramilitares a confesar toda la
verdad sobre sus delitos atroces, ni sobre sus vínculos con la clase
política.
Si el primer proyecto presentado por el Presidente, el de
alternatividad penal – que recogía los acuerdos del Gobierno con
los paramilitares – hubiera sido aprobado, la impunidad para los
crímenes de éstos habría sido absoluta. En tal caso, la verdad
sobre esos crímenes y sobre los nexos entre los políticos y los
paramilitares habría quedado definitivamente sepultada.
Más tarde, al Presidente debieron hacerle caer en la cuenta de
que un proyecto que no impusiera penas acordes con la gravedad
de los delitos, no impediría la intervención de la Corte Penal
Internacional. Por eso, tuvo que presentar un nuevo proyecto de
ley, el de Justicia y Paz, que establecía penas privativas de la
libertad, pero irrisorias. ¡Era una manera de tratar de soslayar,
tramposamente, la competencia subsidiaria de la Corte Penal
Internacional!
En la práctica, la Ley de Justicia y Paz consagra la impunidad de
los crímenes atroces de los paramilitares. Y, no obstante la
exigüidad de las penas previstas en ella, concede una rebaja
adicional de hasta 18 meses, por el tiempo de permanencia en
Santafé de Ralito – a pesar de que éste no era un lugar de
reclusión –, mientras se negociaba el fementido acuerdo de paz.
Pero la Corte Constitucional, al revisar la Ley, exigió la confesión
plena de los delitos, por parte de los paramilitares. Al mismo
tiempo, suprimió la rebaja de pena por la permanencia en Santafé
de Ralito. Estas dos decisiones – ajenas a la voluntad del
Presidente y de los paramilitares –, le abrieron las puertas a que
se conociera toda la verdad sobre sus delitos y sobre sus nexos
con la clase política.
241
En el colmo de la condescendencia con los criminales - quienes
vieron en la determinación de la Corte Constitucional un
incumplimiento de los compromisos contraídos con ellos por el
Presidente -, el primer mandatario ha dictado un Decreto
Reglamentario para revivir, en un acto abiertamente contrario a la
Constitución, los beneficios suprimidos o modificados por la Corte.
Como ya hemos dicho, es absurdo afirmar que los delitos de los
paramilitares y de sus aliados políticos se conocieron y son
investigados gracias a la Ley de Justicia y Paz y a la voluntad del
Presidente. De no ser por el hallazgo, es decir, el encuentro
casual, del “computador de Jorge 40”, y por las denuncias del ex
jefe de informática del Das y la firme determinación de la Corte
Suprema de Justicia, que merece por ello los más altos elogios,
nada de eso habría sido posible.
Nadie duda hoy de la infiltración de los paramilitares en el Das, ni
de la responsabilidad de su ex director, Jorge Noguera. Es absurdo
pensar que el presidente facilitó o apoyó la investigación de ese
hecho gravísimo. Por el contrario, hizo todo lo posible por
obstaculizarla. No sólo rechazó airadamente los cargos que se le
hicieron al ex director, sino que llamó irresponsables a los
directores de los medios que los divulgaron, por haberse basado,
según él, en un testigo condenado por la Justicia, a quien, sin
embargo, la Corte Suprema le ha otorgado plena credibilidad.
La parcialidad del Presidente frente al ex director del Das se puso
de presente cuando, después del mencionado escándalo, al verse
obligado a aceptarle la renuncia, lo designó, de manera casi
subrepticia, en un cargo diplomático, so pretexto de proteger su
vida. La falta de voluntad, por parte del Presidente, de que se
investigue la infiltración de los paramilitares en el Das, fue
evidenciada en una nota publicada por El Tiempo, en su edición
del 11 de marzo. En ella se dice que el Fiscal General de la Nación
le ha pedido al nuevo Director del Das, Andrés Peñate, que le
remita las pruebas que dijo tener en contra de Noguera y que le
entregó al Presidente Uribe. Esas pruebas, al parecer, no han sido
puestas aún en manos del Fiscal.
242
¡De comprobarse esta circunstancia, estaríamos ante un acto de
encubrimiento y de obstrucción a la Justicia que, por sí solo,
podría dar lugar a que el Jefe del Estado fuera investigado
penalmente por la Cámara de Representantes!
******
Sangre y Paz
Por Enrique Parejo
Mayo de 2004
¡La sangre derramada con las motosierras no puede llevar al
camino del perdón!
Los crímenes abominables de los paramilitares deberían ser
sancionados con la mayor severidad posible. No hacerlo,
constituye un acto de tremenda injusticia, que debe ser
sancionado por la Historia, si no puede serlo por las leyes
nacionales o internacionales.
Nos encontramos ante la grave circunstancia de que, no obstante
las atrocidades sin nombre cometidas por los paramilitares, el
presidente Uribe, que al parecer, llegó al poder con la consigna de
asegurar la impunidad de sus crímenes, hizo aprobar en el
Congreso, con ese fin, la mal llamada Ley de Justicia y Paz.
Pero el presidente quiere ir más allá de procurar la impunidad de
esos gravísimos delitos, sin antecedentes, por su gravedad, en la
historia nacional. Quiere que sus autores pasen a ser los
protagonistas del proceso político venidero. Ya no en la
clandestinidad, como lo han venido haciendo desde los tiempos
en que Uribe era el gobernador de Antioquia, sino públicamente,
con la bendición presidencial. Peor aún, el Presidente ha
persuadido a la mayoría de los colombianos, con la capacidad de
encantador de serpientes que heredó de sus mayores, de que la
sociedad toda debe apoyarlo a él y a sus amigos, los paramilitares,
en ese empeño.
243
Es muy grave que el presidente, en lugar de invitar a los
colombianos a realizar una cruzada contra el crimen, busque que
ellos se apresten a recibir en su seno, con el corazón pleno de
bondad, a los autores de las más inhumanas y crueles masacres
que jamás se hayan cometido en el suelo nacional. Y no de
cualquier manera. Sino con el tratamiento que sólo se merecen
los ciudadanos probos, que no violan la ley. Lo cual quiere decir
que erige la conducta criminal de los paramilitares en paradigma
de virtudes, que los hace acreedores al reconocimiento público.
¿Qué otra cosa quiere decir el hecho de que el presidente invite a
los directores de los partidos políticos a dialogar con los
paramilitares “encarcelados” sobre el proceso electoral
colombiano en que ellos aspiran a participar? ¿Qué futuro le
espera a Colombia si tamaño desatino se abre paso entre los
colombianos de bien? ¿A qué llegó Álvaro Uribe a la presidencia
de la República: a perseguir a los delincuentes y a defender a sus
víctimas o, por el contrario, a ayudarles a aquellos, abandonando
a su propia suerte a estas últimas? No hay duda de que él está
haciendo lo segundo.
Otros de los dirigentes invitados, por el contrario, han rechazado
esa invitación. Ellos, con la parte de dignidad que aún no le han
vendido al Presidente y a los propios paramilitares, consideran
que no es decente que se presten a ese juego de favorecimiento a
los más sanguinarios delincuentes. Han cedido en otras cosas que
comprometieron su dignidad, pero al parecer no están dispuestos
a traspasar esta última barrera de la infamia.
******
El apoyo de los gremios a Uribe
Por Enrique Parejo
Mayo de 2007
El apoyo de los gremios a Uribe induce a la desafortunada
confusión colectiva de la imagen cuestionada de un
mandatario con la imagen de toda la Nación.
244
El apoyo de los gremios a Uribe
El debate promovido por el Senador Gustavo Petro contra el
Presidente Álvaro Uribe Vélez, por sus vínculos con los
paramilitares, durante el tiempo en que se desempeñó como
gobernador del Departamento de Antioquia, ha tenido una enorme
trascendencia. A ese debate se sumó la decisión del ex
vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, de no sentarse al
lado del Presidente, en un foro sobre el medio ambiente,
precisamente por la existencia de esos indeseables vínculos.
Ante esos dos hechos, los gremios económicos de Colombia han
creído su deber expresarle al Presidente su incondicional respaldo
por lo que se ha calificado como un agravio injusto, no tanto al
presidente Uribe como al País entero, por parte del senador del
Polo Democrático y del ex vicepresidente norteamericano.
Muchos colombianos de comienzos del siglo XXI se han
caracterizado por la ligereza con que confunden la imagen de un
mandatario con la imagen de toda la Nación y la facilidad con que
acuden a darle su respaldo al primero, y a arroparlo con el
pabellón nacional, cuando se cree que ha sido ofendida su
dignidad.
Se trata de un gesto no precedido por la reflexión, que es fruto de
la masiva campaña desatada, principalmente, por algunos
propietarios y directivos de poderosos medios informativos, que
tanta influencia tienen en la formación de la opinión pública, a fin
de que ésta compre cualquiera de sus productos comerciales,
desde un modesto detergente hasta un presidente de la
República.
Decimos que se trató de un gesto no precedido de madura
reflexión porque, de una parte, esos colombianos no han tenido en
cuenta que el senador Petro, en su debate en el Congreso, señaló
la existencia de vínculos entre el ex gobernador Uribe Vélez y los
paramilitares, con base en pruebas de carácter judicial. Y, de otra
parte, porque el ex vicepresidente Gore, a su vez, sustentó su
decisión no sólo en esas pruebas, sino, hasta donde se sabe,
también en informes del Departamento de Estado de los Estados
245
Unidos, sobre los nexos de aquél con las Autodefensas del
departamento de Antioquia.
Como sabemos los colombianos, tales autodefensas no fueron
otra cosa que grupos criminales dedicados a la comisión de
atrocidades contra humildes campesinos, en ese territorio, con el
apoyo comprobado, en repetidas oportunidades, de las
autoridades civiles, militares o de policía.
La conducta de los gremios en este caso, no es insólita. Ha
surgido cada vez que se presenta una censura, ya sea de parte de
la justicia o de un país extranjero, sobre la conducta de
mandatarios respecto de quienes hay motivos de peso para creer,
que han incurrido en hechos violatorios de la Constitución y de la
Ley. No podemos olvidar la decisión del gobierno de los Estados
Unidos de cancelarle la visa al presidente Samper.
Se trató de un acto de soberanía de un país que, a decir verdad,
no se ha caracterizado por ser coherente en esa materia. De serlo,
habría cancelado también la visa del presidente Uribe. No lo ha
hecho, por razones de conveniencia para el Presidente Bush,
quien ha contado con el apoyo del presidente Uribe en una
aventura tan alocada y criminal como la invasión a Irak y en otras
facetas de su política exterior. Bush apoya, a su vez, al presidente
Uribe, no obstante su extraño comportamiento con los
paramilitares, porque sabe que es un alfil fácil de mover en el
tablero de su política frente a América Latina.
En los dos casos, el de Samper y el de Uribe, los colombianos,
contra toda evidencia, protestaron por las decisiones de la
potencia del norte, creyendo que, de esa manera, actúan con
criterio nacionalista y patriótico. Confunden un caso individual con
el interés general. En ambos casos se han equivocado, pues, en
materia grave, en contra de los sagrados e inalienables intereses
del país.
Los colombianos no nos podemos comportar como borregos, que
marchamos ciegamente en la dirección que nos señalan
interesados “deformadores” de opinión. Si procedemos así,
corremos el riesgo de precipitarnos en un abismo, que es el que
246
amenazadoramente se está abriendo bajo nuestros pies, en la
actual coyuntura nacional.
******
Uribe Vélez y las masacres de Antioquia
Por Enrique Parejo
Mayo de 2007
Álvaro Uribe Vélez y las masacres de Antioquia "El Jefe de jefes"
En el reciente debate sobre la "parapolítica", promovido por
Gustavo Petro, en el Senado de la República, afloraron hechos
gravísimos sobre el doctor Álvaro Uribe Vélez, especialmente en
relación con las masacres cometidas por los paramilitares en
Ituango, Antioquia, cuando él era gobernador de ese
Departamento. Esos hechos han sido determinantes de la
conducta de los Congresistas Demócratas de los Estados Unidos
frente al presidente Uribe, al considerar que éste no le dio
respuesta satisfactoria, en ese debate, a los interrogantes que allí
le fueron planteados.
Algunos medios de comunicación de Colombia han tratado de
ocultar que la visita del Presidente Uribe a los Estados Unidos,
hace un par de semanas, fue, por eso, un estruendoso fracaso.
Duro golpe para un mandatario acostumbrado al incienso que
esos medios le dispensan todos los días. Por esa razón, debió
sentirse muy mal al escuchar los atinados cuestionamientos de la
mayoría demócrata estadinense, que contrastan con las
interesadas alabanzas de la minoría republicana. Precisamente,
uno de los tantos hechos que suscitan serios interrogantes sobre
la trayectoria pública de Álvaro Uribe, es su conducta frente a los
paramilitares, en particular, cuando se desempeñaba como
Gobernador de ese Departamento. Su nombre figuró en el proceso
que, sobre esas masacres, adelantó la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la cual condenó al país al pago de una
cuantiosa indemnización a favor de las víctimas, al comprobar que
los paramilitares habían actuado con el apoyo de las autoridades
civiles y militares de Antioquia.
247
En el citado proceso consta que en la masacre del corregimiento
de La Granja, del municipio de Ituango, los paramilitares,
comandados por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, asesinaron
a 4 campesinos. Temerosos de que los criminales volvieran al
municipio para cometer una nueva masacre, los vecinos del lugar
acudieron al Gobernador Uribe Vélez, para pedirle protección. La
cual nunca les llegó. Los paramilitares, durante 5 días, asesinaron
a 14 campesinos más.
Una de las personas que fueron a hablar con el Gobernador fue el
doctor Jesús María Valle Jaramillo, prestante ciudadano de
Ituango, concejal del municipio y presidente del Comité de
Derechos Humanos de Antioquia. Menos de dos meses después
de que terminara su mandato el gobernador Uribe, el doctor Jesús
María Valle rindió declaración jurada en la Fiscalía Regional de
Antioquia, declaración de la cual vale la pena citar los siguientes
elocuentes apartes:
"Ante esa ola de sangre, yo pedí una cita al gobernador de
Antioquia para informarle de estas muertes……y lo que me dijo el
gobernador Álvaro Uribe Vélez era que no sabía de la existencia de
ese grupo paramilitar y nos envió para que habláramos con el
general Manosalva ( q.e.p.d.)
"……la Procuraduría quiso ir en varias ocasiones (al lugar de la
primera masacre). La Gobernación se comprometió a prestar el
helicóptero y, a última hora, le decían…que no se podía prestar el
servicio.
"En una ocasión, en un enfrentamiento…...en el puente de
Pescadero, allí combatían juntos el Ejército y los paramilitares. Eso
lo denuncié públicamente y por ese motivo fui denunciado por
el…comandante del Ejército para que se investigara mi conducta,
cuando yo lo que buscaba era la protección de la población
campesina de La Granja………y del Aro.
"Yo siempre vi……que había como un acuerdo tácito o como un
ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el
comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de
248
Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan
Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de
autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha
tenido de personas vinculadas al Gobierno, al estamento
castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y
banqueros de……Antioquia y del país".
¡Lo que denunció el doctor Valle Jaramillo, en esa declaración,
respecto a los vínculos existentes entre autoridades civiles y
militares con grupos de autodefensa, ha quedado confirmado en
los procesos sobre la "parapolítica", que adelanta la Corte
Suprema de Justicia! ¿Puede decir el ex gobernador Uribe, hoy
presidente de la República, que no es responsable por los
crímenes atroces cometidos por los paramilitares en el
Departamento de Antioquia?
El doctor Valle Jaramillo, quien personalmente acudió al entonces
gobernador Uribe Vélez para tratar de evitar que se cometiera la
masacre de El Aro, y quien denunció el comportamiento omisivo
del gobernador y de la fuerza pública con los paramilitares que la
llevaron a cabo, fue asesinado en su propia oficina de abogado,
en Medellín, el 27 de febrero de 1998. ¡Y su sangre, como la de
los campesinos torturados y masacrados de Ituango y de varios
lugares de Antioquia y del país, clama al cielo porque haya justicia
para los responsables de esas masacres!
Las sindicaciones por vínculos con el paramilitarismo no son
nuevas, lo corroboran recientes declaraciones del jefe paramilitar
Salvatore Mancuso y de 'Ernesto Báez', a las cuales alude un
reciente artículo escrito en el Washington Post por el periodista
Juan Forero. "los jefes paramilitares han confirmado lo que grupos
de derechos humanos y otros llevan años diciendo: que algunas
de las figuras políticas, militares y empresariales ayudaron a
construir un poderoso movimiento antiguerrillero que operaba con
impunidad, mataba a civiles y enviaba coca a E.U."
Ernesto Báez plantea que el paramilitarismo era una política de
Estado, confirmando lo dicho por Mancuso pero que además,
figuras públicas actuaban con el aval del "jefe de jefes". Agregó
Báez, en evidente alusión al presidente Uribe: "¿Será que estos
249
grupos – "me refiero a los políticos, los militares, las instituciones,
los económicos - operaban sin tener contacto con su JEFE DE
JEFES"? Eso es imposible", responde el mismo Báez.
“URIBE DEBE RENUNCIAR POR DIGNIDAD Y PARA QUE SE HAGA
VERDADERA JUSTICIA EN COLOMBIA”
******
El Presidente y los ‘paras’
Por Enrique Parejo González
Junio de 2007
Estamos obligados a conocer esa verdad, por
trascendental que sea. Y no hay ninguna ‘razón de Estado’
que lo impida.
Mientras más afirma el Presidente Uribe que nada ha tenido ni
tiene que ver con las acciones de los paramilitares y de los
agentes de la parapolítica, más incurre en contradicciones y más
convence de todo lo contrario.
Como simples observadores de las declaraciones y actuaciones
del Presidente, nos atrevemos a afirmar, sin temor a
equivocarnos, que el presidente le está diciendo cada vez más
mentiras al país para tratar de ocultar sus relaciones con los
paramilitares y sus nexos con los congresistas vinculados a la
parapolítica.
Cualquier desprevenido observador de la realidad nacional tiene
que darse cuenta de que el Presidente, en todo momento y en
cada uno de sus actos – con respecto al proceso que se sigue
contra ellos –, ha procurado favorecer a los paramilitares. Con lo
cual ha tratado de favorecerse a sí mismo. En efecto, él ha
buscado impedir, de esa manera, que ellos le sigan contando la
verdad a la justicia y que, por ese camino, le cuenten cosas que a
él no le conviene que se conozcan.
250
Basta hacerles seguimiento a las distintas etapas del mal llamado
proceso de paz con los paramilitares, para cerciorarse de que el
Presidente le teme a lo que ellos puedan decir contra él. De ahí
que ellos estén anunciando - o, mejor, amenazando - que van a
contar toda la verdad.
Eso es lo que se deduce de la última decisión del Presidente de
establecer la excarcelación en favor de los paramilitares y de los
políticos que tienen nexos con ellos. A nadie se le escapa que
tanto Salvatore Mancuso como ‘Ernesto Báez’, en sus recientes
declaraciones, lo han implicado, de alguna manera, en sus
actividades delictivas.
A ese respecto, llama poderosamente la atención el hecho de que
El Tiempo, en su edición del 25 de mayo, haya dicho lo siguiente:
“El viaje [de Francisco Santos a Estados Unidos], no obstante, se
inició con ‘pie izquierdo’ luego de que apareció ayer un crítico
artículo en la primera página de ‘The Washington Post’.
El artículo, escrito por su corresponsal en Bogotá Juan Forero, se
basa en las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso y en
una entrevista con ‘Ernesto Báez’.
Según el Post, “los jefes paramilitares han confirmado lo que
grupos de derechos humanos y otros llevan años diciendo: que
algunas de las figuras políticas, militares y empresariales
ayudaron a construir un poderoso movimiento antiguerrillero que
operaba con impunidad, mataba a civiles y enviaba coca a EE.UU.”
‘Báez’, en la entrevista con el Post, sugiere no solo que el
paramilitarismo era una política de Estado, como lo dijo Mancuso,
sino que estas figuras públicas actuaban con el aval del ‘jefe de
jefes’.
Agrega El Tiempo: “Dice Duque (Ernesto Báez) en clara alusión al
presidente Uribe: “¿Será que estos grupos – me refiero a los
políticos, los militares, las instituciones, los económicos –
operaban sin tener contacto con su jefe de jefes? Eso es
imposible”.
251
“El Post también menciona” — sigue diciendo El Tiempo — “las
acusaciones de Mancuso contra el vicepresidente Santos y el
Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y dice que las
revelaciones del jefe ‘para’ sobre el general Rito Alejo del Río y sus
nexos con las AUC son ‘una vergüenza para Uribe’, pues éste lo ha
defendido a capa y espada”.
Como se deduce de la anterior información de El Tiempo, no hay
duda de que, cuando Ernesto Báez habla del ‘jefe de Jefes’ –
como lo anota el propio periódico –, se está refiriendo al
presidente Álvaro Uribe Vélez. Tan comprometedora es esa
afirmación, como la de que el paramilitarismo ha sido una política
de Estado.
Creemos que las declaraciones de los dos cabecillas paramilitares
revisten una enorme gravedad. En la práctica, lo que se
desprende de sus palabras es que los grupos paramilitares no
podían operar sin tener contacto con el ‘jefe de jefes’, es decir,
con el presidente de la República.
El país tiene derecho a exigir que la Justicia inicie, a la mayor
brevedad posible, una investigación a fondo sobre esas
declaraciones. Y no puede dejar de hacerlo, so pretexto de que
Colombia se desestabilizaría si conoce toda la verdad. Estamos
obligados a conocer esa verdad, por trascendental que sea. Y no
hay ninguna “razón de Estado” que impida conocerla.
Sería muy grave que la Justicia no sancionara los delitos
cometidos por los paramilitares y sus aliados políticos. Negro sería
el futuro del país, si se construyera sobre la impunidad de los
actos delictivos de unos y de otros, cualquiera que sea el rango de
sus autores. Las consecuencias de que se conozca toda la verdad
nunca serán tan graves ni tan desestabilizadoras como las que
inexorablemente se derivarían del ocultamiento de esa verdad.
¡Frente a los crímenes atroces de los paramilitares y sus aliados
políticos no puede haber ni perdón ni olvido!
******
252
¿Abogado de los paras?
Por Enrique Parejo González
Agosto de 2007
El Presidente Uribe ha abandonado su condición de Jefe del
Estado colombiano para convertirse en defensor de los
paramilitares. Pero pretende engañar a la opinión pública
alegando que sólo busca defender los supremos intereses de la
paz. Es imposible ser tan ingenuo como para aceptar dicho
argumento.
Desde los comienzos de su gobierno, se hizo evidente el propósito
del presidente Uribe de ayudarles a los paras a desmovilizarse sin
que tuvieran que pagar una pena privativa de la libertad por sus
horrendas masacres. Ese propósito es pieza fundamental de la
estrategia convenida por él con los jefes paramilitares.
En realidad, ambas partes buscan un objetivo que va más allá del
logro de la paz. Los paras, en primer lugar, quieren conservar las
inmensas propiedades de las que despojaron a sus indefensas
víctimas; en segundo lugar, pretenden no pagar por ello, ni por
haberlas torturado y masacrado, un solo día de cárcel; y,
finalmente, aspiran a dedicarse a la actividad política, como
cualquier ciudadano honesto, con el apoyo del presidente Uribe.
Éste, a su vez, quiere quedarse en el poder por mucho tiempo,
para defender las condiciones pactadas con los paras que, a su
vez, secundan el proyecto político de Uribe.
En cuanto al primero de los objetivos, el Gobierno de Uribe y los
paras confían en el fracaso de las investigaciones que la Fiscalía
les sigue a los paramilitares, para que no se esclarezca lo relativo
a la propiedad de los bienes arrebatados a las víctimas, a fin de
que ellos puedan conservarlos, a través de sus numerosos
testaferros.
El segundo objetivo se frustró cuando gobierno y paras se dieron
cuenta de que era necesario que aceptaran participar en la
comedia de una fementida justicia, que les impusiera a éstos una
pena mínima, para impedir que la Corte Penal Internacional
253
interviniera en los procesos penales y, a través de una justicia
verdadera, sancionara sus atroces crímenes con penas
proporcionadas a su gravedad.
El tercer objetivo se comenzó a ejecutar cuando el presidente les
permitió a los cabecillas de los paramilitares concurrir al Senado
de la República, en un acto de bochornosa afrenta a la
democracia, para que desde allí trataran de confundir a la opinión
pública con unas proclamas que buscaban encubrir la perversidad
de sus acciones criminales.
El tramposo proyecto del presidente Uribe y los paras comenzó a
torcerse cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el
artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que, dentro del designio del
presidente de favorecerlos, absurdamente calificó como sedición
los actos atroces de aquellos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, en un caso
concreto, negó el carácter de sedicioso a un paramilitar. Esa
decisión se halla acorde con la jurisprudencia de muchos años de
los tribunales colombianos, según la cual sólo puede ser
considerado sedicioso quien actúa con el ánimo de perturbar el
normal funcionamiento de las instituciones.
El presidente abriga un designio que es imposible no calificar de
monstruoso. Se ha puesto del lado de los criminales y en contra
de la Corte Suprema de Justicia, en la interpretación de la ley
penal, y pretende que esta Alta Corporación modifique su
reiterada jurisprudencia para favorecer, como él lo ha hecho, a los
paramilitares.
¡La Corte Suprema de Justicia, que ha sido un baluarte en la lucha
contra el delito y en la defensa de la Constitución y la ley, no
puede claudicar y arrodillarse ante los criminales y mucho menos
ante quien, desde la más alta posición del Estado, en un acto de
prevaricato, pretende poner a la Justicia al servicio de aquellos!
******
254
APÉNDICE 4
Enlaces a videos en Internet
La Banda Francotiradores (RCN Televisión)
“Más vale tarde que nunca
Uribe lo logró: Se acabó a fines de 2006 la Banda Francotiradores.
Alvaro Uribe lo logra de nuevo, esta vez no pasó lo de Jaime
Garzón Forero, ni acabó con otra entidad oficial colombiana sino
con el programa La banda Francotiradores desde donde se le
criticó incansablemente.”
http://www.youtube.com/watch?v=1XlBx9lIVGM&mode=related&s
earch=
http://www.youtube.com/watch?v=fm2rrPdUPcA&mode=related&
search=
http://www.youtube.com/watch?v=i07fVJ2WQAo&mode=related&
search=
http://www.youtube.com/watch?v=5dqOaExh36w&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=vuWO6_W81fg&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=VzbOzwlMBw0&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=eZtjHXhhdPQ&mode=related&s
earch=
http://www.youtube.com/watch?v=Okqn1HBbR7Q&mode=related
&search=
255
http://www.youtube.com/watch?v=K16XqwwgXAo&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=DPyqwJxo8HY&mode=related&
search=
http://www.youtube.com/watch?v=kiAukEVGmH0&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=oCZYgNuXB-
4&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=Vf0kjoXkiM8&mode=related&s
earch=
http://www.youtube.com/watch?v=OTJnG-
4MloA&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=8cloryEoyxE&mode=related&se
arch=
http://www.youtube.com/watch?v=RZhFE0Bq4E&
mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=eubXKCNBO14&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=0vhn7NusPeo&mode=related&
search=
http://www.youtube.com/watch?v=LuSfBPyyoE&
mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=ejzwKXyFOgk&mode=related&s
earch=
http://www.youtube.com/watch?v=eZtjHXhhdPQ&mode=related&s
earch=
256
http://www.youtube.com/watch?v=VE8bUEVdGdQ&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=w_y2IPaVJFI&mode=related&s
earch=
http://www.youtube.com/watch?v=5dqOaExh36w&mode=related
&search=
http://www.youtube.com/watch?v=j-ZOn5AitN8
http://www.youtube.com/watch?v=vyMI8-eVHBM
http://www.youtube.com/watch?v=ntG5X_gIIeI
http://www.youtube.com/watch?v=lmH816Uh3ug
******
Jaime Garzón Forero (q.e.p.d.):
La verdad sobre Álvaro Uribe Vélez:
http://www.youtube.com/watch?v=s5EXlNWO63I&eurl=http%3A%
2F%2Fmalditaguerra%2Ewordpress%2Ecom%2F2007%2F04%2F1
9%2Fjaime%2Dgarzon%2Dvive%2Den%2Dla%2Dred%2F
Campaña para la reelección de Uribe:
http://www.youtube.com/watch?v=dRwQY7zPtOQ&mode=related
&search=
Uribe acusa a sus opositores:
http://www.youtube.com/watch?v=um5OCnMAqq4&mode=related
&search=
Uribe, 4 años más de represión:
257
http://www.youtube.com/watch?v=L7tJUdYkPI8&mode=related&s
earch=
Candidato Uribe reunido con paramilitares:
http://www.youtube.com/watch?v=clCQBTgYGdk
Uribe, nexos con paramilitares:
http://www.youtube.com/watch?v=j1BdZmHhUxQ&mode=related
&search=
Álvaro Uribe Vélez, ¿paramilitar?:
http://www.youtube.com/watch?v=qJ3cAb9UHpQ&mode=related
&search=
“Colombia Clean”, el video “infame” de Amnistía Internacional:
Original en Inglés:
http://www.youtube.com/watch?v=L8Npx8MpP_s&mode=
related&search=
En Español (“Colombia Limpia”):
http://www.youtube.com/watch?v=-
qPF4LsuELs&mode=related&search=
******
258
APÉNDICE 5
ESTUDIO PSIQUIÁTRICO DE ÁLVARO URIBE
Autor: Nombre reservado, por seguridad personal
Julio de 2006
Como psiquiatra especializado en trastornos de personalidad y
autor de varios libros sobre las personalidades "borderline" y las
narcisistas, me encuentro ampliamente calificado para hacer un
perfil psicológico del presidente Álvaro Uribe. Por motivos de
seguridad no doy mi nombre, pero me parece muy importante
descubrir la real naturaleza síquica de este personaje.
En base a su conducta y manifestaciones públicas y notorias, es
posible ubicarlo en el nivel mas bajo de las personalidades
primitivas, llamadas así por un funcionamiento muy primario y una
estructuración muy desorganizada. Más específicamente, sus
características encajan dentro del trastorno Narcisista de
personalidad, cuyos rasgos más importantes son:
1. Grandiosidad: un ego anormalmente hipertrofiado, un concepto
absolutamente inflado de sí mismo y fuertes tendencias
egocéntricas. (Por ejemplo: se creen los más bellos, inteligentes,
predestinados, mesiánicos, seductores).
2. Exhibicionismo: necesidad de atención y admiración constantes.
Tendencia al lucimiento en base a la apariencia física, la
vestimenta típica de su etnia, dotes intelectuales o peculiaridades
de la personalidad.
3. Omnipotencia: se plantean metas y proyectos mucho más allá
de sus capacidades reales y de las posibilidades que brinda el
ambiente. (Por ejemplo, Refundar a Colombia, salvador del país.).
4. Fragilidad de la autoestima: la inflación egocéntrica determina
una necesidad de suministros narcisistas prácticamente
insaciable. Se establece una "hambre de estimulo" y una
"adicción" a los homenajes y gratificaciones. Mientras fluyan
abundantes gratificaciones, hay una exaltación de la autoestima.
259
Tan pronto ocurre una frustración, a veces por detalles nimios, la
personalidad se hunde. Estas debacles han sido llamadas pseudodepresiones,
por cuanto no involucran añoranza o pérdida de
amor como en las verdaderas depresiones. Y apenas duran horas
o pocos días, restableciéndose la autoestima tan pronto ocurre
una nueva excitación.
5. Incapacidad de amar: como toda la carga afectiva está
concentrada en el propio ego, no hay disponibilidad afectiva para
las demás personas. A pesar de las exuberancias emotivas y
seductoras que suelen desplegar los narcisistas para cautivar a las
personas, no son capaces de amar genuinamente, sino que las
utilizan para el logro de sus propósitos o necesidades. Los
narcisistas carecen de escrúpulos y podría decirse que "caminan
sobre cadáveres". Manifiestan una necesidad continua de
protagonismo y centran todo su actuar en el culto a su imagen
personal.
6. Juicio de realidad: al no ser capaces de ver más allá de su
propio ego, ellos tienden a falsear y a negar aspectos obvios de la
realidad que no concuerdan o favorecen sus propósitos. Por eso
los narcisistas suelen fracasar en sus proyectos, porque sólo ven
lo que les conviene y proyectan la culpa sobre los demás cuando
algo no sale bien. Ejemplo, el fracaso en las negociaciones con el
TLC, por su miopía en comprender la realidad del juego político en
EEUU.
7. Rabia narcisista: las frustraciones, la crítica en su entorno y los
aspectos desplacientes de la realidad, pueden provocar
reacciones llamadas de "rabia narcisista", por lo
desproporcionadas y violentas. Dichas rabias pueden obnubilar la
conciencia y a veces crear reacciones francamente psicóticas
transitorias con características paranoicas. Todo el que le
cuestione, es un guerrillero, un apátrida, un terrorista.
8. La envidia: es el afecto predominante inconscientemente. Fuera
del ego grandioso, no puede haber nada valioso. Son personajes
altamente destructivos. Se destruye todo lo bueno y valioso que
exista, para que no haya nada que envidiar.
260
Como conclusión podemos agregar lo siguiente: cuando el
narcisista es una persona común, los daños no van más allá de sí
mismo o de su entorno. Pero cuando se trata de un jefe de estado,
que posee altas capacidades de seducción y manipulación de las
masas, que logra rodearse de colaboradores perniciosos y
destructivos, que consigue conquistar adeptos intelectuales que
propagan su mensaje y hasta otros jefes de estado o grupos
políticos y económicos que se aprovechan de su pseudo ideología
con fines lucrativos, entonces las repercusiones pueden llegar a
ser catastróficas…
**********